EL NEGOCIO DE PEDIR ELECCIONES... PERO QUE NO LAS HAYA

 

Hay algo que llama la atención en la política española actual. Los socios de Pedro Sánchez llevan meses criticando al Gobierno, amenazando con romper acuerdos, hablando de líneas rojas y poniendo cara de enfado en cada rueda de prensa. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, siguen ahí. Votan, negocian y mantienen la legislatura viva.

La pregunta es evidente: si están tan hartos de Sánchez, ¿por qué no lo tumban?

La respuesta no está en la ideología. Está en los incentivos.

En economía existe una regla bastante simple, la gente suele hacer aquello que más le beneficia. Los partidos políticos tampoco son una excepción. Junts, ERC, PNV o Bildu han descubierto que hoy tienen más poder con Sánchez necesitado de sus votos que el que tendrían en casi cualquier otro escenario.

Es como tener la llave de una caja fuerte. Mientras el Gobierno dependa de ellos, pueden negociar competencias, inversiones, financiación o cualquier otra concesión que consideren interesante para sus intereses políticos. ¿Van a renunciar voluntariamente a esa posición? Parece poco probable.

Por eso resulta curioso escuchar continuamente peticiones de elecciones anticipadas por parte de quienes podrían provocar esas elecciones y no lo hacen. Es un mensaje que funciona bien ante sus votantes porque transmite firmeza y distancia con el Gobierno. El problema es que después llega la votación y la supuesta ruptura suele quedarse en amenaza.

En el fondo, la situación se parece bastante a una negociación permanente. Los socios aprietan, el Gobierno cede algo, vuelven a apretar y vuelven a negociar. Todos protestan delante de las cámaras, pero nadie parece tener demasiada prisa por acabar con el partido.

Y tiene cierta lógica. Si mañana hubiera elecciones y cambiara la mayoría parlamentaria, gran parte de ese poder desaparecería. La llave dejaría de abrir puertas. Por eso el incentivo principal no es romper la baraja, sino seguir jugando la partida mientras siga siendo rentable.

Esto no significa que todas las medidas acordadas sean malas ni que cualquier negociación política sea ilegítima. La política consiste precisamente en pactar. Pero conviene llamar a las cosas por su nombre. Cuando un partido sostiene un Gobierno del que dice estar profundamente decepcionado, es razonable preguntarse si estamos ante una cuestión de principios o ante una cuestión de intereses.

Lo más preocupante de esta dinámica no es únicamente el intercambio constante de apoyos y concesiones. Lo realmente preocupante es el incentivo que genera. Cuando la supervivencia política se convierte en la prioridad absoluta, existe el riesgo de que la gestión de los problemas reales quede relegada a un segundo plano.

Da la sensación de que gran parte de la energía política se dedica a conservar mayorías, negociar apoyos y mantener equilibrios parlamentarios cada vez más frágiles, mientras cuestiones como la vivienda, la productividad, la deuda pública, la presión fiscal o la calidad de los servicios públicos avanzan a un ritmo mucho más lento del que demandan los ciudadanos.

No se trata de afirmar que ningún político quiera resolver problemas. Se trata de reconocer la realidad de que los incentivos del sistema suelen premiar más la capacidad de conservar el poder que la capacidad de gestionar eficazmente. Y cuando eso ocurre, la política corre el riesgo de convertirse en un fin en sí mismo en lugar de ser una herramienta al servicio de los ciudadanos.

La experiencia suele decir que, cuando hay poder e influencia en juego, los intereses pesan mucho más de lo que reconocen los discursos.

Por eso quizá el verdadero misterio no es por qué los socios critican tanto a Sánchez. El verdadero misterio sería que renunciaran a una posición que les permite influir como nunca en la política nacional.

Mientras la llave siga abriendo puertas, nadie parece dispuesto a soltarla. Porque en política, igual que en economía, los discursos importan, pero los incentivos suelen mandar.

LA PARADOJA DEL MONOPOLIO: ¿PORQUÉ VIGILAMOS AL MERCADO Y APLAUDIMOS AL ESTADO?

 

Si una gran empresa empieza a devorar a sus competidores, saltan todas las alarmas. Es una reacción casi instintiva: el monopolio privado nos asusta porque pensamos que, sin competencia, la empresa subirá los precios, bajará la calidad y abusará de los consumidores. Por eso existen leyes estrictas, multas millonarias y tribunales de la competencia. Queremos proteger nuestra libertad de elegir.

Sin embargo, cometemos una enorme contradicción intelectual. Mientras miramos con lupa a cualquier multinacional, aceptamos con total normalidad el monopolio más grande, absoluto y obligatorio que existe: el del Estado.

En el mercado libre, los monopolios tienen pies de barro. Si una empresa pone precios abusivos porque no tiene rivales, genera un beneficio tan alto que, tarde o temprano, acaba atrayendo a nuevos competidores. El ingenio humano y la tecnología terminan rompiendo las barreras. Gigantes tecnológicos que parecían invencibles hace veinte años hoy ya ni existen porque alguien ofreció algo mejor y más barato. En el sector privado, el cliente sigue teniendo la última palabra: si no compra, la empresa quiebra.

Con el Estado, las reglas del juego son completamente distintas. El Estado no necesita convencer a nadie ni ganarse a sus "clientes". Su modelo no se basa en la adhesión voluntaria, sino en la obligación por ley. Los impuestos son, en la práctica, el precio que pagamos por sus servicios, pero con una diferencia crucial: no puedes elegir no pagarlos si el servicio te parece malo, caro o ineficiente. No hay competencia posible dentro de sus fronteras.

Esta falta de competencia elimina los incentivos más básicos para hacer las cosas bien. Una empresa que gestiona mal sus recursos pierde dinero y cierra. El Estado, cuando gestiona mal sus recursos o gasta de más, no quiebra; simplemente sube los impuestos o aumenta la deuda, trasladando el coste directamente a los ciudadanos. Al no tener miedo a perder clientes frente a un rival, la burocracia tiende a crecer sin control.

El problema real surge cuando el Estado ocupa demasiado espacio. En muchos países europeos, la administración ya gestiona más del 40% de todo lo que produce el país. Esto significa que casi la mitad del fruto del trabajo de los ciudadanos ya no la deciden ellos. Se reduce drásticamente la capacidad de ahorro, de inversión y de decisión de las familias para traspasar ese poder a unos pocos despachos oficiales.

Nadie discute que el Estado deba existir para garantizar la seguridad, la justicia o unos servicios básicos mínimos. La verdadera pregunta es por qué aplicamos un doble rasero. Si nos horroriza que una sola empresa controle un sector porque limita nuestra libertad, debería preocuparnos exactamente igual cuando el Estado monopoliza nuestras decisiones económicas a través de la recaudación obligatoria.

 Al final, la libertad de un país se mide por el dinero que los ciudadanos pueden gestionar libremente, y no por el porcentaje de sus vidas que decide dirigir el gobierno.

LA BIOGRAFÍA DEL SUELO: HISTORIA DE LA PROPIEDAD, EL PODER Y LA LEY

 

El control del suelo ha definido la política, la religión y la economía humana desde los orígenes de la civilización. A continuación, se expone un análisis cronológico exhaustivo sobre cómo la humanidad se apoderó de las tierras, evolucionando desde la libertad del nomadismo hasta las complejas regulaciones de nuestro siglo.

1. Prehistoria y Revolución Neolítica: El nacimiento de la delimitación territorial

El nomadismo paleolítico

Durante la prehistoria, las tribus de cazadores-recolectores eran nómadas. No existía un concepto jurídico o económico de propiedad sobre el suelo. Los recursos se controlaban de manera temporal según la abundancia de agua o caza; al agotarse, el grupo se desplazaba, por lo que la tierra era de todos y de nadie.

El sedentarismo neolítico (Hace 10.000 años)

El descubrimiento de la agricultura y la ganadería obligó al ser humano a fijar su residencia. Al requerir los cultivos un ciclo de siembra y espera, las tribus reclamaron la exclusividad de los frutos del suelo trabajado. Nació así el concepto de propiedad comunal y familiar, transformando la tierra cultivable en el bien más valioso de la comunidad.

2. Las primeras civilizaciones: El Estado teocrático como dueño absoluto

Egipto y Mesopotamia

En las primeras urbes fluviales, la propiedad privada individual era inexistente. El orden social se basaba en una mentalidad teocrática: los verdaderos dueños de la tierra eran los dioses. Como el Faraón o el Rey personificaban la autoridad divina (o eran dioses en sí mismos), todo el suelo les pertenecía legalmente, configurando un control estatal absoluto.

 

Mecanismos de gestión y control

·         El sistema de usufructo: El Estado prestaba las parcelas a los campesinos. Estos podían utilizarlas y vivir de ellas, pero debían abonar un alto porcentaje del grano tras la cosecha como impuesto obligatorio.

 

·         La invención del catastro: En Egipto, las inundaciones del Nilo borraban anualmente las lindes de los campos. Los topógrafos reales (tensores de cuerda) reconfiguraban las parcelas con precisión matemática, dando origen a la geometría y registrando los datos en papiros para evitar fraudes fiscales.

 

·         La centralización del templo: En Mesopotamia, el centro económico era el templo (zigurat). Los escribas anotaban las raciones entregadas a la población en tablillas de arcilla, inventando la escritura con fines contables. Este rígido aparato burocrático era necesario para coordinar las macroobras hidráulicas (canales y diques) esenciales para la supervivencia colectiva.

 

3. El Mundo Clásico: El derecho del ciudadano y la propiedad privada

Grecia: La Polis y el control de la tiranía (Siglo VI a.C.)

La fragmentación geográfica de Grecia fomentó la aparición de las Polis (ciudades-estado independientes). En Atenas nació el concepto de ciudadano (en contraposición al súbdito oriental), garantizando la igualdad de los varones libres ante la ley y la participación directa en la toma de decisiones mediante la Asamblea (Ekklesía).

Para salvaguardar la democracia frente a líderes ambiciosos que pretendieran convertirse en reyes o tiranos, implementaron el Ostracismo. Este juicio político anual permitía a los ciudadanos escribir en un trozo de cerámica (óstracon) el nombre de un político influyente para desterrarlo de la ciudad durante 10 años de manera preventiva. No obstante, el sistema poseía grandes exclusiones, pues marginaba a mujeres y extranjeros, además de depender económicamente de la mano de obra esclava.

Roma: El origen del Derecho Civil (Siglo II a.C. - V d.C.)

Los romanos sustituyeron su monarquía por la República, un sofisticado entramado de control institucional integrado por Cónsules, el Senado y los comicios plebeyos. El gran hito de Roma fue la creación del Derecho Romano, que introdujo conceptos civiles vigentes en la actualidad:

·         El Dominium: El derecho de propiedad privada absoluto, abstracto y desvinculado de fines religiosos. El dueño poseía la potestad de vender, legar o abandonar el bien.

 

·         La Presunción de Inocencia: Delimitada por el principio In dubio pro reo, dictaminó que la carga de la prueba recae en la parte acusadora.

 

·         Lealtad a los generales: Este sistema colapsó debido al éxito militar. Las riquezas agrarias se concentraron en inmensos latifundios aristocráticos trabajados por esclavos, arruinando al campesinado libre. Los soldados profesionales comenzaron a rendir lealtad a sus generales, quienes les garantizaban dinero y tierras al licenciarse, en lugar de al Estado, permitiendo a Julio César cruzar el río Rubicón, desatar la guerra civil y sentar las bases del posterior Imperio absolutista

 

4. La Edad Media: El Feudalismo y la Iglesia como potencia territorial

Tras la caída del Imperio Romano, la inseguridad forzó un modelo donde los reyes cedían tierras a nobles y obispos a cambio de lealtad militar, atando a los campesinos al suelo bajo la condición de siervos de la gleba. La Iglesia Católica se erigió en el mayor propietario de tierras cultivables de Europa centralizando su patrimonio mediante diversos mecanismos:

1.    Las Manos Muertas: Por ley eclesiástica, los bienes que ingresaban en la Iglesia eran declarados inalienables. No se podían vender, dividir ni embargar, asegurando que el patrimonio territorial creciera de forma continua.

 

2.    Donaciones piadosas: Reyes y nobles cedían tierras, fincas o monasterios en sus testamentos como penitencia para garantizar que los monjes rezaran por la salvación de sus almas.

 

 

3.    El sistema de primogenitura: Debido al mayorazgo noble, los hijos menores (segundones) quedaban desheredados. Las familias compraban puestos eclesiásticos relevantes (obispados o abadías) para ellos, transfiriendo tierras a la institución de modo permanente.

 

4.    La estructura del Derecho Canónico: Copiando el sistema romano, los Papas emitieron leyes (decretales) e instituyeron juzgados eclesiásticos. Así asumieron el control de contratos civiles críticos como los matrimonios y las herencias, validando testamentos en favor de sus diócesis. Incluso recurrieron a manipulaciones históricas documentales como la Donación de Constantino (un texto falso del siglo VIII) para adjudicarse el dominio político y territorial de la mitad occidental del antiguo Imperio.

 

5. La Edad Moderna: Estados autoritarios, bulas papales y piratería

El fortalecimiento de las monarquías (Siglos XIV - XV)

Los monarcas de la Baja Edad Media centralizaron su autoridad amparados en el Derecho Romano redescubierto en universidades como Bolonia. Valiéndose de la máxima de que la voluntad del rey tiene fuerza de ley, instituyeron burocracias laicas y ejércitos profesionales, limitando los fueros de los tribunales pontificios e imponiendo aranceles a la adquisición de nuevas propiedades por parte del clero.

El reparto de América

Tras el descubrimiento de 1492, la Corona de Castilla recurrió al arbitraje internacional del Papa Alejandro VI para legitimar sus derechos frente a Portugal. El pontífice emitió las Bulas Alejandrinas (1493), donando la exclusividad y propiedad de las tierras nuevas occidentales a cambio de la obligación de financiar la evangelización de los nativos.

Para formalizar esta soberanía sobre el terreno, se redactó el Requerimiento (1513), un acta formal leída a los indígenas en castellano; si estos no se sometían formalmente a la Iglesia y al Rey, el documento otorgaba cobertura legal para hacerles la guerra, esclavizarlos y expropiar sus bienes.

La réplica internacional

Reinos como Francia e Inglaterra impugnaron el dictamen papal. Francisco I de Francia exigió irónicamente ver "la cláusula del testamento de Adán" que lo excluía del reparto mundial. Con la Reforma Protestante, Inglaterra desconoció las bulas de Roma, colonizando el norte de América y financiando de forma encubierta a marinos independientes mediante Patentes de Corso (corsarios) para romper de manera armada el monopolio comercial español en el Caribe.

 

6. La Edad Contemporánea: Las grandes Desamortizaciones liberales

La Revolución Francesa (1789)

El advenimiento de la burguesía desmanteló el régimen feudal de propiedad. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente nacionalizó todos los bienes de la Iglesia Católica, transformándolos en "Bienes Nacionales" destinados a subasta pública. El clero regular fue disuelto y los sacerdotes pasaron a ser funcionarios remunerados por el Estado (Configuración Civil del Clero), despojándolos además de la potestad sobre los registros de nacimientos, matrimonios y decesos, que pasaron al ámbito civil municipal.

El proceso desamortizador en España (Siglo XIX)

Inspirados en el modelo francés, los gobiernos liberales españoles decretaron la expropiación forzosa de terrenos amortizados para reintroducirlos en el mercado libre. Destacan dos hitos:

·         Desamortización de Mendizábal (1836-1837): Dirigida contra el clero regular (monasterios y conventos), cuyos bienes fueron incautados para financiar las Guerras Carlistas y aminorar la deuda pública del Estado.

 

·         Desamortización de Madoz (1855): De carácter general, afectó al clero secular y, principalmente, a los bienes demaniales y comunales de los ayuntamientos (bosques y prados municipales).

 

El proceso consolidó el fenómeno del latifundismo en regiones como Andalucía o Extremadura, dado que las tierras se subastaron en lotes de gran envergadura adquiridos por la burguesía adinerada, perjudicando al campesinado humilde que perdió el usufructo gratuito de los montes comunales. Tras una ruptura diplomática, el Estado compensó a la Iglesia comprometiéndose a financiar económicamente los gastos del clero.

 

7. El Siglo XX: La era de los hidrocarburos y la geometría geopolítica

La Segunda Revolución Industrial modificó el eje de valor de la tierra, supeditando la producción agrícola a los recursos energéticos del subsuelo (petróleo). El colapso del Imperio Otomano permitió a Gran Bretaña y Francia delimitar las fronteras de Oriente Medio mediante el secreto Acuerdo Sykes-Picot (1916).

 

Estas líneas divisorias artificiales prescindieron de la historia y demografía local, uniendo de manera forzosa a facciones religiosas antagónicas o fragmentando a comunidades como la kurda, lo que derivó en una inestabilidad estructural caracterizada por dictaduras autocráticas y guerras por los recursos durante el resto del siglo XX.

 

8. El Siglo XXI: Pluralidad de modelos de gestión territorial y fiscalidad

En el escenario global contemporáneo conviven doctrinas de propiedad totalmente opuestas al liberalismo corporativo occidental:

El modelo estatista colectivista (China)

La propiedad privada de la tierra es jurídicamente inexistente. El suelo se cataloga en Urbano (titularidad exclusiva del Estado; los particulares adquieren derechos de usufructo limitados a plazos de 70 años prorrogables) y Rural (propiedad colectiva controlada por juntas de aldeas, donde las familias explotan agrariamente los terrenos bajo contratos de larga duración pero mantienen la prohibición absoluta de enajenar o vender el suelo).

El mercado inmobiliario híbrido (Cuba)

Tras medio siglo de prohibición absoluta de la compraventa civil (restringida a la "permuta" directa autorizada por el régimen), el Decreto-Ley 288 de 2011 legalizó la transferencia onerosa de viviendas entre particulares. Con todo, persisten directrices comunistas: el suelo es de propiedad estatal, el mercado se reserva principalmente a residentes fijos y se veta la acumulación ilimitada de inmuebles (máximo una vivienda habitual y dos de descanso). Además, la economía interna genera una paradoja, pues las transacciones reales se pactan informalmente en divisas extranjeras (remesas de la diáspora), sorteando los canales oficiales en pesos devaluados.

El modelo de custodia ancestral indígena

Para las comunidades aborígenes, la tierra no es un bien comercial. Rige la propiedad comunal, indivisible e inalienable coordinada por consejos de ancianos. Países como Canadá o Colombia confieren coberturas legales específicas a estas demanialidades a través de Reservas o Resguardos, otorgándoles autonomía jurídica, policía comunitaria interna y exenciones de impuestos estatales para blindar el entorno frente a la explotación minera o inmobiliaria exterior.

El modelo Pragmático de Estado (Singapur)

Singapur aplica un exitoso modelo de "capitalismo de Estado" sobre el territorio. Tras una expropiación masiva iniciada en los años 60, el Estado pasó a poseer más del 90% del suelo de la isla. El gobierno construye y vende los apartamentos rascacielos residenciales (HDB) a los ciudadanos bajo contratos de arrendamiento de 99 años. El ciudadano es dueño legítimo de su vivienda y puede revenderla a precios regulados, pero el suelo sigue siendo estatal de forma perpetua. Este sistema evita la especulación inmobiliaria y ha permitido que el 80% de la clase media acceda a una vivienda en propiedad.

 

Situación fiscal de la Iglesia Católica actual (España)

·         Inmatriculaciones: Amparada en reformas históricas de la Ley Hipotecaria (1946 y 1998), la Iglesia inscribió miles de propiedades e inmuebles públicos a su nombre mediante certificaciones eclesiásticas unilaterales donde los obispos ejercían funciones notariales equivalentes.

 

·         Financiación del Clero: Los sacerdotes no perciben remuneraciones de los presupuestos estatales directos. Su asignación mensual (unos 900-1.000€) procede de la asignación tributaria voluntaria del IRPF (0,7%) marcada por los contribuyentes en la casilla de la Renta, y cotizan al Régimen General de la Seguridad Social.

 

·         Exención del IBI: Sujeta a la Ley de Mecenazgo (49/2002), la Iglesia no sufraga el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por edificios destinados al culto (iglesias y catedrales), residencias oficiales (monasterios) o centros de beneficencia (comedores de Cáritas). Esta norma ampara igualmente a ONG, partidos políticos, sindicatos y otras confesiones con acuerdos estatales. No obstante, la Iglesia sí debe liquidar el IBI por sus inmuebles con fines de explotación comercial ordinaria (locales o garajes alquilados).

 

·         Entradas turísticas: Monumentos de alta rentabilidad como la Sagrada Familia (que recauda aproximadamente 134,5 millones de euros anuales mediante tiques turísticos) reinvierten de manera oficial sus beneficios en sufragar las obras y el mantenimiento estructural. Tras los consensos logrados en 2023 con la Unión Europea, las diócesis están obligadas a tributar el IVA devengado de la explotación turística de sus templos patrimoniales.

El recorrido histórico evidencia que el ser humano ha transformado el territorio en un tablero de poder: empezamos como nómadas en un mundo sin líneas divisorias, y hoy cada metro cuadrado del planeta está monitorizado por satélite, regulado por catastros digitales y condicionados por la geopolítica o la fiscalidad del Estado.

EL PELIGRO DE CONFIAR LA SOSTENIBILIDAD FISCAL A LA ARITMÉTICA MACROECONÓMICA

 

Leo un artículo en DinámicaMonetaria donde el análisis que se plantea versa sobre la importancia del diferencial entre el tipo de interés real y la tasa de crecimiento (\(r - g\)) para medir la sostenibilidad de la deuda. Desde un punto de vista estrictamente contable, es  impecable. Es matemáticamente cierto que si una economía crece a un ritmo superior al coste de su deuda, el ratio deuda/PIB puede estabilizarse o incluso reducirse de forma orgánica, admitiendo ciertos márgenes de déficit primario.

Sin embargo, desvincular esta fórmula de sus causas y efectos estructurales introduce un sesgo metodológico peligroso. Confiar ciegamente en la aritmética del diferencial \((r - g)\) como patente de corso para mantener altos niveles de endeudamiento ignora tres realidades económicas fundamentales desde una perspectiva liberal:

1. La falacia de los tipos de interés de mercado:
La variable \(r\) (el tipo de interés) rara vez es un reflejo puro del libre mercado en las economías hiperendeudadas. Con frecuencia, un diferencial favorable es el resultado de la intervención de los bancos centrales mediante políticas monetarias expansivas o mecanismos de represión financiera. Mantener los tipos artificialmente bajos para abaratar la deuda pública distorsiona el mecanismo de precios, destruye el poder adquisitivo del ahorro a través de la inflación y penaliza la capitalización de la economía.

2. El "efecto expulsión" (Crowding Out) sobre el crecimiento potencial:
La variable \(g\) (el crecimiento) no es independiente del nivel de deuda. Un sector público sobredimensionado absorbe un capital financiero y humano que debería nutrir al sector privado productivo. Al detraer recursos de la inversión privada —que asigna el capital con criterios de eficiencia y rentabilidad— para financiar gasto público ineficiente, se termina deprimiendo el crecimiento potencial a largo plazo. La deuda de hoy es, irremediablemente, un impuesto diferido que lastrará el \(g\) del mañana.

3. La asimetría del riesgo y la vulnerabilidad ante shocks:
Fiar la solvencia de un país a que el crecimiento siempre supere al coste de la deuda es una temeridad cíclica. El crecimiento (\(g\)) es una variable altamente volátil, sujeta a la demografía, la productividad y los shocks externos. Si la economía entra en recesión o los mercados corrigen al alza la prima de riesgo soberano superando al crecimiento, la dinámica matemática se invierte instantáneamente. Lo que en el papel parecía un equilibrio sostenible se transforma, sin margen de reacción, en una crisis fiscal y en un rescate inevitable.

El espejismo español y la advertencia de la AIReF

El caso de España ilustra perfectamente este espejismo. En los últimos años, el ratio deuda/PIB español se ha reducido de forma contable gracias a un diferencial temporalmente favorable, impulsado de forma notable por la inflación (que infla el PIB nominal en el denominador). Sin embargo, la deuda real en valores absolutos no ha dejado de crecer hasta rebasar los 1,7 billones de euros.

Confiar la sostenibilidad a esta dinámica coyuntural es un error que los organismos independientes ya están desmontando. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en sus proyecciones de sostenibilidad a largo plazo, ha advertido de que los cumplimientos formales de las reglas de gasto a corto plazo no garantizan la salud fiscal del país.

La inercia demográfica y la reforma del sistema de pensiones en España —cuyo gasto bruto escalará hasta el 16,4% del PIB en 2050— revertirán cualquier viento macroeconómico favorable. La AIReF proyecta que, a partir de 2035, el incremento de los déficits estructurales provocará que la bola de nieve de los intereses crezca por sí sola, disparando la deuda pública hasta el 123% del PIB de no mediar nuevas medidas fiscales.

La falacia del "crecimiento sin sacrificio"

El artículo concluye con una afirmación tan seductora como peligrosa: la promesa de que nuestros nietos no tendrán que hacer sacrificios si vivimos en una economía que crece de forma sostenible gracias a esta aritmética. Ante la pregunta de si nos suena algún país que esté logrando este proceso, la respuesta histórica y empírica es clara: ninguno.

Fiar el bienestar de las próximas generaciones a que las variables macroeconómicas se alineen perpetuamente a nuestro favor es un acto de irresponsabilidad fiscal. Confundir el crecimiento nominal a corto plazo (inflado por el gasto público y la devaluación monetaria) con la verdadera "sostenibilidad" es el mismo error que cometieron economías como la griega antes de la crisis de 2010: creer que el dinero barato duraría para siempre.

Desengañémonos: la deuda de hoy es el impuesto de mañana. Si el Estado absorbe los recursos presentes para financiar gasto corriente ineficiente, nuestros nietos sí harán sacrificios. Los harán en forma de una economía con menor inversión privada, salarios estancados, mayor presión fiscal para pagar los intereses de la mochila que les dejamos y unos servicios públicos asfixiados por el peso de la deuda.

Conclusión

La ecuación de sostenibilidad fiscal no debe utilizarse como un analgésico político para postergar las reformas estructurales necesarias. A medida que los títulos de deuda antiguos venzan y el Tesoro deba refinanciar la cartera a los tipos de interés actuales (muy superiores a los de la década pasada), el coste financiero del Estado (\(r\)) subirá de forma sostenida.

Para un liberal, la única vía genuina, sana y duradera para lograr que el crecimiento supere al coste de la deuda es la disciplina fiscal, la desregulación, la reducción del gasto público improductivo y el protagonismo de la iniciativa privada. La estabilidad económica no se decreta mediante la manipulación de variables macroeconómicas; se construye liberando las fuerzas de la producción.

CREAR DINERO SIEMPRE PROVOCA INFLACIÓN, PERO NO SIEMPRE DONDE LA BUSCAMOS

 

Existe una idea muy extendida en economía y política, si los bancos centrales “imprimen dinero”, los precios inevitablemente se disparan. La lógica parece sencilla ya que si hay más dinero persiguiendo los mismos bienes, esos bienes se encarecen.

Sin embargo, la realidad es más compleja.

Durante más de una década, especialmente tras la crisis financiera de 2008, los principales bancos centrales expandieron enormemente la cantidad de dinero. Y aun así, durante años, la inflación en bienes de consumo se mantuvo relativamente contenida.

Entonces surge la pregunta: si se creó tanto dinero, ¿por qué no vimos hiperinflación en supermercados, restaurantes o salarios?

La respuesta exige entender dos cosas fundamentales, cómo se crea realmente el dinero, y hacia dónde fluye ese dinero.

En las economías modernas, el dinero no lo crea solo el banco central imprimiendo billetes. Gran parte surge cuando los bancos comerciales conceden crédito.

Cuando un banco concede una hipoteca o un préstamo empresarial, crea nuevo dinero bancario que aparece en la cuenta del prestatario. El banco central, por su parte, influye indirectamente mediante tipos de interés, provisión de reservas o programas de compra de activos.

Este proceso suele resumirse con la ecuación cuantitativa:

MV = PY

Donde M es la cantidad de dinero, V su velocidad de circulación, P el nivel de precios e Y la producción real.

Si aumenta M y V se mantiene constante, la presión acaba recayendo sobre los precios (P) especialmente si la producción real (Y) no crece al mismo ritmo. Por eso, más dinero no garantiza más inflación inmediata si ese dinero no circula con rapidez y aquí está el matiz clave, no basta con aumentar M; también importa qué ocurre con V.

Porque el dinero puede crearse y sin embargo no circular.

Tras la crisis de 2008, la Reserva Federal, el BCE y otros bancos centrales expandieron masivamente sus balances. Muchos anticiparon inflación inmediata, pero no ocurrió en el consumo.

¿Por qué?

Porque gran parte del dinero no se tradujo en gasto directo ya que los hogares redujeron consumo, los bancos endurecieron crédito, las empresas acumularon liquidez.

La velocidad del dinero cayó.

En términos sencillos, se creó dinero, pero no rotó con intensidad en la economía real.

Aquí encaja la idea keynesiana de la preferencia por la liquidez dónde en entornos de incertidumbre, los agentes prefieren conservar dinero antes que gastarlo.

Ahora bien, que la inflación no aparezca de inmediato en el IPC no significa que no exista.

La creación monetaria no respaldada por ahorro real tiende, tarde o temprano, a generar inflación.

Pero esa inflación no siempre aparece donde se espera.

En la práctica, lo que hemos observado es que el exceso de liquidez ha tendido a desplazarse hacia los activos.

Durante años vimos fuertes subidas en las bolsas, bonos, activos tecnológicos,
y especialmente vivienda.

Es decir, la inflación no desapareció; cambió de canal.

Los tipos de interés extremadamente bajos empujaron a inversores a buscar rentabilidad en activos cada vez más caros. La abundancia de dinero no impulsó tanto el consumo como la valoración de activos financieros y patrimoniales.

Largos periodos de dinero barato fomentan más riesgo, más endeudamiento y dinámicas especulativas.

Uno de los ejemplos más claros es el mercado inmobiliario.

Cuando los tipos bajan, las hipotecas se abaratan, aumenta la capacidad de endeudamiento, y más dinero compite por el mismo número de viviendas.

Si además la oferta es rígida y la vivienda se convierte en activo de inversión, los precios se disparan.

El resultado es evidente pues parte del dinero creado no encareció el pan, pero sí encareció los pisos.

Y eso tiene consecuencias profundas, como dificultad de acceso a la vivienda,
aumento de la desigualdad, concentración de riqueza en propietarios de activos.

El dinero nuevo no entra de forma uniforme en la economía. Los primeros receptores (sector financiero, grandes inversores, administraciones) se benefician antes de que los precios suban.

Los últimos (asalariados, ahorradores) soportan el encarecimiento sin haber capturado ese beneficio inicial.

Por eso, incluso con inflación moderada en el IPC, pueden aumentar las desigualdades.

El problema es que muchas veces el análisis se centra únicamente en el índice de precios al consumo.

Pero la inflación puede manifestarse de distintas formas: en bienes y servicios,

en activos financieros, en vivienda, o en la propia expansión monetaria.

Mirar solo el IPC es observar una parte del fenómeno, no su totalidad.

Por eso, la cuestión clave no es únicamente cuánto dinero se crea.

Es hacia dónde va.

La creación monetaria puede no generar inflación inmediata en los bienes de consumo, pero eso no implica ausencia de inflación. En muchos casos, simplemente se desplaza apareciendo primero en los activos, en el crédito o en el precio de la vivienda, y solo más tarde, o de forma indirecta, en el consumo.

Entender ese recorrido es esencial para interpretar correctamente la economía actual.

Porque el dinero que hoy no presiona el precio del pan puede estar inflando silenciosamente el precio de los activos, distorsionando la asignación de capital y ampliando la brecha patrimonial.

Y probablemente ahí se encuentra una de las claves del funcionamiento del capitalismo financiero contemporáneo.

El efecto perverso de las buenas intenciones

Gran parte de las políticas monetarias expansivas de las últimas décadas no nacieron únicamente para rescatar bancos o sostener mercados financieros. En muchos casos, también respondían a una intención legítima, como intentar evitar crisis económicas más profundas, sostener el empleo y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Gobiernos y bancos centrales trataron de impedir colapsos económicos mediante:

• tipos de interés bajos,
• expansión del crédito,
• estímulos monetarios,
• y enormes inyecciones de liquidez.

Y, en cierta medida, lograron estabilizar el sistema.

Sin embargo, existe una paradoja difícil de ignorar.

Cuando grandes cantidades de dinero nuevo entran en la economía financiera antes que en la economía productiva, parte de ese capital termina concentrándose en activos como acciones y vivienda.

El resultado es que políticas diseñadas para aliviar desigualdades pueden acabar alimentando otras nuevas.

Porque mientras los precios de muchos bienes cotidianos permanecían relativamente estables, el acceso a activos esenciales como la vivienda se volvía cada vez más difícil para amplias capas de la población.

Las consecuencias están hoy a la vista:

• jóvenes incapaces de comprar vivienda,
• alquileres absorbiendo una parte creciente de los salarios,
• familias obligadas a endeudarse durante décadas,
• y una creciente brecha entre quienes poseen activos y quienes dependen únicamente de su trabajo.

La ironía es evidente: el dinero creado para sostener el sistema y ayudar a los más vulnerables puede terminar elevando precisamente el coste de uno de los bienes más esenciales para vivir dignamente.

Y quizá ahí reside uno de los grandes dilemas económicos y políticos de nuestro tiempo: cómo estimular la economía sin convertir los activos básicos, como la vivienda, en instrumentos de especulación financiados por exceso de liquidez.

Porque al final, la pregunta no es solo cuánto dinero se crea.

La pregunta verdaderamente importante es: quién recibe primero ese dinero, dónde termina circulando y quién acaba pagando las consecuencias.

Este artículo fue publicado el lunes 25 de mayo en el periódico digital local Fet a Sant Feliu:

https://www.fetasantfeliu.cat/opinio/108967/crear-dinero-siempre-provoca-inflacion-pero-no-siempre-donde-la-buscamos

¿ HACIA DONDE VA TODO ESE CEMENTO ? EL "DESACOPLAMIENTO" DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2026

 

España está consumiendo cemento como en los años del boom inmobiliario.
Pero hay algo que no cuadra: la vivienda no está creciendo al mismo ritmo.

En el primer trimestre de 2026, el consumo de cemento ha aumentado casi un 28%. Es una cifra muy llamativa, que a primera vista podría hacernos pensar en un nuevo ciclo de construcción de viviendas.

Sin embargo, cuando miramos otros datos, la historia cambia.

Los visados de obra nueva y las viviendas iniciadas apenas han crecido. Se mantienen en niveles moderados, muy lejos de acompañar la fuerte subida del cemento.

Entonces, la pregunta es inevitable: si el cemento se dispara, pero la vivienda no… ¿a dónde va todo ese hormigón?

Antes era sencillo: más cemento = más viviendas

Durante años, la relación era bastante directa. Cuando aumentaba el consumo de cemento, también lo hacía la construcción de viviendas. Era uno de los indicadores más fiables del ciclo inmobiliario.

Pero ahora esa relación se ha debilitado.

Hoy vemos cómo el cemento crece con fuerza, mientras la vivienda se mantiene estable o avanza mucho más lentamente. Es lo que podríamos llamar un “desacoplamiento”.

Y eso suele ser señal de que algo está cambiando.

La clave está fuera del sector residencial

La respuesta no está en los pisos, sino en otro tipo de construcción.

Por un lado, están las infraestructuras: carreteras, líneas ferroviarias, proyectos energéticos… Muchos de estos proyectos, impulsados por fondos europeos, están ahora en plena fase de ejecución.

Por otro lado, está la logística y la industria.
El crecimiento del comercio electrónico, los centros de datos y nuevas instalaciones industriales está generando una gran demanda de naves y plataformas. Y este tipo de proyectos utiliza enormes cantidades de hormigón.

Es decir: el cemento no ha dejado de usarse. Lo que ha cambiado es para qué se usa.

No es un nuevo boom inmobiliario

Aunque los datos puedan recordar a otras épocas, lo que estamos viendo no es una nueva expansión de la vivienda.

La construcción residencial sigue ahí, pero no es el motor principal del crecimiento.

El impulso viene de infraestructuras, logística y proyectos industriales.

Hay menos protagonismo de las promociones de vivienda, y más peso de inversiones ligadas a la actividad económica.

 

Un cambio que puede ser importante

Este cambio puede parecer técnico, pero tiene implicaciones relevantes.

Significa que el crecimiento del sector ya no depende tanto de la vivienda como en el pasado. En su lugar, está más vinculado a inversión pública, transformación industrial y cambios en la economía.

En otras palabras: no es que no se construyan casas, es que el crecimiento está en otra parte.

Y esa diferencia, aun que sutil, lo cambia todo.