domingo, 17 de agosto de 2025

LA POLÉMICA DEL AIRE ACONDICIONADO EN FRANCIA Y LA DECADENCIA IDEOLÓGICA EN EUROPA

 

En plena era de cambios climáticos extremos, Europa enfrenta un debate que trasciende lo meramente técnico para convertirse en un símbolo de sus dilemas culturales y políticos: el uso del aire acondicionado. Francia, en particular, se ha convertido en epicentro de una polémica que revela profundas fracturas ideológicas y cuestiona el equilibrio entre sostenibilidad y bienestar individual.

El aire acondicionado como batalla cultural

A diferencia de países vecinos como España o Italia, donde hasta el 60% de los hogares cuenta con aire acondicionado, en Francia ese porcentaje apenas llega al 25%. Esta baja penetración se explica por razones culturales: una tradición de austeridad que privilegia el aguante frente al calor, una desconfianza hacia la tecnología que altera edificios históricos y una fuerte impronta ideológica que asocia la refrigeración artificial con derroche energético y daños medioambientales.

En este contexto, la derecha política ha propuesto un ambicioso plan para expandir la climatización, enfatizando la necesidad práctica de proteger a los ciudadanos frente a olas de calor cada vez más intensas. Por su parte, izquierdas y ecologistas defienden limitaciones estrictas, argumentando que la sostenibilidad debe primar incluso si eso implica restricciones que afectan la comodidad de muchos.

Historia y crisis de identidad

Este debate no es un conflicto aislado, sino la manifestación actual de una crisis europea más profunda: la pérdida gradual de valores espirituales, el auge del relativismo y el impacto de décadas de intervencionismo político que, según analistas, han debilitado la fortaleza social y cultural del continente. Europa enfrenta un choque entre la tradición colectiva y la modernidad individualista, enredada en discursos polarizados y populistas que dificultan soluciones pragmáticas.

Salud y bienestar en juego

Más allá de la discusión ideológica, la ausencia o restricción drástica del aire acondicionado tiene consecuencias graves para la salud pública. Las olas de calor extremo ya causan miles de muertes anuales en Europa, especialmente entre personas mayores y vulnerables. Limitar el acceso a sistemas de refrigeración pone en riesgo vidas y reduce la calidad de vida en un contexto de crisis climática.

Una visión liberal: libertad, innovación y responsabilidad

Desde un enfoque liberal, estas restricciones representan una invasión injustificada de la libertad individual y un paternalismo estatal contraproducente. En lugar de prohibiciones, se aboga por fomentar la innovación tecnológica y soluciones de mercado que permitan un uso eficiente y accesible sin sacrificar el bienestar personal. Además, se critica que tales políticas muchas veces perjudican a los más vulnerables mientras las élites encuentran maneras de sortearlas.

Conclusión

El debate sobre el aire acondicionado en Francia es un microcosmos de los desafíos actuales de Europa: cómo equilibrar responsabilidad ambiental y libertad individual, bienestar colectivo y derechos personales, tradición y modernidad. La polémica revela la urgencia de superar la política del dedo acusador, fomentar consensos reales y apostar por soluciones inclusivas que protejan tanto el planeta como la salud y la dignidad de las personas.

sábado, 16 de agosto de 2025

LA LEY DE MONTES EN ESPAÑA : ENTRE LA REGULACIÓN Y LOS RETOS DE LA GESTIÓN FORESTAL

 

En noviembre de 2003, bajo el gobierno de José María Aznar, se aprobó la Ley 43/2003, de Montes, un hito legal que pretendía modernizar y poner al día la gestión de los montes en España tras más de cuatro décadas con la ley anterior de 1957. Esta nueva normativa surgió en un contexto de creciente preocupación ambiental, compromisos internacionales sobre conservación y ordenación territorial, y un reconocimiento del papel multifuncional que desempeñan los montes, no solo como proveedores de recursos, sino también como guardianes de la biodiversidad, protectores del suelo, escenarios de recreo y engranajes clave para la cohesión rural.

Orígenes y objetivos de la Ley de Montes 2003

Aunque el gobierno de Aznar era asociado a una línea política liberal, la aprobación de la Ley de Montes reflejaba una respuesta pragmática y adaptativa a las nuevas realidades del país y del Estado autonómico, integrando criterios modernos de sostenibilidad, multifuncionalidad y responsabilidad compartida entre administración, propietarios y sociedad. La ley buscaba garantizar la conservación equilibrada de los montes, fomentar el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos forestales, y prevenir riesgos como incendios forestales generados por el abandono o manejo inadecuado.

Entre sus elementos clave, la ley define el monte como cualquier terreno con vegetación forestal, ya sea arbolado, matorral o herbáceo, e incluye superficies agrícolas abandonadas con potencial forestal; reconoce la titularidad pública y privada, pero otorga competencias principales a las comunidades autónomas para la gestión forestal acorde a sus estatutos y realidades particulares; y establece mecanismos para delimitar, catalogar y proteger estos terrenos en coordinación con administraciones locales y estatales. También promueve la participación social, incentiva la conservación, y regula el aprovechamiento de la madera y otros productos forestales bajo criterios de gestión sostenible.

El dilema de la burocracia y la percepción ciudadana

Sin embargo, desde su entrada en vigor, la Ley de Montes ha sido objeto de críticas tanto en el ámbito público como privado. Uno de los reproches más frecuentes es que su aplicación conlleva una excesiva burocracia que termina convirtiéndose en un obstáculo para la limpieza y el mantenimiento de los montes. Aunque la ley no prohíbe la limpieza, poda o desbroce, sí condiciona estas actividades a permisos y autorizaciones administrativas que suelen ser complejos y lentos, especialmente cuando los terrenos están sujetos a algún régimen de protección ambiental o forman parte del dominio público forestal.

Esta complejidad puede resultar frustrante para propietarios privados que desean gestionar sus parcelas y para comunidades locales que aspiran a prevenir incendios o degradación, pero se encuentran atrapadas en procesos administrativos rígidos y, en ocasiones, poco coordinados. Así, muchos opinan que la ley, en lugar de facilitar una gestión eficaz, termina generando trabas que desincentivan la intervención activa, lo que paradójicamente agrava problemas como la acumulación de biomasa y el riesgo de incendios forestales.

Por otro lado, en los montes públicos, cuyo entramado de propiedad corresponde principalmente a las comunidades autónomas, la dificultad está menos en la burocracia y más en la falta de recursos, personal y voluntad política para llevar a cabo una gestión activa. La Administración suele estar limitada en capacidad de inversión, organización y ejecución, lo que implica que muchos montes públicos permanecen en cierto abandono o gestión insuficiente, exacerbando también las problemáticas ambientales.

Ejemplos de gestión exitosa: el caso de Soria

No obstante, existen ejemplos de gestión forestal eficiente y sostenible en algunas provincias, entre ellas la de Soria. Esta provincia ha logrado superar muchas de las trabas habituales gracias a un compromiso institucional firme, una planificación rigurosa y la movilización de recursos y personal para la conservación y limpieza de sus montes.

Soria ha promovido una gestión forestal multifuncional que combina la conservación ambiental con aprovechamientos económicos, como la venta de madera para muebles y otros usos, especialmente de pino silvestre y sabina. Estas iniciativas han generado empleo rural y han incentivado a los propietarios y a la administración para mantener activos y cuidados los montes, demostrando que una gestión proactiva, bien organizada y adecuadamente financiada puede traducirse en resultados positivos.

La madera de Soria: un recurso sostenible

En el caso concreto de la madera, Soria ha materializado un aprovechamiento sostenible y rentable. Se licitan lotes de madera en los montes públicos que se destinan a la industria del mueble y otros productos de calidad, garantizando que la extracción no supere el crecimiento anual del bosque. Además, la madera de la sabina, dada su calidad y características particulares, es especialmente apreciada tanto a nivel local como en mercados de exportación.

Este modelo muestra cómo una gestión ordenada, con seguimiento y control, compatibiliza la conservación con la actividad económica, proporcionando un marco en el que el monte es un activo valioso y respetado, no un terreno abandonado o en riesgo.

Reflexiones desde un punto de vista liberal

Desde una perspectiva liberal, la experiencia con la Ley de Montes subraya la necesidad de reducir la complejidad burocrática, garantizar y clarificar la propiedad y los derechos de uso, y fomentar un entorno en el que los incentivos económicos alineen la conservación con la rentabilidad.

Se podrían plantear reformas para desburocratizar la gestión forestal, por ejemplo, mediante procedimientos administrativos más ágiles y mecanismos de autorización automática o presunción positiva. Asimismo, promover mercados transparentes y competitivos para la madera y otros productos, y ofrecer pagos por servicios ambientales que reconozcan la conservación de los montes serían medidas para incentivar la gestión activa.

Además, responsabilizar a los propietarios, públicos o privados, de las consecuencias negativas del abandono y reforzar la capacidad de desincentivar el incumplimiento mediante sanciones efectivas, junto con la promoción de asociaciones y cooperativas para la gestión conjunta de grandes superficies, contribuirían a mejorar la situación actual.

Conclusión: un reto abierto

Aunque la Ley 43/2003 de Montes representó un avance en el marco legal español para la conservación y gestión forestal, su aplicación práctica ha evidenciado múltiples dificultades tanto por la burocracia como por la insuficiencia de recursos y voluntad para una gestión activa, sobre todo en montes públicos y privados.

El desafío continúa siendo encontrar un equilibrio más efectivo entre regulación ambiental y facilidades para el manejo sostenible, simplificando trámites y otorgando mayor autonomía y responsabilidad a los propietarios, al tiempo que se protejan los bienes comunes representados por el monte español. Ejemplos como la provincia de Soria ilustran que es posible avanzar hacia una gestión eficiente y rentable, compatible con la conservación, siempre que haya compromiso, planificación y recursos adecuados.

En suma, la Ley de Montes es un buen punto de partida, pero requiere adaptaciones, menos burocracia y más incentivos para transformar el monte en un recurso vivo que contribuya al desarrollo rural, la conservación ambiental y la seguridad frente a incendios.

viernes, 15 de agosto de 2025

CÓMO FUNCIONAN LAS PONDERACIONES DEL IPC Y SU IMPACTO EN LA INFLACIÓN

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es una herramienta fundamental para medir la inflación y entender la evolución del coste de vida en un país. Sin embargo, su interpretación requiere comprender no solo cómo cambian los precios, sino también cómo se ponderan los diferentes grupos de bienes y servicios que consumen las familias.

¿Qué son las ponderaciones del IPC?

Las ponderaciones reflejan la importancia relativa que cada grupo de bienes y servicios tiene en el gasto total de las familias. No se trata sólo de cuánto suben o bajan los precios, sino de cuánto representaba ese gasto en el presupuesto familiar medio.

Estas ponderaciones se calculan a partir de fuentes estadísticas oficiales, principalmente:

La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), que detalla cómo y en qué gastan su dinero los hogares españoles.

La Contabilidad Nacional, que aporta datos complementarios para ajustar y actualizar las ponderaciones.

Por ejemplo, si el 15% del gasto total de un hogar promedio se destina a alimentos y bebidas no alcohólicas, este grupo tendrá una ponderación del 15% en el cálculo del IPC.

Actualización anual y revisión quinquenal

El INE actualiza estas ponderaciones cada año para reflejar cambios en los hábitos de consumo. Además, aproximadamente cada cinco años se realiza una revisión profunda que incluye cambio de base, incorporación de nuevos productos (por ejemplo, servicios digitales) y ajuste metodológico.

Esta actualización constante permite que el IPC siga siendo un reflejo fiel y actualizado del consumo real y del impacto de las variaciones de precios en el coste de vida.











Estructura jerárquica: de grupos a artículos

El IPC se organiza en una estructura jerárquica:

Grupos principales: como alimentos, vivienda, transporte, ocio, etc.

Subgrupos: categorías específicas dentro de cada grupo.

Clases y subclases: mayor detalle de productos y servicios.

Artículos elementales: productos concretos cuyo precio se recoge periódicamente.

Cada nivel tiene sus propias ponderaciones establecidas según el gasto medio, actualizadas normalmente de forma anual.

Ejemplo práctico: ponderación vs. variación de precios

Del análisis de los últimos años se observa un fenómeno importante: aunque el índice de precios de alimentos haya subido significativamente (por ejemplo, un 27,45% entre principios de 2022 y mediados de 2025 al pasar de 103,691 a 132,162) Gráfico 1, la ponderación de alimentos en el IPC general ha disminuido (de 226,148 a 185,386) Gráfico 2.

  

Gráfico 1



 

 



Gráfico 2






Esto quiere decir que, aunque los precios de los alimentos hayan aumentado, la proporción del gasto total que se dedica a ellos ha bajado. Por ello, su impacto final en la inflación general es menor. El IPC refleja el gasto medio de todos los hogares, y si la cesta promedio dedica menos a alimentos y más a otros sectores (como ocio o transporte), el peso relativo en el índice ponderado cambia en consecuencia.

¿Por qué es importante entender las ponderaciones?

Permiten entender por qué el IPC puede comportarse de forma diferente a la evolución de precios de ciertos bienes muy consumidos.

Ayudan a interpretar correctamente las cifras oficiales de inflación y su impacto en distintos perfiles de consumo.

Sirven para analizar la estructura del gasto en la economía y detectar cambios sociales y económicos en el consumo.

En definitiva, el IPC es más que una simple cifra de variación de precios: es un índice complejo que refleja cómo la evolución de cada grupo de bienes y servicios, ponderado según su importancia en el consumo real de las familias, impacta en la inflación y en la economía en general.


lunes, 11 de agosto de 2025

EL LIBERALISMO Y SU DEFENSA DE LOS POBRES: LA LIBERTAD DE MERCADO COMO CAMINO HACIA LA PROSPERIDAD

 

El liberalismo ha sido tradicionalmente percibido como una ideología que favorece los intereses de las grandes corporaciones y las élites económicas. Sin embargo, esta visión distorsionada pasa por alto un aspecto fundamental de la filosofía liberal: su defensa de los pobres. Lejos de ser un sistema que solo beneficia a los más ricos, el liberalismo económico propone un modelo en el que los sectores más desfavorecidos de la sociedad pueden prosperar gracias a la libertad de mercado, la competencia y la creación de oportunidades. Esta visión se encuentra en contraste directo con las economías donde el Estado tiene el control centralizado de la producción y la distribución de recursos, un enfoque que, como se ha demostrado en muchas ocasiones, lleva a la ineficiencia y al estancamiento económico.

El liberalismo y la libertad de mercado: oportunidades para todos

Los principios fundamentales del liberalismo descansan sobre la idea de que los individuos deben tener la libertad de tomar decisiones económicas sin la intervención del Estado. En este contexto, el mercado libre se convierte en un motor de oportunidades para todos, incluidos los más pobres. En una economía de mercado, las barreras artificiales que dificultan la competencia —como los aranceles o los monopolios— son minimizadas. Esto permite que las personas, independientemente de su origen o condición social, tengan acceso al mercado laboral o la posibilidad de emprender un negocio.

La competencia en los mercados también es un mecanismo clave para reducir los precios de bienes y servicios. En un sistema en el que diversas empresas luchan por ofrecer productos de calidad a precios competitivos, los consumidores, especialmente los más pobres, se benefician de precios más bajos. A medida que la competencia aumenta, los bienes de consumo básico se hacen más accesibles, mejorando el nivel de vida de las clases más vulnerables.

La creación de empleo y prosperidad en economías de mercado

Un aspecto crucial del liberalismo es su capacidad para generar empleo. Las economías de mercado crean empresas, tanto grandes como pequeñas, que demandan mano de obra en una variedad de sectores. En este sistema, el trabajo no es determinado por un plan estatal, sino que surge de las necesidades del mercado. Las personas pueden acceder al mercado laboral en función de sus habilidades y aspiraciones, sin estar limitadas por un sistema rígido de planificación estatal que solo ofrece un número limitado de empleos.

Los ejemplos históricos abundan. En la Revolución Industrial, por ejemplo, el surgimiento de nuevas industrias, impulsadas por un mercado competitivo, permitió la creación de millones de empleos y transformó a la sociedad, dando lugar a una clase media en crecimiento. En tiempos más recientes, países como China han experimentado un crecimiento económico impresionante tras liberalizar su economía, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza. A través de la apertura al mercado y la competencia, muchos países han logrado reducir significativamente las tasas de pobreza.

Los peligros de las economías dirigidas por el Estado

En contraste con el liberalismo, las economías planificadas centralmente tienen un historial comprobado de ineficiencia. El control estatal sobre la producción y la distribución de bienes y servicios impide que el mercado funcione de manera eficiente. Los planificadores estatales, por muy bien intencionados que puedan ser, no tienen la información ni la capacidad para gestionar la complejidad de una economía dinámica. El Estado no puede conocer, de manera efectiva, las necesidades y deseos de cada individuo, lo que conduce a la escasez de ciertos productos y a la inflación de otros.

Los ejemplos de economías dirigidas por el Estado, como la Unión Soviética, son paradigmáticos de este fracaso. En la URSS, la falta de competencia, la planificación rígida y la asignación ineficiente de recursos resultaron en una economía estancada, donde los pobres no solo eran privados de los bienes más básicos, sino que además carecían de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. No es casualidad que, a lo largo de la historia, los países que han adoptado políticas socialistas o intervencionistas hayan tenido dificultades para reducir la pobreza de manera efectiva.

El liberalismo como motor de reducción de la pobreza

El liberalismo no solo promueve la libertad de los individuos, sino que también ha demostrado ser un motor de reducción de la pobreza. En lugar de distribuir la riqueza de manera igualitaria, el liberalismo aboga por la creación de un entorno donde todos los individuos puedan prosperar. En este sistema, la igualdad de oportunidades es lo que importa, no la igualdad de resultados. Los individuos tienen la libertad de acceder al mercado, innovar y competir, lo que les permite mejorar sus condiciones de vida.

Un buen ejemplo de esto se observa en el caso de Chile después de las reformas económicas de los años 70 y 80, cuando el país adoptó políticas liberales. Estas reformas crearon un mercado más libre y competitivo, lo que resultó en un crecimiento económico sostenido y una disminución significativa de la pobreza. De manera similar, en India, las reformas de liberalización de los años 90 han sacado a millones de personas de la pobreza, mientras que en muchas otras partes del mundo, la globalización y la adopción de políticas de mercado libre han permitido un aumento de la prosperidad en sectores previamente marginados.

Ejemplo actual: la protección de los gremios y su perjuicio a los pobres

Uno de los ejemplos más recientes de cómo la intervención estatal perjudica a los pobres es el conflicto en torno a la regulación de los servicios de transporte privado como Uber y Cabify. En muchos países, los gremios de taxistas han presionado para que se regulen estos servicios, argumentando que representan una competencia desleal. Sin embargo, al proteger los intereses de los taxistas a través de barreras regulatorias, el Estado termina afectando a los consumidores, especialmente a los más pobres.

Al limitar la competencia, los precios de los servicios de transporte se mantienen altos, lo que reduce el acceso a opciones de transporte asequibles para miles de personas. En cambio, si se dejara a los consumidores la libertad de elegir entre diferentes opciones de transporte, como Uber o Cabify, los precios caerían debido a la competencia. Las personas de clase baja, que dependen del transporte público o de opciones económicas para moverse, se beneficiarían de tarifas más bajas y de una mayor accesibilidad.

Otro ejemplo de cómo la intervención estatal puede afectar a los pobres de manera negativa es la regulación y subsidios en la industria alimentaria. En muchos países, el gobierno subsidia productos esenciales como el pan o la leche para mantenerlos accesibles para las clases más bajas. Aunque estas políticas pueden tener efectos positivos inmediatos, como hacer que estos productos sean más asequibles, también pueden crear distorsiones en el mercado.

Por ejemplo, si los precios de estos productos se mantienen artificialmente bajos mediante subsidios, los productores no tienen incentivos para mejorar la calidad o eficiencia de su producción. Además, estos subsidios pueden desincentivar la competencia, favoreciendo a grandes productores que pueden aprovechar las ayudas estatales, mientras que los pequeños productores o comercios locales no pueden competir en igualdad de condiciones.

En lugar de subsidios directos, una alternativa sería permitir que los mercados funcionen libremente y ofrecer transferencias monetarias directas a las personas de bajos ingresos. Esto les daría mayor libertad para decidir cómo gastar su dinero, al mismo tiempo que se fomenta una competencia más sana que beneficiaría a todos los consumidores, especialmente a los más pobres.

 

Contraposición con las economías planificadas: ineficiencia y pobreza

Los economistas liberales, como Friedrich Hayek y Ludwig von Mises, argumentaban que la centralización de la economía no solo es ineficaz, sino también injusta. La idea de que un pequeño grupo de personas pueda dirigir la economía de una nación entera es, según ellos, una falacia. La información económica es dispersa, y solo el mercado, a través de los precios, puede organizar de manera eficiente la producción y distribución de bienes.

En las economías planificadas, como en el caso de la Unión Soviética o la Cuba socialista, el control estatal llevó a una escasez crónica de productos básicos, altos niveles de corrupción y una calidad de vida extremadamente baja para la mayoría de la población. El intervencionismo estatal creó un sistema donde, en lugar de generar bienestar, el gobierno impuso su visión sobre los ciudadanos, limitando su libertad de elegir y de prosperar.

El liberalismo y la justicia social: la oportunidad de prosperar

El liberalismo no es solo una teoría económica, sino una filosofía ética que defiende la libertad individual como un valor central. La verdadera justicia no es que el Estado distribuya la riqueza de manera uniforme, sino que cada persona tenga la oportunidad de mejorar su vida mediante el uso de sus talentos y esfuerzos en un mercado libre. Al promover la igualdad de oportunidades, el liberalismo permite que los individuos de todas las clases sociales tengan acceso a los recursos necesarios para prosperar.

Conclusión

En conclusión, el liberalismo económico no es una ideología que favorezca solo a los ricos, sino un sistema que, cuando se aplica correctamente, defiende a los más pobres al ofrecerles acceso a empleos, bienes y servicios más baratos, y oportunidades para prosperar. El mercado libre, con su capacidad para promover la competencia y la innovación, es el mecanismo más efectivo para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Por el contrario, los sistemas centralizados, con su falta de competencia y control de recursos, conducen a la ineficiencia y a la perpetuación de la pobreza. El liberalismo, por tanto, no solo es un sistema económico, sino un camino hacia la justicia social y la prosperidad universal.


sábado, 9 de agosto de 2025

EL "PERRO DEL HORTELANO" DEL URBANISMO ESPAÑOL: DATOS REALES SOBRE SUELO Y LOCALES VACIOS

El fenómeno del suelo público y los locales comerciales vacíos en España es una realidad tangible que refleja una parálisis institucional con importantes consecuencias urbanísticas y económicas. En 2024, las doce mayores ciudades españolas cuentan con unos 250.000 locales comerciales, de los cuales aproximadamente 50.000 están vacíos. De estos, solo alrededor de 10.000 locales reúnen las condiciones urbanísticas y legales necesarias para ser convertidos en viviendas, lo que representa apenas un 0,11% del parque total de viviendas en las grandes ciudades. Esto es insuficiente para generar un cambio significativo en el mercado residencial y aliviar la crisis habitacional existente. Este fenómeno es especialmente notorio en regiones como Galicia, con más de 6.400 locales vacíos a inicios de 2024, y en ciudades como Vigo y A Coruña donde todavía hay un millar o más de locales sin actividad comercial. Por el contrario, las calles comerciales principales (High Street) en Madrid y Barcelona presentan una tasa baja de locales vacíos, en torno al 2-4%, pero esta situación solo afecta a las zonas más emblemáticas, mientras que la sobreoferta se mantiene estructuralmente en barrios periféricos y ciudades medianas.

En cuanto al suelo industrial, su inmovilización es igualmente relevante. En el sur de Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento posee 67 grandes parcelas que suman aproximadamente 385.000 m² de suelo industrial sin uso, muchas en espera de recalificación o venta superando los obstáculos administrativos habituales. En el corredor logístico de Madrid, municipios como Torija, San Fernando de Henares y Cabanillas concentran el 58% del suelo industrial vacío con más de 346.000 m² sin actividad. Esta inmovilización obstaculiza el desarrollo económico y urbano, frenando oportunidades como viviendas asequibles o incubación de empresas innovadoras. En 2025, el Ayuntamiento de Madrid lanzó concursos públicos para la enajenación de parcelas municipales de uso industrial y terciario—por ejemplo, un concurso de 12 lotes en los que se busca fomentar la inversión y dinamizar la economía local, aunque su impacto aún es marginal frente al total de suelo infrautilizado.

El impacto económico y urbanístico de esta situación es doble. Por un lado, el mantenimiento de estos activos ociosos implica costes directos en vigilancia, impuestos y deterioro. Por otro lado, el coste de oportunidad se traduce en la pérdida de generación de riqueza para la sociedad. La reconversión de locales comerciales estancados en viviendas resulta lenta y costosa, con solo un 20% de los locales vacíos aptos para este cambio, mientras que la mayoría no cumple los requisitos normativos o están en zonas con poca demanda. La política institucional de “acumular por si acaso”, para retener suelo y locales sin cederlos ni explotarlos, ya no corresponde a las realidades económicas actuales de España, marcada por la despoblación en áreas interiores, el auge del comercio electrónico y la transformación del modelo productivo.

Como liberal desde la Escuela Austriaca de Economía, esta situación ejemplifica una clara ineficiencia del mercado causada por la intervención y la rigidez administrativa estatal. La teoría austríaca enfatiza la importancia del libre mercado y la asignación eficiente de recursos a través del sistema de precios y señales económicas. La existencia de amplias reservas de suelo y locales vacíos sin uso productivo denota un fallo en el sistema, justamente porque las regulaciones, trabas burocráticas y, en muchos casos, la falta de incentivos económicos reales impiden que los propietarios públicos dispongan estos activos donde la demanda los requiere. Desde esta visión, la solución pasa por liberalizar el mercado de suelo y locales públicos para facilitar su venta o alquiler en condiciones sostenibles, fomentar la colaboración público-privada sin excesivas cargas reglamentarias y eliminar las prohibiciones que impiden la movilidad y uso eficiente del suelo. Solo así se lograría que el suelo "coma y deje comer", es decir, que sirva para la generación de valor económico y social real, atendiendo efectivamente a las necesidades habitacionales y productivas del país.

En resumen, la sobreoferta estructural de locales y suelo público industrial ocioso representa un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo urbano, agudizado por la rigidez normativa que impide la rápida conversión y asignación del recurso. Las iniciativas públicas como los concursos para la venta de suelo industrial son pasos en la dirección correcta, pero siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema. Una perspectiva liberal desde la Escuela Austriaca enfatizaría que la clave para resolver esta parálisis es eliminar los obstáculos y barreras que distorsionan el mercado y permiten esta acumulación ineficiente de activos, desplegando así todo el potencial económico y social escondido en estas parcelas y locales vacíos.

 Fuentes principales de datos:

·         Informe Eixos y Api.cat (2024)

·         Idealista/News (2024)

·         JLL Armstrong Retail (2025)

Informes logísticos Madrid (2024)

viernes, 8 de agosto de 2025

LA INFLACIÓN, EL IMPUESTO INVISIBLE DESDE UNA MIRADA GENERAL Y LA PERSPECTIVA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO AUSTRIACO

La inflación es uno de los fenómenos económicos más relevantes y debatidos en la historia de las sociedades modernas. Aunque se presente habitualmente como el aumento generalizado y sostenido de los precios, su impacto va mucho más allá de simples números en una gráfica. La inflación actúa, en definitiva, como un impuesto invisible que erosiona silenciosamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando el bienestar económico de las personas y el funcionamiento del sistema económico en su conjunto.

¿Qué es la inflación? La perspectiva general

En términos simples, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de los bienes y servicios en una economía durante un período prolongado. Esto significa que, con el paso del tiempo, una misma cantidad de dinero compra menos cosas. Por ejemplo, si la inflación anual es del 5%, un producto que cuesta 100 euros hoy, al cabo de un año costará aproximadamente 105 euros. Ese aumento representa una pérdida del valor real del dinero.

Se dice que la inflación es un “impuesto invisible” porque, a diferencia de los gravámenes formales y visibles como el impuesto sobre la renta o el IVA, no se refleja en recibos ni se cobra explícitamente. Sin embargo, al reducir el valor del dinero, la inflación disminuye el patrimonio real, los salarios, los ahorros y las pensiones. Todos los ciudadanos “pagan” este impuesto sin tener la posibilidad de evitarlo o ver una contraprestación directa, como suele ocurrir con los impuestos formales que financian servicios públicos.

 











Impactos sociales y económicos de la inflación

Los efectos de la inflación son variados y afectan la economía desde múltiples ángulos:

·         Pérdida de poder adquisitivo: El efecto inmediato y más visible es que las personas necesitan más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. Esto reduce el nivel de vida, especialmente para quienes tienen ingresos fijos o ahorros que no se ajustan con la inflación.

 













       

DDesigualdad creciente: La inflación no afecta a todos por igual. Quienes poseen activos reales —como inmuebles o materias primas— pueden protegerse o incluso beneficiarse, mientras que aquellos con ingresos fijos o sin acceso a vehículos de inversión pierden valor. Esto aumenta la brecha social y económica.

·         Incertidumbre y desequilibrio económico: La inflación dificulta la planificación de gastos e inversiones, tanto en el ámbito empresarial como doméstico. Además, puede generar distorsiones en la asignación de recursos, al alterar la señal de los precios.

Causas principales de la inflación

Diversos factores pueden desencadenar inflación, y habitualmente se combinan:

·         Demanda excesiva: Cuando la demanda de bienes y servicios supera la oferta disponible, los precios suben.

·         Aumento en costos de producción: Incrementos en salarios, energía o materias primas pueden trasladarse a los precios finales.

·         Expectativas inflacionarias: Si se espera que los precios suban, empresas y consumidores ajustan sus precios y salarios al alza, generando un círculo vicioso.

·         Política monetaria expansiva: La impresión excesiva de dinero sin respaldo productivo eleva la cantidad de dinero en circulación, haciendo que disminuya su valor.

La mirada de la escuela austríaca y el pensamiento liberal

Desde la óptica liberal y particularmente desde el pensamiento económico austríaco, representado por figuras como Carl Menger y Ludwig von Mises, la inflación recibe un enfoque más profundo que trasciende la mera subida de precios. Para estos economistas, la inflación es ante todo un fenómeno monetario, resultado de la expansión artificial del suministro de dinero causada por la intervención estatal o los bancos centrales.

Carl Menger, fundador de la escuela austríaca, introdujo la teoría del valor subjetivo, enfatizando que el valor económico surge de la utilidad que los individuos atribuyen a los bienes, pero también extendió este razonamiento al dinero, viendo este último como un bien con valor marginal que surge espontáneamente en los mercados para facilitar el intercambio.

Por su parte, Ludwig von Mises, en su obra fundamental “Teoría del Dinero y Crédito”, explicó que la inflación es causada por el aumento en la cantidad de dinero que no corresponde a un incremento en la producción real de bienes y servicios. Este aumento monetario reduce el valor real del dinero, erosionando su poder adquisitivo. Pero lo crucial en Mises es señalar que la inflación no es simplemente la subida de precios per se, sino la consecuencia de la emisión monetaria arbitraria.

¿Por qué para la escuela austríaca la inflación es un impuesto invisible?

Mises destaca que la emisión de dinero nuevo genera efectos redistributivos injustos: los primeros en recibir ese dinero adicional se benefician, pues pueden comprar bienes antes de que los precios suban. Pero a medida que circula este dinero extra, el aumento general de precios reduce el poder adquisitivo de quienes lo reciben después. En este proceso, el dinero de los ciudadanos que reciben el nuevo dinero más tarde —y la mayoría— pierde valor real, como si se les aplicara un “impuesto” sin que se les pregunte ni otorgue servicios a cambio.

Además, la expansión monetaria artificial distorsiona los precios relativos, generando confusión en el mercado sobre qué bienes son realmente más o menos valiosos o escasos. Esto dificulta que las empresas y consumidores actúen racionalmente, afectando la inversión y fomentando ciclos económicos erráticos con fases de auge y recesión. Esta explicación conforma la base de la teoría austriaca del ciclo económico: la inflación alienta inversiones insostenibles, que inevitablemente desploman la economía.

La crítica liberal al intervencionismo y la defensa del dinero sólido

Desde esta perspectiva liberal, el origen imprescindible de la inflación es la manipulación voluntaria de la oferta monetaria por parte del Estado o los bancos centrales. La solución que proponen Mises y otros pensadores austriacos es la restricción de la emisión monetaria y el establecimiento de un sistema monetario sólido, como el patrón oro, que limite la capacidad del Estado para crear dinero sin respaldo.

Un dinero sólido y estable protege la libertad individual, preserva el poder adquisitivo del pueblo y posibilita un cálculo económico saludable, vital para la asignación eficiente de recursos en una economía de mercado. En contra de ideas que ven a la inflación como algo natural o beneficioso para la economía, el pensamiento austríaco alerta que la inflación es siempre un fenómeno nocivo inducido, resultado de políticas erróneas que replican un impuesto disfrazado con consecuencias graves para la prosperidad.

Conclusión: Inflación, impuesto invisibilizado y desafío político

Combinar la visión general con la perspectiva austro-liberal nos permite entender la inflación como un fenómeno complejo y multifacético. Es tanto el aumento general de precios como el resultado de decisiones institucionales que expanden la base monetaria más allá de lo productivo, generando una “pesada mochila” invisible que todos cargan, especialmente los más vulnerables.

En un mundo donde el Estado y los bancos centrales juegan un papel clave en la economía, comprender la inflación desde ambas ópticas es esencial para diseñar políticas públicas responsables que protejan el bienestar económico a largo plazo. La lucha contra la inflación no solo es técnica, sino una batalla por mantener la libertad económica, la justicia social y la estabilidad.

Sabiendo que la inflación es un impuesto invisible que debilita silenciosamente la economía familiar y la salud económica general, la reflexión sobre sus causas monetarias y sus efectos sociales debe acompañar cualquier esfuerzo serio por garantizar un futuro económico próspero para todos.