sábado, 8 de agosto de 2026

EL GRAN DIVORCIO ECONÓMICO: CÓMO ENTIENDO LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, SALARIOS Y BIENESTAR

 





















Hay una pregunta que me parece cada vez más difícil de ignorar: si somos capaces de producir mucho más que hace unas décadas, ¿por qué esa mayor capacidad productiva no se traduce siempre en una mejora proporcional de la vida de quienes trabajan?

Esta pregunta está detrás de lo que se ha denominado el «gran divorcio» o la divergencia entre productividad y salarios.

A mi juicio, el debate suele simplificarse demasiado. Unos consideran que el problema demuestra que el capitalismo ha dejado de repartir adecuadamente los frutos del crecimiento. Otros responden que estamos ante un espejismo estadístico y que se está ignorando el papel del capital, la inversión y la tecnología.

Creo que ambas posiciones contienen una parte de verdad. Por eso, prefiero analizar el problema desde tres perspectivas diferentes: la socialdemócrata, la socialcristiana o centrista y la liberal. Mi intención no es escoger una etiqueta ideológica, sino entender qué explica realmente esta divergencia y qué políticas pueden mejorar la situación sin destruir aquello que hace posible el crecimiento económico.

1. Primero quiero entender qué estamos midiendo

Antes de llegar a conclusiones políticas, creo que hay que tener cuidado con la propia comparación entre productividad y salarios. Decir que la productividad aumenta más que los salarios parece sencillo, pero detrás de esas dos variables hay muchas decisiones metodológicas. El salario puede medirse de diferentes maneras. Podemos hablar de salario base, salario real, salario mediano o compensación total. Esta última puede incluir cotizaciones sociales, seguros y otros beneficios que no aparecen directamente en la nómina.

La existencia de una divergencia entre productividad y remuneración laboral está respaldada por la evidencia internacional, pero su magnitud depende de qué medida de salario utilicemos, de cómo deflactemos las variables y de si analizamos el salario medio o el salario mediano.

También hay que tener en cuenta la forma en que medimos la inflación y los cambios en los precios. Por eso, para mí, la pregunta interesante no es simplemente si existe una diferencia entre dos líneas de una gráfica. La pregunta realmente importante es: ¿qué parte del aumento del valor generado por una economía termina llegando a los trabajadores y qué parte termina en beneficios empresariales, rentas del capital u otros ingresos?

2. La primera explicación: los trabajadores han perdido poder

Desde una perspectiva socialdemócrata, la respuesta es bastante clara. El problema no estaría únicamente en la tecnología o en la globalización, sino en el cambio en las relaciones de poder dentro del mercado laboral El punto de partida para este análisis señala la pérdida de fuerza de los sindicatos, la globalización sin suficientes protecciones laborales y determinadas estructuras fiscales como factores que pueden haber favorecido al capital frente al trabajo.

Cuando una empresa aumenta su productividad, genera un excedente adicional. Pero ese excedente no determina por sí mismo quién se lo queda. Puede utilizarse para invertir, bajar precios, aumentar beneficios, pagar dividendos o mejorar los salarios. La cuestión es qué capacidad tiene cada parte para negociar. Si un trabajador tiene muchas alternativas laborales y las empresas compiten intensamente por contratarlo, su posición negociadora mejora. Si, por el contrario, tiene pocas alternativas y una capacidad colectiva de negociación limitada, puede ocurrir que una parte mayor del aumento de productividad termine beneficiando al capital.

Desde esta perspectiva entiendo las propuestas de aumentar el salario mínimo, fortalecer la negociación colectiva, reforzar la redistribución fiscal y establecer redes de protección social.

Un salario mínimo demasiado elevado puede dificultar la contratación de trabajadores con baja productividad. Una fiscalidad excesivamente agresiva puede reducir determinados incentivos a invertir. Una regulación laboral excesivamente rígida puede dificultar la adaptación de las empresas. Por eso, personalmente, no creo que la respuesta pueda resumirse en «más Estado».

La pregunta que considero más interesante es qué Estado y qué regulación consiguen mejorar la posición del trabajador sin reducir el crecimiento y la inversión que necesitamos para generar empleo y riqueza.

3. La segunda explicación: el problema es el contrato social

La perspectiva socialcristiana o centrista me parece especialmente interesante porque cambia la pregunta. No se centra tanto en la lucha entre capital y trabajo como en la calidad de vida que una economía es capaz de proporcionar.  Señala precisamente cuestiones como el acceso a la vivienda, la educación, la familia y la jubilación.

Un aumento del PIB no es necesariamente lo mismo que una mejora de la vida de las personas. Puedo producir más, ganar más y, sin embargo, sentir que mi situación económica no mejora si la vivienda, la educación, determinados servicios o el coste de formar una familia aumentan todavía más rápido.

Una sociedad puede aceptar diferencias importantes de renta si existe la sensación de que el esfuerzo permite avanzar y construir una vida razonablemente estable. Cuando esa expectativa desaparece, el problema económico empieza a convertirse también en un problema político y social.

4. ¿Y si el trabajador pudiera participar directamente en el crecimiento?

Esta perspectiva plantea soluciones que me parecen especialmente interesantes porque no pretenden eliminar el mercado. Una empresa puede seguir siendo privada y competitiva, pero los trabajadores pueden participar en sus beneficios mediante acciones, bonos o sistemas de remuneración ligados a resultados.

También se menciona la conciliación familiar, la participación de los trabajadores en determinados órganos de decisión y ayudas fiscales dirigidas a las familias.

Me parece una idea atractiva porque intenta modificar la relación entre trabajador y empresa. El trabajador no sería solamente alguien que vende su tiempo a cambio de un salario. También podría participar en el valor que ayuda a crear.

No creo que tener acciones de la propia empresa deba sustituir al salario. Si la empresa atraviesa una crisis, el trabajador podría perder simultáneamente su empleo y parte de sus ahorros. Por eso veo la participación en beneficios como un complemento interesante, no como una solución universal.

5. La tercera explicación: quizá estamos midiendo mal el fenómeno

La perspectiva liberal introduce una crítica que considero imprescindible para que el análisis no se convierta en un simple discurso contra las empresas. Se  señala que algunas comparaciones entre productividad y salarios utilizan el salario base en lugar de la compensación total y que el aumento de productividad puede estar relacionado con grandes inversiones en maquinaria, tecnología y software.

Esto me parece fundamental. Imaginemos un trabajador que hoy produce el doble que hace veinte años porque trabaja con mejores máquinas, mejores programas informáticos y una organización empresarial mucho más eficiente. No tendría sentido atribuir todo ese aumento de productividad exclusivamente al trabajador.

La productividad es el resultado de una combinación de factores: trabajo + capital + tecnología + organización + conocimiento.

El capital también participa en la creación de valor.

Alguien ha tenido que invertir en la maquinaria, asumir el riesgo y financiar esa inversión. Por eso no me convence la idea de que cualquier diferencia entre productividad y salarios sea automáticamente una prueba de explotación. Pero tampoco creo que el argumento contrario resuelva todo el problema. Que el capital contribuya a generar productividad no significa que cualquier distribución de los beneficios sea necesariamente eficiente o justa.

6. El mercado laboral también importa

El argumento liberal que más me interesa es el relacionado con la competencia. Si existen muchas empresas compitiendo por contratar trabajadores, las empresas tienen que ofrecer mejores condiciones para atraerlos. En ese sentido, un trabajador no necesita únicamente protección. También necesita alternativas.

Cuantas más empresas puedan crearse, cuanto más sencillo sea cambiar de empleo y cuanto más dinámica sea una economía, mayor debería ser la capacidad del trabajador para negociar. Se plantean precisamente políticas orientadas a reducir determinadas cargas sobre el trabajo, facilitar la creación de empresas y aumentar la oferta de vivienda mediante una mayor liberalización del suelo. Aquí encuentro una idea que considero especialmente importante: una economía puede mejorar los salarios no solamente aumentando la protección del trabajador, sino aumentando las oportunidades disponibles para él.

Si solo tengo una empresa dispuesta a contratarme, mi poder de negociación es pequeño. Si tengo diez empresas compitiendo por contratarme, mi posición cambia completamente.

Un estudio de la OCDE basado en datos de empresas y trabajadores de distintos países concluye que aproximadamente la mitad de la desigualdad salarial global entre trabajadores está asociada a diferencias salariales entre empresas. Y encuentra algo especialmente interesante, solo alrededor del 15 % de las diferencias de productividad entre empresas se trasladan a diferencias en las primas salariales empresariales. Además, esa transmisión es mayor cuando existe más movilidad laboral y competencia. La evidencia de la OCDE sugiere que la movilidad laboral y la competencia entre empresas influyen en cuánto de las diferencias de productividad termina reflejándose en los salarios.

La propia OCDE, en su Employment Outlook 2025, vuelve a mostrar que los salarios reales se han desacoplado de la productividad en el conjunto de países analizado.

7. La vivienda cambia completamente el análisis

Hay un aspecto que, en mi opinión, merece mucho más protagonismo en este debate y ese es la vivienda. Cuando hablamos de salarios solemos preguntarnos cuánto gana una persona. Pero creo que deberíamos preguntarnos también cuánto le queda después de pagar aquello que necesita para vivir.

Un trabajador puede experimentar un aumento salarial y no percibir una mejora equivalente en su bienestar si una parte creciente de sus ingresos se destina al alquiler o a la compra de vivienda. Por eso, el problema del «gran divorcio» no debería limitarse a la relación entre productividad y salarios.

La OCDE señala actualmente que España tiene problemas estructurales importantes de acceso a la vivienda. Entre 2022 y 2024 se concedieron unas 345.000 licencias de construcción, frente a una creación neta de aproximadamente 604.000 hogares. La OCDE estima además que el déficit de vivienda acumulado entre 2022 y 2025 ronda las 600.000 unidades, según estimaciones del Banco de España citadas por la OCDE. En España se necesitan actualmente más de 20 años de ahorro para poder comprar una vivienda, según la OCDE.

También deberíamos estudiar la relación entre, salarios, coste de vida, vivienda y patrimonio. Aquí vuelven a aparecer las diferencias entre las tres corrientes.

La izquierda puede defender vivienda pública y ayudas.

El centro puede poner el énfasis en facilitar que las familias puedan acceder a una vivienda.

El liberalismo puede defender una mayor oferta de suelo y menos restricciones a la construcción.

Tres recetas distintas para un problema que, en buena medida, puede ser el mismo.

8. Mi conclusión: no quiero elegir entre crecimiento y distribución

Después de analizar las tres perspectivas, mi conclusión es que no me convence plantear el debate como una elección entre crecimiento económico y justicia distributiva. Creo que necesitamos las dos cosas. Una sociedad no puede distribuir indefinidamente una riqueza que no genera. Pero tampoco considero sostenible una economía que aumenta enormemente su productividad mientras una parte importante de la población siente que no puede convertir ese crecimiento en una vida mejor.

Por eso, mi objetivo sería intentar conseguir simultáneamente cuatro cosas: más productividad, más competencia, mejores salarios reales y una distribución razonable de los frutos del crecimiento. Eso significa favorecer la inversión y la innovación, pero también mejorar la formación de los trabajadores. Significa facilitar la creación de empresas, pero también garantizar que los trabajadores tengan capacidad real para cambiar de empleo y negociar. Significa mantener mercados competitivos, pero aceptar determinadas instituciones laborales cuando corrigen desequilibrios de poder.

Y significa entender que el bienestar no depende únicamente del salario, depende también del precio de la vivienda, de los impuestos, de los servicios públicos, de la estabilidad laboral y de la capacidad de una familia para construir patrimonio.

Conclusión: mi posición ante el gran divorcio económico

Después de analizar estas tres perspectivas, no creo que la respuesta esté completamente en la socialdemocracia, ni completamente en el centro socialcristiano, ni completamente en el liberalismo. Creo que cada una identifica una parte del problema. La socialdemocracia me recuerda que el poder de negociación importa. La perspectiva socialcristiana me recuerda que la economía debe terminar convirtiéndose en bienestar y estabilidad para las personas y las familias. El liberalismo me recuerda que sin inversión, competencia, emprendimiento y productividad no hay crecimiento sostenible que repartir.

Por eso, mi posición estaría más cerca de una combinación de los tres elementos que de una respuesta puramente ideológica. Quiero una economía dinámica porque necesitamos crecer. Quiero mercados competitivos porque creo que la competencia es uno de los mejores mecanismos para generar eficiencia y oportunidades. Pero también quiero instituciones que impidan que una parte excesiva de los beneficios del crecimiento quede concentrada cuando existen desequilibrios de poder. Y, sobre todo, creo que deberíamos dejar de medir el éxito económico únicamente por el PIB. El verdadero indicador de bienestar debería ser algo parecido a “salario real disponible después de costes esenciales”, no simplemente salario real.  El PIB responde a cuánto produce una economía; no responde por sí solo a cuánto bienestar obtiene una persona de esa producción.

Para mí, la verdadera pregunta es mucho más sencilla:

¿Puede una persona que trabaja, ahorra y toma buenas decisiones construir hoy una vida mejor y un patrimonio razonable?

Si la respuesta es sí, el crecimiento económico está cumpliendo su función.

Si la respuesta es no, entonces tenemos un problema económico que va mucho más allá de una simple gráfica de productividad y salarios.

Ese es, para mí, el verdadero significado del gran divorcio económico, no solamente cuánto somos capaces de producir, sino cuánto de esa capacidad productiva acaba convirtiéndose en prosperidad real para las personas que hacen funcionar la economía.

miércoles, 5 de agosto de 2026

TABLA 24 DE PENSIONES DEL INE: QUE NOS DICE REALMENTE SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA

 

Cuando se habla del sistema público de pensiones es habitual centrarse en aspectos como la edad de jubilación, la cuantía de las pensiones o el gasto anual. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica una información mucho más amplia que permite analizar la sostenibilidad del sistema desde una perspectiva económica.

Entre los datos más interesantes se encuentra la Tabla 24 de la Estadística de Pensiones del INE, una fuente que ayuda a comprender cómo evolucionan los derechos de pensión y cuáles son los factores que explican esos cambios.










El cuadro anterior (publicado en diciembre de 2023) resume los principales resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Destaca que el valor estimado de los derechos de pensión devengados en España alcanzó los 6,19 billones de euros al cierre de 2021, un 3,9 % más que el año anterior. Además, más del 99 % de estos derechos correspondieron a sistemas garantizados por las Administraciones Públicas.

¿Qué es la Tabla de Pensiones del INE?

La Tabla de Pensiones forma parte de las estadísticas de Contabilidad Nacional y tiene como objetivo medir el valor de los derechos de pensión acumulados por los ciudadanos en los diferentes sistemas de seguros sociales.

En otras palabras, no mide únicamente cuánto se paga cada año en pensiones, sino el valor económico de las obligaciones futuras que el sistema ha adquirido con los trabajadores.

Este enfoque ofrece una visión mucho más completa de la situación del sistema público de pensiones.

¿Qué muestra la Tabla 24?

La Tabla 24 recoge información que permite analizar la evolución de los derechos de pensión mediante diferentes componentes.

Entre ellos suelen encontrarse:

  • Derechos acumulados al inicio del ejercicio.
  • Cotizaciones sociales que incrementan esos derechos.
  • Prestaciones pagadas durante el año.
  • Cambios derivados de revalorizaciones.
  • Otros ajustes contables y actuariales.
  • Derechos acumulados al cierre del ejercicio.

Gracias a esta información es posible observar cómo evolucionan los compromisos futuros del sistema y cuáles son los factores que tienen un mayor impacto.

¿Por qué es importante?

Esta información resulta especialmente útil porque permite responder preguntas como:

  • ¿Está aumentando el volumen de derechos de pensión?
  • ¿Qué peso tienen las nuevas cotizaciones frente al pago de prestaciones?
  • ¿Cómo afectan las revalorizaciones o los cambios normativos al sistema?
  • ¿Cuál es la evolución del compromiso financiero con los futuros pensionistas?

Estas cuestiones son fundamentales para analizar la sostenibilidad del sistema más allá del gasto anual.

Cómo interpretar correctamente los datos

Es importante recordar que los importes reflejados en estas tablas no representan una deuda pública que deba pagarse de forma inmediata.

Se trata de una estimación económica de los derechos devengados por los trabajadores y pensionistas según la metodología internacional de contabilidad nacional. Por ello, estas cifras deben interpretarse como un indicador estadístico y no como un pasivo exigible en el corto plazo.

Conclusión

La Tabla 24 del INE ofrece una visión muy valiosa para comprender cómo evolucionan los derechos de pensión en España y cómo se construyen los compromisos futuros del sistema. Aunque se trata de una estadística técnica, su análisis permite entender mejor el equilibrio entre cotizaciones, prestaciones y derechos acumulados, aportando una perspectiva mucho más completa que la simple evolución del gasto en pensiones.

Para cualquier persona interesada en economía, planificación financiera o políticas públicas, constituye una herramienta muy útil para interpretar la realidad del sistema de pensiones español con mayor profundidad.

martes, 4 de agosto de 2026

¿COMPITEN REALMENTE LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES? LO QUE LA HUELGA DEL PRAT NOS ENSEÑA SOBRE EL MODELO DE AENA

 











Cada verano, millones de personas cruzan las terminales de los aeropuertos españoles con un único objetivo: llegar a su destino sin sobresaltos. Sin embargo, basta una huelga, una incidencia técnica o una cancelación masiva para que una infraestructura que normalmente pasa desapercibida se convierta en protagonista de la actualidad.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo estos días en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. La huelga convocada por parte de la plantilla de Groundforce, empresa responsable de los servicios de asistencia en tierra para numerosas aerolíneas, ha provocado retrasos, cancelaciones y problemas con el equipaje de miles de pasajeros. Los trabajadores denuncian un deterioro de las condiciones laborales y una falta de recursos, mientras que la empresa defiende su actuación y sostiene que cumple con la normativa vigente.

Como ocurre en la mayoría de conflictos laborales, resulta fácil buscar un único responsable. Sin embargo, limitar el debate a un enfrentamiento entre empresa y trabajadores probablemente impide comprender una realidad mucho más compleja.

La pregunta verdaderamente interesante es: ¿Qué papel desempeña el modelo aeroportuario español en este tipo de situaciones?

Responder a esta cuestión obliga a mirar más allá de la huelga y analizar cómo funciona una de las mayores redes aeroportuarias de Europa.

Un modelo prácticamente único

                                        ESTADO

                                                │

          ┌──────────────┴──────────────┐

          │                                                                          │

        ENAIRE                                                           AENA

(Control del espacio aéreo)         (Gestiona 48 aeropuertos)

          │                                                                      │

          │                                                          Licita servicios

          │                                                                       │

          │        ┌────────────┬──────────────┐

          │        │                              │                                    │

          ▼        ▼                           ▼                                  ▼

      Torres     Groundforce  Swissport   Iberia Airport Services

    de control    (Handling)     (Handling)          (Handling)

                       │                              │                                   │

                       └────────────┴──────────────┘

                                                        │

                                                       ▼

                                               Aerolíneas

                           Iberia · Vueling · Ryanair · Lufthansa...

                                                       │

                                                      ▼

                                               Pasajeros

 

Nivel

Organismo

Función principal

¿Es público?

✈ Espacio aéreo

ENAIRE

Gestiona el tráfico aéreo y los controladores

         ✅ Sí

Aeropuertos

Aena

Gestión 48 aeropuertos españoles

  51% Estado / 49%  accionistas privados     

Handling

Groundforce, Iberia Airport Services, Swissport...

Facturación, equipajes, asistencia a aeronaves

Empresas privadas

Aerolíneas

Iberia, Vueling, Ryanair, Lufthansa...

Operan los vuelos

Empresas privadas

 Usuario

Pasajeros

Pagan el billete y las tasas aeroportuarias 

             —

España cuenta con 48 aeropuertos de interés general gestionados por Aena, una sociedad cotizada cuyo accionista mayoritario continúa siendo el Estado a través de ENAIRE.

Esto significa que, a diferencia de otros sectores donde distintas empresas compiten entre sí, la práctica totalidad de la red aeroportuaria comercial española funciona bajo un único gestor.

Este modelo integrado presenta ventajas evidentes. Permite coordinar inversiones, planificar la red de forma conjunta y financiar aeropuertos con poco tráfico gracias a los beneficios obtenidos por otros mucho más rentables, como Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat.

Desde el punto de vista de la cohesión territorial, este sistema garantiza que numerosos territorios dispongan de conexiones aéreas que probablemente serían difíciles de mantener si cada aeropuerto tuviera que sostenerse únicamente con sus propios ingresos.

Precisamente por ello, el modelo español suele considerarse una herramienta de vertebración territorial además de una infraestructura de transporte.

¿Existe realmente competencia entre aeropuertos?

En la mayoría de mercados, la competencia impulsa a las empresas a mejorar sus servicios, reducir costes, innovar y atraer clientes mediante mejores condiciones.

En el sector aeroportuario español esta dinámica resulta más difícil de apreciar. Cuando la mayor parte de los aeropuertos pertenece al mismo gestor, estos no compiten plenamente entre sí para atraer aerolíneas mediante estrategias comerciales independientes o políticas tarifarias diferenciadas.

Esto no implica necesariamente que el modelo sea ineficiente. Sin embargo, sí plantea una cuestión económica interesante si los aeropuertos no compiten entre ellos, ¿qué incentivos existen para mejorar continuamente la eficiencia del sistema?

Es una pregunta  cada vez más presente en el debate económico internacional.

El papel de las empresas de handling

El conflicto de El Prat también pone el foco sobre otro elemento menos conocido por el gran público: las empresas de asistencia en tierra, conocidas como empresas de handling.

Estas compañías realizan tareas esenciales como la carga y descarga de equipajes, la asistencia a las aeronaves, el embarque de pasajeros o la coordinación de las operaciones en pista.

Su actividad se desarrolla en un entorno especialmente exigente. Por un lado, las aerolíneas intentan contener costes en un mercado muy competitivo. Por otro, estas empresas deben cumplir estrictos requisitos técnicos, operativos y de seguridad, además de operar bajo las condiciones establecidas en cada aeropuerto.

Las condiciones laborales dependen, naturalmente, de las decisiones empresariales y de la negociación colectiva. Sería simplista atribuir cualquier conflicto exclusivamente al diseño del sistema aeroportuario.

No obstante, también es razonable preguntarse hasta qué punto la estructura del mercado condiciona los márgenes de actuación de todas las empresas implicadas.

Las fortalezas del modelo español

Cualquier análisis riguroso debe reconocer que el modelo actual ofrece importantes ventajas.

La gestión integrada facilita grandes inversiones en infraestructuras, permite coordinar la planificación aeroportuaria y garantiza la continuidad de aeropuertos que difícilmente resultarían rentables de manera aislada.

Además, una red unificada puede generar economías de escala en compras, tecnología y gestión operativa. Por este motivo, numerosos especialistas consideran que el sistema actual proporciona estabilidad y asegura una planificación coherente a largo plazo.

Mirando más allá de nuestras fronteras

España

            Reino Unido

Un gestor principal (Aena) administra la mayor parte de la red aeroportuaria.

Diferentes operadores privados gestionan los principales aeropuertos.

Planificación centralizada.

Gestión descentralizada.

Los beneficios de grandes aeropuertos ayudan a financiar otros con menos tráfico.

Cada aeropuerto responde principalmente a sus propios resultados.

Competencia limitada entre aeropuertos de la misma red.

Mayor competencia por atraer aerolíneas y nuevas rutas.

Aunque el modelo español es ampliamente conocido, no es el único existente en Europa. El Reino Unido constituye uno de los ejemplos más interesantes de organización alternativa.

Desde la privatización de la antigua British Airports Authority a finales de los años ochenta, los principales aeropuertos británicos pasaron progresivamente a estar gestionados por operadores privados independientes. Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, Manchester o Birmingham pertenecen a diferentes empresas que compiten por atraer nuevas rutas, captar aerolíneas e incrementar el número de pasajeros.

Esto no significa que operen sin regulación. El Estado continúa estableciendo normas de seguridad, competencia y protección de los consumidores. Sin embargo, la gestión diaria y la estrategia empresarial corresponden a operadores privados que responden a incentivos distintos de los existentes en un modelo centralizado.

La comparación no pretende concluir que un sistema sea necesariamente superior al otro. Sí demuestra, en cambio, que existen distintas formas de organizar una red aeroportuaria y que cada una genera incentivos económicos diferentes.

¿Podría España evolucionar hacia otro modelo?

La cuestión no consiste únicamente en decidir si los aeropuertos deben ser públicos o privados. El verdadero debate gira en torno a los incentivos que genera cada sistema. ¿Obtendrían los aeropuertos mayor capacidad para adaptarse a las necesidades de cada territorio si dispusieran de mayor autonomía?

¿Podría una mayor competencia entre gestores favorecer una reducción de costes o una mejora del servicio?

¿Cómo podría garantizarse, al mismo tiempo, la conectividad de los territorios con menor demanda? No existen respuestas sencillas.

Quienes defienden el modelo actual destacan su capacidad para asegurar la cohesión territorial y financiar infraestructuras estratégicas. Quienes proponen introducir una mayor competencia sostienen que una gestión más descentralizada favorecería la eficiencia, la innovación y una mejor asignación de los recursos.

Probablemente, el futuro no pase por elegir entre dos modelos completamente opuestos, sino por encontrar un equilibrio que combine la planificación necesaria con mayores incentivos para competir y mejorar.

Una reflexión que va más allá de la huelga

La huelga de El Prat terminará, como terminan todos los conflictos laborales. Lo verdaderamente importante es aprovechar situaciones como esta para abrir un debate más amplio sobre el funcionamiento de una infraestructura esencial para la economía española.

Los aeropuertos no dependen únicamente del trabajo de miles de profesionales. También dependen de cómo se diseñan los mercados, de los incentivos que reciben las empresas, de la regulación y del modelo de gestión elegido.

Analizar únicamente el conflicto laboral ofrece una imagen incompleta. Comprender el sistema en su conjunto permite formular preguntas más profundas sobre cómo debería organizarse una red aeroportuaria moderna para ofrecer mejores resultados a pasajeros, trabajadores, empresas y al conjunto de la economía.

Porque, al final, el verdadero debate no consiste únicamente en quién gestiona un aeropuerto, sino en qué tipo de organización genera más eficiencia, mayor capacidad de adaptación y un mejor servicio para la sociedad.

Fuentes consultadas

  • Memorias anuales de Aena.
  • ENAIRE.
  • Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
  • Civil Aviation Authority (Reino Unido).
  • Eurocontrol.
  • Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.




lunes, 3 de agosto de 2026

CEUTA: LA PARADOJA ECONÓMICA DE LA FRONTERA SUR DE EUROPA

 














Si observamos el mapa de España, Ceuta suele aparecer asociada a la presión migratoria, la seguridad fronteriza o las relaciones con Marruecos. Sin embargo, tras esos titulares se esconde una realidad económica y demográfica que convierte a Ceuta en uno de los casos más singulares de España y, probablemente, de toda la Unión Europea.

Con apenas 83.000 habitantes, Ceuta combina una de las poblaciones más jóvenes del país con una de las tasas de desempleo más elevadas. Al mismo tiempo, mantiene un nivel de consumo relativamente estable gracias a una estructura económica muy distinta de la que caracteriza al resto del territorio nacional. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo se sostiene una economía en la que solo una parte relativamente reducida de la población dispone de un empleo?

Una economía con una fuerte dependencia del sector público

Para comprender la realidad ceutí basta con observar tres cifras.

De una población superior a los 83.000 habitantes, alrededor de 28.000 personas cuentan con un empleo formal. Entre ellas, aproximadamente 10.000 pertenecen al sector público: Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, personal sanitario, docentes y funcionarios de las distintas administraciones.

Esta elevada presencia del empleo público sitúa a Ceuta entre los territorios españoles con mayor peso de la Administración como empleador. Ello supone que una parte muy importante de la renta que circula por la economía local procede del gasto público, que posteriormente se traslada al comercio, la hostelería y el sector servicios.

No significa que el sector privado sea inexistente, sino que su actividad depende en gran medida del consumo generado por esa renta pública.

Una población joven en una España que envejece

Mientras buena parte de España afronta un progresivo envejecimiento demográfico, Ceuta mantiene una estructura de población mucho más joven.











Su pirámide demográfica conserva una base relativamente amplia, reflejo de una natalidad superior a la media nacional. Este comportamiento responde a múltiples factores —sociales, culturales y económicos— y convierte a Ceuta en una excepción dentro de una Europa caracterizada por el descenso de la fecundidad.










Lejos de constituir únicamente un fenómeno estadístico, esta juventud representa también un importante desafío económico: una población joven necesita oportunidades laborales capaces de absorber su futura incorporación al mercado de trabajo.

La paradoja demográfica: elevada natalidad y elevado desempleo

La coexistencia de una natalidad relativamente elevada con un mercado laboral caracterizado por un elevado desempleo constituye una de las principales singularidades de Ceuta. Con una tasa de paro superior al 22 % y un desempleo juvenil cercano al 48 %, resulta legítimo preguntarse cómo pueden mantenerse muchos de estos hogares.

La respuesta no obedece a un único factor, sino a la combinación de varios elementos económicos y sociales.

En primer lugar, la protección social desempeña un papel relevante. Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en mayo de 2025 el Ingreso Mínimo Vital llegaba en Ceuta a 2.710 hogares en los que residían 11.138 personas beneficiarias, aproximadamente el 13 % de la población de la ciudad. Para numerosos hogares, esta prestación constituye un importante mecanismo de estabilización de la renta y de reducción del riesgo de pobreza. En segundo lugar, las redes familiares mantienen un peso considerable. En muchos hogares es frecuente la convivencia entre varias generaciones y el reparto de recursos económicos, circunstancia que amortigua parcialmente los efectos del desempleo y facilita el cuidado de los menores.

Finalmente, diversos estudios demográficos señalan que las decisiones sobre fecundidad no dependen exclusivamente del nivel de renta o del empleo. Factores culturales, la estructura familiar, la edad media de maternidad y las expectativas vitales también influyen en el comportamiento reproductivo de la población. En el caso de Ceuta, todos estos elementos parecen interactuar de forma simultánea, configurando una dinámica demográfica diferente a la observada en la mayor parte de España.

Una ciudad cuya importancia trasciende la economía

Analizar Ceuta únicamente desde el punto de vista de la rentabilidad económica conduciría a una visión incompleta.

La ciudad ocupa una posición estratégica en el Estrecho de Gibraltar, uno de los principales corredores marítimos del mundo. Su condición de frontera terrestre de la Unión Europea en África le confiere una relevancia que afecta a la política migratoria, la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales.

Por ello, el elevado peso del Estado en la economía ceutí responde no solo a razones sociales, sino también a consideraciones estratégicas derivadas de su ubicación geográfica.

El gran reto de las próximas décadas

La principal fortaleza de Ceuta es, paradójicamente, la misma que puede convertirse en su mayor desafío: una población joven en un territorio con escasas oportunidades de empleo privado.

Si esa juventud logra canalizarse hacia actividades empresariales, tecnológicas, logísticas o vinculadas a la economía digital, la ciudad podría reducir progresivamente su dependencia del empleo público.

En cambio, si la estructura productiva apenas evoluciona, la Administración seguirá desempeñando un papel central como principal motor económico.

Ceuta representa uno de los experimentos socioeconómicos más singulares de España. En apenas diecinueve kilómetros cuadrados conviven una elevada dependencia del sector público, una población excepcionalmente joven, un mercado laboral frágil y una posición geoestratégica de primer orden. Su verdadero reto no consiste únicamente en reducir el desempleo, sino en transformar ese capital humano en una economía capaz de generar oportunidades sin depender, casi exclusivamente, del Estado.


domingo, 2 de agosto de 2026

MARRUECOS: DESARROLLO ECONÓMICO, MUNDIAL 2030 Y PRESIÓN MIGRATORIA

 

La reciente crisis en la frontera de Ceuta, con la entrada masiva de miles de personas en apenas unas jornadas, ha vuelto a situar la gestión migratoria en el centro del debate político. Más allá de las imágenes de emergencia en el espigón del Tarajal, este fenómeno responde a realidades estructurales profundas. Para entender lo ocurrido, es imprescindible analizar la radiografía económica, demográfica y geopolítica del país vecino.

Cada año, decenas de miles de personas llegan a España desde las costas marroquíes. Algunas son ciudadanos marroquíes; otras proceden de países del África subsahariana y utilizan Marruecos como país de tránsito. Comprender este fenómeno exige analizar no solo la inmigración, sino también la economía marroquí, su evolución política y las grandes inversiones que el país está realizando con motivo de la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2030.

Las relaciones entre España y Marruecos constituyen uno de los ejes estratégicos más importantes del Mediterráneo occidental. Ambos países mantienen una intensa cooperación económica, comercial y de seguridad, pero también conviven con discrepancias históricas relacionadas con el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, la gestión de las fronteras y los flujos migratorios.

En este contexto, Marruecos se encuentra inmerso en uno de los mayores programas de inversión pública de su historia con motivo de la organización conjunta del Mundial de Fútbol de 2030 junto con España y Portugal.

El presente artículo analiza tres aspectos estrechamente relacionados: la situación económica de Marruecos, el esfuerzo financiero que supone la preparación del Mundial y las causas que explican tanto la emigración de ciudadanos marroquíes como la utilización del territorio marroquí como principal vía de acceso de numerosos migrantes africanos hacia España. El objetivo es ofrecer una visión basada en datos que permita comprender un fenómeno complejo desde una perspectiva económica, demográfica y geopolítica.

1. La economía marroquí

Marruecos cuenta con aproximadamente 38 millones de habitantes y posee una de las economías más diversificadas del norte de África.














Desde el punto de vista demográfico, presenta una estructura de población relativamente joven en comparación con la mayoría de los países europeos. La edad mediana se sitúa en torno a los 31 años, frente a los 45 años de España.

Como muestra la pirámide de población, la base continúa siendo relativamente amplia, aunque el descenso de la natalidad en las últimas décadas está modificando progresivamente su estructura demográfica. Esta composición implica que cada año se incorporan al mercado laboral numerosos jóvenes, lo que constituye una oportunidad para el crecimiento económico, pero también un desafío para la creación de empleo.

Cuando la economía no es capaz de absorber toda esa mano de obra, una parte de la población busca oportunidades laborales en el extranjero. Este factor demográfico, unido a las diferencias salariales con Europa y a la proximidad geográfica con España, contribuye a explicar una parte de los flujos migratorios procedentes de Marruecos.

La economía marroquí experimentó una fuerte recuperación tras la pandemia de COVID-19. Después de registrar un PIB de 121.350 millones de dólares en 2020, la actividad económica repuntó hasta alcanzar 160.610 millones de dólares en 2024. La caída observada en 2022 responde, en parte, al efecto del tipo de cambio y a la desaceleración económica internacional, ya que el crecimiento real del PIB fue positivo ese año.










Fuente: Banco Mundial World Development Indicators

Sus principales sectores son:

  • Agricultura.
  • Industria del automóvil.
  • Industria aeronáutica.
  • Turismo.
  • Producción y exportación de fosfatos.
  • Comercio internacional a través del puerto de Tánger Med.












Durante las dos últimas décadas el país ha experimentado una importante modernización de sus infraestructuras, incluyendo autopistas, líneas ferroviarias de alta velocidad, puertos y aeropuertos.

Sin embargo, este crecimiento convive con importantes desafíos estructurales:

  1. Elevadas tasas de desempleo juvenil: Marruecos presenta una elevada tasa de desempleo juvenil. Según la Encuesta de Fuerza de Trabajo de 2024, citada por el Fondo Monetario Internacional, el desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 36,8 %, una de las principales debilidades estructurales de su mercado laboral. Si se utilizan las estimaciones armonizadas de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial, la tasa se sitúa en torno al 22 %, diferencia que responde a metodologías estadísticas distintas.
  2. Desigualdades entre áreas urbanas y rurales; Persisten importantes desigualdades entre las áreas urbanas y rurales. Según el Alto Comisionado de Planificación de Marruecos (HCP), en 2024 la tasa de pobreza multidimensional en las zonas rurales era del 13,1 %, frente al 3,0 % en las zonas urbanas. Además, el 72 % de las personas en situación de pobreza multidimensional residían en el medio rural.

¿Qué es la pobreza multidimensional?

La pobreza multidimensional es un indicador que mide las carencias que experimentan las personas en distintos aspectos esenciales de la vida, no solo en sus ingresos económicos.

A diferencia de la pobreza monetaria, que se basa exclusivamente en el nivel de renta, la pobreza multidimensional evalúa si los hogares tienen acceso a bienes y servicios fundamentales para disfrutar de un nivel de vida digno.

Entre los indicadores más utilizados se encuentran:

  • Acceso a la educación y años de escolarización.
  • Acceso a servicios sanitarios.
  • Calidad de la vivienda.
  • Disponibilidad de agua potable y saneamiento.
  • Acceso a electricidad.
  • Combustibles adecuados para cocinar.
  • Condiciones de vida y posesión de bienes básicos.

Una persona puede no ser considerada pobre por sus ingresos y, sin embargo, sufrir pobreza multidimensional si carece simultáneamente de varios de estos elementos esenciales.

En Marruecos, este indicador pone de manifiesto que las zonas rurales presentan mayores carencias en infraestructuras, servicios públicos y oportunidades que las áreas urbanas, lo que explica que la incidencia de la pobreza multidimensional sea significativamente superior en el medio rural.

  1. Salarios significativamente inferiores a los de España y a los de la mayoría de los países de la Europa Occidental: Los salarios en Marruecos siguen siendo significativamente inferiores a los de España y a la media de la Unión Europea. En 2024, el salario mínimo legal en el sector privado era de 3.111 dírhams mensuales (unos 290-300 euros al tipo de cambio de la época), mientras que en España el Salario Mínimo Interprofesional ascendía a 1.134 euros mensuales en 14 pagas (1.323 euros en 12 pagas).

4. Dependencia de la agricultura y de los periodos de sequía: Aunque la agricultura representa aproximadamente el 11 % del Producto Interior Bruto (PIB) de Marruecos, continúa siendo un sector estratégico porque proporciona empleo a cerca del 30 % de la población ocupada y constituye la principal fuente de ingresos en numerosas zonas rurales. 

Esta elevada dependencia hace que las sequías tengan un impacto directo sobre la economía nacional. La OCDE señala que la producción agrícola, especialmente la de cereales, es altamente volátil y muy sensible a las condiciones climáticas. Como ejemplo, la severa sequía de 2022 provocó un fuerte descenso de la producción cerealista, mientras que en 2024 el valor añadido del sector agrícola volvió a contraerse más de un 4 % debido a la persistencia de la sequía. Esta caída afectó especialmente al empleo rural y a los ingresos de los hogares agrícolas.

La economía marroquí ha reducido progresivamente su dependencia del sector agrícola gracias al crecimiento de la industria, el turismo y los servicios. Sin embargo, la agricultura continúa desempeñando un papel determinante en el empleo y en la estabilidad económica de las zonas rurales, por lo que los episodios prolongados de sequía siguen representando uno de los principales riesgos macroeconómicos del país.

Estas circunstancias hacen que parte de la población considere la emigración como una oportunidad para mejorar sus perspectivas económicas.

2. El Mundial 2030 como motor de inversión

La organización del Mundial representa para Marruecos una oportunidad internacional sin precedentes.

El Gobierno marroquí ha anunciado importantes inversiones destinadas a:

  • ampliación de aeropuertos;
  • mejora de la red ferroviaria;
  • nuevas carreteras;
  • renovación y construcción de estadios;
  • desarrollo hotelero y turístico.

Una parte importante de esta financiación procede del presupuesto público, de empresas estatales, de préstamos nacionales e internacionales y de inversión privada.

El Ejecutivo sostiene que estas obras no deben interpretarse únicamente como un gasto vinculado al campeonato, sino como inversiones estratégicas destinadas a acelerar el desarrollo económico del país.

No obstante, diversos economistas advierten que el éxito de estas inversiones dependerá de que las nuevas infraestructuras generen crecimiento económico una vez finalizado el campeonato, evitando un incremento excesivo de la deuda pública.

3. El contexto político

Las relaciones entre España y Marruecos están condicionadas por varios factores:

  • el conflicto del Sáhara Occidental;
  • la rivalidad entre Marruecos y Argelia;
  • la gestión de la inmigración;
  • la cooperación antiterrorista;
  • las cuestiones relativas a Ceuta y Melilla.

El Sáhara Occidental continúa siendo el principal punto de fricción diplomática.

Marruecos considera dicho territorio parte integrante de su soberanía, mientras que el Frente Polisario reclama la independencia con el respaldo de Argelia.

España mantiene una relación especialmente delicada con ambos países debido a su proximidad geográfica y a sus intereses económicos y energéticos.

4. Marruecos como país de origen y de tránsito

Con frecuencia se asocia la inmigración irregular procedente de Marruecos exclusivamente con ciudadanos marroquíes.

Sin embargo, la realidad es más compleja.

Marruecos desempeña un doble papel:

  • país de origen de parte de los inmigrantes;
  • país de tránsito para miles de personas procedentes del África subsahariana.

Muchos migrantes llegan primero a Marruecos desde países como Mali, Senegal, Guinea o Costa de Marfil con el objetivo de alcanzar posteriormente territorio europeo.

En consecuencia, una parte significativa de las llegadas a España desde Marruecos corresponde a ciudadanos de terceros países.

5. Las causas de la emigración

Las razones que impulsan estos movimientos migratorios son múltiples.

Entre ellas destacan:

  • diferencias salariales entre Europa y el norte de África;
  • desempleo juvenil;
  • pobreza en determinados países africanos;
  • conflictos armados e inestabilidad política;
  • redes familiares ya establecidas en Europa;
  • proximidad geográfica entre Marruecos y España.

No existe una única explicación. La inmigración responde a la combinación de factores económicos, demográficos, sociales y políticos.

Conclusión

La situación migratoria entre Marruecos y España no puede entenderse mediante una única causa.

La evolución económica de Marruecos muestra un país que ha experimentado importantes avances industriales y de infraestructuras, pero que continúa enfrentándose a retos relacionados con el empleo, la desigualdad y el desarrollo regional.

La celebración del Mundial 2030 constituye una apuesta estratégica destinada a acelerar ese proceso de modernización, aunque su éxito dependerá de la capacidad del país para transformar dichas inversiones en crecimiento económico sostenible.

Al mismo tiempo, Marruecos desempeña un papel esencial como socio estratégico de España en materia comercial, energética y de control de fronteras, además de ser un territorio de tránsito para miles de migrantes procedentes del África subsahariana.

Comprender esta realidad exige analizar simultáneamente la economía, la geopolítica y la demografía, evitando interpretaciones simplistas. Solo mediante un enfoque basado en datos y fuentes contrastadas es posible entender un fenómeno que afecta tanto a Marruecos como a España y al conjunto de la Unión Europea.

Eventos como el vivido en Ceuta evidencian que las diferencias económicas, las limitadas oportunidades laborales para parte de la juventud marroquí y la posición estratégica de Marruecos como país de tránsito seguirán condicionando la presión migratoria sobre la frontera sur de Europa. La evolución de estos flujos dependerá también de factores políticos, demográficos y de cooperación entre ambos países.