LA GASOLINA SUBE, PERO LA FACTURA NO DESAPARECE, SE REPARTE

 

Estos días estamos viendo noticias sobre posibles huelgas y movilizaciones como consecuencia del fuerte incremento del precio de los carburantes.

La reivindicación es comprensible: para determinados sectores como transporte, agricultura, pesca, distribución, entre otros,  el combustible no es un gasto accesorio. Es un elemento imprescindible para poder desarrollar su actividad. Cuando el precio del gasóleo aumenta de forma importante, sus costes aumentan casi inmediatamente. La cuestión interesante, desde el punto de vista económico, es otra:

¿Quién acaba pagando ese incremento del coste?

Porque hay algo que conviene tener presente: una subida del precio del petróleo o de los carburantes supone un coste real para la economía. Y ese coste no desaparece porque el Gobierno decida subvencionarlo. Lo que cambia es quién lo soporta.

El coste siempre acaba en algún sitio

Imaginemos una empresa de transporte cuyo consumo de combustible supone una parte importante de sus costes. Si el gasóleo aumenta, la empresa tiene inicialmente un problema muy sencillo: ahora necesita gastar más dinero para realizar exactamente el mismo servicio. A partir de ahí tiene varias posibilidades. Puede absorber el incremento reduciendo su margen de beneficio. Puede trasladarlo al precio que cobra a sus clientes. Puede reducir su actividad si determinados servicios dejan de ser rentables. O puede recibir algún tipo de ayuda pública que compense, total o parcialmente, ese incremento. En la realidad probablemente veremos una combinación de todas ellas. Pero hay una conclusión importante y es que el coste adicional sigue existiendo.

Si transportar una mercancía cuesta ahora 100 euros en lugar de 90 porque el combustible se ha encarecido, esos 10 euros adicionales no han desaparecido porque el Estado entregue una subvención al transportista. Simplemente hemos cambiado quién pone esos 10 euros.

La alternativa de subir los precios

Supongamos que el transportista decide trasladar el incremento de sus costes al cliente. El transporte se encarece. Pero el transporte es un coste de producción para prácticamente toda la economía. Los alimentos tienen que transportarse, las materias primas tienen que transportarse, los productos industriales tienen que transportarse y los productos que compramos en una tienda también. Por tanto, una subida del combustible puede acabar trasladándose, directa o indirectamente, a multitud de precios.

 El consumidor termina pagando una parte del incremento. No necesariamente de una manera visible. No veremos en la etiqueta del supermercado un concepto que diga “incremento del gasóleo”. Simplemente pagaremos más por determinados bienes y servicios.  En ese caso, el mecanismo de ajuste se produce fundamentalmente a través de los precios.

¿Y si el Estado subvenciona el combustible?

Aquí aparece la segunda posibilidad. El Gobierno puede decidir que el incremento es excesivo y establecer una subvención, una reducción de impuestos o una ayuda específica para determinados sectores. En ese caso, el transportista puede seguir pagando aproximadamente lo mismo por el combustible, aunque su coste real haya  .Parece que hemos solucionado el problema. Pero solamente hemos cambiado el lugar donde aparece.

Si el Estado recauda menos impuestos o gasta más dinero en subvenciones, esos recursos tienen que salir de algún sitio. Pueden financiarse con otros impuestos. Pueden financiarse reduciendo otros gastos públicos. Pueden financiarse mediante déficit y deuda. O mediante una combinación de las anteriores. Por tanto, la subvención no elimina el coste económico del encarecimiento del combustible. Lo redistribuye.

La pregunta correcta no es quién recibe la subvención

A menudo el debate público se plantea en términos de quién “se beneficia” de una determinada ayuda Pero quizá sería más interesante formular otra pregunta: ¿Quién acaba soportando el coste?  Porque una subvención al combustible puede evitar que una determinada empresa tenga que aumentar sus precios. Pero entonces el coste se traslada al conjunto de los contribuyentes, presentes o futuros, dependiendo de cómo se financie. Y si la ayuda se financia mediante deuda, tampoco significa que nadie la pague. Significa que el pago se desplaza en el tiempo.  

Y queda una tercera posibilidad: los beneficios

Aquí enlazo con una cuestión que comentaba en una entrada anterior de este blog: ¿de dónde salen realmente los beneficios empresariales? (aquí) Cuando aumenta un coste de producción, existe una presión sobre el reparto de la renta generada por la actividad económica. Simplificando mucho, si una empresa vende un servicio por 100 euros y sus costes aumentan en 10 euros, alguien tiene que absorber esos 10 euros. Puede reducirse el beneficio de la empresa. Puede aumentar el precio hasta 110 euros. Puede reducirse la remuneración de alguno de los factores productivos. Puede intervenir el Estado. O puede producirse una combinación de todo ello. Por eso es importante no pensar que los beneficios empresariales son una cantidad completamente independiente de los costes y de los precios.

Los precios, los salarios, los beneficios y los impuestos forman parte de un mismo proceso de distribución de la renta generada por la economía.

 

Entonces, ¿qué ocurre con una subida del petróleo?

Aquí tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el precio monetario que pagamos por el combustible. Otra cosa es el coste real que supone para la economía disponer de menos recursos energéticos o tener que pagar más por ellos.

Si un país necesita importar petróleo y el precio internacional aumenta, el país tiene que destinar más recursos a comprar exactamente la misma cantidad de energía. Eso es una pérdida real de renta frente al exterior. No podemos solucionar ese problema simplemente trasladándolo de una persona a otra. Podemos decidir quién soporta la pérdida:

• el consumidor, mediante precios más elevados;
• el trabajador, mediante una pérdida de poder adquisitivo;
• la empresa, mediante menores márgenes;
• el contribuyente, mediante mayores impuestos;
• el Estado, mediante mayor déficit;
• o una combinación de todos ellos.

Pero no podemos hacer que el coste económico desaparezca mediante una subvención.

El problema de las subvenciones generalizadas

Esto tampoco significa que las subvenciones sean necesariamente inútiles. Pueden tener una función económica y social importante. Por ejemplo, pueden utilizarse para evitar que un incremento extraordinario y temporal del precio de la energía provoque la desaparición de empresas viables, para proteger determinadas actividades esenciales o para evitar un ajuste demasiado brusco sobre determinados colectivos. Pero conviene entender qué estamos haciendo.

Una subvención es, fundamentalmente, un mecanismo de redistribución del coste. Y cuanto más generalizada sea, más difícil resulta determinar quién debe asumir finalmente la factura. Además, si mantenemos artificialmente bajo un precio durante mucho tiempo, podemos reducir los incentivos para ahorrar combustible, invertir en eficiencia energética o buscar alternativas.

Entonces, ¿qué deberían hacer las empresas?

Desde el punto de vista empresarial, la respuesta es bastante lógica. Si sus costes aumentan de forma permanente, tendrán que intentar trasladar una parte de ese incremento a sus precios. Si no pueden hacerlo, tendrán que aceptar menores márgenes, mejorar su productividad, reducir otros costes o modificar su actividad. Y si ninguna de esas alternativas resulta suficiente, algunas actividades simplemente dejarán de ser rentables.Esto último es especialmente importante.

El mercado no solamente ajusta los precios. También ajusta las cantidades producidas. Si transportar determinadas mercancías deja de ser rentable al precio vigente, puede disminuir la oferta de transporte. Y esa reducción de oferta también puede acabar generando aumentos de precios.

¿Y qué ocurre con los consumidores?

El consumidor tampoco queda al margen. Aunque el Gobierno consiga que el precio del surtidor no aumente mediante una subvención, el consumidor puede terminar pagando la factura de otra manera: mediante impuestos presentes o futuros, menor gasto público en otras partidas o pérdida de poder adquisitivo si el incremento termina trasladándose a otros precios. Por eso conviene desconfiar de la idea de que existe una solución gratuita.

En economía, que el coste no aparezca en un precio concreto no significa que haya dejado de existir. La factura no desaparece. Y quizá esta sea la idea fundamental. Cuando sube el precio del combustible, la economía se enfrenta a un encarecimiento real de un recurso necesario para producir y transportar bienes. Podemos decidir cómo repartir ese encarecimiento. Podemos hacer que lo soporten más las empresas o más los consumidores. Podemos utilizar impuestos para redistribuirlo. Podemos utilizar subvenciones para trasladarlo parcialmente al Estado. Podemos financiar parte del coste mediante deuda y trasladarlo hacia el futuro. Podemos intentar reducir el consumo de combustible mediante mayor eficiencia. Y podemos combinar todas estas medidas.

Pero lo que no podemos hacer es que un recurso que se ha encarecido para el conjunto de la economía vuelva a ser barato simplemente cambiando quién paga la factura. Por eso, ante las actuales protestas por el precio de los carburantes, quizá la pregunta más interesante no sea solamente:”¿Debe el Gobierno subvencionar el combustible?”

Sino:

“¿Quién debe soportar el coste de que el combustible sea más caro y cómo queremos repartirlo entre empresas, trabajadores, consumidores y contribuyentes?”

Porque esa es, en última instancia, la verdadera discusión. La subvención puede cambiar quién paga. Una subida de precios puede cambiar quién  paga. Una reducción de los márgenes empresariales puede cambiar quién paga. Pero ninguna de ellas puede hacer que el coste económico real desaparezca. Y quizá este sea el punto que más deberíamos tener presente cuando escuchamos determinadas propuestas: no existe una solución que permita que todos salgamos indemnes de un encarecimiento real de la energía.

Lo que sí podemos decidir es cómo repartir sus consecuencias.

MENOS PODER, MÁS LIBERTAD: POR QUÉ NECESITAMOS UN ESTADO LIMITADO

 

Hay una idea que se ha instalado en buena parte del debate político contemporáneo: cuando aparece un problema, la primera respuesta suele ser pedir una nueva ley, una nueva regulación, una nueva subvención o una nueva partida presupuestaria.

Si hay dificultades para acceder a una vivienda, más regulación.

Si determinados sectores no son competitivos, más ayudas.
Si aumenta la desigualdad, más impuestos.
Si una actividad genera riesgos, nuevas prohibiciones.

A veces estas respuestas son necesarias. El Estado cumple funciones que ningún mercado puede garantizar por sí solo: proteger los derechos, hacer cumplir los contratos, proporcionar seguridad, corregir determinadas externalidades y asegurar bienes públicos esenciales.

Pero reconocer la necesidad del Estado no implica aceptar que más Estado sea siempre mejor Estado.

La cuestión verdaderamente importante no es cuanto poder puede acumular un Gobierno , sino cuánto poder necesita realmente para cumplir sus funciones y cuánto poder debemos estar dispuestos a concederle.

Esa diferencia es fundamental.

Un Estado limitado no significa un Estado ausente. Significa un Estado sometido a reglas, que concentra sus recursos en aquello que hace mejor y que deja el máximo espacio posible para que los ciudadanos decidan sobre sus propias vidas. Y existen buenas razones económicas, institucionales y morales para defenderlo.

1. El Estado tiene un coste, aunque el gasto público tenga una finalidad legítima

Todo Gobierno gasta dinero que previamente ha obtenido de los ciudadanos mediante impuestos, cotizaciones, deuda o inflación.

Eso no convierte automáticamente el gasto público en algo negativo. Una carretera puede aumentar la productividad. Una buena educación pública puede ampliar las oportunidades. Un sistema judicial eficaz es imprescindible para que una economía funcione.

Pero sí significa que cada euro gastado por el Estado tiene un coste de oportunidad.

El dinero destinado a una finalidad pública deja de estar disponible para otros usos: inversión empresarial, ahorro familiar, consumo, creación de empleo o inversión en nuevas tecnologías.

La propia OCDE señala que el tamaño del Gobierno puede afectar al crecimiento a largo plazo cuando los costes de financiar un gasto público elevado superan sus beneficios, pero también advierte de que la composición del gasto importa enormemente: determinadas inversiones públicas, por ejemplo en infraestructuras o educación, pueden generar efectos positivos sobre la renta a largo plazo. Por tanto, el debate serio no debería plantearse como una guerra entre “gasto público” y “mercado”. La pregunta correcta es mucho más exigente: ¿Qué gasto público crea realmente valor y qué gasto puede reducirse, simplificarse o eliminarse?

España ofrece un buen ejemplo de por qué esta discusión importa. Según Eurostat, el gasto de las Administraciones Públicas españolas equivalió al 45,5 % del PIB en 2024, mientras que los ingresos públicos representaron el 42,3 % No significa que el 45,5 % sea automáticamente excesivo. Una cifra agregada no nos dice si cada euro está bien o mal empleado. Pero sí nos recuerda una realidad que a menudo desaparece del debate político: el Estado administra una parte extraordinariamente importante de los recursos de la sociedad. Por eso resulta legítimo exigir eficiencia, evaluación y límites.

2. Los impuestos importan: no todo lo que recauda el Estado puede ser utilizado por los ciudadanos

Existe otra cuestión que suele quedar fuera de la conversación: los impuestos no son una abstracción. Son recursos que dejan de estar en manos de quienes los generan. En España, la presión fiscal ha aumentado durante las últimas décadas. Según la OCDE, la recaudación tributaria pasó del 33,1 % del PIB en 2000 al 36,7 % en 2024. En 2024, España se situó por encima de la media de la OCDE, que fue del 34,1 %.

Esto no demuestra que todos los impuestos sean perjudiciales ni que cualquier reducción fiscal produzca automáticamente más crecimiento. Pero sí demuestra que el coste fiscal de las decisiones públicas es suficientemente grande como para que deba ser objeto de un escrutinio permanente.

Además, no todos los impuestos tienen los mismos efectos económicos. La OCDE advierte de que la estructura tributaria española soporta una carga elevada sobre el trabajo y señala que determinados niveles de imposición laboral pueden desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo. En 2024, la denominada tax wedge —la diferencia entre el coste laboral total para el empleador y el salario neto que recibe el trabajador— fue del 40,6 % para un trabajador soltero con salario medio, frente al 34,9 % de media en la OCDE.

La conclusión no debería ser “todos los impuestos son malos”. La conclusión es más razonable: si queremos más empleo, inversión y productividad, debemos preguntarnos qué impuestos generan más distorsiones y si el Estado obtiene suficiente valor por los recursos que recauda.

3. Menos burocracia significa más oportunidades para competir

Uno de los argumentos más sólidos a favor de un Estado más limitado no tiene que ver únicamente con los impuestos. Tiene que ver con las reglas. Una regulación puede perseguir una finalidad perfectamente legítima. El problema aparece cuando la acumulación de normas, licencias, trámites y obligaciones administrativas termina convirtiéndose en una barrera de entrada.

Esto afecta especialmente a las pequeñas empresas. La OCDE señala que las pymes representan el 99 % de las empresas en España y emplean a la mayoría de los trabajadores. También advierte de que la complejidad regulatoria y los costes de cumplimiento fiscal afectan de manera desproporcionada a las empresas pequeñas, y recomienda simplificar y racionalizar las regulaciones para facilitar su crecimiento. Esto tiene una consecuencia política importante. Una regulación aparentemente pequeña puede ser asumible para una gran empresa que dispone de departamentos jurídicos y administrativos. Para un autónomo o una empresa de cinco trabajadores puede convertirse, en cambio, en una barrera real.

Por eso regular más no equivale necesariamente a proteger más. A veces ocurre exactamente lo contrario: las normas diseñadas para proteger al consumidor, al trabajador o al medio ambiente terminan favoreciendo indirectamente a quienes ya están dentro del mercado, porque son quienes disponen de los recursos necesarios para cumplirlas.

La buena regulación no es la que produce más páginas en el BOE. Es la que consigue su objetivo con el menor coste y la menor complejidad posibles.

 4. Un Estado limitado protege mejor la libertad individual

La defensa del Estado limitado no es únicamente económica. Es, ante todo, una cuestión de libertad. En una sociedad libre, el ciudadano no necesita justificar ante el Gobierno cada decisión de su vida privada.

El principio debería ser sencillo: lo que una persona adulta puede hacer legítimamente sin perjudicar los derechos de los demás no debería necesitar autorización política. El Estado debe garantizar la seguridad, la justicia, la propiedad, los contratos y los derechos fundamentales.

Pero existe una diferencia enorme entre garantizar esos derechos y pretender dirigir todos los aspectos de la vida social. Cuanto mayor es el número de decisiones que dependen de la Administración, mayor es también la cantidad de poder discrecional que acumulan quienes ocupan cargos públicos. Y el problema no es suponer que todos los políticos sean corruptos. El problema es mucho más sencillo: los sistemas deben diseñarse suponiendo que los seres humanos son imperfectos.

El Banco Mundial, por ejemplo, mide la calidad institucional a través de dimensiones como la eficacia del Gobierno, la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción. Su metodología subraya precisamente la importancia de instituciones capaces de ejercer el poder de forma efectiva y responsable. La libertad, por tanto, no consiste solamente en votar cada cuatro años. También consiste en disponer de un espacio privado en el que las decisiones no dependan constantemente de quien ocupa el poder.

5. El Estado de derecho es más importante que el tamaño del Estado

Aquí conviene introducir un matiz esencial. Un Estado pequeño no es necesariamente un Estado bueno. Puede existir un Gobierno con pocos impuestos y poca burocracia que, al mismo tiempo, sea arbitrario, corrupto o incapaz de proteger los derechos de sus ciudadanos. Del mismo modo, un Estado relativamente grande puede proporcionar servicios públicos de calidad y funcionar bajo instituciones sólidas.

Por eso la discusión verdaderamente importante no es únicamente “cuánto Estado”, sino también “qué Estado”. El Banco Mundial evalúa, entre otros factores, la eficacia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción. Su conclusión general es clara: unas instituciones inclusivas y responsables están asociadas a mejores resultados de desarrollo, servicios públicos más sólidos y mayores oportunidades.

Un Estado limitado debe ser, por tanto, también un Estado fuerte en aquello que realmente importa. Fuerte para proteger la propiedad. Fuerte para hacer cumplir los contratos. Fuerte para combatir la corrupción. Fuerte para garantizar la igualdad ante la ley. Fuerte para proporcionar seguridad. Y suficientemente limitado como para no convertirse en el dueño de la sociedad que pretende proteger.

6. Libertad económica y movilidad social no son enemigos

Una de las críticas habituales al liberalismo sostiene que reducir la intervención pública beneficia únicamente a quienes ya poseen recursos. Es una objeción que merece ser tomada en serio. La desigualdad de oportunidades existe. El origen familiar influye en las posibilidades de una persona. La educación, la salud y el acceso al empleo condicionan profundamente la trayectoria vital.

La propia OCDE documenta importantes diferencias de movilidad social y señala que, en países europeos de la OCDE, los niños procedentes de los entornos socioeconómicos más desfavorecidos pueden llegar a obtener ingresos hasta un 20 % inferiores en la edad adulta respecto a quienes tuvieron una infancia más favorable.

Pero precisamente por eso debemos distinguir entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Una sociedad libre no necesita garantizar que todos terminen en el mismo lugar. Necesita intentar garantizar que el lugar donde uno nace no determine completamente hasta dónde puede llegar. Eso exige educación de calidad, instituciones abiertas, mercados competitivos y eliminación de barreras artificiales a la entrada.

Y aquí vuelve a aparecer la importancia de las pequeñas empresas y del emprendimiento. Si una persona con una buena idea necesita superar una montaña de trámites, licencias y costes regulatorios antes de poder competir, el sistema no está protegiendo necesariamente al débil. Puede estar protegiendo al establecido. Por eso reducir barreras de entrada puede ser una política social tanto como una política económica.

7. Más poder político también significa más incentivos para conquistar ese poder

Hay una consecuencia política que suele pasar desapercibida. Cuanto más puede decidir un Gobierno sobre nuestras vidas, más importante se vuelve conquistar el Gobierno. Si el poder público decide una parte pequeña de nuestras decisiones, perder unas elecciones es importante.

Si decide sobre impuestos, subvenciones, regulación, contratación pública, energía, vivienda, educación, medios de comunicación, comercio y cientos de aspectos adicionales de la actividad económica y social, la batalla política adquiere una intensidad mucho mayor.

El problema no es solamente que los políticos puedan abusar del poder. Es que la propia concentración de poder crea incentivos para intentar capturarlo. De ahí la importancia de los límites institucionales. Separación de poderes. Independencia judicial. Transparencia. Responsabilidad  presupuestaria. Libre competencia. Prensa libre. Propiedad privada.
Seguridad jurídica.

La mejor defensa frente al abuso no consiste en confiar en que aparezca siempre un político virtuoso. Consiste en construir un sistema en el que incluso un mal gobernante tenga dificultades para hacer demasiado daño.

8. El comercio puede acercar a sociedades que la política separa

También merece atención la dimensión internacional. El comercio no elimina las guerras ni convierte automáticamente a los países en amigos. La historia demuestra que sería ingenuo sostener algo así. Pero la integración económica puede crear intereses compartidos y elevar el coste de la confrontación.

Cuando empresas, trabajadores y consumidores de distintos países dependen unos de otros, romper esos vínculos tiene un coste económico real. Por eso la libertad comercial puede desempeñar una función que va más allá de la eficiencia económica: crear redes de cooperación entre individuos que no necesitan pensar igual para beneficiarse mutuamente.

Dos personas no tienen que compartir ideología, religión o nacionalidad para descubrir que ambas pueden salir ganando de un intercambio voluntario. Ese principio es extraordinariamente poderoso. El mercado no exige unanimidad. Exige cooperación. Y quizá una de las mayores virtudes de una sociedad libre sea precisamente esa: permitir que millones de personas cooperen sin necesidad de ponerse de acuerdo sobre cómo debe vivir todo el mundo.

9. Un Estado más pequeño no significa abandonar a quien lo necesita

Este punto es fundamental si queremos que el argumento sea intelectualmente honesto. Defender un Estado limitado no significa negar la existencia de personas vulnerables. Una sociedad desarrollada necesita mecanismos para afrontar situaciones que el individuo difícilmente puede resolver por sí solo: discapacidad, dependencia, pobreza extrema, catástrofes, determinadas enfermedades o situaciones de emergencia. La cuestión es cómo diseñamos esos mecanismos.

La propia evidencia de la OCDE muestra que el gasto social puede reducir la desigualdad mediante la redistribución y el reparto de riesgos. Al mismo tiempo, también señala que el diseño concreto de impuestos y prestaciones importa para los incentivos al trabajo y al crecimiento.

Por tanto, el objetivo de una política liberal responsable no debería ser eliminar toda protección social. Debería ser construir una red de seguridad que proteja al ciudadano cuando realmente la necesita sin convertir esa red en una tela de araña que atrape la iniciativa, el trabajo y la responsabilidad personal. El Estado debe ayudar a quien cae. Pero también debería permitirle levantarse.

10. La verdadera batalla no es Estado contra mercado

Llegados a este punto, quizá debamos abandonar una falsa dicotomía. No se trata de elegir entre un Estado gigantesco y la ley de la selva. Se trata de decidir qué cosas debe hacer el Estado y cuáles podemos hacer mejor los ciudadanos, las empresas, las familias y las organizaciones de la sociedad civil. El mercado tiene fallos. El Estado también. La diferencia es que hemos aprendido a estudiar los fallos del mercado con enorme detalle, mientras que con frecuencia damos por supuesto que cuando el Estado interviene lo hace de manera neutral, competente y gratuita. No es así.

Los funcionarios pueden equivocarse.
Los Gobiernos pueden equivocarse.
Las leyes pueden tener consecuencias imprevistas.
Las subvenciones pueden generar dependencia.
Los impuestos pueden alterar los incentivos.
Y el gasto público puede ser ineficiente.

Reconocerlo no significa ser “anti-Estado”. Significa aplicar al poder político la misma exigencia que aplicamos a cualquier otra institución. Demostrar que una intervención funciona. Medir sus resultados. Evaluar su coste. Y eliminarla cuando deje de cumplir su objetivo.

Conclusión: devolver espacio a la sociedad

La defensa de un Estado limitado no debería confundirse con una defensa del individualismo egoísta ni con la pretensión de que el mercado pueda resolver absolutamente todos los problemas. La realidad es más compleja. Necesitamos instituciones públicas eficaces. Necesitamos justicia. Necesitamos seguridad. Necesitamos reglas. Necesitamos determinadas redes de protección.

Pero precisamente porque necesitamos al Estado, debemos ser cuidadosos con el poder que le entregamos. España no necesita necesariamente un Estado “más grande” o “más pequeño” como objetivo abstracto. Necesita un Estado mejor: más eficaz donde resulta imprescindible, más austero donde no lo es, más transparente, menos burocrático y mucho más respetuoso con el espacio de decisión de los ciudadanos.

La evidencia disponible no permite afirmar que exista una fórmula universal según la cual cuanto menor sea el Estado, mayor será automáticamente la prosperidad. De hecho, la OCDE subraya que tanto el nivel de gasto como su composición importan. Pero sí permite defender algo mucho más razonable: el poder público debe justificar su existencia, sus impuestos y sus regulaciones.

Cada nueva competencia del Estado debería responder a una pregunta sencilla: ¿Es realmente necesario que esto lo decida un Gobierno en lugar de las personas? Si la respuesta es sí, hagámoslo bien. Si la respuesta es no, dejemos espacio a la libertad. Porque una sociedad libre no es aquella en la que el Gobierno hace todo correctamente. Es aquella en la que los ciudadanos conservan suficiente poder sobre sus propias vidas como para poder equivocarse, emprender, crear, comerciar, cooperar y prosperar sin pedir permiso constantemente a quienes gobiernan. Menos poder concentrado. Más responsabilidad individual. Más competencia. Más libertad. Y, sobre todo, mejores instituciones.

CEUTA: CUANDO LA REALIDAD DESBORDA AL ESTADO Y EL RELATO INTENTA APAGARLA

 

Hay momentos en los que la política deja de ser una cuestión de opiniones y empieza a convertirse en una cuestión de hechos. Ceuta atraviesa uno de esos momentos.

El 30 de julio de 2026 se produjo una entrada masiva de personas desde Marruecos. El Ministerio del Interior terminó cifrando en 72.000 las personas que accedieron irregularmente a la ciudad. La magnitud del episodio fue extraordinaria y puso bajo una presión inédita los sistemas de control fronterizo, identificación, acogida, atención humanitaria y seguridad. No lo dice la oposición pues lo reconoce el propio Gobierno en el Real Decreto 681/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado.

¿Por qué fue necesario esperar hasta el 25 de agosto para activar el mecanismo de interés para la Seguridad Nacional, después de una entrada masiva que se produjo el 30 de julio? No es una pregunta de izquierdas ni de derechas. Es una pregunta de Estado.

La realidad no necesita un enemigo imaginario

En las últimas semanas hemos asistido a una batalla política alrededor del relato de la crisis. El Gobierno ha señalado a las redes de tráfico de personas y ha denunciado la instrumentalización de una sentencia judicial para fomentar la llegada de migrantes. Esa es una explicación oficial que debe ser analizada y contrastada, no aceptada o rechazada automáticamente por razones partidistas.

Pero existe una diferencia fundamental entre explicar quién pudo contribuir a provocar una crisis y explicar por qué el Estado no fue capaz de responder adecuadamente a todas sus consecuencias desde el primer momento.

Una cosa no elimina la otra. Puede haber mafias. Puede haber desinformación.

Puede haber utilización política de la situación. Puede haber personas interesadas en provocar tensión. Y, al mismo tiempo, puede haber errores de previsión, problemas de coordinación y una respuesta institucional insuficiente.

Las democracias serias no escogen entre unas explicaciones y otras como quien elige un equipo de fútbol. Investigan todas.

El dato que debería cerrar muchas discusiones

Hay una cifra que resulta especialmente reveladora. El 25 de agosto, casi cuatro semanas después de la entrada masiva, el Gobierno aprobó el Real Decreto 681/2026, mediante el cual declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. El propio texto legal explica que la permanencia de un elevado número de migrantes en situación irregular estaba alterando el funcionamiento normal de los servicios públicos y que se habían superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.

Al día siguiente, el BOE publicó además el Real Decreto 705/2026, relativo a los recursos que debían emplearse en esa situación. 

Esto no demuestra por sí solo que el Gobierno actuara con negligencia. Pero sí demuestra algo que debería ser imposible de negar: la propia Administración reconoce oficialmente que la situación había alcanzado una dimensión que desbordaba las capacidades ordinarias de Ceuta. Por tanto, preguntar si la respuesta estatal fue suficientemente rápida, coordinada y eficaz no es «propagar odio». Es fiscalizar al poder.

Y entonces ocurrió algo todavía más grave

El 27 de agosto, cuatro militares resultaron heridos después de que un grupo de personas atacara con piedras un vehículo militar en la zona de Benzú. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a doce personas presuntamente implicadas. Posteriormente, once de los doce detenidos fueron expulsados a Marruecos, mientras el duodécimo quedó a disposición judicial. 

Este episodio debería provocar una reflexión seria. No porque permita convertir a todos los migrantes en delincuentes (eso sería tan absurdo como injusto), sino porque demuestra que la crisis ya no pertenece exclusivamente al ámbito de la inmigración. También es una cuestión de seguridad pública y protección de quienes tienen encomendada la defensa y vigilancia del territorio.

Un militar no debería convertirse en un peón de una crisis política. Y un agente de Policía o de la Guardia Civil tampoco.

La violencia de unos no justifica la de otros

Pero hay que decirlo igualmente claro: la respuesta a una crisis no puede consistir en sustituir el fracaso de las instituciones por la ley de la calle. Los disturbios protagonizados por vecinos y los ataques contra asentamientos de migrantes registrados en los últimos días son igualmente inadmisibles. El 27 de agosto se produjeron destrozos y quemas en campamentos de migrantes en la playa de Benítez, con intervención policial posterior.

Esto también forma parte de la realidad. Y precisamente por eso resulta tan peligrosa la polarización. Porque si el debate termina reducido a “es culpa de los inmigrantes” frente a “es culpa de la ultraderecha”, dejamos de hablar de aquello que realmente importa.

¿Quién garantiza el orden?

El Estado.

¿Quién protege la frontera?

El Estado.

¿Quién debe impedir que una crisis migratoria termine convirtiéndose en una crisis de convivencia?

El Estado.

Y precisamente por eso hay que exigirle responsabilidades.

La tentación de culpar al mensajero

Uno de los recursos más cómodos de cualquier Gobierno consiste en convertir el debate sobre su gestión en un debate sobre el comportamiento de sus adversarios. Si circulan bulos, se combaten. Si existe propaganda, se desmonta. Si determinados grupos políticos intentan aprovecharse de una crisis, se denuncia. Pero ninguna de esas acciones puede convertirse en una coartada para no responder a preguntas legítimas.

El ciudadano que pregunta por qué una situación terminó desbordando las capacidades ordinarias del Estado no está necesariamente difundiendo desinformación. El ciudadano que exige más medios para la frontera no está necesariamente alimentando el odio. El ciudadano que pide explicaciones sobre una agresión a militares no está necesariamente defendiendo ninguna ideología extremista. Y aquí conviene recuperar una idea elemental que parece haberse perdido: criticar al Gobierno no convierte a nadie en enemigo del Estado. En una democracia, precisamente ocurre lo contrario. La crítica al poder es una de las formas de controlar al poder.

Ceuta no es Twitter

Hay además una segunda trampa. Convertir una crisis fronteriza de esta magnitud en una guerra cultural de redes sociales. Que Elon Musk publique algo, que un influencer difunda un vídeo o que un partido político lance una acusación puede generar ruido. Pero el ruido de Internet no explica por sí mismo una realidad que el propio BOE ha tenido que reconocer.

La realidad es bastante más incómoda. Decenas de miles de personas entraron en Ceuta en un periodo extraordinariamente breve. Las administraciones tuvieron que hacer frente a una presión que el Gobierno califica oficialmente de inédita. Miles de personas permanecieron temporalmente en la ciudad. Fue necesario adoptar medidas extraordinarias.

Y, semanas después, la tensión social seguía siendo suficientemente elevada como para producir enfrentamientos entre vecinos y migrantes y ataques contra efectivos militares. Eso no es un «relato de Twitter». Es una crisis real.

Marruecos: ni ingenuidad ni conspiranoia

También aquí hace falta rigor. La relación con Marruecos es un elemento inevitable de cualquier análisis serio sobre Ceuta. La frontera no puede entenderse sin tener en cuenta la cooperación (o la falta de ella) con el país vecino.

Pero una cosa es exigir al Gobierno que explique con claridad qué ocurrió y qué información manejaba antes de la entrada masiva y otra muy distinta es afirmar, sin pruebas suficientes, que todo fue una operación planificada por Marruecos. Hasta ahora, no existe base pública suficiente para presentar como hecho probado una conspiración marroquí organizada para provocar la crisis. Y precisamente porque queremos exigir rigor al Gobierno, debemos aplicarlo también a quienes lo critican. No necesitamos teorías conspirativas. Tenemos hechos suficientes.

El Gobierno reaccionó. La pregunta es cuándo y cómo

Hay que reconocer también aquello que los datos demuestran. El Gobierno reaccionó. Más de 70.000 personas de las 72.000 contabilizadas por Interior ya habían salido de Ceuta a comienzos de agosto. Posteriormente se adoptaron medidas extraordinarias de coordinación y, finalmente, se activó el mecanismo de Seguridad Nacional. No sería serio negar estos hechos. Pero reconocerlos tampoco obliga a considerar perfecta la gestión. Porque la pregunta política continúa siendo legítima:

¿Se podía haber actuado antes?

¿Existían recursos que deberían haberse desplegado con mayor rapidez?

¿Hubo suficiente coordinación entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma?

¿Se informó adecuadamente a los ciudadanos?

¿Se protegió suficientemente a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos policiales?

Y, sobre todo:

¿Qué se ha aprendido para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse?

Estas preguntas no son propaganda. Son exactamente las preguntas que una democracia debería formular después de una crisis.

La frontera no puede funcionar a golpe de crisis

Hay otro dato que conviene poner sobre la mesa. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior hasta el 15 de julio de 2026, antes de la avalancha de finales de mes ya se observaban variaciones importantes en los flujos migratorios y, posteriormente, el propio Ministerio informó de un incremento del 164% de las llegadas irregulares a Ceuta respecto al mismo periodo de 2025, incluso sin incluir las entradas masiva del 30 y 31 de julio. Es decir, la crisis del 30 de julio no apareció en un vacío absoluto. La magnitud del episodio fue excepcional, sí. Pero la presión migratoria en Ceuta no empezó aquel día. Por eso la política fronteriza no puede consistir únicamente en reaccionar cuando la situación se vuelve insostenible. Necesita previsión. Necesita inteligencia. Necesita medios. Necesita coordinación.

Y necesita una estrategia diplomática que no dependa exclusivamente de la buena voluntad del país vecino.

La responsabilidad no tiene color político

Aquí es donde la discusión debería abandonar definitivamente las trincheras. Si el Gobierno actuó correctamente, que presente los datos y explique sus decisiones. Si hubo errores, que los reconozca. Si hubo fallos de coordinación, que se depuren responsabilidades. Si hubo avisos previos que no fueron atendidos, que se explique por qué. Si las mafias participaron en la organización de los flujos, que se investigue y se persiga a sus responsables. Si hubo campañas de desinformación, que se identifique a sus autores y se desmonten sus falsedades. Y si alguien utilizó la crisis para atacar a inocentes o provocar violencia, que responda ante la justicia. Todo eso puede hacerse simultáneamente. Lo que no podemos aceptar es la idea de que para denunciar la desinformación haya que silenciar la crítica política.

Ni que para criticar al Gobierno haya que convertir a todos los inmigrantes en enemigos. Ambas posiciones son intelectualmente pobres y políticamente peligrosas.

Ceuta necesita Estado, no eslóganes

La gran lección de esta crisis debería ser muy sencilla. Una frontera no se protege con discursos. Se protege con inteligencia, vigilancia, diplomacia, medios materiales, personal suficiente, coordinación institucional y capacidad de reacción. Y cuando todo eso falla, aunque sea parcialmente, los responsables políticos deben explicarlo. No necesitamos un Gobierno que nos diga qué bando ideológico debemos odiar. Necesitamos un Estado que nos demuestre que sabe qué hacer cuando la frontera es sometida a una presión extraordinaria.

No necesitamos una oposición que convierta cada inmigrante en una amenaza. Necesitamos una oposición que pregunte dónde estaban los medios, qué información tenía el Ejecutivo y qué medidas deberían haberse adoptado. No necesitamos ciudadanos convertidos en hinchas. Necesitamos ciudadanos exigentes. Porque Ceuta no es una guerra cultural. No es una competición entre hashtags. No es un experimento sociológico. Y tampoco es una oportunidad para que unos y otros fabriquen enemigos políticos.

Ceuta es España. Su frontera es frontera exterior de la Unión Europea. Y cuando esa frontera se desborda hasta el punto de que el propio Gobierno declara una situación de interés para la Seguridad Nacional, la respuesta no puede ser propaganda. Tiene que ser gestión.

La pregunta, por tanto, no debería ser quién gana el relato. La pregunta debería ser: ¿Por qué tuvo que llegar la situación hasta aquí para que el Estado actuara con carácter extraordinario?

Que el Gobierno responda. Con documentos. Con cronologías. Con datos. Y, si corresponde, con responsabilidades. Porque una democracia adulta no necesita que le oculten sus problemas para protegerla. Necesita que sus instituciones sean capaces de resolverlos

 

Fuentes y documentos

Este artículo distingue deliberadamente entre hechos documentados, declaraciones oficiales e interpretación política. Las valoraciones corresponden al autor.

Boletín Oficial del Estado — Real Decreto 681/2026

Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declara la situación de interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta.

El propio decreto señala que la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio generó una presión inédita sobre las capacidades de control fronterizo, identificación, atención humanitaria y acogida, y que la situación estaba superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.

Consultar el Real Decreto 681/2026 en el BOE

Boletín Oficial del Estado — Real Decreto 705/2026

Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, por el que se aprueba la Declaración de Recursos a emplear en la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta.

El documento detalla los recursos estatales y autonómicos que pueden emplearse para afrontar la crisis, incluidos medios de Defensa, Interior, Exteriores, Inclusión, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e infraestructuras públicas.

Consultar el Real Decreto 705/2026 en el BOE

Ministerio del Interior — cifras de la entrada masiva

El 4 de agosto de 2026, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cifró en 72.000 las personas que habían entrado irregularmente en Ceuta el 30 de julio y afirmó que más de 70.000 ya habían salido de la ciudad.

Ministerio del Interior — datos sobre la crisis de Ceuta

Ministerio del Interior — barrera del Tarajal

El 1 de agosto, Interior comenzó la instalación de una barrera neumática y boyas de contención en el espigón del Tarajal. El Ministerio explicó que la medida estaba relacionada con el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio sobre el rechazo en frontera de quienes acceden a nado.

Ministerio del Interior — barrera neumática del Tarajal

Ministerio del Interior — evolución de las llegadas irregulares

El último balance disponible antes de incorporar las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio reflejaba un incremento del 164,1 % de las llegadas irregulares a Ceuta respecto al mismo periodo de 2025. Las cifras de los días 30 y 31 fueron excluidas de ese balance por requerir un análisis específico.

Gobierno de España — respuesta inicial

El 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó públicamente la respuesta inicial del Ejecutivo y atribuyó parte de la avalancha a la interpretación y difusión de una sentencia del Tribunal Supremo por redes vinculadas, según su versión, a las mafias dedicadas al tráfico de personas.

Comparecencia de Pedro Sánchez en Ceuta — 31 de julio de 2026

Gobierno de España — refuerzo europeo

El 28 de agosto, España solicitó oficialmente a la Unión Europea apoyo adicional de Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo para gestionar la situación de las personas que permanecían en Ceuta. En el caso de Frontex, Interior solicitó ampliar la operación Minerva y añadir diez agentes para las labores de triaje.

España solicita a la UE apoyo de Frontex para el dispositivo de triaje en Ceuta

 

Una precisión necesaria

Estas fuentes permiten acreditar la magnitud de la entrada masiva, la presión ejercida sobre los servicios públicos, la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, los recursos movilizados y las distintas fases de la respuesta institucional. No permiten afirmar, sin pruebas adicionales, que la crisis fuera una operación organizada por el Gobierno español, por Marruecos, por la ultraderecha, por Elon Musk o por cualquier otra organización o persona.

Por eso, este artículo diferencia deliberadamente entre hechos comprobables, declaraciones de las autoridades e interpretación política.

 

La crítica al Gobierno puede ser contundente sin convertir una hipótesis en un hecho.