jueves, 28 de mayo de 2026

CREAR DINERO SIEMPRE PROVOCA INFLACIÓN, PERO NO SIEMPRE DONDE LA BUSCAMOS

 

Existe una idea muy extendida en economía y política, si los bancos centrales “imprimen dinero”, los precios inevitablemente se disparan. La lógica parece sencilla ya que si hay más dinero persiguiendo los mismos bienes, esos bienes se encarecen.

Sin embargo, la realidad es más compleja.

Durante más de una década, especialmente tras la crisis financiera de 2008, los principales bancos centrales expandieron enormemente la cantidad de dinero. Y aun así, durante años, la inflación en bienes de consumo se mantuvo relativamente contenida.

Entonces surge la pregunta: si se creó tanto dinero, ¿por qué no vimos hiperinflación en supermercados, restaurantes o salarios?

La respuesta exige entender dos cosas fundamentales, cómo se crea realmente el dinero, y hacia dónde fluye ese dinero.

En las economías modernas, el dinero no lo crea solo el banco central imprimiendo billetes. Gran parte surge cuando los bancos comerciales conceden crédito.

Cuando un banco concede una hipoteca o un préstamo empresarial, crea nuevo dinero bancario que aparece en la cuenta del prestatario. El banco central, por su parte, influye indirectamente mediante tipos de interés, provisión de reservas o programas de compra de activos.

Este proceso suele resumirse con la ecuación cuantitativa:

MV = PY

Donde M es la cantidad de dinero, V su velocidad de circulación, P el nivel de precios e Y la producción real.

Si aumenta M y V se mantiene constante, la presión acaba recayendo sobre los precios (P) especialmente si la producción real (Y) no crece al mismo ritmo. Por eso, más dinero no garantiza más inflación inmediata si ese dinero no circula con rapidez y aquí está el matiz clave, no basta con aumentar M; también importa qué ocurre con V.

Porque el dinero puede crearse y sin embargo no circular.

Tras la crisis de 2008, la Reserva Federal, el BCE y otros bancos centrales expandieron masivamente sus balances. Muchos anticiparon inflación inmediata, pero no ocurrió en el consumo.

¿Por qué?

Porque gran parte del dinero no se tradujo en gasto directo ya que los hogares redujeron consumo, los bancos endurecieron crédito, las empresas acumularon liquidez.

La velocidad del dinero cayó.

En términos sencillos, se creó dinero, pero no rotó con intensidad en la economía real.

Aquí encaja la idea keynesiana de la preferencia por la liquidez dónde en entornos de incertidumbre, los agentes prefieren conservar dinero antes que gastarlo.

Ahora bien, que la inflación no aparezca de inmediato en el IPC no significa que no exista.

La creación monetaria no respaldada por ahorro real tiende, tarde o temprano, a generar inflación.

Pero esa inflación no siempre aparece donde se espera.

En la práctica, lo que hemos observado es que el exceso de liquidez ha tendido a desplazarse hacia los activos.

Durante años vimos fuertes subidas en las bolsas, bonos, activos tecnológicos,
y especialmente vivienda.

Es decir, la inflación no desapareció; cambió de canal.

Los tipos de interés extremadamente bajos empujaron a inversores a buscar rentabilidad en activos cada vez más caros. La abundancia de dinero no impulsó tanto el consumo como la valoración de activos financieros y patrimoniales.

Largos periodos de dinero barato fomentan más riesgo, más endeudamiento y dinámicas especulativas.

Uno de los ejemplos más claros es el mercado inmobiliario.

Cuando los tipos bajan, las hipotecas se abaratan, aumenta la capacidad de endeudamiento, y más dinero compite por el mismo número de viviendas.

Si además la oferta es rígida y la vivienda se convierte en activo de inversión, los precios se disparan.

El resultado es evidente pues parte del dinero creado no encareció el pan, pero sí encareció los pisos.

Y eso tiene consecuencias profundas, como dificultad de acceso a la vivienda,
aumento de la desigualdad, concentración de riqueza en propietarios de activos.

El dinero nuevo no entra de forma uniforme en la economía. Los primeros receptores (sector financiero, grandes inversores, administraciones) se benefician antes de que los precios suban.

Los últimos (asalariados, ahorradores) soportan el encarecimiento sin haber capturado ese beneficio inicial.

Por eso, incluso con inflación moderada en el IPC, pueden aumentar las desigualdades.

El problema es que muchas veces el análisis se centra únicamente en el índice de precios al consumo.

Pero la inflación puede manifestarse de distintas formas: en bienes y servicios,
en activos financieros, en vivienda, o en la propia expansión monetaria.

Mirar solo el IPC es observar una parte del fenómeno, no su totalidad.

Por eso, la cuestión clave no es únicamente cuánto dinero se crea.

Es hacia dónde va.

La creación monetaria puede no generar inflación inmediata en los bienes de consumo, pero eso no implica ausencia de inflación. En muchos casos, simplemente se desplaza apareciendo primero en los activos, en el crédito o en el precio de la vivienda, y solo más tarde, o de forma indirecta, en el consumo.

Entender ese recorrido es esencial para interpretar correctamente la economía actual.

Porque el dinero que hoy no presiona el precio del pan puede estar inflando silenciosamente el precio de los activos, distorsionando la asignación de capital y ampliando la brecha patrimonial.

Y probablemente ahí se encuentra una de las claves del funcionamiento del capitalismo financiero contemporáneo.

El efecto perverso de las buenas intenciones

Gran parte de las políticas monetarias expansivas de las últimas décadas no nacieron únicamente para rescatar bancos o sostener mercados financieros. En muchos casos, también respondían a una intención legítima, como intentar evitar crisis económicas más profundas, sostener el empleo y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Gobiernos y bancos centrales trataron de impedir colapsos económicos mediante:

  • tipos de interés bajos,
  • expansión del crédito,
  • estímulos monetarios,
  • y enormes inyecciones de liquidez.

Y, en cierta medida, lograron estabilizar el sistema.

Sin embargo, existe una paradoja difícil de ignorar.

Cuando grandes cantidades de dinero nuevo entran en la economía financiera antes que en la economía productiva, parte de ese capital termina concentrándose en activos como acciones y vivienda.

El resultado es que políticas diseñadas para aliviar desigualdades pueden acabar alimentando otras nuevas.

Porque mientras los precios de muchos bienes cotidianos permanecían relativamente estables, el acceso a activos esenciales como la vivienda se volvía cada vez más difícil para amplias capas de la población.

Las consecuencias están hoy a la vista:

  • jóvenes incapaces de comprar vivienda,
  • alquileres absorbiendo una parte creciente de los salarios,
  • familias obligadas a endeudarse durante décadas,
  • y una creciente brecha entre quienes poseen activos y quienes dependen únicamente de su trabajo.

La ironía es evidente: el dinero creado para sostener el sistema y ayudar a los más vulnerables puede terminar elevando precisamente el coste de uno de los bienes más esenciales para vivir dignamente.

Y quizá ahí reside uno de los grandes dilemas económicos y políticos de nuestro tiempo: cómo estimular la economía sin convertir los activos básicos, como la vivienda, en instrumentos de especulación financiados por exceso de liquidez.

Porque al final, la pregunta no es solo cuánto dinero se crea.

La pregunta verdaderamente importante es: quién recibe primero ese dinero, dónde termina circulando y quién acaba pagando las consecuencias.

Este artículo fue publicado el lunes 25 de mayo en el periódico digital local Fet a Sant Feliu:

https://www.fetasantfeliu.cat/opinio/108967/crear-dinero-siempre-provoca-inflacion-pero-no-siempre-donde-la-buscamos


viernes, 17 de abril de 2026

¿ HACIA DONDE VA TODO ESE CEMENTO ? EL "DESACOPLAMIENTO" DE LA CONSTRUCCIÓN EN 2026

 














España está consumiendo cemento como en los años del boom inmobiliario.
Pero hay algo que no cuadra: la vivienda no está creciendo al mismo ritmo.

En el primer trimestre de 2026, el consumo de cemento ha aumentado casi un 28%. Es una cifra muy llamativa, que a primera vista podría hacernos pensar en un nuevo ciclo de construcción de viviendas.

Sin embargo, cuando miramos otros datos, la historia cambia.










Los visados de obra nueva y las viviendas iniciadas apenas han crecido. Se mantienen en niveles moderados, muy lejos de acompañar la fuerte subida del cemento.

Entonces, la pregunta es inevitable: si el cemento se dispara, pero la vivienda no… ¿a dónde va todo ese hormigón?

Antes era sencillo: más cemento = más viviendas

Durante años, la relación era bastante directa. Cuando aumentaba el consumo de cemento, también lo hacía la construcción de viviendas. Era uno de los indicadores más fiables del ciclo inmobiliario.

Pero ahora esa relación se ha debilitado.

Hoy vemos cómo el cemento crece con fuerza, mientras la vivienda se mantiene estable o avanza mucho más lentamente. Es lo que podríamos llamar un “desacoplamiento”.

Y eso suele ser señal de que algo está cambiando.

La clave está fuera del sector residencial

La respuesta no está en los pisos, sino en otro tipo de construcción.

Por un lado, están las infraestructuras: carreteras, líneas ferroviarias, proyectos energéticos… Muchos de estos proyectos, impulsados por fondos europeos, están ahora en plena fase de ejecución.

Por otro lado, está la logística y la industria.
El crecimiento del comercio electrónico, los centros de datos y nuevas instalaciones industriales está generando una gran demanda de naves y plataformas. Y este tipo de proyectos utiliza enormes cantidades de hormigón.

Es decir: el cemento no ha dejado de usarse. Lo que ha cambiado es para qué se usa.

No es un nuevo boom inmobiliario

Aunque los datos puedan recordar a otras épocas, lo que estamos viendo no es una nueva expansión de la vivienda.

La construcción residencial sigue ahí, pero no es el motor principal del crecimiento.

El impulso viene de infraestructuras, logística y proyectos industriales.

Hay menos protagonismo de las promociones de vivienda, y más peso de inversiones ligadas a la actividad económica.

 

Un cambio que puede ser importante

Este cambio puede parecer técnico, pero tiene implicaciones relevantes.

Significa que el crecimiento del sector ya no depende tanto de la vivienda como en el pasado. En su lugar, está más vinculado a inversión pública, transformación industrial y cambios en la economía.

En otras palabras: no es que no se construyan casas, es que el crecimiento está en otra parte.

Y esa diferencia, aun que sutil, lo cambia todo.





domingo, 18 de enero de 2026

DESMENTIDO VIRAL: LA VERDAD SOBRE LOS PRODUCTOS MARROQUIES, LOS CONTROLES SANITARIOS Y LA COMPETENCIA DESLEAL

 

Introducción

En las últimas semanas ha vuelto a circular en redes sociales un mensaje viral que afirma que los productos agrícolas procedentes de Marruecos no pasan controles sanitarios en España y que pueden identificarse fácilmente por el prefijo “611” en el código de barras. Aunque estas afirmaciones han sido desmentidas por el Ministerio de Agricultura español, la Comisión Europea y organismos de verificación como Maldita.es o EFE Verifica, el bulo sigue propagándose.

La persistencia de este mensaje no es casual. Mezcla información falsa con una preocupación real y legítima del sector agrícola español: la desigualdad de condiciones frente a competidores extracomunitarios. Para entender el debate, es necesario separar claramente la desinformación del problema estructural real.

El bulo: código de barras 611 y supuesta exención de controles

El mensaje viral sostiene dos ideas principales:

  1. Que los productos marroquíes se identifican por códigos de barras que comienzan por “611”.
  2. Que dichos productos no están sujetos a controles sanitarios al entrar en España.

Ambas afirmaciones son falsas.

Qué significa realmente el prefijo 611

El prefijo “611” de un código de barras no indica el país de origen del producto. Únicamente señala que la empresa que ha registrado ese código está adscrita a GS1 Marruecos, la organización que gestiona la asignación de códigos comerciales en ese país.

Esto es exactamente lo mismo que ocurre con los códigos que comienzan por “84”, asignados por GS1 España: no garantizan que el producto sea español, ni que se haya cultivado, producido o envasado en España.

Según la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), los códigos de barras no permiten identificar el origen geográfico real de un producto. De hecho, una empresa española puede importar tomates de Marruecos y venderlos con un código que empiece por “84”, del mismo modo que una empresa marroquí puede comercializar productos con códigos asignados por otras filiales de GS1.

Utilizar los códigos de barras como prueba del origen o de la legalidad sanitaria de un producto es, sencillamente, incorrecto.

Los controles sanitarios sí existen y son obligatorios

Es igualmente falso que los productos agrícolas marroquíes estén exentos de controles sanitarios.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha negado explícitamente cualquier acuerdo que suprima inspecciones, recordando que todos los productos alimentarios procedentes de terceros países están sujetos a controles fronterizos obligatorios conforme a la normativa de la Unión Europea.

La Comisión Europea confirma que cualquier alimento comercializado en la UE, ya sea de producción interna o importado, debe cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias europeas.

Estos controles incluyen:

  • Control documental, para verificar la trazabilidad y la documentación del envío
  • Control de identidad, con frecuencias establecidas por reglamentos europeos
  • Control físico, que puede incluir inspecciones visuales y análisis de muestras

Conviene recordar, además, que la política comercial y aduanera es una competencia exclusiva de la Unión Europea según el Tratado de Lisboa. España no puede, de forma unilateral, eliminar ni modificar estos controles.

El problema real: competencia desleal por asimetría normativa

Si los controles sanitarios existen, ¿por qué protestan los agricultores españoles?
La respuesta no está en la inspección en frontera, sino en las condiciones de producción.

Diferencias estructurales en costes laborales

Los agricultores españoles están sujetos a salarios mínimos, convenios colectivos, cotizaciones sociales y estrictas normativas laborales. En otros países productores, como Marruecos, los costes salariales en el sector agrícola son muy inferiores, lo que genera una diferencia estructural difícil de compensar.

No se trata de una irregularidad, sino de modelos socioeconómicos distintos que compiten en un mismo mercado sin exigir las mismas obligaciones.

Uso de sustancias permitidas fuera de la UE

Otro punto clave es el marco fitosanitario. Marruecos autoriza el uso de determinadas sustancias fitosanitarias que están prohibidas en la Unión Europea por motivos medioambientales o de salud pública.

La UE controla que los productos importados no superen los límites máximos de residuos permitidos, pero el uso de estas sustancias en origen puede reducir significativamente los costes de producción y aumentar el rendimiento agrícola. Aunque el producto final cumpla los límites legales, la ventaja competitiva ya se ha producido durante el proceso productivo.

Controles fronterizos: obligatorios pero limitados en alcance

Los controles físicos y analíticos en frontera no se aplican a la totalidad del volumen importado, sino a una proporción limitada, definida por criterios de riesgo y frecuencia. Este sistema es legal y está armonizado a nivel europeo, pero el gran volumen de importaciones hace que no todos los envíos sean inspeccionados físicamente.

Esto no implica ausencia de control, pero sí alimenta la percepción de insuficiencia entre los productores europeos, especialmente cuando compiten con productos más baratos.

Políticas de apoyo y subsidios

Marruecos ha desarrollado políticas activas de apoyo a su sector agrícola, incluyendo subvenciones directas, ayudas a fertilizantes y programas de expansión productiva. Estas políticas, legítimas dentro de su marco nacional, contrastan con las restricciones presupuestarias y regulatorias a las que están sometidos muchos agricultores europeos.

Evolución del mercado: un cambio de liderazgo

Los datos comerciales reflejan este desequilibrio. En la última década, España ha perdido peso como principal proveedor de tomates en la UE, mientras Marruecos ha incrementado de forma sostenida sus exportaciones.

Este cambio no responde a un único factor, sino a la combinación de:

  • Diferencias de costes
  • Marco normativo desigual
  • Estrategias comerciales y acuerdos preferenciales

El Sáhara Occidental: un factor añadido de controversia

A finales de 2024, la UE modificó su acuerdo comercial con Marruecos, permitiendo que productos procedentes del Sáhara Occidental se beneficien de las mismas preferencias arancelarias. Esta decisión, ratificada en el Parlamento Europeo, sigue siendo objeto de debate jurídico y político tras sentencias previas del Tribunal de Justicia de la UE.

Diversos actores advierten de que esta ampliación podría incrementar aún más la superficie productiva disponible para exportación, intensificando la presión sobre los agricultores europeos.

Conclusión: desinformación y problema real no son lo mismo

El bulo del código de barras “611” es falso.
Los productos marroquíes sí pasan controles sanitarios obligatorios para entrar en la Unión Europea.

Pero eso no invalida la queja de fondo del sector agrícola español: la competencia se produce bajo reglas de producción distintas, con exigencias laborales, medioambientales y económicas muy superiores para los productores europeos.

Desmentir la desinformación es necesario.
Reconocer el problema estructural de competencia desleal también lo es.

Solo separando ambos planos —el del bulo y el del debate real— se puede abordar el problema con rigor y honestidad

sábado, 17 de enero de 2026

EL SALARIO MÍNIMO QUE NADIE DISCUTE

 

Por qué la crítica regional al SMI es más importante que la ideológica

La política del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha generado un debate intensamente polarizado. Economistas progresistas subrayan su papel redistributivo y su capacidad para reducir la pobreza laboral; economistas liberales advierten sobre la destrucción de empleo y la pérdida de competitividad. Ambos tienen parte de razón. Y, sin embargo, ambos evitan el verdadero problema: un SMI nacional único tiene efectos profundamente regionales, y esa contradicción genera desigualdades que ninguna de las dos posiciones pretendía crear.

1. El debate conocido (y por qué ya no basta)

Desde 2018, el SMI en España se ha incrementado aproximadamente un 61%, pasando de 735 € a 1.184 € mensuales. Sus defensores destacan que esta subida ha permitido mejorar los ingresos de cientos de miles de trabajadores y reducir la desigualdad salarial. Sus críticos señalan estimaciones —como las del Banco de España— que sitúan la destrucción o no creación de empleo asociada a la subida de 2019 en un rango aproximado de entre 90.000 y 170.000 puestos de trabajo.

Ambas afirmaciones pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y, de hecho, lo son. El problema es que el debate público se ha quedado anclado en este binomio —empleo versus redistribución— sin avanzar hacia una pregunta más incómoda y más relevante: ¿dónde y sobre quién recaen esos efectos?

2. El argumento que importa: la geografía silenciosa del SMI

Imaginemos dos trabajadores que cobran exactamente el SMI actual: 1.184 € mensuales. Uno vive en Extremadura; el otro, en la Comunidad de Madrid.

El trabajador extremeño percibe aproximadamente el 72,8% del salario medio de su región (en torno a 1.585 €). El madrileño, en cambio, percibe alrededor del 51% del salario medio de su comunidad (unos 2.320 €). Ambos cobran lo mismo. Ambos están sujetos a la misma norma. Pero ambos viven realidades económicas radicalmente distintas.

Para una pequeña empresa en Badajoz, una subida del SMI supone una presión directa sobre márgenes ya estrechos en un mercado poco dinámico. Para una empresa de servicios en Madrid, el mismo incremento suele integrarse con mayor facilidad en una estructura de costes más flexible y productiva. Una política salarial uniforme produce impactos profundamente desiguales.

Esta no es una observación anecdótica. En 27 provincias españolas, el SMI supera el 75% del salario medio provincial. En territorios como Ávila (90,8%), Zamora (89,1%) o Badajoz (87,3%), el salario mínimo se aproxima peligrosamente al salario medio. Son, no por casualidad, provincias que ya enfrentan problemas estructurales de despoblación, envejecimiento y bajo dinamismo económico.

Tratar como iguales realidades que son estructuralmente desiguales no corrige la brecha territorial: la consolida.

3. Lo que dicen las instituciones (aunque rara vez se enfatice)

El Banco de España fue claro en su análisis del incremento del SMI de 2019: los efectos sobre el empleo no fueron homogéneos. El impacto negativo se concentró en jóvenes, mayores de 45 años, trabajadores temporales y sectores como la agricultura. Es decir, en aquellos colectivos con menor capacidad de absorción del shock salarial.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) fue un paso más allá en su análisis más reciente. Según sus simulaciones microeconómicas, el impacto de una subida del SMI puede ser hasta tres veces mayor en Canarias que en Baleares, simplemente por diferencias estructurales en productividad, salarios y composición sectorial.

La ironía es evidente: una política nacional diseñada con fines redistributivos puede generar efectos significativamente más adversos en unas regiones que en otras por pura geografía, no por ineficiencia empresarial ni por malas decisiones individuales.

4. El debate económico real (donde la ideología se desmorona)

Hoy, los economistas más rigurosos coinciden en que el debate sobre el SMI no es binario. La OCDE estima que la subida de 2019 incrementó los ingresos de los trabajadores directamente afectados en torno a un 5,8%, mientras que el impacto negativo sobre el empleo agregado fue reducido, alrededor del 0,6%.

La AIReF, utilizando modelos de equilibrio general que incorporan efectos macroeconómicos, ofrece una lectura aún más matizada: existe destrucción directa de empleo (entre –0,28 y –0,53 puntos porcentuales), pero los efectos de demanda —derivados de que los perceptores del SMI consumen la mayor parte de su renta— compensan parcialmente ese impacto. El efecto neto sobre el empleo total oscilaría entre 0,0 y +0,2 puntos porcentuales.

Esto es clave. Significa que el argumento de que “el SMI destruye empleo” es incompleto. Lo destruye de forma directa, pero puede generarlo de forma indirecta. La pregunta relevante no es si hay efectos, sino cómo se distribuyen.

Y la respuesta es incómoda: la destrucción se concentra en zonas deprimidas; la creación, en áreas urbanas y dinámicas. Se produce así una transferencia implícita de oportunidades desde territorios con menor capacidad de ajuste hacia aquellos con más alternativas laborales.

5. La desigualdad que nace de una política diseñada para reducirla

Entre 2018 y 2024, los salarios del primer decil de ingresos aumentaron aproximadamente un 31%; los del segundo, un 34%; mientras que los del décimo decil crecieron en torno al 12%. Desde una perspectiva agregada, el resultado es claramente redistributivo.

Pero las medias nacionales esconden geografías. Un joven de 22 años en Zamora que no accede a un contrato de entrada porque el SMI lo hace inviable probablemente terminará migrando a Madrid, donde sí encontrará empleo. Para el trabajador, el balance es positivo. Para Zamora, que pierde población activa y capital humano, no lo es.

¿Es esto un éxito de la política del SMI? Depende del nivel de análisis. A escala individual, puede serlo. A escala territorial, profundiza los desequilibrios existentes.

6. Lo que algunos expertos ya reconocen

El economista Adrián Todolí, entre otros, ha analizado el impacto diferenciado de las subidas del SMI por comunidades autónomas. Su conclusión es incómoda para los defensores del statu quo: un SMI diferenciado territorialmente produciría un impacto agregado algo menor, pero una distribución de costes mucho más equitativa.

Dicho de otro modo: un SMI regional sería menos dañino allí donde hoy es más restrictivo.

Existen precedentes comparables. Países como Italia, a través de sistemas de negociación colectiva territorial y sectorial funcionalmente equivalentes a salarios mínimos diferenciados, muestran que una mayor adaptación regional puede reducir tensiones laborales. Estudios comparativos sugieren que un esquema de este tipo podría reducir el desempleo en España de forma apreciable.

7. La pregunta que el debate aún no formula bien

El verdadero debate no debería ser si subir o no el SMI, sino cómo redistribuir sin erosionar la capacidad de empleo de las regiones que menos margen tienen para perderlo.

La respuesta probablemente no sea un SMI nacional único e invariable. Tampoco una congelación indefinida, que sería socialmente injusta. La solución pasa por un diseño más sofisticado:

·         Un SMI nacional más moderado, vinculado a productividad y ciclo económico.

·         Complementos de renta regionales, gestionados por las comunidades autónomas.

·         Bonificaciones de cotizaciones sociales diferenciadas geográficamente.

·         Inversión real en reconversión productiva en zonas de baja productividad, más allá de subidas salariales que congelan el statu quo.

Ninguna de estas medidas es ideológicamente pura. Los progresistas verán una renuncia al universalismo; los liberales, más intervención. Pero todas son más coherentes que una política que se proclama nacional mientras produce efectos profundamente asimétricos.

Epílogo: lo que los datos sugieren

La OCDE ha señalado recientemente que más del 35% de la desigualdad en España se explica por circunstancias heredadas, no por esfuerzo individual. Haber nacido en Badajoz o en Barcelona sigue siendo un factor determinante.

Una política económica rigurosa no puede ignorar esta realidad. Un SMI que aplica la misma regla a territorios estructuralmente distintos no es redistribución: es ceguera institucional.

El SMI tiene sentido. La redistribución también. Pero ambas requieren una sofisticación territorial que nuestra política pública aún no ha querido asumir.

Es hora de hacerlo.

Fuentes

Banco de España (2021). Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo. Documentos Ocasionales N.º 2113.

Blog Salmon (2023). El problema de la subida del SMI en España: de risa para Madrid, demasiado para Extremadura.

AIReF (2025). Análisis Microeconómico del Impacto del Salario Mínimo Interprofesional en el Empleo. Documento técnico.

Confcuadros (2025). AIReF alerta del creciente impacto en el empleo de las alzas del SMI. Expansión.

OCDE (2024). Análisis de salarios mínimos en España.

El Diario (2025). La AIReF concluye que las alzas del salario mínimo no destruyen empleo gracias al aumento de consumo.

El País (2024). ¿Cómo ha afectado el subidón del SMI a la economía española? Menos desigualdad salarial y sin pérdida de empleo neto.

Todolí, Adrián (2025). El SMI por CCAA produciría unos efectos positivos menores que cuando el establecimiento se produce a nivel nacional.

ALDE (2022). Los Salarios Regionales Españoles y el SMI: Un Ejercicio Empírico.

El Blog Salmon (2025). En España, tu origen pesa más que tu esfuerzo: la OCDE atribuye el 35% de la desigualdad a circunstancias heredadas.

Este artículo representa un análisis equilibrado basado en fuentes académicas e institucionales rigurosas. Los puntos de vista expresados son síntesis de evidencia económica disponible, no posiciones ideológicas

viernes, 16 de enero de 2026

ESPAÑA 2019-2025: DATOS PARA UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL MODELO ECONÓMICO

 

Un examen cuantitativo de la gestión económica reciente

La narrativa oficial destaca récords de empleo, protección social y medidas de apoyo a hogares y empresas. Este análisis no niega la existencia de avances ni el impacto positivo de determinadas políticas, pero examina, a partir de datos públicos y fuentes contrastadas, su calidad, sostenibilidad y efectos estructurales a medio y largo plazo.

El objetivo no es sustituir un relato por otro, sino contrastar el discurso político con indicadores económicos fundamentales en seis áreas clave.

Empleo: crecimiento cuantitativo y calidad del trabajo

El auge del contrato fijo discontinuo

La reforma laboral se presentó como un instrumento para reducir la temporalidad y aumentar la estabilidad. Sin embargo, la evolución de la contratación muestra un cambio de forma más que de fondo.

En 2019 se firmaron 259.639 contratos fijos discontinuos. En 2025 la cifra alcanza 2.153.945, lo que supone un incremento del 729,6%. Esta modalidad pasa del 12,4% al 33,4% del total de la contratación indefinida, consolidándose como una figura central del mercado laboral.

El resultado agregado es revelador: solo el 16,8% de los contratos firmados son indefinidos a tiempo completo. El 83,2% restante corresponde a contratos temporales, parciales o fijos discontinuos. De cada 100 contratos, únicamente 16 ofrecen estabilidad laboral plena.

Paro estructural y comparación europea

España cierra 2025 con una tasa de paro del 10,4%, el doble de la media de la Unión Europea (6,0%) y como único país con desempleo de dos dígitos. El paro juvenil supera el 25%, manteniéndose entre los más elevados de Europa.

Además, el paro registrado (2,41 millones) no refleja completamente la realidad del desempleo efectivo, que se estima en 3,28 millones de personas. Una parte significativa de quienes no trabajan de forma efectiva no aparece en las estadísticas oficiales.

Productividad estancada

La productividad por hora trabajada crece apenas un 1,9% entre 2019 y 2025. El Banco de España prevé crecimiento nulo de la productividad por ocupado en 2025, tras un aumento del 0,9% en 2024.

El crecimiento del PIB se explica casi exclusivamente por el aumento del empleo, no por una mejora en la eficiencia o el valor añadido generado por trabajador. Esto limita la competitividad y el crecimiento sostenido de la renta.

Mensaje clave: No todo empleo es empleo estable ni productivo. El crecimiento cuantitativo oculta una precarización estructural que debilita la base productiva.

Pensiones: incremento del gasto y sostenibilidad

Evolución del gasto

El gasto en pensiones contributivas alcanza 189.598 millones de euros en 2025, un 6,2% más que en 2024 y un 13,1% más que en 2023. La pensión media asciende a 1.317 euros brutos mensuales (+4,4% interanual).

Las proyecciones sitúan a España como el país de la OCDE que mayor proporción de su PIB dedicará a pensiones en 2050 (16,8%). Entre 2017 y 2023, el 28% del incremento del gasto público se destinó a esta partida.

Déficit contributivo

La Seguridad Social presenta un déficit real acumulado de 54.720 millones de euros a cierre de noviembre de 2025. Las cotizaciones alcanzan 160.814 millones (+5,7%), mientras que las transferencias del Estado ascienden a 50.439 millones (+16%).

Sin dichas transferencias, el déficit sería de -39.672 millones. Las cotizaciones cubren solo el 75,5% del gasto total.

Perspectiva a largo plazo

El Fondo de Reserva alcanzará unos 31.000 millones de euros al final de la legislatura. La AIReF constata que, aunque se cumple la regla de gasto, la sostenibilidad del sistema no ha mejorado y estima un aumento del gasto en 3,4 puntos de PIB hasta 2050.

Mensaje clave: Revalorizar pensiones sin reformas estructurales traslada el problema al futuro. El sistema contributivo depende crecientemente de impuestos y deuda.

Energía: precios finales y coste de la intervención

Evolución de precios

La factura media mensual del PVPC se sitúa en 69,34 euros en 2025, el nivel más alto desde 2014 (excluyendo la crisis energética). El precio medio para hogares es de 0,1882 €/kWh, muy por encima de países como Hungría (0,0812 €/kWh) o Bulgaria (0,1014 €/kWh).

La tarifa regulada del gas (TUR) sube un 12,3% en enero de 2025 y el IVA retorna al 21%.

Ayudas públicas

España destina 7.285 millones de euros a ayudas medioambientales y de eficiencia energética, el 18,5% del total de la UE. El bono social eléctrico ofrece descuentos de hasta el 50% durante parte de 2025, con un coste creciente para el sistema.

Efectos de la regulación

Las diferencias de precios con otros países se explican en gran medida por costes regulados, impuestos y estructura del mercado, más allá del mix de generación.

Mensaje clave: Subvencionar precios no equivale a abaratar el sistema. La intervención oculta costes reales y reduce incentivos a la eficiencia.

Vivienda: escasez de oferta

Vivienda social en perspectiva europea

España destina solo entre el 2,5% y el 3,3% de su parque a vivienda protegida, frente al 9% de media en la UE. Alcanzar esa media exigiría entre 850.000 y 1,2 millones de viviendas adicionales.

Evolución del alquiler

El alquiler sube un 2,5% interanual en diciembre de 2025 (INE), pero acumula un incremento del 33% en 44 meses. Desde la Ley de Vivienda (2023), el precio medio ha aumentado un 26,5%.

La oferta se ha reducido en más de 200.000 viviendas entre 2020 y 2025.

Construcción insuficiente

Se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas anuales, frente a una necesidad estimada de 200.000. La vivienda nueva representa apenas el 10% de las transacciones.

Mensaje clave: El problema es la escasez de oferta. La regulación sin aumento del stock reduce disponibilidad y eleva precios.

Transporte y Ayudas: de lo temporal a lo permanente

Desde 2022 hasta 2026, el gasto en bonificaciones al transporte supera los 11.000 millones de euros. Las ayudas, concebidas como extraordinarias, se han prorrogado de forma continuada.

El uso del transporte público aumenta un 23% respecto a 2022, pero el coste presupuestario se consolida sin reformas estructurales del sistema.

Mensaje clave: Las ayudas alivian a corto plazo, pero no sustituyen mejoras de eficiencia ni reformas de fondo.

Fiscalidad: impacto en las clases medias

Desde 2019 se han producido múltiples incrementos fiscales directos e indirectos. El IVA del gas vuelve al 21%, aumentan cotizaciones y los impuestos especiales.

Mientras las pensiones se revalorizan un 22,7%, los salarios reales muestran estancamiento, erosionados por la inflación acumulada.

Mensaje clave: Congelar un impuesto no compensa la subida de muchos otros. La presión fiscal real sobre las clases medias aumenta.

Conclusión: diagnóstico y alternativa

Los datos muestran un modelo centrado en medidas de corto plazo, con avances sociales relevantes pero débilmente sostenibles. El empleo crece sin mejoras claras en productividad, las pensiones dependen de transferencias crecientes y la intervención en energía y vivienda no corrige los desequilibrios estructurales.

Un enfoque alternativo debería priorizar:

  • Reformas que incentiven productividad y empleo estable
  • Aumento de la oferta (vivienda, energía) frente a subsidios
  • Sostenibilidad financiera del Estado del bienestar

No se trata de recortar derechos, sino de garantizar que puedan sostenerse en el tiempo. Financiar el presente con deuda futura no es progreso duradero.

Fuentes: El Independiente, Novaterra, The Objective, El País, Eurostat, INE, Seguridad Social, AIReF, Banco de España, CEOE, Randstad Research, informes sectoriales (idealista, fotocasa, Sociedad de Tasación) y publicaciones oficiales del Gobierno