¿BARATO POR DECRETO? EL ERROR DE INTERVENIR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE

 

El Gobierno ha decidido mantener en septiembre la rebaja fiscal sobre el gasóleo y elevarla hasta los 20 céntimos por litro, después de que el precio del diésel haya aumentado un 15,7 % interanual en julio. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que establece una reducción temporal del Impuesto sobre Hidrocarburos y contempla una cláusula automática de salvaguarda cuando el precio de los carburantes aumenta por encima de determinados niveles.

A primera vista, la noticia parece positiva para el ciudadano. Si el gasóleo cuesta más, el Gobierno reduce los impuestos y el conductor paga menos al repostar. Pero precisamente aquí es donde creo que debemos hacernos una pregunta mucho más importante. ¿Es realmente una buena política económica subvencionar el consumo de combustible cada vez que aumenta su precio?

Mi respuesta es no.

El problema no es que el gasóleo sea caro

Si el precio del petróleo aumenta, existe una razón económica detrás de ese encarecimiento. El combustible es un recurso escaso. Su precio transmite información sobre esa escasez. Si el petróleo se encarece debido a una reducción de la oferta, a un conflicto internacional o a cualquier otro factor, ese aumento del precio nos está diciendo algo, tenemos que consumir menos petróleo o encontrar alternativas.

Y aquí aparece uno de los principios fundamentales de una economía de mercado,  los precios sirven como señales. Si el gasóleo se encarece un 15 %, el consumidor recibe un incentivo para utilizar menos el coche cuando sea posible, compartir desplazamientos, utilizar transporte público, comprar productos más cercanos o simplemente reorganizar su consumo. No es agradable. Pero que algo no sea agradable no significa que sea económicamente incorrecto.

¿Qué hacemos entonces cuando sube el precio?

La respuesta debería ser bastante sencilla, ahorrar. Si llenar el depósito cuesta más, tendremos que gastar menos en otra cosa. Una familia que ve aumentar su gasto en gasolina puede reducir durante un tiempo el gasto en restaurantes, ocio, ropa, viajes o cualquier otro producto. Eso es exactamente lo que hacemos constantemente en nuestra economía doméstica. Si aumenta el precio de la vivienda, reducimos otros gastos. Si aumenta la electricidad, intentamos consumir menos electricidad y ajustamos nuestro presupuesto.  Si aumenta la cesta de la compra, buscamos productos alternativos o reducimos el consumo de determinados bienes.

¿Por qué debería ser diferente con el combustible?

El Estado no puede eliminar la escasez

Aquí está, en mi opinión, el principal error de este tipo de políticas. El Gobierno puede reducir el impuesto sobre el gasóleo. Lo que no puede hacer es reducir el coste real de producir, refinar, transportar y distribuir ese gasóleo. Si el petróleo se ha encarecido en los mercados internacionales, el Gobierno español no puede aprobar un decreto que haga aparecer petróleo barato. Lo que si puede hacer es trasladar parte del coste desde quien consume el combustible hacia las cuentas públicas.

Y las cuentas públicas, al final, las pagamos todos. Por eso conviene tener cuidado con expresiones como «el Gobierno abarata el gasóleo». No exactamente. El Gobierno reduce temporalmente uno de los impuestos que recaen sobre él. No me parece mal que el Gobierno reduzca impuestos. Al contrario, creo que debería hacerlo. Mi crítica es que reducir temporalmente un impuesto para amortiguar una subida de precios no es lo mismo que reducir estructuralmente la presión fiscal. Si el Gobierno considera que el Impuesto sobre Hidrocarburos es demasiado elevado, me parece perfectamente defendible reducirlo. Pero entonces deberíamos preguntarnos por qué no hacerlo de manera permanente y acompañarlo de una reducción equivalente del gasto público.

El problema aparece cuando utilizamos los impuestos como una herramienta para intentar que determinados precios no suban. El Estado no puede eliminar el coste económico de un petróleo más caro. Solo puede decidir quién soporta ese coste y cuándo.

Los 20 céntimos no desaparecen: alguien acaba pagando la factura

Supongamos que un conductor ahorra 10 euros al llenar un depósito de 50 litros gracias a la reducción fiscal. Ese conductor estará encantado. Y es comprensible. Pero esos 10 euros no han desaparecido mágicamente. El Estado recauda menos. Si el menor ingreso no viene acompañado de una reducción equivalente del gasto, el Estado tendrá que compensarlo mediante:

1. reducir gasto público;
2. aumentar otros impuestos en el futuro;
3. aumentar el déficit y trasladar el coste hacia el futuro.

La tercera posibilidad es especialmente peligrosa porque permite presentar como gratuita una medida que no lo es. No existe el dinero público gratuito. Existe dinero que el Estado recauda de una forma u otra.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Puede parecer que estamos hablando de una cantidad pequeña. Veinte céntimos por litro no parecen gran cosa cuando llenamos el depósito. Pero basta con trasladar esos veinte céntimos al conjunto de la economía para comprender la magnitud de la medida. Entre enero y mayo de 2026 España consumió aproximadamente 12,2 millones de toneladas de diésel.  Si tomamos ese ritmo de consumo como referencia, estamos hablando de varios miles de millones de litros al mes. Una rebaja de 20 céntimos por litro supone, por tanto, cientos de millones de euros de menor recaudación por cada mes de aplicación (estimación propia a partir de los datos de consumo de MITECO)

No conocemos todavía el coste fiscal exacto de la rebaja correspondiente exclusivamente a septiembre, por lo que sería incorrecto presentar una cifra estimada como si fuera un dato oficial. Pero el orden de magnitud permite entender el problema y es que no estamos hablando de unos cuantos millones, sino de cientos de millones de euros. El Gobierno estimó inicialmente en 939 millones de euros el ahorro fiscal de las rebajas de carburantes previstas para el conjunto de julio, agosto y septiembre, mientras que el coste fiscal total del paquete aprobado en junio ascendía a 1.825 millones (Fuente: Gobierno de España)

Y aquí es donde la discusión deja de ser simplemente “¿quieres pagar 20 céntimos menos cuando llenas el depósito?”. Naturalmente que quiero. La cuestión es qué hacemos con los cientos de millones de euros que el Estado deja de recaudar. Porque si la respuesta es aumentar el déficit, no hemos eliminado el coste. Lo hemos trasladado hacia el futuro.

El incentivo perverso

Además, estas medidas pueden tener un efecto contraproducente. Si el precio del combustible aumenta, lo lógico desde el punto de vista económico es que consumidores y empresas tengan incentivos para reducir su consumo. Pero si el Gobierno amortigua artificialmente la subida mediante una rebaja fiscal, está reduciendo precisamente ese incentivo. El precio sube, pero menos. Por tanto, el consumidor tiene menos motivos para modificar su comportamiento.

Esto puede parecer beneficioso a corto plazo, pero dificulta que la economía se adapte a una situación en la que el petróleo realmente se ha encarecido.

¿Y las familias con menos recursos?

Este es probablemente el argumento más fuerte a favor de las ayudas. Hay familias para las que el coche no es un lujo. Lo necesitan para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o vivir en zonas donde no existe una alternativa razonable de transporte público. Pero precisamente por eso creo que debemos distinguir entre ayudar a quien lo necesita y subvencionar indiscriminadamente el consumo de combustible. Una persona con un Porsche, una familia con dos vehículos y un trabajador que necesita desplazarse 60 kilómetros diariamente pueden beneficiarse de una reducción general del impuesto. Pero no tienen necesariamente la misma capacidad económica.

Si el objetivo es proteger a las familias vulnerables, sería mucho más coherente diseñar ayudas dirigidas específicamente a quienes realmente las necesitan.

 Otra alternativa

Mi propuesta sería muy diferente. Si el petróleo se encarece, no intentaría ocultar el precio mediante subvenciones generalizadas. Reduciría impuestos de forma estructural y acompañaría esa reducción con una reducción equivalente del gasto público. No se trata de que el Estado nos devuelva temporalmente 20 céntimos de lo que previamente nos cobra. Se trata de que el Estado necesite menos dinero y, por tanto, pueda cobrarnos menos impuestos de manera permanente.

Y, cuando exista una situación excepcional que golpee especialmente a determinados hogares vulnerables, las ayudas deberían ser temporales, focalizadas y transparentes.

El verdadero debate

Por eso creo que el debate no debería ser, “¿Queremos pagar 20 céntimos menos por el gasóleo?” Naturalmente que sí. El debate importante es otro:

“¿Queremos que el Estado subsidie nuestro consumo cada vez que un bien se encarece o queremos que la economía pueda adaptarse libremente a los cambios de precios?” Tengo clara mi respuesta. Si la gasolina o el gasóleo se encarecen porque el petróleo es más caro, tendremos que adaptar nuestro consumo. Quizá tengamos que conducir menos. Quizá tengamos que ahorrar en restaurantes. Quizá tengamos que retrasar unas vacaciones. Quizá tengamos que comprar otro producto. Eso puede ser incómodo, pero es precisamente lo que significa que los recursos sean escasos.

La función de los precios no es hacernos felices. Es decirnos dónde son más escasos los recursos y ayudarnos a decidir cómo utilizarlos. Y cuando el Estado intenta impedir que esos precios transmitan esa información mediante subvenciones generalizadas, no elimina el problema. Simplemente lo desplaza. Y, tarde o temprano, alguien termina pagando la factura.

¿POR QUÉ UN CAFÉ CUESTA 6 EUROS EN OSLO O COPENHAGUE? LA ECONOMIA QUE HAY DETRÁS DE UN CAFÉ

 

Viajas a Oslo o a Copenhague, entras en una cafetería y pides un café con leche. Quizá añades una pequeña botella de agua. Cuando llega la cuenta, aparece el primer shock del viaje, resulta que has pagado por algo que en España podría costarte poco más de la mitad. La reacción instintiva es sencilla: "Estos países son carísimos".

Y es verdad. Pero la explicación económica es bastante más interesante que simplemente decir que allí "todo cuesta más". Porque el precio de ese café no depende principalmente del café. Depende, sobre todo, de cuánto cuesta vivir y trabajar en el lugar donde te lo están sirviendo.

El café es solo la punta del iceberg

Supongamos que un café cuesta 5,50 euros en Copenhague. El grano que hay dentro de la taza no vale cinco veces más que el de una cafetería española. Tampoco la cafetera es cinco veces mejor. Entonces, ¿de dónde sale la diferencia? Del resto de la cadena.

Está el salario de la persona que prepara el café, el alquiler del local, la electricidad, los seguros, los impuestos, los costes empresariales, el transporte, el mantenimiento y todos los demás servicios que necesita el negocio. Y aquí aparece una de las claves de la economía de los países ricos: los salarios pueden ser elevados porque la productividad de la economía también lo es, aunque también influyen las instituciones laborales, la negociación salarial y la oferta y demanda de trabajadores.

Una empresa farmacéutica danesa, una compañía tecnológica noruega o una gran empresa industrial puede generar mucho valor por trabajador. Puede permitirse pagar salarios elevados para atraer ingenieros, científicos, especialistas y directivos. Pero ese trabajador no se queda aislado dentro de la economía. También necesita una vivienda, un restaurante, un peluquero, un supermercado, un taxi o una cafetería. Y todos esos sectores tienen que competir por trabajadores en el mismo mercado laboral.

Ahí empieza el verdadero efecto dominó.

La cafetería también tiene que competir por trabajadores

Imaginemos dos economías. En la primera, una empresa muy productiva puede pagar salarios elevados. En la segunda, las empresas generan mucho menos valor por trabajador y los salarios son más bajos. La cafetería de ambos países vende exactamente el mismo café. Pero la cafetería del primer país tiene que contratar trabajadores en un mercado donde los salarios son más altos. No puede pagar a su empleado como si estuviera en la segunda economía. Si lo hiciera, ese trabajador podría marcharse a otra empresa que le ofreciera mejores condiciones. Por tanto, la cafetería tiene que elevar sus costes laborales. Y esos costes terminan incorporándose al precio final.

El café se encarece aunque el café no haya cambiado. Esta es una de las ideas fundamentales para entender por qué los servicios suelen ser mucho más caros en los países ricos. Aquí entra Balassa-Samuelson. Los economistas tienen incluso un nombre para una parte de este fenómeno: efecto Balassa-Samuelson. La idea, simplificada, es bastante intuitiva. Una elevada productividad en los sectores que compiten internacionalmente (industria, tecnología, farmacéutica, determinados servicios empresariales, etc.) puede contribuir a sostener salarios más altos en el conjunto de la economía. Pero esos salarios no se quedan únicamente en las empresas exportadoras. Se extienden por el conjunto del mercado laboral.

El problema es que un camarero no puede multiplicar su productividad al mismo ritmo que una fábrica automatizada o una empresa tecnológica. Una fábrica puede producir muchísimo más con nuevas máquinas, software y automatización. Una persona atendiendo una mesa sigue teniendo que atender físicamente a esa mesa. Por eso, cuando los salarios generales suben, los servicios locales tienden a encarecerse. No necesariamente porque sean mejores, sino porque necesitan pagar a personas que viven en una economía donde los salarios y otros costes asociados al trabajo son elevados. Y esto explica una paradoja muy interesante: Los países más productivos pueden terminar teniendo los servicios más caros.

Noruega y Dinamarca: dos caminos diferentes hacia los salarios altos

Noruega y Dinamarca no han llegado a su nivel de riqueza exactamente por el mismo camino. Noruega se benefició enormemente de sus recursos energéticos, especialmente petróleo y gas, y de la capacidad de canalizar  parte de esa riqueza hacia el ahorro y la inversión a largo plazo.

Dinamarca, por su parte, cuenta con una economía muy diversificada y empresas extraordinariamente competitivas en sectores como la industria farmacéutica, el transporte marítimo, la alimentación, la ingeniería y las tecnologías relacionadas con la energía. Son modelos diferentes. Pero ambos tienen algo en común: una capacidad elevada para generar valor por trabajador. Y eso importa mucho más para explicar los salarios que el precio de un café.

Entonces, ¿son realmente más ricos?

Aquí aparece otra trampa. Un noruego o un danés puede cobrar mucho más que un español en términos nominales Pero eso no significa que pueda comprar necesariamente el doble de bienes y servicios.

Si su salario es el doble pero la vivienda, los restaurantes, determinados servicios y otros bienes son también mucho más caros, una parte importante de esa ventaja desaparece cuando medimos el poder adquisitivo. Por eso los economistas utilizan la paridad de poder adquisitivo (PPA). En lugar de preguntar simplemente: "¿Cuántos euros cobra esta persona?" la pregunta pasa a ser: "¿Qué cantidad de bienes y servicios puede comprar realmente con ese dinero?" Es una diferencia fundamental. Porque 3.500 euros de salario no significan lo mismo en todas partes.

El turista español comete un pequeño error

Cuando un español llega a Oslo y ve un café a 6 euros, compara automáticamente ese precio con el de su barrio. Pero está comparando dos cosas distintas. Está comparando un precio noruego con una estructura salarial española. Para un residente noruego, esos 6 euros representan una cantidad de dinero diferente dentro de su propia economía. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando un noruego aterriza en España. Puede entrar en una cafetería, mirar la carta y pensar: "¿Cómo puede ser esto tan barato?" No es que el café español sea mejor o peor. Es que está siendo producido dentro de una economía con otro nivel de salarios, alquileres, costes empresariales y precios.

Por eso el extranjero puede parecer rico en España

Y aquí aparece la parte más curiosa. Un trabajador que gana un salario elevado en Noruega o Dinamarca puede sentirse perfectamente como una persona de clase media en su propio país. Paga un alquiler elevado. Compra alimentos a precios elevados. Paga por servicios caros. Sale a cenar y comprueba que una noche normal puede costar bastante dinero. Pero si mantiene ese mismo salario y pasa una temporada en España, su percepción económica cambia radicalmente. De repente, el alquiler le parece barato. Los restaurantes le parecen baratos. Los servicios personales le parecen baratos. Y su salario tiene una capacidad de compra mucho mayor. No se ha hecho más rico. Ha cambiado de estructura de precios. Esta es precisamente una de las razones por las que la diferencia entre salario nominal y poder adquisitivo es tan importante.

La paradoja del país rico

Y aquí está la verdadera paradoja. Un país puede ser rico y, al mismo tiempo, parecer carísimo para un visitante extranjero. De hecho, ambas cosas pueden estar relacionadas. Una economía muy productiva genera salarios elevados. Los salarios elevados aumentan los costes de los servicios que utilizan trabajadores locales. Los alquileres y otros costes también pueden subir. Y el resultado es un nivel de precios elevado.

Por eso, cuando pagamos seis euros por un café en Copenhague, no estamos pagando seis euros por café. Estamos pagando una pequeña parte de la estructura económica de Dinamarca. Pagamos al camarero. Pagamos el alquiler. Pagamos la energía. Pagamos los impuestos. Pagamos los costes del negocio. Y, en buena medida, pagamos el hecho de que detrás de esa cafetería existe una economía con salarios, alquileres y otros costes elevados. La próxima vez que mires una cuenta de 6 euros por un café en Oslo, puedes pensar que te han cobrado demasiado. O puedes verlo de otra manera: acabamos de tomar un café con una pequeña lección de economía dentro.

Anexo: La economía de un café, en números

Fuentes: OCDE, Average annual wages, datos de 2025; Deutsche Bank Research, Mapping the World's Prices, para el precio comparable del cappuccino. Los valores PPA están expresados en dólares estadounidenses ajustados por paridad de poder adquisitivo.

Los 35.121 € son el salario medio español en euros a precios de 2025. Los 57.779 $ son ese salario convertido mediante PPA, no mediante el tipo de cambio de mercado. La OCDE define la PPA precisamente como una conversión que elimina las diferencias de niveles de precios entre países.

Por tanto: 35.121 € → 57.779 $ PPA no significa que 1 € = 1,645 $ en el mercado. Significa aproximadamente que el salario de 35.121 € en España tiene un poder de compra equivalente a 57.779 dólares en EE. UU., una vez corregidas las diferencias de precios.

Los salarios son datos de la OCDE para 2025; la OCDE ofrece tanto el salario medio como su equivalente ajustado por PPA. Los valores PPA son 57.779 $ para España, 78.090 $ para Dinamarca y 73.462 $ para Noruega.

https://data-explorer.oecd.org/vis?df%5Bds%5D=DisseminateFinalDMZ&df%5Bid%5D=DSD_EARNINGS%40AV_AN_WAGE&df%5Bag%5D=OECD.ELS.SAE&dq=..USD_PPP....&pd=%2C&to%5BTIME_PERIOD%5D=false&vw=tb

La conclusión es clara: Dinamarca y Noruega tienen salarios medios mucho más elevados que España, pero una parte importante de esa diferencia desaparece cuando ajustamos por el coste de vida. Al mismo tiempo, los servicios locales (como un café) son considerablemente más caros. El precio de un café, por tanto, no puede interpretarse correctamente sin tener en cuenta la estructura salarial y de precios de la economía en la que se consume.

EL MISTERIO DE LOS BARES EN ESPAÑA: ¿CÓMO PODEMOS GASTAR MENOS Y SEGUIR VIÉNDOLOS LLENOS?

 

España sigue siendo un país de bares. Basta salir cualquier tarde para encontrar terrazas ocupadas, cafeterías con clientes en la barra y mesas que cuesta conseguir. Pero cuando uno mira los datos de gasto de los hogares aparece una realidad mucho más compleja.

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística muestra que, entre 2018 y 2025, el gasto real de los hogares cayó con fuerza en algunas de las categorías más vinculadas al consumo tradicional de bares y ocio nocturno. El gasto real medio por hogar en menús del día en bares y restaurantes se redujo alrededor de un 50,6%. Las consumiciones en bares y cafeterías disminuyeron un 25,0%, mientras que el gasto en pubs y discotecas cayó un 58,5%.

Pero hay otra cara de la historia. El gasto real en comidas y cenas en restaurantes aumentó un 6,5%, mientras que los servicios de comida rápida y comida para llevar crecieron un 17,9%.

Fuente: INE.

La fotografía que dibujan los datos no es, por tanto, la de una desaparición de la hostelería. Es la de un cambio en la manera de consumirla.

La inflación importa, pero no explica por sí sola la caída

Entre julio de 2018 y diciembre de 2025, el IPC general nacional aumentó un 24,2%, según la calculadora oficial del INE.  En términos sencillos, aquello que costaba 100 euros en julio de 2018 requería unos 124,20 euros a finales de 2025 para mantener un poder de compra equivalente.

Pero aquí está la clave metodológica del artículo. Los porcentajes de gasto que utilizamos proceden de la tabla de la EPF que presenta los importes eliminando el efecto de la inflación. Es decir, estamos comparando el gasto en términos reales, no simplemente los euros que las familias desembolsaron en cada año. Por eso sería incorrecto decir que la inflación explica directamente, por ejemplo, el desplome real del 50,6% del gasto en menús del día. La subida de precios puede haber influido en las decisiones de los hogares, pero el dato real nos está diciendo algo más profundo ya que incluso descontando el efecto de la inflación, los hogares destinan hoy mucho menos gasto a determinadas fórmulas tradicionales de hostelería que en 2018.

Y ahí empieza la verdadera historia.

El menú del día pierde la mitad de su gasto real

Una de las categorías que mejor refleja el cambio es el menú del día. Según la EPF, el gasto real medio por hogar en menús del día en bares y restaurantes pasó de 287,15 euros en 2018 a 141,93 euros en 2025. La diferencia supone una caída del 50,6%. Es una reducción extraordinaria para un producto que durante décadas ha formado parte de la rutina laboral de muchos trabajadores  españoles.

Pero hay que interpretar correctamente el dato. Un 50,6% menos de gasto no significa un 50,6% menos de menús servidos. La EPF mide el gasto de los hogares. No cuenta cuántos menús vende cada restaurante ni cuántas personas comen fuera cada día. La reducción del gasto puede responder a diferentes combinaciones como menor frecuencia, sustitución por alternativas más económicas, comidas realizadas en casa, cambios en las rutinas laborales o modificaciones en las preferencias de los consumidores.

Con estos datos podemos medir el descenso del gasto. No podemos atribuir por sí solos el descenso a una causa concreta.

También gastamos menos en bares y cafeterías

La misma tendencia aparece en las consumiciones tradicionales. El gasto real medio por hogar en bares y cafeterías pasó de 1.054,91 euros en 2018 a 790,82 euros en 2025. Eso supone un descenso del 25,0%. Y aquí aparece la gran paradoja. Podemos encontrarnos un bar lleno y, al mismo tiempo, observar una reducción del gasto real de los hogares en esa categoría. ¿Por qué? Porque el número de clientes y el dinero gastado no son la misma variable.

Un cliente puede seguir entrando en el bar, pero pedir una sola consumición en lugar de dos. Puede compartir una ración. Puede tomarse un café y marcharse. Puede salir con la misma frecuencia pero reducir el importe de cada visita. O puede reducir las comidas fuera de casa y mantener únicamente aquellos momentos sociales que considera más importantes. Desde la calle, el establecimiento puede parecer igual de lleno. En la estadística de gasto de los hogares, el comportamiento puede ser muy diferente.

Un bar lleno no significa necesariamente una caja llena.

 El ocio nocturno es el que más retrocede

La transformación es todavía más pronunciada en pubs y discotecas. El gasto real medio por hogar en consumiciones en pubs y discotecas pasó de 31,67 euros en 2018 a 13,13 euros en 2025. La caída alcanza el 58,5%. Es la mayor reducción de las categorías que estamos analizando. Este dato es compatible con una transformación de las formas de ocio nocturno, aunque la EPF no permite determinar por sí sola qué factores concretos están detrás de ella. El precio, los horarios, nuevas formas de ocio, los cambios generacionales o la sustitución de determinadas salidas por reuniones privadas pueden ser hipótesis razonables. Pero serían eso: hipótesis. Los datos del INE nos permiten afirmar que el gasto real ha caído. No nos permiten atribuir automáticamente esa caída a una única causa.

No toda la hostelería pierde

Y aquí aparece quizá el dato más interesante de todos. Si estuviéramos ante un abandono generalizado del consumo fuera de casa, cabría esperar caídas más generalizadas entre las distintas categorías. Pero no es lo que muestran los datos.

El gasto real medio por hogar en comidas y cenas en restaurantes aumentó de 743,08 euros en 2018 a 791,33 euros en 2025. El incremento es del 6,5%. Y los servicios de comida rápida y comida para llevar pasaron de 181,17 euros a 213,59 euros, un aumento del 17,9%.

La conclusión cambia por completo. No parece adecuado hablar simplemente de una retirada de los españoles de la hostelería. Lo que observamos es una redistribución del gasto entre distintos formatos. Menos menú del día. Menos consumiciones tradicionales en bares y cafeterías. Mucho menos gasto en pubs y discotecas. Pero más gasto real en determinadas fórmulas de restauración y comida rápida o para llevar.

Del menú cotidiano a otros formatos

¿Qué puede estar detrás de este cambio? Aquí debemos separar los datos de las posibles explicaciones. La EPF no pregunta directamente si una familia ha dejado de consumir menú porque teletrabaja, porque utiliza un tupper o porque considera demasiado caro comer fuera. Por tanto, no podemos atribuir el descenso del menú del día a ninguna de esas causas exclusivamente.

Pero sí podemos plantear una hipótesis razonable y es que el consumidor puede estar manteniendo determinados momentos de consumo social y reduciendo otros que considera menos imprescindibles.  Una comida diaria puede sustituirse por una opción más sencilla. Una consumición puede convertirse en una sola bebida. Una salida nocturna puede sustituirse por una reunión en casa. Y una comida especial puede mantenerse mientras se recortan otros gastos cotidianos.Los datos son compatibles con esta transformación, pero no permiten medir cuánto pesa cada una de estas conductas.

Entonces, ¿está muriendo la hostelería?

No podemos llegar a esa conclusión a partir de la EPF. La encuesta mide el gasto de los hogares, no la supervivencia o desaparición de establecimientos concretos. Además, la propia EPF obliga a distinguir entre categorías muy diferentes dentro del consumo hostelero: un menú del día no es lo mismo que una cena en un restaurante; una consumición en un bar no es lo mismo que una comida para llevar; y un pub o una discoteca responden a patrones de consumo distintos.

¿Y por qué seguimos viendo los bares llenos?

Aquí es donde debemos ser especialmente prudentes. La EPF es una encuesta nacional sobre el gasto de los hogares. No mide cuántas personas hay sentadas en una terraza, cuántas visitas recibe un bar ni cuál es la ocupación de los establecimientos. Su objetivo es medir la naturaleza y el destino del gasto de consumo de los hogares. Por tanto, no podemos utilizar estos datos para demostrar que los bares están igual de llenos que en 2018.

Pero tampoco existe una contradicción estadística entre un descenso del gasto real y la percepción de que determinados bares siguen llenos. Puede haber menos gasto por visita. Puede haber cambios en la frecuencia. Puede cambiar el tipo de producto consumido. Puede concentrarse el consumo en determinados establecimientos y horarios. Y puede haber consumidores que reduzcan determinadas partidas mientras mantienen otras. Todo ello puede producir una imagen perfectamente compatible: un bar lleno de gente y un menor gasto real medio por hogar en esa categoría.

La verdadera historia: no necesariamente salimos menos, gastamos de otra manera

Los datos del INE no permiten afirmar que los españoles hayan dejado de salir ni que acudan a los bares con la misma frecuencia que en 2018. Lo que sí muestran es algo mucho más concreto, la composición de nuestro gasto en hostelería ha cambiado. El menú del día pierde la mitad de su gasto real. Las consumiciones en bares y cafeterías retroceden una cuarta parte. Los pubs y discotecas pierden más de la mitad.

Mientras tanto, las comidas y cenas en restaurantes aumentan un 6,5% y los servicios de comida rápida y para llevar crecen un 17,9%. No estamos ante una fotografía de abandono generalizado del consumo hostelero. Estamos ante una fotografía de cambio de hábitos, de formatos y de prioridades de gasto. Seguimos viendo terrazas llenas. Pero no podemos confundir una terraza llena con un aumento del gasto. Ni un descenso del gasto con la desaparición de los clientes. Porque quizá la verdadera transformación de los bares españoles sea precisamente esa: no hace falta que desaparezcan los clientes para que cambie profundamente el negocio. Basta con que cambie lo que piden, cuánto gastan y cuándo deciden hacerlo.

 

Nota metodológica

Los datos de gasto utilizados proceden de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del INE, concretamente de la tabla de resultados por códigos de gasto que presenta los importes eliminando el efecto de la inflación. La comparación utiliza el gasto total medio por hogar de 2018 y 2025 y los porcentajes son cálculos propios sobre esos importes. La EPF recoge el gasto de los hogares y no mide directamente el número de clientes, visitas, comidas o consumiciones realizadas en los establecimientos. La edición 2025 es la última publicada y sus resultados definitivos se difundieron el 25 de junio de 2026.

Fuente principal: INE — EPF, tabla de gasto por códigos de gasto (5 dígitos COICOP 2018/EPF)

IPC: INE — cálculo de variación del IPC, julio de 2018 a diciembre de 2025

EL GRAN DIVORCIO ECONÓMICO: CÓMO ENTIENDO LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, SALARIOS Y BIENESTAR

 

Hay una pregunta que me parece cada vez más difícil de ignorar: si somos capaces de producir mucho más que hace unas décadas, ¿por qué esa mayor capacidad productiva no se traduce siempre en una mejora proporcional de la vida de quienes trabajan?

Esta pregunta está detrás de lo que se ha denominado el «gran divorcio» o la divergencia entre productividad y salarios.

A mi juicio, el debate suele simplificarse demasiado. Unos consideran que el problema demuestra que el capitalismo ha dejado de repartir adecuadamente los frutos del crecimiento. Otros responden que estamos ante un espejismo estadístico y que se está ignorando el papel del capital, la inversión y la tecnología.

Creo que ambas posiciones contienen una parte de verdad. Por eso, prefiero analizar el problema desde tres perspectivas diferentes: la socialdemócrata, la socialcristiana o centrista y la liberal. Mi intención no es escoger una etiqueta ideológica, sino entender qué explica realmente esta divergencia y qué políticas pueden mejorar la situación sin destruir aquello que hace posible el crecimiento económico.

1. Primero quiero entender qué estamos midiendo

Antes de llegar a conclusiones políticas, creo que hay que tener cuidado con la propia comparación entre productividad y salarios. Decir que la productividad aumenta más que los salarios parece sencillo, pero detrás de esas dos variables hay muchas decisiones metodológicas. El salario puede medirse de diferentes maneras. Podemos hablar de salario base, salario real, salario mediano o compensación total. Esta última puede incluir cotizaciones sociales, seguros y otros beneficios que no aparecen directamente en la nómina.

La existencia de una divergencia entre productividad y remuneración laboral está respaldada por la evidencia internacional, pero su magnitud depende de qué medida de salario utilicemos, de cómo deflactemos las variables y de si analizamos el salario medio o el salario mediano.

También hay que tener en cuenta la forma en que medimos la inflación y los cambios en los precios. Por eso, para mí, la pregunta interesante no es simplemente si existe una diferencia entre dos líneas de una gráfica. La pregunta realmente importante es: ¿qué parte del aumento del valor generado por una economía termina llegando a los trabajadores y qué parte termina en beneficios empresariales, rentas del capital u otros ingresos?

2. La primera explicación: los trabajadores han perdido poder

Desde una perspectiva socialdemócrata, la respuesta es bastante clara. El problema no estaría únicamente en la tecnología o en la globalización, sino en el cambio en las relaciones de poder dentro del mercado laboral El punto de partida para este análisis señala la pérdida de fuerza de los sindicatos, la globalización sin suficientes protecciones laborales y determinadas estructuras fiscales como factores que pueden haber favorecido al capital frente al trabajo.

Cuando una empresa aumenta su productividad, genera un excedente adicional. Pero ese excedente no determina por sí mismo quién se lo queda. Puede utilizarse para invertir, bajar precios, aumentar beneficios, pagar dividendos o mejorar los salarios. La cuestión es qué capacidad tiene cada parte para negociar. Si un trabajador tiene muchas alternativas laborales y las empresas compiten intensamente por contratarlo, su posición negociadora mejora. Si, por el contrario, tiene pocas alternativas y una capacidad colectiva de negociación limitada, puede ocurrir que una parte mayor del aumento de productividad termine beneficiando al capital.

Desde esta perspectiva entiendo las propuestas de aumentar el salario mínimo, fortalecer la negociación colectiva, reforzar la redistribución fiscal y establecer redes de protección social.

Un salario mínimo demasiado elevado puede dificultar la contratación de trabajadores con baja productividad. Una fiscalidad excesivamente agresiva puede reducir determinados incentivos a invertir. Una regulación laboral excesivamente rígida puede dificultar la adaptación de las empresas. Por eso, personalmente, no creo que la respuesta pueda resumirse en «más Estado».

La pregunta que considero más interesante es qué Estado y qué regulación consiguen mejorar la posición del trabajador sin reducir el crecimiento y la inversión que necesitamos para generar empleo y riqueza.

3. La segunda explicación: el problema es el contrato social

La perspectiva socialcristiana o centrista me parece especialmente interesante porque cambia la pregunta. No se centra tanto en la lucha entre capital y trabajo como en la calidad de vida que una economía es capaz de proporcionar.  Señala precisamente cuestiones como el acceso a la vivienda, la educación, la familia y la jubilación.

Un aumento del PIB no es necesariamente lo mismo que una mejora de la vida de las personas. Puedo producir más, ganar más y, sin embargo, sentir que mi situación económica no mejora si la vivienda, la educación, determinados servicios o el coste de formar una familia aumentan todavía más rápido.

Una sociedad puede aceptar diferencias importantes de renta si existe la sensación de que el esfuerzo permite avanzar y construir una vida razonablemente estable. Cuando esa expectativa desaparece, el problema económico empieza a convertirse también en un problema político y social.

4. ¿Y si el trabajador pudiera participar directamente en el crecimiento?

Esta perspectiva plantea soluciones que me parecen especialmente interesantes porque no pretenden eliminar el mercado. Una empresa puede seguir siendo privada y competitiva, pero los trabajadores pueden participar en sus beneficios mediante acciones, bonos o sistemas de remuneración ligados a resultados.

También se menciona la conciliación familiar, la participación de los trabajadores en determinados órganos de decisión y ayudas fiscales dirigidas a las familias.

Me parece una idea atractiva porque intenta modificar la relación entre trabajador y empresa. El trabajador no sería solamente alguien que vende su tiempo a cambio de un salario. También podría participar en el valor que ayuda a crear.

No creo que tener acciones de la propia empresa deba sustituir al salario. Si la empresa atraviesa una crisis, el trabajador podría perder simultáneamente su empleo y parte de sus ahorros. Por eso veo la participación en beneficios como un complemento interesante, no como una solución universal.

5. La tercera explicación: quizá estamos midiendo mal el fenómeno

La perspectiva liberal introduce una crítica que considero imprescindible para que el análisis no se convierta en un simple discurso contra las empresas. Se  señala que algunas comparaciones entre productividad y salarios utilizan el salario base en lugar de la compensación total y que el aumento de productividad puede estar relacionado con grandes inversiones en maquinaria, tecnología y software.

Esto me parece fundamental. Imaginemos un trabajador que hoy produce el doble que hace veinte años porque trabaja con mejores máquinas, mejores programas informáticos y una organización empresarial mucho más eficiente. No tendría sentido atribuir todo ese aumento de productividad exclusivamente al trabajador.

La productividad es el resultado de una combinación de factores: trabajo + capital + tecnología + organización + conocimiento.

El capital también participa en la creación de valor.

Alguien ha tenido que invertir en la maquinaria, asumir el riesgo y financiar esa inversión. Por eso no me convence la idea de que cualquier diferencia entre productividad y salarios sea automáticamente una prueba de explotación. Pero tampoco creo que el argumento contrario resuelva todo el problema. Que el capital contribuya a generar productividad no significa que cualquier distribución de los beneficios sea necesariamente eficiente o justa.

6. El mercado laboral también importa

El argumento liberal que más me interesa es el relacionado con la competencia. Si existen muchas empresas compitiendo por contratar trabajadores, las empresas tienen que ofrecer mejores condiciones para atraerlos. En ese sentido, un trabajador no necesita únicamente protección. También necesita alternativas.

Cuantas más empresas puedan crearse, cuanto más sencillo sea cambiar de empleo y cuanto más dinámica sea una economía, mayor debería ser la capacidad del trabajador para negociar. Se plantean precisamente políticas orientadas a reducir determinadas cargas sobre el trabajo, facilitar la creación de empresas y aumentar la oferta de vivienda mediante una mayor liberalización del suelo. Aquí encuentro una idea que considero especialmente importante: una economía puede mejorar los salarios no solamente aumentando la protección del trabajador, sino aumentando las oportunidades disponibles para él.

Si solo tengo una empresa dispuesta a contratarme, mi poder de negociación es pequeño. Si tengo diez empresas compitiendo por contratarme, mi posición cambia completamente.

Un estudio de la OCDE basado en datos de empresas y trabajadores de distintos países concluye que aproximadamente la mitad de la desigualdad salarial global entre trabajadores está asociada a diferencias salariales entre empresas. Y encuentra algo especialmente interesante, solo alrededor del 15 % de las diferencias de productividad entre empresas se trasladan a diferencias en las primas salariales empresariales. Además, esa transmisión es mayor cuando existe más movilidad laboral y competencia. La evidencia de la OCDE sugiere que la movilidad laboral y la competencia entre empresas influyen en cuánto de las diferencias de productividad termina reflejándose en los salarios.

La propia OCDE, en su Employment Outlook 2025, vuelve a mostrar que los salarios reales se han desacoplado de la productividad en el conjunto de países analizado.

7. La vivienda cambia completamente el análisis

Hay un aspecto que, en mi opinión, merece mucho más protagonismo en este debate y ese es la vivienda. Cuando hablamos de salarios solemos preguntarnos cuánto gana una persona. Pero creo que deberíamos preguntarnos también cuánto le queda después de pagar aquello que necesita para vivir.

Un trabajador puede experimentar un aumento salarial y no percibir una mejora equivalente en su bienestar si una parte creciente de sus ingresos se destina al alquiler o a la compra de vivienda. Por eso, el problema del «gran divorcio» no debería limitarse a la relación entre productividad y salarios.

La OCDE señala actualmente que España tiene problemas estructurales importantes de acceso a la vivienda. Entre 2022 y 2024 se concedieron unas 345.000 licencias de construcción, frente a una creación neta de aproximadamente 604.000 hogares. La OCDE estima además que el déficit de vivienda acumulado entre 2022 y 2025 ronda las 600.000 unidades, según estimaciones del Banco de España citadas por la OCDE. En España se necesitan actualmente más de 20 años de ahorro para poder comprar una vivienda, según la OCDE.

También deberíamos estudiar la relación entre, salarios, coste de vida, vivienda y patrimonio. Aquí vuelven a aparecer las diferencias entre las tres corrientes.

La izquierda puede defender vivienda pública y ayudas.

El centro puede poner el énfasis en facilitar que las familias puedan acceder a una vivienda.

El liberalismo puede defender una mayor oferta de suelo y menos restricciones a la construcción.

Tres recetas distintas para un problema que, en buena medida, puede ser el mismo.

8. Mi conclusión: no quiero elegir entre crecimiento y distribución

Después de analizar las tres perspectivas, mi conclusión es que no me convence plantear el debate como una elección entre crecimiento económico y justicia distributiva. Creo que necesitamos las dos cosas. Una sociedad no puede distribuir indefinidamente una riqueza que no genera. Pero tampoco considero sostenible una economía que aumenta enormemente su productividad mientras una parte importante de la población siente que no puede convertir ese crecimiento en una vida mejor.

Por eso, mi objetivo sería intentar conseguir simultáneamente cuatro cosas: más productividad, más competencia, mejores salarios reales y una distribución razonable de los frutos del crecimiento. Eso significa favorecer la inversión y la innovación, pero también mejorar la formación de los trabajadores. Significa facilitar la creación de empresas, pero también garantizar que los trabajadores tengan capacidad real para cambiar de empleo y negociar. Significa mantener mercados competitivos, pero aceptar determinadas instituciones laborales cuando corrigen desequilibrios de poder.

Y significa entender que el bienestar no depende únicamente del salario, depende también del precio de la vivienda, de los impuestos, de los servicios públicos, de la estabilidad laboral y de la capacidad de una familia para construir patrimonio.

Conclusión: mi posición ante el gran divorcio económico

Después de analizar estas tres perspectivas, no creo que la respuesta esté completamente en la socialdemocracia, ni completamente en el centro socialcristiano, ni completamente en el liberalismo. Creo que cada una identifica una parte del problema. La socialdemocracia me recuerda que el poder de negociación importa. La perspectiva socialcristiana me recuerda que la economía debe terminar convirtiéndose en bienestar y estabilidad para las personas y las familias. El liberalismo me recuerda que sin inversión, competencia, emprendimiento y productividad no hay crecimiento sostenible que repartir.

Por eso, mi posición estaría más cerca de una combinación de los tres elementos que de una respuesta puramente ideológica. Quiero una economía dinámica porque necesitamos crecer. Quiero mercados competitivos porque creo que la competencia es uno de los mejores mecanismos para generar eficiencia y oportunidades. Pero también quiero instituciones que impidan que una parte excesiva de los beneficios del crecimiento quede concentrada cuando existen desequilibrios de poder. Y, sobre todo, creo que deberíamos dejar de medir el éxito económico únicamente por el PIB. El verdadero indicador de bienestar debería ser algo parecido a “salario real disponible después de costes esenciales”, no simplemente salario real.  El PIB responde a cuánto produce una economía; no responde por sí solo a cuánto bienestar obtiene una persona de esa producción.

Para mí, la verdadera pregunta es mucho más sencilla:

¿Puede una persona que trabaja, ahorra y toma buenas decisiones construir hoy una vida mejor y un patrimonio razonable?

Si la respuesta es sí, el crecimiento económico está cumpliendo su función.

Si la respuesta es no, entonces tenemos un problema económico que va mucho más allá de una simple gráfica de productividad y salarios.

Ese es, para mí, el verdadero significado del gran divorcio económico, no solamente cuánto somos capaces de producir, sino cuánto de esa capacidad productiva acaba convirtiéndose en prosperidad real para las personas que hacen funcionar la economía.

TABLA 24 DE PENSIONES DEL INE: QUE NOS DICE REALMENTE SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA

 

Cuando se habla del sistema público de pensiones es habitual centrarse en aspectos como la edad de jubilación, la cuantía de las pensiones o el gasto anual. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica una información mucho más amplia que permite analizar la sostenibilidad del sistema desde una perspectiva económica.

Entre los datos más interesantes se encuentra la Tabla 24 de la Estadística de Pensiones del INE, una fuente que ayuda a comprender cómo evolucionan los derechos de pensión y cuáles son los factores que explican esos cambios.

El cuadro anterior (publicado en diciembre de 2023) resume los principales resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Destaca que el valor estimado de los derechos de pensión devengados en España alcanzó los 6,19 billones de euros al cierre de 2021, un 3,9 % más que el año anterior. Además, más del 99 % de estos derechos correspondieron a sistemas garantizados por las Administraciones Públicas.

¿Qué es la Tabla de Pensiones del INE?

La Tabla de Pensiones forma parte de las estadísticas de Contabilidad Nacional y tiene como objetivo medir el valor de los derechos de pensión acumulados por los ciudadanos en los diferentes sistemas de seguros sociales.

En otras palabras, no mide únicamente cuánto se paga cada año en pensiones, sino el valor económico de las obligaciones futuras que el sistema ha adquirido con los trabajadores.

Este enfoque ofrece una visión mucho más completa de la situación del sistema público de pensiones.

¿Qué muestra la Tabla 24?

La Tabla 24 recoge información que permite analizar la evolución de los derechos de pensión mediante diferentes componentes.

Entre ellos suelen encontrarse:

• Derechos acumulados al inicio del ejercicio.
• Cotizaciones sociales que incrementan esos derechos.
• Prestaciones pagadas durante el año.
• Cambios derivados de revalorizaciones.
• Otros ajustes contables y actuariales.
• Derechos acumulados al cierre del ejercicio.

Gracias a esta información es posible observar cómo evolucionan los compromisos futuros del sistema y cuáles son los factores que tienen un mayor impacto.

¿Por qué es importante?

Esta información resulta especialmente útil porque permite responder preguntas como:

• ¿Está aumentando el volumen de derechos de pensión?
• ¿Qué peso tienen las nuevas cotizaciones frente al pago de prestaciones?
• ¿Cómo afectan las revalorizaciones o los cambios normativos al sistema?
• ¿Cuál es la evolución del compromiso financiero con los futuros pensionistas?

Estas cuestiones son fundamentales para analizar la sostenibilidad del sistema más allá del gasto anual.

Cómo interpretar correctamente los datos

Es importante recordar que los importes reflejados en estas tablas no representan una deuda pública que deba pagarse de forma inmediata.

Se trata de una estimación económica de los derechos devengados por los trabajadores y pensionistas según la metodología internacional de contabilidad nacional. Por ello, estas cifras deben interpretarse como un indicador estadístico y no como un pasivo exigible en el corto plazo.

Conclusión

La Tabla 24 del INE ofrece una visión muy valiosa para comprender cómo evolucionan los derechos de pensión en España y cómo se construyen los compromisos futuros del sistema. Aunque se trata de una estadística técnica, su análisis permite entender mejor el equilibrio entre cotizaciones, prestaciones y derechos acumulados, aportando una perspectiva mucho más completa que la simple evolución del gasto en pensiones.

Para cualquier persona interesada en economía, planificación financiera o políticas públicas, constituye una herramienta muy útil para interpretar la realidad del sistema de pensiones español con mayor profundidad.