domingo, 18 de enero de 2026

DESMENTIDO VIRAL: LA VERDAD SOBRE LOS PRODUCTOS MARROQUIES, LOS CONTROLES SANITARIOS Y LA COMPETENCIA DESLEAL

 

Introducción

En las últimas semanas ha vuelto a circular en redes sociales un mensaje viral que afirma que los productos agrícolas procedentes de Marruecos no pasan controles sanitarios en España y que pueden identificarse fácilmente por el prefijo “611” en el código de barras. Aunque estas afirmaciones han sido desmentidas por el Ministerio de Agricultura español, la Comisión Europea y organismos de verificación como Maldita.es o EFE Verifica, el bulo sigue propagándose.

La persistencia de este mensaje no es casual. Mezcla información falsa con una preocupación real y legítima del sector agrícola español: la desigualdad de condiciones frente a competidores extracomunitarios. Para entender el debate, es necesario separar claramente la desinformación del problema estructural real.

El bulo: código de barras 611 y supuesta exención de controles

El mensaje viral sostiene dos ideas principales:

  1. Que los productos marroquíes se identifican por códigos de barras que comienzan por “611”.
  2. Que dichos productos no están sujetos a controles sanitarios al entrar en España.

Ambas afirmaciones son falsas.

Qué significa realmente el prefijo 611

El prefijo “611” de un código de barras no indica el país de origen del producto. Únicamente señala que la empresa que ha registrado ese código está adscrita a GS1 Marruecos, la organización que gestiona la asignación de códigos comerciales en ese país.

Esto es exactamente lo mismo que ocurre con los códigos que comienzan por “84”, asignados por GS1 España: no garantizan que el producto sea español, ni que se haya cultivado, producido o envasado en España.

Según la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), los códigos de barras no permiten identificar el origen geográfico real de un producto. De hecho, una empresa española puede importar tomates de Marruecos y venderlos con un código que empiece por “84”, del mismo modo que una empresa marroquí puede comercializar productos con códigos asignados por otras filiales de GS1.

Utilizar los códigos de barras como prueba del origen o de la legalidad sanitaria de un producto es, sencillamente, incorrecto.

Los controles sanitarios sí existen y son obligatorios

Es igualmente falso que los productos agrícolas marroquíes estén exentos de controles sanitarios.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha negado explícitamente cualquier acuerdo que suprima inspecciones, recordando que todos los productos alimentarios procedentes de terceros países están sujetos a controles fronterizos obligatorios conforme a la normativa de la Unión Europea.

La Comisión Europea confirma que cualquier alimento comercializado en la UE, ya sea de producción interna o importado, debe cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias europeas.

Estos controles incluyen:

  • Control documental, para verificar la trazabilidad y la documentación del envío
  • Control de identidad, con frecuencias establecidas por reglamentos europeos
  • Control físico, que puede incluir inspecciones visuales y análisis de muestras

Conviene recordar, además, que la política comercial y aduanera es una competencia exclusiva de la Unión Europea según el Tratado de Lisboa. España no puede, de forma unilateral, eliminar ni modificar estos controles.

El problema real: competencia desleal por asimetría normativa

Si los controles sanitarios existen, ¿por qué protestan los agricultores españoles?
La respuesta no está en la inspección en frontera, sino en las condiciones de producción.

Diferencias estructurales en costes laborales

Los agricultores españoles están sujetos a salarios mínimos, convenios colectivos, cotizaciones sociales y estrictas normativas laborales. En otros países productores, como Marruecos, los costes salariales en el sector agrícola son muy inferiores, lo que genera una diferencia estructural difícil de compensar.

No se trata de una irregularidad, sino de modelos socioeconómicos distintos que compiten en un mismo mercado sin exigir las mismas obligaciones.

Uso de sustancias permitidas fuera de la UE

Otro punto clave es el marco fitosanitario. Marruecos autoriza el uso de determinadas sustancias fitosanitarias que están prohibidas en la Unión Europea por motivos medioambientales o de salud pública.

La UE controla que los productos importados no superen los límites máximos de residuos permitidos, pero el uso de estas sustancias en origen puede reducir significativamente los costes de producción y aumentar el rendimiento agrícola. Aunque el producto final cumpla los límites legales, la ventaja competitiva ya se ha producido durante el proceso productivo.

Controles fronterizos: obligatorios pero limitados en alcance

Los controles físicos y analíticos en frontera no se aplican a la totalidad del volumen importado, sino a una proporción limitada, definida por criterios de riesgo y frecuencia. Este sistema es legal y está armonizado a nivel europeo, pero el gran volumen de importaciones hace que no todos los envíos sean inspeccionados físicamente.

Esto no implica ausencia de control, pero sí alimenta la percepción de insuficiencia entre los productores europeos, especialmente cuando compiten con productos más baratos.

Políticas de apoyo y subsidios

Marruecos ha desarrollado políticas activas de apoyo a su sector agrícola, incluyendo subvenciones directas, ayudas a fertilizantes y programas de expansión productiva. Estas políticas, legítimas dentro de su marco nacional, contrastan con las restricciones presupuestarias y regulatorias a las que están sometidos muchos agricultores europeos.

Evolución del mercado: un cambio de liderazgo

Los datos comerciales reflejan este desequilibrio. En la última década, España ha perdido peso como principal proveedor de tomates en la UE, mientras Marruecos ha incrementado de forma sostenida sus exportaciones.

Este cambio no responde a un único factor, sino a la combinación de:

  • Diferencias de costes
  • Marco normativo desigual
  • Estrategias comerciales y acuerdos preferenciales

El Sáhara Occidental: un factor añadido de controversia

A finales de 2024, la UE modificó su acuerdo comercial con Marruecos, permitiendo que productos procedentes del Sáhara Occidental se beneficien de las mismas preferencias arancelarias. Esta decisión, ratificada en el Parlamento Europeo, sigue siendo objeto de debate jurídico y político tras sentencias previas del Tribunal de Justicia de la UE.

Diversos actores advierten de que esta ampliación podría incrementar aún más la superficie productiva disponible para exportación, intensificando la presión sobre los agricultores europeos.

Conclusión: desinformación y problema real no son lo mismo

El bulo del código de barras “611” es falso.
Los productos marroquíes sí pasan controles sanitarios obligatorios para entrar en la Unión Europea.

Pero eso no invalida la queja de fondo del sector agrícola español: la competencia se produce bajo reglas de producción distintas, con exigencias laborales, medioambientales y económicas muy superiores para los productores europeos.

Desmentir la desinformación es necesario.
Reconocer el problema estructural de competencia desleal también lo es.

Solo separando ambos planos —el del bulo y el del debate real— se puede abordar el problema con rigor y honestidad

sábado, 17 de enero de 2026

EL SALARIO MÍNIMO QUE NADIE DISCUTE

 

Por qué la crítica regional al SMI es más importante que la ideológica

La política del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha generado un debate intensamente polarizado. Economistas progresistas subrayan su papel redistributivo y su capacidad para reducir la pobreza laboral; economistas liberales advierten sobre la destrucción de empleo y la pérdida de competitividad. Ambos tienen parte de razón. Y, sin embargo, ambos evitan el verdadero problema: un SMI nacional único tiene efectos profundamente regionales, y esa contradicción genera desigualdades que ninguna de las dos posiciones pretendía crear.

1. El debate conocido (y por qué ya no basta)

Desde 2018, el SMI en España se ha incrementado aproximadamente un 61%, pasando de 735 € a 1.184 € mensuales. Sus defensores destacan que esta subida ha permitido mejorar los ingresos de cientos de miles de trabajadores y reducir la desigualdad salarial. Sus críticos señalan estimaciones —como las del Banco de España— que sitúan la destrucción o no creación de empleo asociada a la subida de 2019 en un rango aproximado de entre 90.000 y 170.000 puestos de trabajo.

Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y, de hecho, lo son. El problema es que el debate público se ha quedado anclado en este binomio —empleo versus redistribución— sin avanzar hacia una pregunta más incómoda y más relevante: ¿dónde y sobre quién recaen esos efectos?

2. El argumento que importa: la geografía silenciosa del SMI

Imaginemos dos trabajadores que cobran exactamente el SMI actual: 1.184 € mensuales. Uno vive en Extremadura; el otro, en la Comunidad de Madrid.

El trabajador extremeño percibe aproximadamente el 72,8% del salario medio de su región (en torno a 1.585 €). El madrileño, en cambio, percibe alrededor del 51% del salario medio de su comunidad (unos 2.320 €). Ambos cobran lo mismo. Ambos están sujetos a la misma norma. Pero ambos viven realidades económicas radicalmente distintas.

Para una pequeña empresa en Badajoz, una subida del SMI supone una presión directa sobre márgenes ya estrechos en un mercado poco dinámico. Para una empresa de servicios en Madrid, el mismo incremento suele integrarse con mayor facilidad en una estructura de costes más flexible y productiva. Una política salarial uniforme produce impactos profundamente desiguales.

Esta no es una observación anecdótica. En 27 provincias españolas, el SMI supera el 75% del salario medio provincial. En territorios como Ávila (90,8%), Zamora (89,1%) o Badajoz (87,3%), el salario mínimo se aproxima peligrosamente al salario medio. Son, no por casualidad, provincias que ya enfrentan problemas estructurales de despoblación, envejecimiento y bajo dinamismo económico.

Tratar como iguales realidades que son estructuralmente desiguales no corrige la brecha territorial: la consolida.

3. Lo que dicen las instituciones (aunque rara vez se enfatice)

El Banco de España fue claro en su análisis del incremento del SMI de 2019: los efectos sobre el empleo no fueron homogéneos. El impacto negativo se concentró en jóvenes, mayores de 45 años, trabajadores temporales y sectores como la agricultura. Es decir, en aquellos colectivos con menor capacidad de absorción del shock salarial.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) fue un paso más allá en su análisis más reciente. Según sus simulaciones microeconómicas, el impacto de una subida del SMI puede ser hasta tres veces mayor en Canarias que en Baleares, simplemente por diferencias estructurales en productividad, salarios y composición sectorial.

La ironía es evidente: una política nacional diseñada con fines redistributivos puede generar efectos significativamente más adversos en unas regiones que en otras por pura geografía, no por ineficiencia empresarial ni por malas decisiones individuales.

4. El debate económico real (donde la ideología se desmorona)

Hoy, los economistas más rigurosos coinciden en que el debate sobre el SMI no es binario. La OCDE estima que la subida de 2019 incrementó los ingresos de los trabajadores directamente afectados en torno a un 5,8%, mientras que el impacto negativo sobre el empleo agregado fue reducido, alrededor del 0,6%.

La AIReF, utilizando modelos de equilibrio general que incorporan efectos macroeconómicos, ofrece una lectura aún más matizada: existe destrucción directa de empleo (entre –0,28 y –0,53 puntos porcentuales), pero los efectos de demanda —derivados de que los perceptores del SMI consumen la mayor parte de su renta— compensan parcialmente ese impacto. El efecto neto sobre el empleo total oscilaría entre 0,0 y +0,2 puntos porcentuales.

Esto es clave. Significa que el argumento de que “el SMI destruye empleo” es incompleto. Lo destruye de forma directa, pero puede generarlo de forma indirecta. La pregunta relevante no es si hay efectos, sino cómo se distribuyen.

Y la respuesta es incómoda: la destrucción se concentra en zonas deprimidas; la creación, en áreas urbanas y dinámicas. Se produce así una transferencia implícita de oportunidades desde territorios con menor capacidad de ajuste hacia aquellos con más alternativas laborales.

5. La desigualdad que nace de una política diseñada para reducirla

Entre 2018 y 2024, los salarios del primer decil de ingresos aumentaron aproximadamente un 31%; los del segundo, un 34%; mientras que los del décimo decil crecieron en torno al 12%. Desde una perspectiva agregada, el resultado es claramente redistributivo.

Pero las medias nacionales esconden geografías. Un joven de 22 años en Zamora que no accede a un contrato de entrada porque el SMI lo hace inviable probablemente terminará migrando a Madrid, donde sí encontrará empleo. Para el trabajador, el balance es positivo. Para Zamora, que pierde población activa y capital humano, no lo es.

¿Es esto un éxito de la política del SMI? Depende del nivel de análisis. A escala individual, puede serlo. A escala territorial, profundiza los desequilibrios existentes.

6. Lo que algunos expertos ya reconocen

El economista Adrián Todolí, entre otros, ha analizado el impacto diferenciado de las subidas del SMI por comunidades autónomas. Su conclusión es incómoda para los defensores del statu quo: un SMI diferenciado territorialmente produciría un impacto agregado algo menor, pero una distribución de costes mucho más equitativa.

Dicho de otro modo: un SMI regional sería menos dañino allí donde hoy es más restrictivo.

Existen precedentes comparables. Países como Italia, a través de sistemas de negociación colectiva territorial y sectorial funcionalmente equivalentes a salarios mínimos diferenciados, muestran que una mayor adaptación regional puede reducir tensiones laborales. Estudios comparativos sugieren que un esquema de este tipo podría reducir el desempleo en España de forma apreciable.

7. La pregunta que el debate aún no formula bien

El verdadero debate no debería ser si subir o no el SMI, sino cómo redistribuir sin erosionar la capacidad de empleo de las regiones que menos margen tienen para perderlo.

La respuesta probablemente no sea un SMI nacional único e invariable. Tampoco una congelación indefinida, que sería socialmente injusta. La solución pasa por un diseño más sofisticado:

·         Un SMI nacional más moderado, vinculado a productividad y ciclo económico.

·         Complementos de renta regionales, gestionados por las comunidades autónomas.

·         Bonificaciones de cotizaciones sociales diferenciadas geográficamente.

·         Inversión real en reconversión productiva en zonas de baja productividad, más allá de subidas salariales que congelan el statu quo.

Ninguna de estas medidas es ideológicamente pura. Los progresistas verán una renuncia al universalismo; los liberales, más intervención. Pero todas son más coherentes que una política que se proclama nacional mientras produce efectos profundamente asimétricos.

Epílogo: lo que los datos sugieren

La OCDE ha señalado recientemente que más del 35% de la desigualdad en España se explica por circunstancias heredadas, no por esfuerzo individual. Haber nacido en Badajoz o en Barcelona sigue siendo un factor determinante.

Una política económica rigurosa no puede ignorar esta realidad. Un SMI que aplica la misma regla a territorios estructuralmente distintos no es redistribución: es ceguera institucional.

El SMI tiene sentido. La redistribución también. Pero ambas requieren una sofisticación territorial que nuestra política pública aún no ha querido asumir.

Es hora de hacerlo.

Fuentes

Banco de España (2021). Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo. Documentos Ocasionales N.º 2113.

Blog Salmon (2023). El problema de la subida del SMI en España: de risa para Madrid, demasiado para Extremadura.

AIReF (2025). Análisis Microeconómico del Impacto del Salario Mínimo Interprofesional en el Empleo. Documento técnico.

Confcuadros (2025). AIReF alerta del creciente impacto en el empleo de las alzas del SMI. Expansión.

OCDE (2024). Análisis de salarios mínimos en España.

El Diario (2025). La AIReF concluye que las alzas del salario mínimo no destruyen empleo gracias al aumento de consumo.

El País (2024). ¿Cómo ha afectado el subidón del SMI a la economía española? Menos desigualdad salarial y sin pérdida de empleo neto.

Todolí, Adrián (2025). El SMI por CCAA produciría unos efectos positivos menores que cuando el establecimiento se produce a nivel nacional.

ALDE (2022). Los Salarios Regionales Españoles y el SMI: Un Ejercicio Empírico.

El Blog Salmon (2025). En España, tu origen pesa más que tu esfuerzo: la OCDE atribuye el 35% de la desigualdad a circunstancias heredadas.

Este artículo representa un análisis equilibrado basado en fuentes académicas e institucionales rigurosas. Los puntos de vista expresados son síntesis de evidencia económica disponible, no posiciones ideológicas

viernes, 16 de enero de 2026

ESPAÑA 2019-2025: DATOS PARA UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL MODELO ECONÓMICO

 

Un examen cuantitativo de la gestión económica reciente

La narrativa oficial destaca récords de empleo, protección social y medidas de apoyo a hogares y empresas. Este análisis no niega la existencia de avances ni el impacto positivo de determinadas políticas, pero examina, a partir de datos públicos y fuentes contrastadas, su calidad, sostenibilidad y efectos estructurales a medio y largo plazo.

El objetivo no es sustituir un relato por otro, sino contrastar el discurso político con indicadores económicos fundamentales en seis áreas clave.

Empleo: crecimiento cuantitativo y calidad del trabajo

El auge del contrato fijo discontinuo

La reforma laboral se presentó como un instrumento para reducir la temporalidad y aumentar la estabilidad. Sin embargo, la evolución de la contratación muestra un cambio de forma más que de fondo.

En 2019 se firmaron 259.639 contratos fijos discontinuos. En 2025 la cifra alcanza 2.153.945, lo que supone un incremento del 729,6%. Esta modalidad pasa del 12,4% al 33,4% del total de la contratación indefinida, consolidándose como una figura central del mercado laboral.

El resultado agregado es revelador: solo el 16,8% de los contratos firmados son indefinidos a tiempo completo. El 83,2% restante corresponde a contratos temporales, parciales o fijos discontinuos. De cada 100 contratos, únicamente 16 ofrecen estabilidad laboral plena.

Paro estructural y comparación europea

España cierra 2025 con una tasa de paro del 10,4%, el doble de la media de la Unión Europea (6,0%) y como único país con desempleo de dos dígitos. El paro juvenil supera el 25%, manteniéndose entre los más elevados de Europa.

Además, el paro registrado (2,41 millones) no refleja completamente la realidad del desempleo efectivo, que se estima en 3,28 millones de personas. Una parte significativa de quienes no trabajan de forma efectiva no aparece en las estadísticas oficiales.

Productividad estancada

La productividad por hora trabajada crece apenas un 1,9% entre 2019 y 2025. El Banco de España prevé crecimiento nulo de la productividad por ocupado en 2025, tras un aumento del 0,9% en 2024.

El crecimiento del PIB se explica casi exclusivamente por el aumento del empleo, no por una mejora en la eficiencia o el valor añadido generado por trabajador. Esto limita la competitividad y el crecimiento sostenido de la renta.

Mensaje clave: No todo empleo es empleo estable ni productivo. El crecimiento cuantitativo oculta una precarización estructural que debilita la base productiva.

Pensiones: incremento del gasto y sostenibilidad

Evolución del gasto

El gasto en pensiones contributivas alcanza 189.598 millones de euros en 2025, un 6,2% más que en 2024 y un 13,1% más que en 2023. La pensión media asciende a 1.317 euros brutos mensuales (+4,4% interanual).

Las proyecciones sitúan a España como el país de la OCDE que mayor proporción de su PIB dedicará a pensiones en 2050 (16,8%). Entre 2017 y 2023, el 28% del incremento del gasto público se destinó a esta partida.

Déficit contributivo

La Seguridad Social presenta un déficit real acumulado de 54.720 millones de euros a cierre de noviembre de 2025. Las cotizaciones alcanzan 160.814 millones (+5,7%), mientras que las transferencias del Estado ascienden a 50.439 millones (+16%).

Sin dichas transferencias, el déficit sería de -39.672 millones. Las cotizaciones cubren solo el 75,5% del gasto total.

Perspectiva a largo plazo

El Fondo de Reserva alcanzará unos 31.000 millones de euros al final de la legislatura. La AIReF constata que, aunque se cumple la regla de gasto, la sostenibilidad del sistema no ha mejorado y estima un aumento del gasto en 3,4 puntos de PIB hasta 2050.

Mensaje clave: Revalorizar pensiones sin reformas estructurales traslada el problema al futuro. El sistema contributivo depende crecientemente de impuestos y deuda.

Energía: precios finales y coste de la intervención

Evolución de precios

La factura media mensual del PVPC se sitúa en 69,34 euros en 2025, el nivel más alto desde 2014 (excluyendo la crisis energética). El precio medio para hogares es de 0,1882 €/kWh, muy por encima de países como Hungría (0,0812 €/kWh) o Bulgaria (0,1014 €/kWh).

La tarifa regulada del gas (TUR) sube un 12,3% en enero de 2025 y el IVA retorna al 21%.

Ayudas públicas

España destina 7.285 millones de euros a ayudas medioambientales y de eficiencia energética, el 18,5% del total de la UE. El bono social eléctrico ofrece descuentos de hasta el 50% durante parte de 2025, con un coste creciente para el sistema.

Efectos de la regulación

Las diferencias de precios con otros países se explican en gran medida por costes regulados, impuestos y estructura del mercado, más allá del mix de generación.

Mensaje clave: Subvencionar precios no equivale a abaratar el sistema. La intervención oculta costes reales y reduce incentivos a la eficiencia.

Vivienda: escasez de oferta

Vivienda social en perspectiva europea

España destina solo entre el 2,5% y el 3,3% de su parque a vivienda protegida, frente al 9% de media en la UE. Alcanzar esa media exigiría entre 850.000 y 1,2 millones de viviendas adicionales.

Evolución del alquiler

El alquiler sube un 2,5% interanual en diciembre de 2025 (INE), pero acumula un incremento del 33% en 44 meses. Desde la Ley de Vivienda (2023), el precio medio ha aumentado un 26,5%.

La oferta se ha reducido en más de 200.000 viviendas entre 2020 y 2025.

Construcción insuficiente

Se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas anuales, frente a una necesidad estimada de 200.000. La vivienda nueva representa apenas el 10% de las transacciones.

Mensaje clave: El problema es la escasez de oferta. La regulación sin aumento del stock reduce disponibilidad y eleva precios.

Transporte y Ayudas: de lo temporal a lo permanente

Desde 2022 hasta 2026, el gasto en bonificaciones al transporte supera los 11.000 millones de euros. Las ayudas, concebidas como extraordinarias, se han prorrogado de forma continuada.

El uso del transporte público aumenta un 23% respecto a 2022, pero el coste presupuestario se consolida sin reformas estructurales del sistema.

Mensaje clave: Las ayudas alivian a corto plazo, pero no sustituyen mejoras de eficiencia ni reformas de fondo.

Fiscalidad: impacto en las clases medias

Desde 2019 se han producido múltiples incrementos fiscales directos e indirectos. El IVA del gas vuelve al 21%, aumentan cotizaciones y los impuestos especiales.

Mientras las pensiones se revalorizan un 22,7%, los salarios reales muestran estancamiento, erosionados por la inflación acumulada.

Mensaje clave: Congelar un impuesto no compensa la subida de muchos otros. La presión fiscal real sobre las clases medias aumenta.

Conclusión: diagnóstico y alternativa

Los datos muestran un modelo centrado en medidas de corto plazo, con avances sociales relevantes pero débilmente sostenibles. El empleo crece sin mejoras claras en productividad, las pensiones dependen de transferencias crecientes y la intervención en energía y vivienda no corrige los desequilibrios estructurales.

Un enfoque alternativo debería priorizar:

  • Reformas que incentiven productividad y empleo estable
  • Aumento de la oferta (vivienda, energía) frente a subsidios
  • Sostenibilidad financiera del Estado del bienestar

No se trata de recortar derechos, sino de garantizar que puedan sostenerse en el tiempo. Financiar el presente con deuda futura no es progreso duradero.

Fuentes: El Independiente, Novaterra, The Objective, El País, Eurostat, INE, Seguridad Social, AIReF, Banco de España, CEOE, Randstad Research, informes sectoriales (idealista, fotocasa, Sociedad de Tasación) y publicaciones oficiales del Gobierno

jueves, 15 de enero de 2026

LA SANIDAD ESPAÑOLA EN CRISIS: INCENTIVOS PERVERSOS Y LA URGENCIA DE REFORMAS

 

Introducción: tres crisis, un mismo origen

España atraviesa una tormenta perfecta en sanidad. Tres frentes confluyen al mismo tiempo:

1.    Una huelga masiva de médicos paraliza la atención primaria y hospitalaria, denunciando condiciones laborales insostenibles y falta de reconocimiento profesional.

2.    Audios filtrados revelan que gestores de hospitales públicos concertados manipulan listas de espera para reducir costes y maximizar beneficios.

3.    El caso Leire Díez pone al descubierto redes clientelares que se han apropiado de decisiones estratégicas del Estado y empresas públicas.

La reacción habitual busca culpables individuales: médicos “privilegiados”, políticos que “privatizan” o “malgestionan”. Sin embargo, desde una perspectiva liberal, estas crisis son el resultado lógico de un sistema diseñado con incentivos perversos, donde el monopolio estatal se combina con discrecionalidad política sin límites. El problema no es el mercado ni el Estado puro: es el intervencionismo realmente existente.

La huelga médica: síntoma de un monopolio laboral

Más allá del dinero: la falta de competencia

Los médicos tienen razones de peso: turnos extenuantes, sobrecarga asistencial, burocracia creciente, burnout y fuga de talento al extranjero. Pero incrementar su salario dentro del mismo modelo no resolverá la raíz del problema. El Sistema Nacional de Salud (SNS) funciona como un oligopolio público: las comunidades autónomas son el empleador casi exclusivo de los profesionales con financiación pública.

Tres patologías estructurales

1.    Rigidez salarial y profesional: La remuneración no refleja la escasez ni la complejidad de cada especialidad. Un urólogo en lista de espera de seis meses y un pediatra en zona rural crítica cobran lo mismo.

2.    Imposibilidad de castigar al mal gestor: Los médicos no pueden trasladarse libremente a un hospital mejor gestionado. La única salida es la huelga, dejando al paciente como rehén.

3.    Planificación central sin información de mercado: Numerus clausus, plazas MIR y distribución territorial se deciden por criterios políticos, no por demanda real. El resultado es escasez estructural que no se resuelve con subidas salariales puntuales.

Desde esta óptica, la huelga no es un conflicto de clases, sino un choque dentro de un monopolio donde el usuario no tiene voz ni voto. En un mercado saludable, estas tensiones se resolverían con movilidad y competencia de empleadores.

Listas de espera: el capitalismo de amiguetes disfrazado de eficiencia

Incentivos perversos en la capitación rígida

Los audios del CEO del grupo Ribera en Torrejón son ilustrativos: “Hay que desandar el camino y volver a subir las listas de espera para gastar menos y ganar más”. Con el sistema de capitación, los hospitales reciben una cantidad fija por habitante: gastar más reduce el margen, gastar menos lo aumenta.

Esto no es mercado; es un capitalismo de amiguetes con tres ingredientes tóxicos:

·         Monopolio territorial: el ciudadano está adscrito a un hospital por su domicilio, sin libertad de elección real.

·         Pagador político: los incentivos los fija la Comunidad Autónoma, no la demanda del paciente.

·         Contratos opacos: concesiones de largo plazo con mínima competencia y transparencia.

El resultado es previsible: los pacientes pagan con tiempo, sufrimiento y riesgo clínico, mientras las cuentas públicas aparentan equilibrio.

La “baratura” de la sanidad pública es un mito

España gasta relativamente poco como porcentaje del PIB en sanidad pública, pero a costa de tiempos de espera crecientes: más de 800.000 personas en listas quirúrgicas y demoras medias de cuatro meses. El coste no desaparece; simplemente es invisible en las cuentas, pero lo paga el ciudadano.

El caso Leire Díez: captura del sector público

La trama investigada evidencia que el Estado, con un perímetro empresarial gigantesco, se convierte en botín político. Sus ingredientes:

·         Nombramientos por lealtad, no por mérito.

·         Decisiones discrecionales en inversiones y contrataciones que mezclan interés público con beneficio privado.

·         Coste para el contribuyente: no hay mecanismo de salida; no puedes “dejar de comprar” servicios de empresas públicas.

El riesgo es claro: cuanto más grande y discrecional es el Estado, más oportunidades hay para capitalismo de amiguetes y captura de recursos.

Reformas necesarias: más libertad de elección, menos discrecionalidad

Una agenda liberal no busca privatizarlo todo, sino alinear incentivos con el paciente. Líneas maestras:

1.    Separar financiación y provisión con competencia real: Cobertura básica financiada por impuestos, pero con múltiples aseguradoras y proveedores (públicos y privados) compitiendo por pacientes. El dinero sigue al paciente, no al hospital.

2.    Portabilidad y transparencia total: Listas de espera auditadas y públicas. Si un hospital incumple, el paciente puede cambiar de proveedor sin coste. La competencia disciplina más que la inspección política.

3.    Reforma laboral médica: Sustituir empleo estatutario rígido por contratos flexibles: salarios según productividad y escasez, sociedades profesionales y cooperativas.

4.    Acotar el capitalismo de amiguetes: Reducir el perímetro de empresas públicas, profesionalizar las restantes y blindarlas de la injerencia política. Concesiones sanitarias transparentes y entrada libre de nuevos operadores.

5.    Reforma fiscal y reasignación de recursos: Redistribuir gasto improductivo hacia sanidad eficiente donde el ciudadano tenga poder de decisión directa.

Conclusión: el diseño es el problema

La crisis sanitaria de enero de 2026 no es un fallo de gestión aislado. Es la explosión de tensiones acumuladas en un sistema donde:

·         El monopolio estatal genera conflictos laborales sin salida.

·         Los modelos híbridos mal diseñados crean incentivos para retrasar atención.

·         La hipertrofia del Estado empresarial facilita redes clientelares que capturan recursos públicos.

La respuesta liberal no es “más Estado” ni “todo mercado”: menos monopolio, más competencia, más libertad de elección y menos discrecionalidad política. Solo así la sanidad dejará de ser un campo de batalla entre burocracias y se convertirá en un servicio que responda realmente a quienes lo financian y lo necesitan: los ciudadanos.

Cierre ejecutivo

·         Monopolio estatal → conflictos laborales y listas de espera.

·         Incentivos perversos → retraso de atención y fuga de talento.

·         Estado empresarial hipertrofiado → redes clientelares.

Solución: separar financiación de provisión, competencia real, contratos flexibles, transparencia total y portabilidad del paciente. Un diseño institucional correcto transforma tensiones en eficiencia y servicio real.

domingo, 4 de enero de 2026

VENEZUELA: LA PARADOJA DE LA RECUPERACIÓN EN MEDIO DE LA CRISIS HUMANITARIA

FICHA TÉCNICA: INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES PRINCIPALES

Indicador

Dato

Observaciones

Población Residente (2025)

~29 millones

INE oficial proyecta 34,5 sin considerar diáspora de 9,1 millones

PIB Nominal (2024)

~$103 mil millones

Recuperación lenta tras la crisis 2013–2020

PIB per Cápita

$3.867 (2024) / $3.103 (2025)

Caída acumulada de $4.825 desde 2013

Crecimiento PIB 2024

8,54% (BCV) / 5,3% (FMI)

FMI sin contacto oficial con autoridades desde 2004

Crecimiento PIB 2025

0,5% (FMI) / ~8% (BCV)

18 trimestres consecutivos de crecimiento según BCV

Tasa de Desempleo Oficial

5,5% (2024)

No refleja informalidad ni precarización

Empleo Informal

84% de la población

ENCOVI 2024

Pobreza Monetaria

73% de hogares (≈21 millones)

Aumento desde 62% en 2023

Población Activa

~33,7 millones

68% en edad laboral (15-64 años)

Índice de Gini

53,9 (2024)

Aumento de 32% desde 2014

Brecha de Ingresos

108x

Decil superior vs. decil inferior

Inflación 2024

~270%

Repunte frente a 2023 por presiones cambiarias

Inflación 2025

~269,6% (estimado)

Estancamiento en niveles muy altos

Inflación 2026

682,1% (proyección FMI)

Riesgo de reversión hiperinflacionaria

Deuda Externa

$164.433 millones

Transparencia Venezuela (2025)

Deuda / PIB

137%

Clasificada como insostenible

Salario Mínimo

130 VES = ~$0,43 USD

Estancado desde 2022

Bonos Complementarios

Hasta $160 mensuales

Ingreso guerra económica + alimentación

Producción Petrolera

1,142 millones de barriles diarios

Recuperación desde mínimo de 0,77 mbd en 2023

Producción vs. Pico 2012

48%

Solo la mitad del máximo histórico

Moneda Nacional

Bolívar (VES)

En circulación desde 2008; redenominación 2021

Tipo de Cambio Oficial

301,37 VES/USD (cierre 2025)

Fijado diariamente por BCV

Tipo de Cambio Paralelo

560+ VES/USD

Brecha de 85%+ respecto a oficial

Devaluación 2025

82,7% (oficial)

Pérdida severa de valor

Variación Cambio Anual

+479%

Bolívar en 1/6 del valor inicial 2025

Índice de Desarrollo Humano

0,711 – 0,767

PNUD: rango por ajustes metodológicos

Ranking IDH Global

113º de 189 países

Por debajo de promedio latinoamericano

Acceso a Salud (pobres)

60%

Brecha de 13 puntos respecto a no pobres

Inseguridad Alimentaria

~33% (moderada-severa)

Afecta principalmente a población pobre

Sistema Político

Presidencialismo autoritario

Separación de poderes debilitada

Elecciones

28 de julio de 2024

Resultados disputados


La recuperación que genera dudas

Cuando observamos las cifras macroeconómicas más recientes de Venezuela, nos enfrentamos a un fenómeno desconcertante: el país registra dieciocho trimestres consecutivos de crecimiento económico positivo, la producción petrolera repunta después de años de caída libre, y algunos indicadores muestran mejoras respecto a 2023. Y sin embargo, el 73% de los hogares vive en pobreza, el empleo formal prácticamente ha desaparecido y la desigualdad se ha profundizado.

Esta paradoja no es casual. Es el resultado de una economía que se recupera en volumen pero no en valor, de una redistribución de ingresos que concentra hacia arriba y de una fragilidad estructural que podría revertirse ante cualquier shock petrolero.

El Banco Central de Venezuela reporta un crecimiento de 8,54% en 2024, seguido de incrementos trimestrales de 9,32% (Q1 2025), 6,65% (Q2 2025) y 8,71% (Q3 2025). Dieciocho trimestres consecutivos de variación positiva tras una contracción histórica.

Pero aquí surge el primer problema. El Fondo Monetario Internacional estima cifras significativamente menores: 5,3% en 2024 y apenas 0,5% en 2025. Esta diferencia no es trivial. El propio FMI reconoce que carece de conversaciones directas con las autoridades venezolanas desde 2004 y enfrenta severas limitaciones estadísticas.

¿A quién creerle? Probablemente a una verdad incómoda: el crecimiento existe, pero es más lento, frágil y volátil de lo que reportan las cifras oficiales. La realidad probablemente se sitúa entre ambas estimaciones: un crecimiento real pero inferior al 8,54% del BCV, posiblemente en torno al 4-6%. Es una recuperación genuina, pero que requiere descuento metodológico significativo.

El petróleo: más barriles, menos dinero

La producción petrolera se ha recuperado desde el mínimo de 770.000 barriles diarios en 2023 hasta 1,142 millones de barriles diarios a finales de 2025, un aumento cercano al 48%. En términos volumétricos, es un avance relevante.

Sin embargo, los ingresos no crecen en la misma proporción. El crudo Merey se ha comercializado por debajo de los 50 dólares por barril (promedio de 47,5 USD en noviembre de 2025), muy lejos de los niveles necesarios para sostener las finanzas públicas. Se estima que los ingresos petroleros de 2025 rondaron los 12.000 millones de dólares, insuficientes para cubrir déficits estructurales o invertir en infraestructura.

Además, la capacidad de expansión sigue limitada: solo operan entre 3 y 5 plataformas de perforación, cuando serían necesarias varias decenas para una recuperación sostenida. El potencial petrolero venezolano —con 300 mil millones de barriles de reservas probadas— sigue siendo mayoritariamente latente. Este es el verdadero dilema: riqueza potencial que no se traduce en prosperidad presente, ilustrando la maldición de los recursos en su forma más pura.

Inflación: estabilidad frágil

La inflación ha descendido drásticamente desde el pico de 13.864% en 2018. Pasó de 305% en 2022 a 189% en 2023. Sin embargo, en 2024 se produjo un rebote inflacionario, asociado a presiones cambiarias y fiscales, elevándola nuevamente a alrededor de 270%, nivel que se mantuvo en 2025.

Esta relativa estabilidad no responde a reformas estructurales profundas, sino a factores preocupantes: contracción del consumo, reducción de la demanda, restricción monetaria y uso de reservas internacionales para sostener el tipo de cambio oficial. En esencia, se ha "comprado" estabilidad de precios mediante empobrecimiento de la demanda. No es sostenible.

El FMI proyecta una inflación de 682% para 2026, lo que implicaría una reversión significativa de la estabilización actual. Los organismos internacionales están advirtiendo sobre exactamente ese riesgo: que los mecanismos artificiales que contienen la inflación colapsen ante cualquier shock externo.

La moneda en caída libre

En 2025, el bolívar se devaluó 82,7% en el mercado oficial, pasando de 52,02 a 301,37 bolívares por dólar, una variación anual de 479%. La brecha con el tipo de cambio paralelo (560+ VES/USD) supera el 85%.

Este diferencial funciona como un "impuesto silencioso": los precios se fijan al tipo de cambio más alto, mientras los salarios se ajustan al más bajo. El efecto: transferencia sistemática de poder adquisitivo desde trabajadores hacia importadores y poseedores de divisas.

El salario mínimo, congelado en 130 bolívares desde 2022, equivale a apenas 0,43 dólares mensuales. Los bonos complementarios —hasta 160 dólares— alivian parcialmente la situación, pero no sustituyen un ingreso laboral digno. Es una estructura de ingresos que obliga a la población a depender de transferencias estatales para subsistencia básica.

Dónde realmente duele: pobreza y desigualdad

El 73% de pobreza monetaria ya es alarmante, pero el dato más preocupante es la desigualdad. El coeficiente de Gini pasó de 40,7 en 2014 a 53,9 en 2024, un aumento del 32%.

El decil más pobre recibe en promedio 12,5 dólares mensuales, mientras el decil más rico supera los 630 dólares, con casos que alcanzan más de 2.700. La brecha es de 108 veces. La recuperación existe, pero está capturada por los estratos altos. Para la mayoría, es apenas una ilusión estadística.

La trampa del empleo informal

El 84% de los venezolanos trabaja en la informalidad. Esto implica ausencia de seguridad social, estabilidad laboral, protección futura y, crucialmente, ausencia de cotizaciones para pensiones. Una generación entera está siendo excluida del sistema de protección social.

El desempleo oficial de 5,5% oculta una realidad de precarización generalizada. Como señala ENCOVI 2024, tener ingresos no equivale a tener empleo de calidad; es la diferencia entre comer hoy e invertir en futuro. Los venezolanos trabajan, pero sin certidumbre, sin derechos laborales, sin horizonte de jubilación. Es empleo sin dignidad.

Deuda insostenible

La deuda externa alcanza los 164.433 millones de dólares (137% del PIB). Venezuela está en default desde 2017, pero los intereses continúan acumulándose. Cada venezolano debe, en promedio, 5.788 dólares, unas 36 veces el salario mínimo anual.

Una parte significativa (58%) es deuda financiera, principalmente bonos que ya han vencido o están en riesgo de reestructuración. La renegociación de esta deuda será inevitable para cualquier gobierno futuro, pero no puede ocurrir sin capacidad de pago. Venezuela permanece atrapada en el círculo vicioso: necesita inversión para crecer, pero la deuda ahoga la capacidad de invertir.

Un apunte necesario: ¿Y la dolarización?

Algunos argumentan que la dolarización informal y el aumento del consumo urbano reflejan una mejora estructural. Sin embargo, estos fenómenos están altamente concentrados geográficamente y por nivel de ingresos, y no se traducen en empleo formal, productividad ni sostenibilidad fiscal. Son mecanismos de adaptación social que permiten supervivencia, no transformación económica.

Mientras el 84% depende de la informalidad, la dolarización parcial apenas oculta un colapso estructural más profundo. La dolarización de facto es un síntoma de fracaso monetario, no de éxito económico. Refleja que la moneda nacional es tan débil que sectores económicos la han abandonado. En una economía sana, la moneda nacional es predominante; en Venezuela, es un activo de último recurso.

Los requisitos de una recuperación sostenible (sin recetas mágicas)

Cualquier recuperación genuina requeriría: (1) diversificación económica más allá del petróleo; (2) reinstitucionalización de la separación de poderes y seguridad jurídica; (3) reinversión en capital humano (educación, salud); (4) renegociación de la deuda externa. Ninguno de estos es viable en el corto plazo bajo la estructura política actual. Es el verdadero núcleo del problema venezolano.

Contexto político: autoritarismo consolidado

Los indicadores económicos no pueden separarse del contexto político. Venezuela es gobernada bajo un régimen presidencialista autoritario, con concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de la separación de poderes. Clasificaciones internacionales como V-Dem, Freedom House y el Democracy Index del Economist coinciden en esta caracterización.

Las elecciones de julio de 2024 continúan siendo cuestionadas internacionalmente. Para 2026, el gobierno ha anunciado una reforma constitucional orientada a institucionalizar el llamado "Estado Comunal", esencialmente un sistema de gobierno basado en consejos comunales directamente influenciados por el Ejecutivo. Si se implementara, esto representaría un paso adicional hacia el autoritarismo consolidado.

La arquitectura política no permite correcciones de rumbo económico mediante procesos democráticos. Esto amplifica significativamente el riesgo de reversión brusca de los avances recientes.

Conclusión: recuperación sin bases

Venezuela no está hoy en el colapso absoluto de 2017–2018, pero tampoco ha reconstruido los fundamentos de una economía sostenible. La recuperación es real en volumen, pero frágil, desigual y vulnerable.

Dependencia petrolera casi total (con solo 3-5 plataformas operativas), desigualdad creciente que concentra beneficios hacia arriba, crisis humanitaria persistente que deteriora capital humano, y fragilidad macroeconómica construida sobre contracciones artificiales de demanda definen el presente. Cualquier shock externo podría revertir rápidamente los avances recientes.

Los próximos doce meses serán críticos. Si los precios petroleros caen por debajo de 40 dólares (escenario plausible dado la volatilidad geopolítica), o si hay cambios en el entorno internacional de sanciones, la fragilidad de esta recuperación podría quedar expuesta rápidamente.

Mientras tanto, millones de venezolanos viven en una economía que crece en cifras, pero no en oportunidades ni futuro compartido. Una economía donde 8 de cada 10 trabajan en empleos informales, donde la desigualdad alcanza niveles récord, y donde la dependencia de un solo sector (petróleo) deja todo vulnerable ante cambios en la geopolítica global.


Fuentes consultadas

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Banco Central de Venezuela. (2025). "El PIB creció 9,32% en el primer trimestre de 2025". Nota de Prensa. https://www.bcv.org.ve/

Finanzas Digital. (2025). "BCV reporta crecimiento de 8,71% del PIB en el tercer trimestre de 2025". 16 de octubre de 2025.

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Diario El Nacionalista. (2025). "ENCOVI 2024 revela que 21 millones de venezolanos viven en pobreza". 6 de mayo de 2025.

RunRun.es. (2025). "ENCOVI 2024: pobreza y brechas de género en una Venezuela cada vez más desigual". 29 de abril de 2025.

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PNUD. (2024). "Informe de Desarrollo Humano 2024 - Venezuela". Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.


Nota del autor: Este artículo se basa en fuentes oficiales (Banco Central de Venezuela, Fondo Monetario Internacional, OPEP), organismos internacionales (PNUD, ONU, CEPAL, WOLA), investigación académica independiente (ENCOVI conducida por la Universidad Católica Andrés Bello), y análisis de Transparencia Venezuela. Las discrepancias entre fuentes reflejan desafíos legítimos en la recopilación estadística en contextos de gobernanza débil.