EL NEGOCIO DE PEDIR ELECCIONES... PERO QUE NO LAS HAYA

 

Hay algo que llama la atención en la política española actual. Los socios de Pedro Sánchez llevan meses criticando al Gobierno, amenazando con romper acuerdos, hablando de líneas rojas y poniendo cara de enfado en cada rueda de prensa. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, siguen ahí. Votan, negocian y mantienen la legislatura viva.

La pregunta es evidente: si están tan hartos de Sánchez, ¿por qué no lo tumban?

La respuesta no está en la ideología. Está en los incentivos.

En economía existe una regla bastante simple, la gente suele hacer aquello que más le beneficia. Los partidos políticos tampoco son una excepción. Junts, ERC, PNV o Bildu han descubierto que hoy tienen más poder con Sánchez necesitado de sus votos que el que tendrían en casi cualquier otro escenario.

Es como tener la llave de una caja fuerte. Mientras el Gobierno dependa de ellos, pueden negociar competencias, inversiones, financiación o cualquier otra concesión que consideren interesante para sus intereses políticos. ¿Van a renunciar voluntariamente a esa posición? Parece poco probable.

Por eso resulta curioso escuchar continuamente peticiones de elecciones anticipadas por parte de quienes podrían provocar esas elecciones y no lo hacen. Es un mensaje que funciona bien ante sus votantes porque transmite firmeza y distancia con el Gobierno. El problema es que después llega la votación y la supuesta ruptura suele quedarse en amenaza.

En el fondo, la situación se parece bastante a una negociación permanente. Los socios aprietan, el Gobierno cede algo, vuelven a apretar y vuelven a negociar. Todos protestan delante de las cámaras, pero nadie parece tener demasiada prisa por acabar con el partido.

Y tiene cierta lógica. Si mañana hubiera elecciones y cambiara la mayoría parlamentaria, gran parte de ese poder desaparecería. La llave dejaría de abrir puertas. Por eso el incentivo principal no es romper la baraja, sino seguir jugando la partida mientras siga siendo rentable.

Esto no significa que todas las medidas acordadas sean malas ni que cualquier negociación política sea ilegítima. La política consiste precisamente en pactar. Pero conviene llamar a las cosas por su nombre. Cuando un partido sostiene un Gobierno del que dice estar profundamente decepcionado, es razonable preguntarse si estamos ante una cuestión de principios o ante una cuestión de intereses.

Lo más preocupante de esta dinámica no es únicamente el intercambio constante de apoyos y concesiones. Lo realmente preocupante es el incentivo que genera. Cuando la supervivencia política se convierte en la prioridad absoluta, existe el riesgo de que la gestión de los problemas reales quede relegada a un segundo plano.

Da la sensación de que gran parte de la energía política se dedica a conservar mayorías, negociar apoyos y mantener equilibrios parlamentarios cada vez más frágiles, mientras cuestiones como la vivienda, la productividad, la deuda pública, la presión fiscal o la calidad de los servicios públicos avanzan a un ritmo mucho más lento del que demandan los ciudadanos.

No se trata de afirmar que ningún político quiera resolver problemas. Se trata de reconocer la realidad de que los incentivos del sistema suelen premiar más la capacidad de conservar el poder que la capacidad de gestionar eficazmente. Y cuando eso ocurre, la política corre el riesgo de convertirse en un fin en sí mismo en lugar de ser una herramienta al servicio de los ciudadanos.

La experiencia suele decir que, cuando hay poder e influencia en juego, los intereses pesan mucho más de lo que reconocen los discursos.

Por eso quizá el verdadero misterio no es por qué los socios critican tanto a Sánchez. El verdadero misterio sería que renunciaran a una posición que les permite influir como nunca en la política nacional.

Mientras la llave siga abriendo puertas, nadie parece dispuesto a soltarla. Porque en política, igual que en economía, los discursos importan, pero los incentivos suelen mandar.

LA PARADOJA DEL MONOPOLIO: ¿PORQUÉ VIGILAMOS AL MERCADO Y APLAUDIMOS AL ESTADO?

 

Si una gran empresa empieza a devorar a sus competidores, saltan todas las alarmas. Es una reacción casi instintiva: el monopolio privado nos asusta porque pensamos que, sin competencia, la empresa subirá los precios, bajará la calidad y abusará de los consumidores. Por eso existen leyes estrictas, multas millonarias y tribunales de la competencia. Queremos proteger nuestra libertad de elegir.

Sin embargo, cometemos una enorme contradicción intelectual. Mientras miramos con lupa a cualquier multinacional, aceptamos con total normalidad el monopolio más grande, absoluto y obligatorio que existe: el del Estado.

En el mercado libre, los monopolios tienen pies de barro. Si una empresa pone precios abusivos porque no tiene rivales, genera un beneficio tan alto que, tarde o temprano, acaba atrayendo a nuevos competidores. El ingenio humano y la tecnología terminan rompiendo las barreras. Gigantes tecnológicos que parecían invencibles hace veinte años hoy ya ni existen porque alguien ofreció algo mejor y más barato. En el sector privado, el cliente sigue teniendo la última palabra: si no compra, la empresa quiebra.

Con el Estado, las reglas del juego son completamente distintas. El Estado no necesita convencer a nadie ni ganarse a sus "clientes". Su modelo no se basa en la adhesión voluntaria, sino en la obligación por ley. Los impuestos son, en la práctica, el precio que pagamos por sus servicios, pero con una diferencia crucial: no puedes elegir no pagarlos si el servicio te parece malo, caro o ineficiente. No hay competencia posible dentro de sus fronteras.

Esta falta de competencia elimina los incentivos más básicos para hacer las cosas bien. Una empresa que gestiona mal sus recursos pierde dinero y cierra. El Estado, cuando gestiona mal sus recursos o gasta de más, no quiebra; simplemente sube los impuestos o aumenta la deuda, trasladando el coste directamente a los ciudadanos. Al no tener miedo a perder clientes frente a un rival, la burocracia tiende a crecer sin control.

El problema real surge cuando el Estado ocupa demasiado espacio. En muchos países europeos, la administración ya gestiona más del 40% de todo lo que produce el país. Esto significa que casi la mitad del fruto del trabajo de los ciudadanos ya no la deciden ellos. Se reduce drásticamente la capacidad de ahorro, de inversión y de decisión de las familias para traspasar ese poder a unos pocos despachos oficiales.

Nadie discute que el Estado deba existir para garantizar la seguridad, la justicia o unos servicios básicos mínimos. La verdadera pregunta es por qué aplicamos un doble rasero. Si nos horroriza que una sola empresa controle un sector porque limita nuestra libertad, debería preocuparnos exactamente igual cuando el Estado monopoliza nuestras decisiones económicas a través de la recaudación obligatoria.

 Al final, la libertad de un país se mide por el dinero que los ciudadanos pueden gestionar libremente, y no por el porcentaje de sus vidas que decide dirigir el gobierno.

LA BIOGRAFÍA DEL SUELO: HISTORIA DE LA PROPIEDAD, EL PODER Y LA LEY

 

El control del suelo ha definido la política, la religión y la economía humana desde los orígenes de la civilización. A continuación, se expone un análisis cronológico exhaustivo sobre cómo la humanidad se apoderó de las tierras, evolucionando desde la libertad del nomadismo hasta las complejas regulaciones de nuestro siglo.

1. Prehistoria y Revolución Neolítica: El nacimiento de la delimitación territorial

El nomadismo paleolítico

Durante la prehistoria, las tribus de cazadores-recolectores eran nómadas. No existía un concepto jurídico o económico de propiedad sobre el suelo. Los recursos se controlaban de manera temporal según la abundancia de agua o caza; al agotarse, el grupo se desplazaba, por lo que la tierra era de todos y de nadie.

El sedentarismo neolítico (Hace 10.000 años)

El descubrimiento de la agricultura y la ganadería obligó al ser humano a fijar su residencia. Al requerir los cultivos un ciclo de siembra y espera, las tribus reclamaron la exclusividad de los frutos del suelo trabajado. Nació así el concepto de propiedad comunal y familiar, transformando la tierra cultivable en el bien más valioso de la comunidad.

2. Las primeras civilizaciones: El Estado teocrático como dueño absoluto

Egipto y Mesopotamia

En las primeras urbes fluviales, la propiedad privada individual era inexistente. El orden social se basaba en una mentalidad teocrática: los verdaderos dueños de la tierra eran los dioses. Como el Faraón o el Rey personificaban la autoridad divina (o eran dioses en sí mismos), todo el suelo les pertenecía legalmente, configurando un control estatal absoluto.

 

Mecanismos de gestión y control

·         El sistema de usufructo: El Estado prestaba las parcelas a los campesinos. Estos podían utilizarlas y vivir de ellas, pero debían abonar un alto porcentaje del grano tras la cosecha como impuesto obligatorio.

 

·         La invención del catastro: En Egipto, las inundaciones del Nilo borraban anualmente las lindes de los campos. Los topógrafos reales (tensores de cuerda) reconfiguraban las parcelas con precisión matemática, dando origen a la geometría y registrando los datos en papiros para evitar fraudes fiscales.

 

·         La centralización del templo: En Mesopotamia, el centro económico era el templo (zigurat). Los escribas anotaban las raciones entregadas a la población en tablillas de arcilla, inventando la escritura con fines contables. Este rígido aparato burocrático era necesario para coordinar las macroobras hidráulicas (canales y diques) esenciales para la supervivencia colectiva.

 

3. El Mundo Clásico: El derecho del ciudadano y la propiedad privada

Grecia: La Polis y el control de la tiranía (Siglo VI a.C.)

La fragmentación geográfica de Grecia fomentó la aparición de las Polis (ciudades-estado independientes). En Atenas nació el concepto de ciudadano (en contraposición al súbdito oriental), garantizando la igualdad de los varones libres ante la ley y la participación directa en la toma de decisiones mediante la Asamblea (Ekklesía).

Para salvaguardar la democracia frente a líderes ambiciosos que pretendieran convertirse en reyes o tiranos, implementaron el Ostracismo. Este juicio político anual permitía a los ciudadanos escribir en un trozo de cerámica (óstracon) el nombre de un político influyente para desterrarlo de la ciudad durante 10 años de manera preventiva. No obstante, el sistema poseía grandes exclusiones, pues marginaba a mujeres y extranjeros, además de depender económicamente de la mano de obra esclava.

Roma: El origen del Derecho Civil (Siglo II a.C. - V d.C.)

Los romanos sustituyeron su monarquía por la República, un sofisticado entramado de control institucional integrado por Cónsules, el Senado y los comicios plebeyos. El gran hito de Roma fue la creación del Derecho Romano, que introdujo conceptos civiles vigentes en la actualidad:

·         El Dominium: El derecho de propiedad privada absoluto, abstracto y desvinculado de fines religiosos. El dueño poseía la potestad de vender, legar o abandonar el bien.

 

·         La Presunción de Inocencia: Delimitada por el principio In dubio pro reo, dictaminó que la carga de la prueba recae en la parte acusadora.

 

·         Lealtad a los generales: Este sistema colapsó debido al éxito militar. Las riquezas agrarias se concentraron en inmensos latifundios aristocráticos trabajados por esclavos, arruinando al campesinado libre. Los soldados profesionales comenzaron a rendir lealtad a sus generales, quienes les garantizaban dinero y tierras al licenciarse, en lugar de al Estado, permitiendo a Julio César cruzar el río Rubicón, desatar la guerra civil y sentar las bases del posterior Imperio absolutista

 

4. La Edad Media: El Feudalismo y la Iglesia como potencia territorial

Tras la caída del Imperio Romano, la inseguridad forzó un modelo donde los reyes cedían tierras a nobles y obispos a cambio de lealtad militar, atando a los campesinos al suelo bajo la condición de siervos de la gleba. La Iglesia Católica se erigió en el mayor propietario de tierras cultivables de Europa centralizando su patrimonio mediante diversos mecanismos:

1.    Las Manos Muertas: Por ley eclesiástica, los bienes que ingresaban en la Iglesia eran declarados inalienables. No se podían vender, dividir ni embargar, asegurando que el patrimonio territorial creciera de forma continua.

 

2.    Donaciones piadosas: Reyes y nobles cedían tierras, fincas o monasterios en sus testamentos como penitencia para garantizar que los monjes rezaran por la salvación de sus almas.

 

 

3.    El sistema de primogenitura: Debido al mayorazgo noble, los hijos menores (segundones) quedaban desheredados. Las familias compraban puestos eclesiásticos relevantes (obispados o abadías) para ellos, transfiriendo tierras a la institución de modo permanente.

 

4.    La estructura del Derecho Canónico: Copiando el sistema romano, los Papas emitieron leyes (decretales) e instituyeron juzgados eclesiásticos. Así asumieron el control de contratos civiles críticos como los matrimonios y las herencias, validando testamentos en favor de sus diócesis. Incluso recurrieron a manipulaciones históricas documentales como la Donación de Constantino (un texto falso del siglo VIII) para adjudicarse el dominio político y territorial de la mitad occidental del antiguo Imperio.

 

5. La Edad Moderna: Estados autoritarios, bulas papales y piratería

El fortalecimiento de las monarquías (Siglos XIV - XV)

Los monarcas de la Baja Edad Media centralizaron su autoridad amparados en el Derecho Romano redescubierto en universidades como Bolonia. Valiéndose de la máxima de que la voluntad del rey tiene fuerza de ley, instituyeron burocracias laicas y ejércitos profesionales, limitando los fueros de los tribunales pontificios e imponiendo aranceles a la adquisición de nuevas propiedades por parte del clero.

El reparto de América

Tras el descubrimiento de 1492, la Corona de Castilla recurrió al arbitraje internacional del Papa Alejandro VI para legitimar sus derechos frente a Portugal. El pontífice emitió las Bulas Alejandrinas (1493), donando la exclusividad y propiedad de las tierras nuevas occidentales a cambio de la obligación de financiar la evangelización de los nativos.

Para formalizar esta soberanía sobre el terreno, se redactó el Requerimiento (1513), un acta formal leída a los indígenas en castellano; si estos no se sometían formalmente a la Iglesia y al Rey, el documento otorgaba cobertura legal para hacerles la guerra, esclavizarlos y expropiar sus bienes.

La réplica internacional

Reinos como Francia e Inglaterra impugnaron el dictamen papal. Francisco I de Francia exigió irónicamente ver "la cláusula del testamento de Adán" que lo excluía del reparto mundial. Con la Reforma Protestante, Inglaterra desconoció las bulas de Roma, colonizando el norte de América y financiando de forma encubierta a marinos independientes mediante Patentes de Corso (corsarios) para romper de manera armada el monopolio comercial español en el Caribe.

 

6. La Edad Contemporánea: Las grandes Desamortizaciones liberales

La Revolución Francesa (1789)

El advenimiento de la burguesía desmanteló el régimen feudal de propiedad. En 1789, la Asamblea Nacional Constituyente nacionalizó todos los bienes de la Iglesia Católica, transformándolos en "Bienes Nacionales" destinados a subasta pública. El clero regular fue disuelto y los sacerdotes pasaron a ser funcionarios remunerados por el Estado (Configuración Civil del Clero), despojándolos además de la potestad sobre los registros de nacimientos, matrimonios y decesos, que pasaron al ámbito civil municipal.

El proceso desamortizador en España (Siglo XIX)

Inspirados en el modelo francés, los gobiernos liberales españoles decretaron la expropiación forzosa de terrenos amortizados para reintroducirlos en el mercado libre. Destacan dos hitos:

·         Desamortización de Mendizábal (1836-1837): Dirigida contra el clero regular (monasterios y conventos), cuyos bienes fueron incautados para financiar las Guerras Carlistas y aminorar la deuda pública del Estado.

 

·         Desamortización de Madoz (1855): De carácter general, afectó al clero secular y, principalmente, a los bienes demaniales y comunales de los ayuntamientos (bosques y prados municipales).

 

El proceso consolidó el fenómeno del latifundismo en regiones como Andalucía o Extremadura, dado que las tierras se subastaron en lotes de gran envergadura adquiridos por la burguesía adinerada, perjudicando al campesinado humilde que perdió el usufructo gratuito de los montes comunales. Tras una ruptura diplomática, el Estado compensó a la Iglesia comprometiéndose a financiar económicamente los gastos del clero.

 

7. El Siglo XX: La era de los hidrocarburos y la geometría geopolítica

La Segunda Revolución Industrial modificó el eje de valor de la tierra, supeditando la producción agrícola a los recursos energéticos del subsuelo (petróleo). El colapso del Imperio Otomano permitió a Gran Bretaña y Francia delimitar las fronteras de Oriente Medio mediante el secreto Acuerdo Sykes-Picot (1916).

 

Estas líneas divisorias artificiales prescindieron de la historia y demografía local, uniendo de manera forzosa a facciones religiosas antagónicas o fragmentando a comunidades como la kurda, lo que derivó en una inestabilidad estructural caracterizada por dictaduras autocráticas y guerras por los recursos durante el resto del siglo XX.

 

8. El Siglo XXI: Pluralidad de modelos de gestión territorial y fiscalidad

En el escenario global contemporáneo conviven doctrinas de propiedad totalmente opuestas al liberalismo corporativo occidental:

El modelo estatista colectivista (China)

La propiedad privada de la tierra es jurídicamente inexistente. El suelo se cataloga en Urbano (titularidad exclusiva del Estado; los particulares adquieren derechos de usufructo limitados a plazos de 70 años prorrogables) y Rural (propiedad colectiva controlada por juntas de aldeas, donde las familias explotan agrariamente los terrenos bajo contratos de larga duración pero mantienen la prohibición absoluta de enajenar o vender el suelo).

El mercado inmobiliario híbrido (Cuba)

Tras medio siglo de prohibición absoluta de la compraventa civil (restringida a la "permuta" directa autorizada por el régimen), el Decreto-Ley 288 de 2011 legalizó la transferencia onerosa de viviendas entre particulares. Con todo, persisten directrices comunistas: el suelo es de propiedad estatal, el mercado se reserva principalmente a residentes fijos y se veta la acumulación ilimitada de inmuebles (máximo una vivienda habitual y dos de descanso). Además, la economía interna genera una paradoja, pues las transacciones reales se pactan informalmente en divisas extranjeras (remesas de la diáspora), sorteando los canales oficiales en pesos devaluados.

El modelo de custodia ancestral indígena

Para las comunidades aborígenes, la tierra no es un bien comercial. Rige la propiedad comunal, indivisible e inalienable coordinada por consejos de ancianos. Países como Canadá o Colombia confieren coberturas legales específicas a estas demanialidades a través de Reservas o Resguardos, otorgándoles autonomía jurídica, policía comunitaria interna y exenciones de impuestos estatales para blindar el entorno frente a la explotación minera o inmobiliaria exterior.

El modelo Pragmático de Estado (Singapur)

Singapur aplica un exitoso modelo de "capitalismo de Estado" sobre el territorio. Tras una expropiación masiva iniciada en los años 60, el Estado pasó a poseer más del 90% del suelo de la isla. El gobierno construye y vende los apartamentos rascacielos residenciales (HDB) a los ciudadanos bajo contratos de arrendamiento de 99 años. El ciudadano es dueño legítimo de su vivienda y puede revenderla a precios regulados, pero el suelo sigue siendo estatal de forma perpetua. Este sistema evita la especulación inmobiliaria y ha permitido que el 80% de la clase media acceda a una vivienda en propiedad.

 

Situación fiscal de la Iglesia Católica actual (España)

·         Inmatriculaciones: Amparada en reformas históricas de la Ley Hipotecaria (1946 y 1998), la Iglesia inscribió miles de propiedades e inmuebles públicos a su nombre mediante certificaciones eclesiásticas unilaterales donde los obispos ejercían funciones notariales equivalentes.

 

·         Financiación del Clero: Los sacerdotes no perciben remuneraciones de los presupuestos estatales directos. Su asignación mensual (unos 900-1.000€) procede de la asignación tributaria voluntaria del IRPF (0,7%) marcada por los contribuyentes en la casilla de la Renta, y cotizan al Régimen General de la Seguridad Social.

 

·         Exención del IBI: Sujeta a la Ley de Mecenazgo (49/2002), la Iglesia no sufraga el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por edificios destinados al culto (iglesias y catedrales), residencias oficiales (monasterios) o centros de beneficencia (comedores de Cáritas). Esta norma ampara igualmente a ONG, partidos políticos, sindicatos y otras confesiones con acuerdos estatales. No obstante, la Iglesia sí debe liquidar el IBI por sus inmuebles con fines de explotación comercial ordinaria (locales o garajes alquilados).

 

·         Entradas turísticas: Monumentos de alta rentabilidad como la Sagrada Familia (que recauda aproximadamente 134,5 millones de euros anuales mediante tiques turísticos) reinvierten de manera oficial sus beneficios en sufragar las obras y el mantenimiento estructural. Tras los consensos logrados en 2023 con la Unión Europea, las diócesis están obligadas a tributar el IVA devengado de la explotación turística de sus templos patrimoniales.

El recorrido histórico evidencia que el ser humano ha transformado el territorio en un tablero de poder: empezamos como nómadas en un mundo sin líneas divisorias, y hoy cada metro cuadrado del planeta está monitorizado por satélite, regulado por catastros digitales y condicionados por la geopolítica o la fiscalidad del Estado.