MENOS PODER, MÁS LIBERTAD: POR QUÉ NECESITAMOS UN ESTADO LIMITADO

 

Hay una idea que se ha instalado en buena parte del debate político contemporáneo: cuando aparece un problema, la primera respuesta suele ser pedir una nueva ley, una nueva regulación, una nueva subvención o una nueva partida presupuestaria.

Si hay dificultades para acceder a una vivienda, más regulación.

Si determinados sectores no son competitivos, más ayudas.
Si aumenta la desigualdad, más impuestos.
Si una actividad genera riesgos, nuevas prohibiciones.

A veces estas respuestas son necesarias. El Estado cumple funciones que ningún mercado puede garantizar por sí solo: proteger los derechos, hacer cumplir los contratos, proporcionar seguridad, corregir determinadas externalidades y asegurar bienes públicos esenciales.

Pero reconocer la necesidad del Estado no implica aceptar que más Estado sea siempre mejor Estado.

La cuestión verdaderamente importante no es cuanto poder puede acumular un Gobierno , sino cuánto poder necesita realmente para cumplir sus funciones y cuánto poder debemos estar dispuestos a concederle.

Esa diferencia es fundamental.

Un Estado limitado no significa un Estado ausente. Significa un Estado sometido a reglas, que concentra sus recursos en aquello que hace mejor y que deja el máximo espacio posible para que los ciudadanos decidan sobre sus propias vidas. Y existen buenas razones económicas, institucionales y morales para defenderlo.

1. El Estado tiene un coste, aunque el gasto público tenga una finalidad legítima

Todo Gobierno gasta dinero que previamente ha obtenido de los ciudadanos mediante impuestos, cotizaciones, deuda o inflación.

Eso no convierte automáticamente el gasto público en algo negativo. Una carretera puede aumentar la productividad. Una buena educación pública puede ampliar las oportunidades. Un sistema judicial eficaz es imprescindible para que una economía funcione.

Pero sí significa que cada euro gastado por el Estado tiene un coste de oportunidad.

El dinero destinado a una finalidad pública deja de estar disponible para otros usos: inversión empresarial, ahorro familiar, consumo, creación de empleo o inversión en nuevas tecnologías.

La propia OCDE señala que el tamaño del Gobierno puede afectar al crecimiento a largo plazo cuando los costes de financiar un gasto público elevado superan sus beneficios, pero también advierte de que la composición del gasto importa enormemente: determinadas inversiones públicas, por ejemplo en infraestructuras o educación, pueden generar efectos positivos sobre la renta a largo plazo. Por tanto, el debate serio no debería plantearse como una guerra entre “gasto público” y “mercado”. La pregunta correcta es mucho más exigente: ¿Qué gasto público crea realmente valor y qué gasto puede reducirse, simplificarse o eliminarse?

España ofrece un buen ejemplo de por qué esta discusión importa. Según Eurostat, el gasto de las Administraciones Públicas españolas equivalió al 45,5 % del PIB en 2024, mientras que los ingresos públicos representaron el 42,3 % No significa que el 45,5 % sea automáticamente excesivo. Una cifra agregada no nos dice si cada euro está bien o mal empleado. Pero sí nos recuerda una realidad que a menudo desaparece del debate político: el Estado administra una parte extraordinariamente importante de los recursos de la sociedad. Por eso resulta legítimo exigir eficiencia, evaluación y límites.

2. Los impuestos importan: no todo lo que recauda el Estado puede ser utilizado por los ciudadanos

Existe otra cuestión que suele quedar fuera de la conversación: los impuestos no son una abstracción. Son recursos que dejan de estar en manos de quienes los generan. En España, la presión fiscal ha aumentado durante las últimas décadas. Según la OCDE, la recaudación tributaria pasó del 33,1 % del PIB en 2000 al 36,7 % en 2024. En 2024, España se situó por encima de la media de la OCDE, que fue del 34,1 %.

Esto no demuestra que todos los impuestos sean perjudiciales ni que cualquier reducción fiscal produzca automáticamente más crecimiento. Pero sí demuestra que el coste fiscal de las decisiones públicas es suficientemente grande como para que deba ser objeto de un escrutinio permanente.

Además, no todos los impuestos tienen los mismos efectos económicos. La OCDE advierte de que la estructura tributaria española soporta una carga elevada sobre el trabajo y señala que determinados niveles de imposición laboral pueden desincentivar el empleo y la creación de puestos de trabajo. En 2024, la denominada tax wedge —la diferencia entre el coste laboral total para el empleador y el salario neto que recibe el trabajador— fue del 40,6 % para un trabajador soltero con salario medio, frente al 34,9 % de media en la OCDE.

La conclusión no debería ser “todos los impuestos son malos”. La conclusión es más razonable: si queremos más empleo, inversión y productividad, debemos preguntarnos qué impuestos generan más distorsiones y si el Estado obtiene suficiente valor por los recursos que recauda.

3. Menos burocracia significa más oportunidades para competir

Uno de los argumentos más sólidos a favor de un Estado más limitado no tiene que ver únicamente con los impuestos. Tiene que ver con las reglas. Una regulación puede perseguir una finalidad perfectamente legítima. El problema aparece cuando la acumulación de normas, licencias, trámites y obligaciones administrativas termina convirtiéndose en una barrera de entrada.

Esto afecta especialmente a las pequeñas empresas. La OCDE señala que las pymes representan el 99 % de las empresas en España y emplean a la mayoría de los trabajadores. También advierte de que la complejidad regulatoria y los costes de cumplimiento fiscal afectan de manera desproporcionada a las empresas pequeñas, y recomienda simplificar y racionalizar las regulaciones para facilitar su crecimiento. Esto tiene una consecuencia política importante. Una regulación aparentemente pequeña puede ser asumible para una gran empresa que dispone de departamentos jurídicos y administrativos. Para un autónomo o una empresa de cinco trabajadores puede convertirse, en cambio, en una barrera real.

Por eso regular más no equivale necesariamente a proteger más. A veces ocurre exactamente lo contrario: las normas diseñadas para proteger al consumidor, al trabajador o al medio ambiente terminan favoreciendo indirectamente a quienes ya están dentro del mercado, porque son quienes disponen de los recursos necesarios para cumplirlas.

La buena regulación no es la que produce más páginas en el BOE. Es la que consigue su objetivo con el menor coste y la menor complejidad posibles.

 4. Un Estado limitado protege mejor la libertad individual

La defensa del Estado limitado no es únicamente económica. Es, ante todo, una cuestión de libertad. En una sociedad libre, el ciudadano no necesita justificar ante el Gobierno cada decisión de su vida privada.

El principio debería ser sencillo: lo que una persona adulta puede hacer legítimamente sin perjudicar los derechos de los demás no debería necesitar autorización política. El Estado debe garantizar la seguridad, la justicia, la propiedad, los contratos y los derechos fundamentales.

Pero existe una diferencia enorme entre garantizar esos derechos y pretender dirigir todos los aspectos de la vida social. Cuanto mayor es el número de decisiones que dependen de la Administración, mayor es también la cantidad de poder discrecional que acumulan quienes ocupan cargos públicos. Y el problema no es suponer que todos los políticos sean corruptos. El problema es mucho más sencillo: los sistemas deben diseñarse suponiendo que los seres humanos son imperfectos.

El Banco Mundial, por ejemplo, mide la calidad institucional a través de dimensiones como la eficacia del Gobierno, la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción. Su metodología subraya precisamente la importancia de instituciones capaces de ejercer el poder de forma efectiva y responsable. La libertad, por tanto, no consiste solamente en votar cada cuatro años. También consiste en disponer de un espacio privado en el que las decisiones no dependan constantemente de quien ocupa el poder.

5. El Estado de derecho es más importante que el tamaño del Estado

Aquí conviene introducir un matiz esencial. Un Estado pequeño no es necesariamente un Estado bueno. Puede existir un Gobierno con pocos impuestos y poca burocracia que, al mismo tiempo, sea arbitrario, corrupto o incapaz de proteger los derechos de sus ciudadanos. Del mismo modo, un Estado relativamente grande puede proporcionar servicios públicos de calidad y funcionar bajo instituciones sólidas.

Por eso la discusión verdaderamente importante no es únicamente “cuánto Estado”, sino también “qué Estado”. El Banco Mundial evalúa, entre otros factores, la eficacia gubernamental, la calidad regulatoria, el Estado de derecho y el control de la corrupción. Su conclusión general es clara: unas instituciones inclusivas y responsables están asociadas a mejores resultados de desarrollo, servicios públicos más sólidos y mayores oportunidades.

Un Estado limitado debe ser, por tanto, también un Estado fuerte en aquello que realmente importa. Fuerte para proteger la propiedad. Fuerte para hacer cumplir los contratos. Fuerte para combatir la corrupción. Fuerte para garantizar la igualdad ante la ley. Fuerte para proporcionar seguridad. Y suficientemente limitado como para no convertirse en el dueño de la sociedad que pretende proteger.

6. Libertad económica y movilidad social no son enemigos

Una de las críticas habituales al liberalismo sostiene que reducir la intervención pública beneficia únicamente a quienes ya poseen recursos. Es una objeción que merece ser tomada en serio. La desigualdad de oportunidades existe. El origen familiar influye en las posibilidades de una persona. La educación, la salud y el acceso al empleo condicionan profundamente la trayectoria vital.

La propia OCDE documenta importantes diferencias de movilidad social y señala que, en países europeos de la OCDE, los niños procedentes de los entornos socioeconómicos más desfavorecidos pueden llegar a obtener ingresos hasta un 20 % inferiores en la edad adulta respecto a quienes tuvieron una infancia más favorable.

Pero precisamente por eso debemos distinguir entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Una sociedad libre no necesita garantizar que todos terminen en el mismo lugar. Necesita intentar garantizar que el lugar donde uno nace no determine completamente hasta dónde puede llegar. Eso exige educación de calidad, instituciones abiertas, mercados competitivos y eliminación de barreras artificiales a la entrada.

Y aquí vuelve a aparecer la importancia de las pequeñas empresas y del emprendimiento. Si una persona con una buena idea necesita superar una montaña de trámites, licencias y costes regulatorios antes de poder competir, el sistema no está protegiendo necesariamente al débil. Puede estar protegiendo al establecido. Por eso reducir barreras de entrada puede ser una política social tanto como una política económica.

7. Más poder político también significa más incentivos para conquistar ese poder

Hay una consecuencia política que suele pasar desapercibida. Cuanto más puede decidir un Gobierno sobre nuestras vidas, más importante se vuelve conquistar el Gobierno. Si el poder público decide una parte pequeña de nuestras decisiones, perder unas elecciones es importante.

Si decide sobre impuestos, subvenciones, regulación, contratación pública, energía, vivienda, educación, medios de comunicación, comercio y cientos de aspectos adicionales de la actividad económica y social, la batalla política adquiere una intensidad mucho mayor.

El problema no es solamente que los políticos puedan abusar del poder. Es que la propia concentración de poder crea incentivos para intentar capturarlo. De ahí la importancia de los límites institucionales. Separación de poderes. Independencia judicial. Transparencia. Responsabilidad  presupuestaria. Libre competencia. Prensa libre. Propiedad privada.
Seguridad jurídica.

La mejor defensa frente al abuso no consiste en confiar en que aparezca siempre un político virtuoso. Consiste en construir un sistema en el que incluso un mal gobernante tenga dificultades para hacer demasiado daño.

8. El comercio puede acercar a sociedades que la política separa

También merece atención la dimensión internacional. El comercio no elimina las guerras ni convierte automáticamente a los países en amigos. La historia demuestra que sería ingenuo sostener algo así. Pero la integración económica puede crear intereses compartidos y elevar el coste de la confrontación.

Cuando empresas, trabajadores y consumidores de distintos países dependen unos de otros, romper esos vínculos tiene un coste económico real. Por eso la libertad comercial puede desempeñar una función que va más allá de la eficiencia económica: crear redes de cooperación entre individuos que no necesitan pensar igual para beneficiarse mutuamente.

Dos personas no tienen que compartir ideología, religión o nacionalidad para descubrir que ambas pueden salir ganando de un intercambio voluntario. Ese principio es extraordinariamente poderoso. El mercado no exige unanimidad. Exige cooperación. Y quizá una de las mayores virtudes de una sociedad libre sea precisamente esa: permitir que millones de personas cooperen sin necesidad de ponerse de acuerdo sobre cómo debe vivir todo el mundo.

9. Un Estado más pequeño no significa abandonar a quien lo necesita

Este punto es fundamental si queremos que el argumento sea intelectualmente honesto. Defender un Estado limitado no significa negar la existencia de personas vulnerables. Una sociedad desarrollada necesita mecanismos para afrontar situaciones que el individuo difícilmente puede resolver por sí solo: discapacidad, dependencia, pobreza extrema, catástrofes, determinadas enfermedades o situaciones de emergencia. La cuestión es cómo diseñamos esos mecanismos.

La propia evidencia de la OCDE muestra que el gasto social puede reducir la desigualdad mediante la redistribución y el reparto de riesgos. Al mismo tiempo, también señala que el diseño concreto de impuestos y prestaciones importa para los incentivos al trabajo y al crecimiento.

Por tanto, el objetivo de una política liberal responsable no debería ser eliminar toda protección social. Debería ser construir una red de seguridad que proteja al ciudadano cuando realmente la necesita sin convertir esa red en una tela de araña que atrape la iniciativa, el trabajo y la responsabilidad personal. El Estado debe ayudar a quien cae. Pero también debería permitirle levantarse.

10. La verdadera batalla no es Estado contra mercado

Llegados a este punto, quizá debamos abandonar una falsa dicotomía. No se trata de elegir entre un Estado gigantesco y la ley de la selva. Se trata de decidir qué cosas debe hacer el Estado y cuáles podemos hacer mejor los ciudadanos, las empresas, las familias y las organizaciones de la sociedad civil. El mercado tiene fallos. El Estado también. La diferencia es que hemos aprendido a estudiar los fallos del mercado con enorme detalle, mientras que con frecuencia damos por supuesto que cuando el Estado interviene lo hace de manera neutral, competente y gratuita. No es así.

Los funcionarios pueden equivocarse.
Los Gobiernos pueden equivocarse.
Las leyes pueden tener consecuencias imprevistas.
Las subvenciones pueden generar dependencia.
Los impuestos pueden alterar los incentivos.
Y el gasto público puede ser ineficiente.

Reconocerlo no significa ser “anti-Estado”. Significa aplicar al poder político la misma exigencia que aplicamos a cualquier otra institución. Demostrar que una intervención funciona. Medir sus resultados. Evaluar su coste. Y eliminarla cuando deje de cumplir su objetivo.

Conclusión: devolver espacio a la sociedad

La defensa de un Estado limitado no debería confundirse con una defensa del individualismo egoísta ni con la pretensión de que el mercado pueda resolver absolutamente todos los problemas. La realidad es más compleja. Necesitamos instituciones públicas eficaces. Necesitamos justicia. Necesitamos seguridad. Necesitamos reglas. Necesitamos determinadas redes de protección.

Pero precisamente porque necesitamos al Estado, debemos ser cuidadosos con el poder que le entregamos. España no necesita necesariamente un Estado “más grande” o “más pequeño” como objetivo abstracto. Necesita un Estado mejor: más eficaz donde resulta imprescindible, más austero donde no lo es, más transparente, menos burocrático y mucho más respetuoso con el espacio de decisión de los ciudadanos.

La evidencia disponible no permite afirmar que exista una fórmula universal según la cual cuanto menor sea el Estado, mayor será automáticamente la prosperidad. De hecho, la OCDE subraya que tanto el nivel de gasto como su composición importan. Pero sí permite defender algo mucho más razonable: el poder público debe justificar su existencia, sus impuestos y sus regulaciones.

Cada nueva competencia del Estado debería responder a una pregunta sencilla: ¿Es realmente necesario que esto lo decida un Gobierno en lugar de las personas? Si la respuesta es sí, hagámoslo bien. Si la respuesta es no, dejemos espacio a la libertad. Porque una sociedad libre no es aquella en la que el Gobierno hace todo correctamente. Es aquella en la que los ciudadanos conservan suficiente poder sobre sus propias vidas como para poder equivocarse, emprender, crear, comerciar, cooperar y prosperar sin pedir permiso constantemente a quienes gobiernan. Menos poder concentrado. Más responsabilidad individual. Más competencia. Más libertad. Y, sobre todo, mejores instituciones.