EL POLÍTICO QUE SE ATREVA A ARREGLAR ESPAÑA

 

Hay una pregunta que casi nadie quiere hacer en política: ¿Quién está dispuesto a hacer lo que España necesita, aunque le cueste las próximas elecciones?

Porque gobernar cuando todo va bien es relativamente sencillo. Lo difícil es tocar aquello que lleva años funcionando a medias, decirle a alguien que una ayuda no puede durar para siempre, cerrar una administración que sobra, simplificar un impuesto, acabar con un privilegio o decirle a un sector entero que tiene que cambiar. Eso sí cuesta votos. Y precisamente por eso hacen falta políticos que entiendan que gobernar no consiste únicamente en llegar al siguiente domingo electoral. Consiste también en pensar en el lunes siguiente.

El problema de hacer lo correcto

La política tiene una trampa bastante perversa. Los beneficios de una reforma suelen tardar años en llegar. Los costes, en cambio, aparecen mañana por la mañana. Si un Gobierno decide reformar un sector improductivo, el trabajador afectado sabe inmediatamente lo que ha perdido. Si cinco años después esa reforma consigue atraer inversión, aumentar la productividad y crear empleos mejores, probablemente nadie se acordará de quién la hizo.

Con el gasto público sucede lo contrario. Anunciar una ayuda es fácil. Se puede explicar en una rueda de prensa, hacerse una foto y recibir aplausos.  Eliminarla porque ya no tiene sentido es otra historia. Por eso los gobiernos tienen una tentación enorme: repartir beneficios hoy y dejar la factura para mañana. El problema es que la factura siempre llega.

España ya ha pasado por esto

No hace falta inventarse el futuro. Tenemos ejemplos en nuestra propia historia. Durante los años ochenta España tuvo que enfrentarse a una realidad incómoda: buena parte de su industria no podía competir como estaba diseñada. Astilleros, siderurgia y otros sectores arrastraban enormes problemas de productividad y dependían de ayudas y protección pública. La reconversión industrial fue durísima. Hubo despidos, protestas, huelgas y territorios enteros que sintieron que estaban pagando el precio del cambio.

Pero había una realidad que no se podía esconder indefinidamente: no se puede construir una economía moderna manteniendo eternamente empresas que no son capaces de competir sin dinero público. Aquellas decisiones tuvieron un enorme coste social y político. Pero también ayudaron a preparar una economía mucho más abierta, competitiva e integrada en Europa. Y aquí está la lección importante: un país no puede vivir eternamente protegiendo el pasado.

Si protege demasiado tiempo una actividad que ha dejado de ser competitiva, no está protegiendo el empleo. Está retrasando el problema. Y, mientras tanto, está utilizando recursos que podrían dedicarse a crear nuevas oportunidades.

España no se arregla simplemente creando más empleo público

Durante años hemos discutido si España crea empleo o no. Es importante, claro. Pero la pregunta verdaderamente importante es otra: ¿Cuánto valor somos capaces de generar por cada hora que trabajamos? Porque podemos tener millones de personas trabajando y, aun así, seguir teniendo una economía con una productividad mediocre. Y ahí está uno de nuestros grandes problemas.

Tenemos demasiada economía basada en actividades de bajo valor añadido, empresas demasiado pequeñas, poca inversión en determinados sectores tecnológicos y una capacidad insuficiente para convertir conocimiento e innovación en empresas que crezcan. No necesitamos solamente más empleo. Necesitamos mejor empleo, empresas más grandes, más inversión, más tecnología y más productividad. Y eso no se consigue desde un despacho ministerial repartiendo subvenciones. Se consigue creando las condiciones para que miles de empresarios, trabajadores, inversores e innovadores tengan incentivos para arriesgarse.

El Estado tiene que hacer su trabajo: Pero no todos los trabajos son del Estado

Aquí llegamos a otro asunto incómodo. España necesita servicios públicos buenos. Sanidad, educación, justicia, seguridad, infraestructuras. Todo eso es fundamental. Pero precisamente porque es fundamental, deberíamos preocuparnos mucho más por cómo se gasta el dinero público. Cada euro que sale del bolsillo de un ciudadano debería tener una justificación. No basta con decir: “Es que siempre se ha hecho así”. Tampoco basta con crear una nueva estructura administrativa porque existe un problema.

A veces tenemos la curiosa costumbre de solucionar un problema creando otro organismo para estudiarlo, otro para coordinarlo y otro para supervisarlo. Y luego nos preguntamos por qué el Estado cuesta cada vez más. El debate no debería ser simplemente entre “más Estado” o “menos Estado”. La pregunta es mucho más sencilla: ¿Qué tiene que hacer el Estado y qué cosas no tiene ningún sentido que haga? Porque un Estado fuerte no es necesariamente un Estado enorme. Es un Estado que hace bien aquello que realmente tiene que hacer.

El dinero público no es gratis

Hay otra idea que deberíamos recuperar. El dinero público no es gratis. Existe el dinero de los ciudadanos que primero se recauda mediante impuestos, después se administra y, cuando no alcanza, se complementa con deuda. La deuda permite gastar hoy el dinero que alguien tendrá que pagar mañana. A veces puede estar justificada. Una crisis, una inversión estratégica o una emergencia pueden exigir endeudarse. Pero convertir la deuda en la solución habitual es otra cosa. Es como vivir durante años tirando de la tarjeta de crédito y decir que todo va bien porque el banco todavía no ha llamado. Algún día llama. Y cuando llama, normalmente no viene solo. Vienen los intereses, menos margen para invertir y menos capacidad para reaccionar cuando llega la siguiente crisis.

El gran peligro: convertir la política en una subasta

Aquí es donde entra el verdadero dilema. Si un político sabe que una reforma puede generar beneficios dentro de diez años pero pérdidas electorales dentro de seis meses, ¿qué incentivo tiene para hacerla? Muy poco.

Es mucho más rentable prometer una ayuda. Bajar una tasa. Crear una subvención. Congelar un precio. Anunciar una inversión. Todo ello puede tener sentido en determinadas circunstancias. El problema aparece cuando la política económica se convierte en una competición por ver quién reparte más beneficios inmediatos sin explicar quién pagará la factura. Y entonces el sistema entra en una espiral peligrosa. Cada Gobierno intenta no ser el que haga el ajuste. Cada generación intenta pasarle la factura a la siguiente. Y cada problema que no se resuelve se hace un poco más grande.

Hace falta alguien dispuesto a decir “no”

Por eso España necesita recuperar una palabra que parece haber desaparecido del vocabulario político: no.

No podemos financiarlo todo. No podemos proteger indefinidamente todas las actividades. No podemos mantener todas las estructuras administrativas. No podemos subir los impuestos indefinidamente y esperar que eso no afecte a la inversión. No podemos endeudarnos sin límite. No podemos prometer pensiones, servicios y prestaciones sin preguntarnos antes cómo vamos a pagarlos dentro de veinte años. Y tampoco podemos esperar que el sector privado cree riqueza si cada vez tiene que dedicar más tiempo, dinero y energía a entender las reglas que le impone la Administración. Y, sobre todo, no podemos seguir fingiendo que todas estas cosas son compatibles entre sí sin que alguien termine pagando la cuenta. Decir esto no es ser antipático. Es ser adulto.

Pero reformar no significa pasar la apisonadora

Ahora bien, tampoco nos engañemos. Una reforma no es buena simplemente porque sea dolorosa. Hay reformas mal diseñadas. Hay recortes absurdos. Hay impuestos que destruyen más actividad de la que recaudan. Hay burocracia que se puede eliminar y otra que cumple una función. Y hay personas que, sin haber tomado ninguna mala decisión, pueden quedar atrapadas en una transformación económica. A esas personas no se las puede abandonar.

Una sociedad razonable debe ayudar a quien pierde su empleo a formarse, cambiar de sector y volver al mercado laboral. Pero hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien a ponerse de pie y mantenerlo eternamente sentado. Esa diferencia debería formar parte de cualquier política económica seria.

El político que España necesita

Por eso, más que otro político especialista en campañas, España necesita alguien dispuesto a explicar una verdad bastante sencilla: el futuro no se construye prometiendo que todo seguirá igual. Hay que cambiar cosas. Hay que simplificar. Hay que eliminar lo que sobra. Hay que premiar al que invierte, trabaja y emprende. Hay que facilitar que una empresa pueda crecer sin convertirse en una especie de funcionario administrativo. Hay que atraer capital. Hay que mejorar la educación. Hay que invertir en tecnología. Hay que conseguir que nuestras empresas sean más productivas. Y hay que poner orden en las cuentas públicas. Todo esto suena menos emocionante que prometer una nueva ayuda. Pero es infinitamente más importante.

La pregunta que deberíamos hacernos

Cuando llegue el momento de votar, probablemente volveremos a escuchar las mismas promesas de siempre. Unos ofrecerán más gasto. Otros ofrecerán rebajas de impuestos. Unos prometerán proteger a todo el mundo. Otros dirán que van a cambiarlo todo. Pero deberíamos hacernos una pregunta mucho más incómoda: ¿Quién está dispuesto a decirnos la verdad aunque la verdad no dé votos?

Porque gobernar no consiste en conseguir que todos estén contentos. Eso es imposible. Gobernar consiste en tomar decisiones pensando en el país que quieres dejar dentro de diez o veinte años. El político mediocre piensa en la próxima encuesta. El buen gobernante piensa en la próxima generación. Y quizá ese sea el verdadero problema de España.

No nos faltan políticos capaces de ganar elecciones.

Nos faltan políticos dispuestos a hacer lo necesario para que, cuando llegue el momento de marcharse, España esté mejor de lo que la encontraron

EL PAÍS QUE VEMOS Y EL QUE NO VEMOS

 

Se acercan las elecciones y empieza el espectáculo. Durante unas semanas, los partidos nos explicarán qué problemas tiene España, cuáles son los más graves y, sobre todo, quién tiene la culpa de que sigan ahí. También nos contarán que ellos tienen la solución. Para eso son las campañas.

Pero hay una cuestión que quizá deberíamos hacernos antes de entrar en ese juego: ¿Los problemas que van a poner encima de la mesa son realmente todos los problemas que tenemos? Probablemente no. Y no hace falta pensar que los políticos nos engañan. Hay algo bastante más sencillo detrás: en unas elecciones se habla, sobre todo, de aquello que la gente considera importante. Y ahí está el matiz. Porque una cosa son los problemas que existen y otra, no siempre coincidente, los problemas que nosotros percibimos.

Lo que preocupa acaba ocupando el escenario

Si la vivienda preocupa, se hablará de vivienda. Si preocupa la inmigración, se hablará de inmigración. Si preocupa la economía, se hablará de economía. Si preocupa la sanidad, se hablará de sanidad. Es lógico. Un político que aspira a representar a la gente tiene que escuchar lo que la gente dice que le preocupa.

Pero ocurre algo curioso. Cuanto más se habla de un problema, más presente está en nuestra cabeza. Y cuanto más presente está, más importante nos parece. Y cuanto más importante nos parece, más hablan de él los políticos. Y vuelta a empezar. Es un círculo bastante sencillo: percepción → discurso político → más percepción → más discurso político. Y así, poco a poco, algunos problemas se hacen enormes en nuestra conversación pública. Mientras tanto, otros desaparecen. No porque hayan dejado de existir. Simplemente porque no están en nuestra cabeza.

Hay problemas que no tienen departamento de marketing

Pensemos en un problema que afecta a miles de personas pero que no genera titulares. No provoca manifestaciones. No tiene una palabra fácil de convertir en eslogan. No aparece todos los días en televisión. No produce vídeos virales. Y, además, es complicado de explicar. Ese problema tiene todas las papeletas para quedarse fuera de la campaña. No porque sea menos real. Porque no es suficientemente visible.

Y aquí está una de las grandes paradojas de la política: algunos problemas necesitan que los ciudadanos los perciban para que los políticos se ocupen de ellos. Pero precisamente los problemas más difíciles suelen ser los que menos se perciben. Hay asuntos que avanzan lentamente. Problemas que no explotan mañana, pero que pueden convertirse en un problema serio dentro de diez años. Decisiones que hoy parecen poco importantes y que mañana pueden resultar carísimas. Podemos estar discutiendo durante semanas sobre el precio de la vivienda y, al mismo tiempo, pasar casi de puntillas sobre la productividad de nuestra economía. Una nos afecta directamente al bolsillo y la otra parece una cuestión de economistas. Sin embargo, de la segunda depende en buena medida cuánto podremos producir, cuánto podremos ganar y qué nivel de vida podremos sostener dentro de diez o quince años. Y de eso se habla poco en campaña. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir "vamos a solucionar esto" que explicar un problema complejo cuya solución exige tiempo, dinero, sacrificios y probablemente decisiones que no gustarán a todo el mundo.

La política tiene un problema: necesita nuestra atención

Hay algo que no deberíamos olvidar. Los partidos necesitan nuestros votos. Y para conseguirlos necesitan nuestra atención. Por eso tienen un incentivo evidente para hablar de aquello que ya está en nuestra cabeza. Si la gente está preocupada por algo, ese algo funciona. Tiene audiencia. Tiene emoción. Tiene recorrido.

En cambio, explicar que dentro de quince años podemos tener un problema estructural por algo que hoy apenas preocupa a nadie es bastante menos rentable electoralmente. No tiene titular. No tiene eslogan. Y, sobre todo, no tiene votos inmediatos. Aquí no hace falta recurrir a ninguna conspiración. Es simplemente cómo funcionan los incentivos. El político quiere ganar las elecciones. El ciudadano quiere que le solucionen sus problemas. Los medios quieren audiencia. Y las redes sociales quieren nuestra atención. Todos empujan, de una manera u otra, hacia lo mismo: lo visible, lo inmediato y lo emocional.

Y entonces ocurre algo peligroso

Que podemos acabar confundiendo la importancia de un problema con la importancia que le damos. No es lo mismo. Un problema puede ser enorme porque afecta a nuestra vida todos los días. Pero también puede parecernos enorme porque llevamos seis meses escuchando hablar de él.

Y al revés. Puede haber un problema muy serio del que prácticamente nadie habla. Por eso convendría hacerse una pregunta: ¿Cuántos de los problemas que tenemos como país conocemos realmente? No los que salen en las encuestas. No los que aparecen en los debates. No los que repiten los partidos. Los que existen.

La campaña nos enseñará una parte de España

Cuando empiece la campaña veremos debates, mítines, entrevistas, carteles y promesas. Y veremos una determinada España. La España de los problemas que preocupan. La España de los problemas que dan votos. La España de los problemas que caben en un titular. Pero será una España incompleta. Porque habrá otra España que no tendrá tanto protagonismo. La de los problemas aburridos. La de las reformas pendientes. La de las administraciones que funcionan regular. La de determinadas infraestructuras que necesitan mantenimiento. La de la productividad. La de la educación a largo plazo. La del envejecimiento de la población. La de la sostenibilidad de determinados sistemas.

La de problemas que hoy todavía no sentimos en nuestra vida diaria, pero que pueden acabar condicionándola. Algunos serán importantes. Otros quizá no tanto. La cuestión es que si nadie habla de ellos, difícilmente podremos decidir qué hacer con ellos.

También nos corresponde a nosotros

Y aquí hay una parte de responsabilidad que no podemos cargar siempre sobre los políticos. También nosotros tenemos parte del problema. Porque queremos soluciones rápidas. Queremos que nos digan quién tiene la culpa. Queremos saber qué van a hacer mañana. Y nos cuesta escuchar explicaciones largas, incómodas o llenas de matices. Preferimos una respuesta sencilla. El problema es este. La culpa es de aquel. La solución es esta. Y ya está. Pero la realidad casi nunca funciona así.

Hay problemas que tienen varias causas. Problemas en los que no hay buenos y malos perfectamente identificables. Problemas en los que cualquier solución tiene un coste. Y hay cosas que sencillamente no se pueden solucionar en una legislatura. Eso es difícil de vender. Pero probablemente sea mucho más parecido a la realidad.

Lo que deberíamos pedir en una campaña

Por eso quizá la pregunta que deberíamos hacer a los partidos no sea únicamente: “¿Qué vais a hacer con los problemas que me preocupan?” También deberíamos preguntar: “¿Qué problemas creéis que tiene España y que nosotros todavía no estamos viendo?” Esa pregunta cambia bastante las cosas. Porque obliga a levantar la mirada. A salir de la encuesta. A salir del titular. A salir del problema de hoy. Y a pensar en el país que tendremos dentro de diez, quince o veinte años.

También deberíamos desconfiar de quien nos diga que todo es sencillo. De quien tenga una explicación para todo. De quien encuentre siempre un culpable y nunca un coste. De quien prometa soluciones inmediatas para problemas que llevan décadas acumulándose. No porque necesariamente esté mintiendo. Sino porque la realidad suele ser bastante más complicada que un eslogan electoral.

La democracia también consiste en descubrir lo que no queremos mirar

Al final, una democracia no debería servir únicamente para que los ciudadanos digamos qué queremos. También debería servir para que podamos conocer mejor la realidad sobre la que tenemos que decidir. Y ahí los políticos tienen una responsabilidad. Pero nosotros también. Porque si solo escuchamos aquello que confirma nuestras preocupaciones, si solo prestamos atención a los problemas que ya tenemos en la cabeza y si solo queremos soluciones que quepan en una frase, estaremos construyendo una política a medida de nuestra percepción. No necesariamente a medida de la realidad.

El próximo 29 de noviembre votaremos sobre muchas cosas. Sobre lo que nos preocupa. Sobre lo que creemos que funciona mal. Sobre lo que pensamos que debería cambiar. Pero quizá sería bueno hacer un último ejercicio antes de votar. Mirar más allá de los problemas que nos van a poner delante. Y preguntarnos: ¿Qué es lo que no estamos viendo? Porque los problemas que vemos estarán en los carteles. Los problemas que sentimos estarán en los discursos. Los problemas que nos indignan estarán en los debates.

Pero los que todavía no vemos... Esos pueden ser los que algún día acabemos pagando.

LA IMPRENTA DE MEFISTÓFELES Y EL MANUAL ECONÓMICO DE MONCLOA

 

Hay una escena en la segunda parte de Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe, que merece ser releída en estos tiempos de política económica a golpe de titular.

El Imperio está arruinado. Las arcas están vacías, las deudas se acumulan y los soldados llevan tiempo sin cobrar. La situación es un desastre. Y entonces aparece Mefistófeles con una solución aparentemente genial: emitir papel moneda respaldado, sobre el papel, por unas riquezas que todavía están enterradas bajo tierra. La corte se viene arriba. De repente hay dinero. Se pagan deudas, se hacen promesas, todo el mundo respira y el emperador puede presentarse como el hombre que ha encontrado la salida donde nadie la veía. El problema es que la riqueza no había aparecido. Seguía sin aparecer. Lo único que había aumentado era la cantidad de papeles que decían representar esa riqueza.

Goethe sabía bastante bien de qué hablaba. Había tenido responsabilidades de gobierno y conocía de primera mano los problemas financieros del Estado. Y la moraleja de la escena sigue siendo perfectamente actual: una cosa es crear dinero y otra muy distinta crear riqueza. Ahí empieza la comparación interesante con la España de hoy.

El dinero no es riqueza

Conviene aclararlo desde el principio para no caer en una caricatura. España no es el Imperio de Goethe. El Gobierno español no puede simplemente darle a la máquina de imprimir billetes para pagar sus facturas. Estamos dentro del euro y la política monetaria corresponde al Banco Central Europeo. Pero eso no significa que la metáfora haya perdido vigencia.

Un Estado también puede sostener durante demasiado tiempo un nivel de gasto que no se corresponde con su capacidad permanente de generar ingresos. No hace falta imprimir billetes en un sótano para trasladar parte de la factura hacia el futuro. Y ese es, a mi juicio, uno de los problemas de la política económica española: demasiadas veces confundimos capacidad de gastar con capacidad de generar riqueza.

Un cheque puede aliviar una situación concreta. Una subvención puede ser necesaria en determinadas circunstancias. Un escudo social puede tener sentido cuando llega una crisis extraordinaria. El problema empieza cuando la excepción se convierte en sistema. Porque el dinero público no aparece por arte de magia. Sale de los impuestos presentes, de la deuda que habrá que devolver mañana o de una combinación de ambas cosas.

Y la deuda, aunque tenga una utilidad legítima cuando se utiliza bien, no es gratis.

 Comprar tiempo

La política económica tiene algo de magia cuando se observa desde un atril. Se anuncia una ayuda y parece que el problema está resuelto. Se aprueba una bonificación y parece que hemos abaratado la vida. Se congela una tarifa y parece que hemos derrotado a la inflación. Se subvenciona un servicio y parece que su coste ha desaparecido. Pero el coste no desaparece. Simplemente cambia de bolsillo, de momento o de nombre.

Ahí está la diferencia entre una política pública seria y una política basada fundamentalmente en comprar tiempo. Un Gobierno puede y debe intervenir cuando una emergencia lo exige. Lo que no puede hacer indefinidamente es utilizar la emergencia como método ordinario de gobierno. Porque llega un momento en el que la pregunta deja de ser cuánto dinero estamos gastando y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿Qué estamos consiguiendo a cambio?

Si después de años de gasto creciente seguimos teniendo problemas graves de productividad, vivienda, infraestructuras, déficit, burocracia o empleo de baja productividad, quizá haya llegado el momento de mirar algo más que la cifra del gasto. Quizá haya que preguntarse por la calidad del gasto.

El truco de que una crisis tape a la anterior

Hay otro elemento de la política española actual que me parece todavía más interesante. Moncloa parece vivir en una especie de cinta transportadora de acontecimientos. Un día hablamos de vivienda. Al siguiente, de los trenes. Después, de la energía. Luego aparece una negociación europea, una nueva medida social, un conflicto parlamentario o una crisis internacional. Y antes de que el ciudadano haya podido preguntarse si la medida anterior funcionó, ya tiene delante la siguiente.

No hace falta pensar en una conspiración perfectamente organizada. La política moderna funciona así en buena medida: la velocidad de la actualidad permite que el anuncio sustituya a la evaluación. El problema es que gobernar no consiste únicamente en anunciar. Consiste en conseguir resultados. Y los resultados requieren tiempo, inversión, reformas y, sobre todo, paciencia. Justo lo contrario de lo que exige una política sometida permanentemente al ciclo de las redes sociales, las tertulias y los titulares.

El transporte: cuando pagar el problema parece resolverlo

Pensemos en el transporte. España necesita infraestructuras modernas, mantenimiento constante y una gestión eficaz. Cuando una red se deteriora, la solución no puede consistir únicamente en compensar al usuario por el deterioro. Un abono más barato puede ser una buena medida social. Pero no sustituye a una vía bien mantenida, a un tren que llega a su hora o a una infraestructura correctamente planificada.

Dicho de otra manera: que el Estado pague parte del billete no hace que el tren llegue antes. Y esto vale para casi todo. Una subvención puede aliviar el síntoma. Una reforma bien diseñada intenta corregir la causa. La diferencia parece pequeña, pero es enorme.

La vivienda: el ejemplo perfecto

La vivienda es probablemente el mejor ejemplo de esta dinámica. El problema es real y es enorme. Para demasiadas familias, especialmente jóvenes, comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos. Pero aquí conviene salir del eslogan. Si hay pocas viviendas donde la gente quiere vivir y muchas personas compitiendo por ellas, el precio va a tender a subir. Después podemos discutir impuestos, regulación, suelo, alquiler turístico, vivienda pública, seguridad jurídica, okupación, incentivos o cualquier otra cuestión.

Pero la aritmética básica no desaparece. Si queremos viviendas más asequibles necesitamos más oferta de vivienda asequible. Y eso significa construir donde haga falta, desbloquear suelo, reducir plazos administrativos, facilitar inversión, mejorar la seguridad jurídica y hacer viable económicamente que se pongan viviendas en el mercado. El decreto urgente puede generar un buen titular. Construir miles de viviendas requiere algo bastante menos espectacular: años de trabajo.

Y ese es precisamente el problema de la política contemporánea. El titular tarda diez segundos. Una vivienda tarda mucho más.

El miedo también gobierna

Hay otra tentación peligrosa: gobernar desde el miedo. Un apagón, una crisis energética, una interrupción del suministro o cualquier otro riesgo serio puede justificar medidas extraordinarias. El Estado tiene que estar preparado para situaciones extraordinarias.

Pero una sociedad adulta debería distinguir entre prepararse para una emergencia y convertir la excepcionalidad en una forma habitual de gobernar. Porque cuando todo se presenta como excepcional, cualquier intervención puede parecer razonable. Y entonces dejamos de hacernos la pregunta más importante: ¿Funciona? No basta con que una medida sea bien intencionada. No basta con que sea popular. Ni siquiera basta con que sea necesaria en un momento concreto. Hay que saber si consigue aquello que promete y cuánto cuesta conseguirlo.

El Bufón sabía algo que todos los demás habían olvidado

Aquí vuelve a aparecer el personaje más interesante de la historia de Goethe: el Bufón. Mientras la corte celebra la llegada de los nuevos billetes, él entiende algo que los demás han olvidado. Los papeles pueden multiplicarse. La tierra no. Los recursos no. Las casas no. El trabajo productivo no. La capacidad de una sociedad para generar bienes y servicios tampoco.

En otras palabras: la riqueza real siempre acaba poniendo límites a la riqueza de papel. Y esa quizá sea la lección más sencilla que conviene no olvidar. No todo gasto público es malo, ni toda intervención del Estado es innecesaria. Hay momentos en los que gastar, ayudar o incluso endeudarse es perfectamente razonable. El problema aparece cuando dejamos de preguntarnos cuánto cuesta una decisión, qué incentivos genera y quién terminará pagando sus consecuencias. Porque los recursos son limitados. No hay atajos permanentes para crear prosperidad, ni soluciones gratuitas para problemas complejos.

Por eso conviene desconfiar de cualquier gobernante —sea de izquierdas, de derechas o de cualquier otro sitio— que prometa que todo puede resolverse sin sacrificios, sin costes y sin efectos secundarios. La política puede aplazar una factura. Lo que no puede hacer es eliminarla.

La factura siempre llega

El verdadero problema de una política basada permanentemente en parches no es que cada parche sea necesariamente malo. Es que podemos acabar acostumbrándonos a vivir de parches.

Un país no se hace estructuralmente más rico simplemente porque su Gobierno anuncie más ayudas. Se hace más rico cuando aumenta su productividad, cuando las empresas pueden invertir y crecer, cuando los trabajadores encuentran empleos mejores, cuando se construyen viviendas donde hacen falta, cuando las infraestructuras funcionan y cuando las instituciones ofrecen reglas estables y previsibles. Eso es menos vistoso. No cabe fácilmente en un eslogan. Y desde luego no produce resultados electorales inmediatos. Pero es lo que paga las facturas.

Goethe nos dejó una escena extraordinariamente moderna: una corte eufórica porque alguien ha conseguido que todos se sientan más ricos sin que la riqueza real haya aumentado. El peligro, dos siglos después, no es que alguien vuelva a imprimir exactamente aquellos billetes. El peligro es algo más sutil. Que confundamos durante demasiado tiempo el alivio con la solución, el gasto con la riqueza, el anuncio con la reforma y el tiempo comprado con el problema resuelto. Porque se puede engañar a la aritmética durante un tiempo. Se puede engañar al mercado político durante otro. Incluso se puede ganar una elección con ello.

Pero hay una cosa que nunca firma decretos ni participa en tertulias: la realidad.

Y la realidad, tarde o temprano, siempre pasa por caja.

VIVIENDA: CUANDO EL ESTADO DECIDE QUIEN PUEDE COMPRAR, QUIEN PUEDE VENDER Y A QUE PRECIO

 

Hay una regla bastante sencilla en economía: cuando quieres que algo sea más abundante, procura que producirlo sea rentable. No hace falta haber estudiado un máster en economía para entenderlo. Si montar una panadería se convierte en un negocio ruinoso, habrá menos panaderías. Si alquilar una vivienda se convierte en una actividad cargada de riesgos, incertidumbre y restricciones, habrá menos propietarios dispuestos a alquilar. Con la vivienda ocurre exactamente lo mismo.

Y, sin embargo, llevamos años haciendo justo lo contrario: intentando abaratar la vivienda mediante regulaciones que dificultan que exista más vivienda. El último episodio ha sido especialmente llamativo. El Gobierno aprobó el 29 de septiembre dos reales decretos-ley y apenas tres días después el Congreso los derogó. El BOE deja constancia de ambas derogaciones, fechadas el 2 de octubre.

Pero lo interesante no es solamente que los decretos hayan caído. Lo interesante es lo que contenían.

El Estado pone precio al riesgo privado

Una de las medidas más llamativas establecía una limitación para determinadas entidades cuyo objeto social fuera adquirir inmuebles: no podrían comprar determinadas viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación de mercado. Dicho en lenguaje de calle: si el Estado considera que una vivienda vale 100, determinadas empresas no podían comprarla por menos de 70, salvo las excepciones previstas en la norma.

Aquí aparece una pregunta que merece hacerse sin consignas: ¿Por qué debería decidir el legislador cuánto puede pagar un comprador privado por un activo que otro propietario quiere vender? Porque una vivienda problemática no vale necesariamente lo mismo que una vivienda libre de problemas. Una vivienda ocupada, con un litigio, con un inquilino que no paga o que necesita una rehabilitación importante incorpora riesgos. Y los riesgos tienen un precio. Si compro un inmueble perfectamente libre y disponible, puedo pagar 100. Si compro otro que quizá tarde años en recuperar, que exige abogados, reformas y financiación durante todo ese tiempo, probablemente pagaré bastante menos.

No porque quiera "especular". Porque estoy asumiendo un riesgo. Eso es precisamente lo que hace un mercado: permite que compradores y vendedores acuerden un precio teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada operación.

Y entonces aparece la asimetría

La norma introducía además una excepción relevante: la limitación del 70% no se aplicaba a determinados entes y entidades del sector público cuya finalidad fuera promover y gestionar vivienda social y asequible. También existían otras excepciones vinculadas a determinados destinos sociales de los inmuebles. Esto plantea una cuestión legítima sobre la neutralidad de la regulación. Porque si el argumento es que comprar una vivienda por debajo de determinado porcentaje de su tasación constituye una práctica indeseable, resulta razonable preguntar por qué esa restricción no opera de la misma manera para todos los compradores.

Ahora bien, conviene ser rigurosos. La norma no decía que el Estado tuviera un derecho preferente para comprar viviendas baratas ni que pudiera quedarse con cualquier inmueble a precio de saldo. Lo que hacía era excluir de esa limitación a determinados compradores públicos. Y esa diferencia, por sí sola, ya merece debate.

El problema de fondo no es el propietario: son los incentivos

Aquí está, a mi juicio, el verdadero problema de toda esta discusión. La vivienda no aparece por decreto. No se fabrica con discursos. No se construye porque un ministro anuncie que existe un "derecho a la vivienda". Se construye cuando alguien pone capital, compra suelo, consigue financiación, contrata trabajadores, asume impuestos, soporta los costes de construcción y considera que, después de todo eso, existe una posibilidad razonable de recuperar la inversión.

Y exactamente lo mismo ocurre con el alquiler. Un propietario que alquila una vivienda está haciendo una inversión. Puede ser un fondo, una empresa, una familia que heredó un piso o alguien que lleva veinte años ahorrando para comprar un segundo inmueble. Todos responden a los mismos incentivos. Si el Estado aumenta los costes, limita las condiciones contractuales, prolonga la incertidumbre sobre la recuperación del inmueble y dificulta el ejercicio efectivo de los derechos del propietario, el propietario no desaparece. Cambia de comportamiento. Puede vender. Puede no comprar. Puede dejar la vivienda vacía. Puede destinarla a otro uso. Puede exigir más garantías. O puede asumir el riesgo y trasladarlo al precio.

Y aquí aparece la paradoja. Una política diseñada para proteger al inquilino puede terminar haciendo que haya menos viviendas disponibles para alquilar. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de incentivos.

Incluso el Banco de España apunta en esa dirección

Esto no es simplemente una tesis de "liberales contra intervencionistas". En marzo de 2026, una declaración técnica publicada por el Banco de España en el contexto de la consulta del FMI señalaba que España necesita aumentar mucho más rápidamente la oferta de vivienda, especialmente en las zonas de mayor demanda.

Entre las medidas mencionadas aparecen la liberación de suelo, la agilización de licencias y la reducción de la inseguridad jurídica. Y el documento recoge además que, salvo que una evaluación rigurosa contradiga la evidencia preliminar disponible, los controles de alquiler que hayan reducido significativamente la oferta deberían suspenderse después de su periodo inicial. Esto debería hacernos reflexionar. Porque llevamos años discutiendo cómo proteger la demanda. Mucho menos sobre cómo conseguir que haya más oferta.

Y sin aumentar la oferta, cualquier intento de contener artificialmente los precios corre el riesgo de convertirse en una pelea contra el termómetro mientras la fiebre sigue subiendo.

El inquilino y el propietario no son enemigos

Hay otra idea que convendría recuperar. El propietario no es el enemigo natural del inquilino. De hecho, existe una relación bastante evidente: sin propietario dispuesto a alquilar, no hay vivienda privada en alquiler.

Parece una obviedad, pero algunas políticas públicas parecen diseñadas como si el propietario fuese una especie de elemento externo y prescindible del mercado. No lo es. El propietario aporta el inmueble. El inquilino aporta la renta. Ambos se necesitan. Y precisamente por eso el contrato de alquiler funciona cuando ambas partes perciben que las reglas son suficientemente estables como para comprometerse durante años.

Cuando una de las partes empieza a pensar que el contrato puede cambiar unilateralmente por decisión política, el mercado reacciona. Y reacciona antes incluso de que entre en vigor la siguiente norma.

Y si quieres recuperar tu vivienda, prepara la cartera

Hay otra medida que merece atención porque ilustra perfectamente hasta dónde puede llegar la intervención sobre un contrato privado. El decreto introducía una compensación al arrendatario equivalente a 12 mensualidades de renta de una vivienda de características análogas.

Dicho en lenguaje de calle: imagina que eres propietario de una vivienda alquilada y, llegado el momento previsto por la normativa, necesitas recuperar el inmueble. La decisión de recuperarlo puede dejar de ser simplemente una cuestión contractual para convertirse también en una cuestión económica: puedes tener que indemnizar al inquilino con el equivalente a hasta un año de alquiler.

La pregunta no es si puede existir alguna circunstancia excepcional en la que una compensación esté justificada. La pregunta es otra: ¿qué efecto tiene introducir de antemano ese coste en la decisión de una persona que está pensando si comprar una vivienda para alquilarla? Porque el inversor no mira únicamente la rentabilidad bruta. Mira el riesgo. Mira los impuestos. Mira los gastos. Mira las reparaciones. Mira la posibilidad de impago. Mira cuánto tiempo puede tardar en recuperar la vivienda si surge un conflicto.

Y, ahora, tiene que incorporar también el coste potencial de tener que compensar al arrendatario. Cada una de esas medidas puede parecer razonable cuando se contempla de manera aislada. El problema aparece cuando se acumulan. Un poco más de protección al inquilino por aquí. Una prórroga obligatoria por allá. Más dificultades para recuperar la vivienda. Más requisitos. Más incertidumbre. Más costes potenciales.

Y después nos sorprendemos de que algunos propietarios decidan no alquilar. Es como poner un peaje nuevo en cada kilómetro de una carretera y después preguntarse por qué circulan menos coches. El propietario no deja de existir porque el legislador quiera proteger al inquilino. Pero sí puede decidir que esa inversión ya no le compensa. Y ese es precisamente el tipo de reacción que una política de vivienda responsable debería intentar evitar.

Porque el objetivo debería ser conseguir que haya más viviendas disponibles, no conseguir que cada vez resulte más complicado y arriesgado ponerlas en alquiler.

Sánchez y el "negociazo" de la okupación

Hay un elemento político que resulta difícil pasar por alto .En diciembre de 2020, durante las negociaciones sobre las medidas antidesahucios, Pedro Sánchez escribió a José Luis Ábalos unos mensajes en los que expresaba su malestar con el acuerdo que se estaba planteando con Unidas Podemos. La frase es bastante reveladora. Sánchez decía que la medida le daba la "sensación de que es un negociazo para la okupación y para los grandes tenedores" y añadía: "Yo por ahí no paso".

El mensaje demuestra que, al menos entonces, Sánchez veía con preocupación que determinadas medidas antidesahucios pudieran generar incentivos perversos y terminar beneficiando a grandes tenedores .Y aquí aparece la contradicción. Años después, su Gobierno ha seguido aprobando medidas que amplían la protección del arrendatario, prolongan determinadas situaciones de permanencia en la vivienda y aumentan las cargas o incertidumbres que soporta el propietario.

Eso no demuestra que Sánchez haya cambiado de opinión por interés político. Para afirmar algo así necesitaríamos pruebas sobre sus motivaciones. Pero sí permite formular una pregunta perfectamente legítima: ¿Qué ha cambiado entre aquel "yo por ahí no paso" y la política de vivienda que posteriormente ha defendido su Gobierno?

La pregunta es especialmente pertinente porque el problema económico de fondo sigue siendo el mismo: proteger al inquilino puede ser socialmente necesario en determinados casos, pero si la protección se diseña trasladando sistemáticamente el coste y el riesgo al propietario, también puede modificar los incentivos para ofrecer vivienda en alquiler. Y eso ya no es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de incentivos.

Y esta preocupación tampoco es exclusivamente ideológica: el propio Banco de España viene señalando la necesidad de aumentar la oferta y reducir la inseguridad jurídica. Por tanto, quizá la cuestión más incómoda no sea si Pedro Sánchez tenía razón en 2020 o si la tiene ahora. La cuestión es si una política diseñada para proteger a quien ya está dentro del mercado puede terminar perjudicando a quien todavía está fuera porque reduce los incentivos para que aparezca nueva oferta.

Y esa es una pregunta que no se resuelve con consignas.

La política por encima de los incentivos

Aquí es donde la vivienda deja de ser únicamente un problema económico y se convierte también en un problema político. Los Gobiernos tienen incentivos para proteger a quienes ya están dentro del sistema: son personas concretas, con problemas concretos y con una necesidad perfectamente visible.

La vivienda que no se construirá dentro de tres años, el propietario que decidirá no comprar un piso, el inversor que llevará su dinero a otro sector o el particular que decidirá no alquilar una vivienda son, en cambio, costes mucho menos visibles. Pero económicamente existen. Y ahí reside una de las grandes dificultades de la política de vivienda: los beneficios de una regulación pueden ser inmediatos y visibles, mientras que sus costes pueden aparecer lentamente y dispersos entre miles de decisiones privadas. Es relativamente sencillo anunciar una medida diciendo que se protege al inquilino.  Es bastante más difícil explicar que esa misma medida puede hacer que un propietario decida no poner una vivienda en alquiler. Y todavía más difícil explicar que, si miles de propietarios toman decisiones similares, la oferta disponible puede reducirse.

El resultado puede ser perverso: proteger más al inquilino que ya tiene vivienda mientras se hace más difícil encontrar una para quien todavía no la tiene. Por eso el debate debería abandonar la lógica de buenos contra malos. No se trata de escoger entre propietarios e inquilinos. Se trata de conseguir que haya suficientes viviendas para ambos. Y para eso hace falta algo bastante menos vistoso que un decreto: que construir, comprar y alquilar vivienda vuelva a ser una actividad suficientemente atractiva como para que aparezca más oferta.

La gran contradicción

Aquí llegamos al corazón del problema. España necesita más vivienda. Eso parece existir prácticamente como consenso. Sin embargo, cuando aparece una vivienda privada, el legislador tiende a verla como un problema que hay que controlar. Cuando aparece un propietario, se le contempla como alguien al que hay que regular. Cuando aparece un fondo de inversión, se le trata como potencial especulador. Y cuando aparece un precio elevado, se intenta actuar sobre el precio. Pero construir viviendas cuesta dinero. Y convencer a alguien de que invierta su dinero exige ofrecerle algo muy sencillo: la posibilidad de obtener una rentabilidad razonable a cambio del riesgo que está asumiendo. Si eliminamos esa posibilidad, no hemos eliminado el problema. Hemos eliminado parte del incentivo para solucionarlo.

El mercado no es perfecto. Pero las alternativas tampoco

Decir esto no significa que el mercado inmobiliario sea perfecto. No lo es. Hay problemas de acceso a la vivienda. Hay familias vulnerables. Hay zonas con una oferta insuficiente. Hay propietarios que incumplen la ley. Hay inquilinos que incumplen sus contratos. Y hay conductas abusivas. Todo eso puede y debe discutirse.

Pero reconocer los fallos del mercado no implica asumir que cualquier intervención estatal mejorará el resultado. El Estado también puede equivocarse. Y cuando se equivoca mediante una ley, el error puede afectar simultáneamente a cientos de miles de personas. Por eso la pregunta correcta no debería ser: "¿Mercado o Estado?" Debería ser: "¿Qué regulación consigue que haya más vivienda, más inversión y mejores condiciones para quien necesita alquilar?"

Y ahí la respuesta exige mirar los incentivos, no los eslóganes.

La vivienda no se abarata prohibiendo que se venda barato

La paradoja del decreto del 70% resume bastante bien el problema. Supongamos que alguien posee un inmueble problemático y está dispuesto a venderlo por 50. Aparece un inversor que considera que, después de asumir todos los riesgos, el inmueble vale para él 55. El propietario acepta. Se produce la transacción. El riesgo cambia de manos. Eso es exactamente lo que hace un mercado. Ahora aparece una norma que dice: no puedes comprarlo por debajo de determinado porcentaje de una valoración administrativa. El problema no desaparece. Simplemente puede desaparecer la operación.

Y cuando una operación deja de realizarse, también desaparece una posible inversión, una posible rehabilitación, una posible puesta en alquiler o una posible salida para el propietario. Eso no significa que todas las operaciones privadas sean buenas ni que toda regulación sea mala. Significa algo mucho más sencillo: cada restricción tiene un coste y alguien termina pagándolo.

Una pequeña victoria parlamentaria no resuelve el problema de la vivienda

Los dos decretos han sido derogados. Eso es un hecho. El RDL 26/2026 fue derogado por el Congreso el 2 de octubre, y lo mismo ocurrió con el RDL 27/2026. El propio BOE recoge ambas decisiones. Pero sería un error pensar que con ello se ha solucionado el problema de la vivienda. Ni mucho menos. España sigue necesitando construir más. Necesita más suelo disponible donde tenga sentido urbanizar. Necesita licencias más rápidas. Necesita seguridad jurídica. Necesita una fiscalidad que no penalice sistemáticamente la inversión inmobiliaria. Necesita un mercado de alquiler en el que el propietario tenga derechos efectivos y el inquilino tenga contratos estables.

Y necesita, sobre todo, dejar de confundir el precio de la vivienda con la causa del problema. El precio es la señal. La escasez es el problema. Si hay poca vivienda y mucha gente quiere vivir en determinados lugares, el precio subirá. Puedes intentar prohibirlo. Puedes limitarlo. Puedes congelarlo. Puedes perseguir a quien compra. Puedes perseguir a quien alquila. Puedes poner topes. Pero si no consigues que aparezcan más viviendas, tarde o temprano la realidad acaba pasando la factura. Porque el mercado inmobiliario podrá ser imperfecto. Pero hay algo que nunca hace: no puede multiplicar viviendas por decreto.

Y quizá ese sea el principio que deberíamos recuperar antes de aprobar la próxima ley. Menos obsesión por decidir quién es el bueno y quién es el malo. Menos controles sobre quien pone su capital en riesgo. Más vivienda. Porque, al final, hay una verdad bastante incómoda que conviene decir en voz alta: si quieres que una vivienda sea asequible, primero necesitas que exista.