En noviembre de 2003, bajo el gobierno de José María Aznar, se aprobó la
Ley 43/2003, de Montes, un hito legal que pretendía modernizar y poner al día
la gestión de los montes en España tras más de cuatro décadas con la ley
anterior de 1957. Esta nueva normativa surgió en un contexto de creciente
preocupación ambiental, compromisos internacionales sobre conservación y
ordenación territorial, y un reconocimiento del papel multifuncional que
desempeñan los montes, no solo como proveedores de recursos, sino también como
guardianes de la biodiversidad, protectores del suelo, escenarios de recreo y
engranajes clave para la cohesión rural.
Orígenes y objetivos de la Ley de Montes 2003
Aunque el gobierno de Aznar era asociado a una línea política liberal, la
aprobación de la Ley de Montes reflejaba una respuesta pragmática y adaptativa
a las nuevas realidades del país y del Estado autonómico, integrando criterios
modernos de sostenibilidad, multifuncionalidad y responsabilidad compartida
entre administración, propietarios y sociedad. La ley buscaba garantizar la
conservación equilibrada de los montes, fomentar el aprovechamiento racional y
sostenible de los recursos forestales, y prevenir riesgos como incendios
forestales generados por el abandono o manejo inadecuado.
Entre sus elementos clave, la ley define el monte como cualquier terreno
con vegetación forestal, ya sea arbolado, matorral o herbáceo, e incluye
superficies agrícolas abandonadas con potencial forestal; reconoce la
titularidad pública y privada, pero otorga competencias principales a las
comunidades autónomas para la gestión forestal acorde a sus estatutos y
realidades particulares; y establece mecanismos para delimitar, catalogar y
proteger estos terrenos en coordinación con administraciones locales y
estatales. También promueve la participación social, incentiva la conservación,
y regula el aprovechamiento de la madera y otros productos forestales bajo
criterios de gestión sostenible.
El dilema de la burocracia y la percepción ciudadana
Sin embargo, desde su entrada en vigor, la Ley de Montes ha sido objeto de
críticas tanto en el ámbito público como privado. Uno de los reproches más
frecuentes es que su aplicación conlleva una excesiva burocracia que termina
convirtiéndose en un obstáculo para la limpieza y el mantenimiento de los
montes. Aunque la ley no prohíbe la limpieza, poda o desbroce, sí condiciona
estas actividades a permisos y autorizaciones administrativas que suelen ser
complejos y lentos, especialmente cuando los terrenos están sujetos a algún
régimen de protección ambiental o forman parte del dominio público forestal.
Esta complejidad puede resultar frustrante para propietarios privados que
desean gestionar sus parcelas y para comunidades locales que aspiran a prevenir
incendios o degradación, pero se encuentran atrapadas en procesos
administrativos rígidos y, en ocasiones, poco coordinados. Así, muchos opinan
que la ley, en lugar de facilitar una gestión eficaz, termina generando trabas
que desincentivan la intervención activa, lo que paradójicamente agrava
problemas como la acumulación de biomasa y el riesgo de incendios forestales.
Por otro lado, en los montes públicos, cuyo entramado de propiedad
corresponde principalmente a las comunidades autónomas, la dificultad está
menos en la burocracia y más en la falta de recursos, personal y voluntad
política para llevar a cabo una gestión activa. La Administración suele estar
limitada en capacidad de inversión, organización y ejecución, lo que implica
que muchos montes públicos permanecen en cierto abandono o gestión
insuficiente, exacerbando también las problemáticas ambientales.
Ejemplos de gestión exitosa: el caso de Soria
No obstante, existen ejemplos de gestión forestal eficiente y sostenible en
algunas provincias, entre ellas la de Soria. Esta provincia ha logrado superar
muchas de las trabas habituales gracias a un compromiso institucional firme,
una planificación rigurosa y la movilización de recursos y personal para la
conservación y limpieza de sus montes.
Soria ha promovido una gestión forestal multifuncional que combina la
conservación ambiental con aprovechamientos económicos, como la venta de madera
para muebles y otros usos, especialmente de pino silvestre y sabina. Estas
iniciativas han generado empleo rural y han incentivado a los propietarios y a
la administración para mantener activos y cuidados los montes, demostrando que
una gestión proactiva, bien organizada y adecuadamente financiada puede
traducirse en resultados positivos.
La madera de Soria: un recurso sostenible
En el caso concreto de la madera, Soria ha materializado un aprovechamiento
sostenible y rentable. Se licitan lotes de madera en los montes públicos que se
destinan a la industria del mueble y otros productos de calidad, garantizando
que la extracción no supere el crecimiento anual del bosque. Además, la madera
de la sabina, dada su calidad y características particulares, es especialmente
apreciada tanto a nivel local como en mercados de exportación.
Este modelo muestra cómo una gestión ordenada, con seguimiento y control,
compatibiliza la conservación con la actividad económica, proporcionando un
marco en el que el monte es un activo valioso y respetado, no un terreno
abandonado o en riesgo.
Reflexiones desde un punto de vista liberal
Desde una perspectiva liberal, la experiencia con la Ley de Montes subraya
la necesidad de reducir la complejidad burocrática, garantizar y clarificar la
propiedad y los derechos de uso, y fomentar un entorno en el que los incentivos
económicos alineen la conservación con la rentabilidad.
Se podrían plantear reformas para desburocratizar la gestión forestal, por
ejemplo, mediante procedimientos administrativos más ágiles y mecanismos de
autorización automática o presunción positiva. Asimismo, promover mercados
transparentes y competitivos para la madera y otros productos, y ofrecer pagos
por servicios ambientales que reconozcan la conservación de los montes serían
medidas para incentivar la gestión activa.
Además, responsabilizar a los propietarios, públicos o privados, de las
consecuencias negativas del abandono y reforzar la capacidad de desincentivar
el incumplimiento mediante sanciones efectivas, junto con la promoción de
asociaciones y cooperativas para la gestión conjunta de grandes superficies,
contribuirían a mejorar la situación actual.
Conclusión: un reto abierto
Aunque la Ley 43/2003 de Montes representó un avance en el marco legal
español para la conservación y gestión forestal, su aplicación práctica ha
evidenciado múltiples dificultades tanto por la burocracia como por la
insuficiencia de recursos y voluntad para una gestión activa, sobre todo en
montes públicos y privados.
El desafío continúa siendo encontrar un equilibrio más efectivo entre
regulación ambiental y facilidades para el manejo sostenible, simplificando
trámites y otorgando mayor autonomía y responsabilidad a los propietarios, al
tiempo que se protejan los bienes comunes representados por el monte español.
Ejemplos como la provincia de Soria ilustran que es posible avanzar hacia una
gestión eficiente y rentable, compatible con la conservación, siempre que haya
compromiso, planificación y recursos adecuados.
En suma, la Ley de Montes es un buen punto de partida, pero requiere adaptaciones, menos burocracia y más incentivos para transformar el monte en un recurso vivo que contribuya al desarrollo rural, la conservación ambiental y la seguridad frente a incendios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario