EL GRAN DIVORCIO ECONÓMICO: CÓMO ENTIENDO LA RELACIÓN ENTRE PRODUCTIVIDAD, SALARIOS Y BIENESTAR

 

Hay una pregunta que me parece cada vez más difícil de ignorar: si somos capaces de producir mucho más que hace unas décadas, ¿por qué esa mayor capacidad productiva no se traduce siempre en una mejora proporcional de la vida de quienes trabajan?

Esta pregunta está detrás de lo que se ha denominado el «gran divorcio» o la divergencia entre productividad y salarios.

A mi juicio, el debate suele simplificarse demasiado. Unos consideran que el problema demuestra que el capitalismo ha dejado de repartir adecuadamente los frutos del crecimiento. Otros responden que estamos ante un espejismo estadístico y que se está ignorando el papel del capital, la inversión y la tecnología.

Creo que ambas posiciones contienen una parte de verdad. Por eso, prefiero analizar el problema desde tres perspectivas diferentes: la socialdemócrata, la socialcristiana o centrista y la liberal. Mi intención no es escoger una etiqueta ideológica, sino entender qué explica realmente esta divergencia y qué políticas pueden mejorar la situación sin destruir aquello que hace posible el crecimiento económico.

1. Primero quiero entender qué estamos midiendo

Antes de llegar a conclusiones políticas, creo que hay que tener cuidado con la propia comparación entre productividad y salarios. Decir que la productividad aumenta más que los salarios parece sencillo, pero detrás de esas dos variables hay muchas decisiones metodológicas. El salario puede medirse de diferentes maneras. Podemos hablar de salario base, salario real, salario mediano o compensación total. Esta última puede incluir cotizaciones sociales, seguros y otros beneficios que no aparecen directamente en la nómina.

La existencia de una divergencia entre productividad y remuneración laboral está respaldada por la evidencia internacional, pero su magnitud depende de qué medida de salario utilicemos, de cómo deflactemos las variables y de si analizamos el salario medio o el salario mediano.

También hay que tener en cuenta la forma en que medimos la inflación y los cambios en los precios. Por eso, para mí, la pregunta interesante no es simplemente si existe una diferencia entre dos líneas de una gráfica. La pregunta realmente importante es: ¿qué parte del aumento del valor generado por una economía termina llegando a los trabajadores y qué parte termina en beneficios empresariales, rentas del capital u otros ingresos?

2. La primera explicación: los trabajadores han perdido poder

Desde una perspectiva socialdemócrata, la respuesta es bastante clara. El problema no estaría únicamente en la tecnología o en la globalización, sino en el cambio en las relaciones de poder dentro del mercado laboral El punto de partida para este análisis señala la pérdida de fuerza de los sindicatos, la globalización sin suficientes protecciones laborales y determinadas estructuras fiscales como factores que pueden haber favorecido al capital frente al trabajo.

Cuando una empresa aumenta su productividad, genera un excedente adicional. Pero ese excedente no determina por sí mismo quién se lo queda. Puede utilizarse para invertir, bajar precios, aumentar beneficios, pagar dividendos o mejorar los salarios. La cuestión es qué capacidad tiene cada parte para negociar. Si un trabajador tiene muchas alternativas laborales y las empresas compiten intensamente por contratarlo, su posición negociadora mejora. Si, por el contrario, tiene pocas alternativas y una capacidad colectiva de negociación limitada, puede ocurrir que una parte mayor del aumento de productividad termine beneficiando al capital.

Desde esta perspectiva entiendo las propuestas de aumentar el salario mínimo, fortalecer la negociación colectiva, reforzar la redistribución fiscal y establecer redes de protección social.

Un salario mínimo demasiado elevado puede dificultar la contratación de trabajadores con baja productividad. Una fiscalidad excesivamente agresiva puede reducir determinados incentivos a invertir. Una regulación laboral excesivamente rígida puede dificultar la adaptación de las empresas. Por eso, personalmente, no creo que la respuesta pueda resumirse en «más Estado».

La pregunta que considero más interesante es qué Estado y qué regulación consiguen mejorar la posición del trabajador sin reducir el crecimiento y la inversión que necesitamos para generar empleo y riqueza.

3. La segunda explicación: el problema es el contrato social

La perspectiva socialcristiana o centrista me parece especialmente interesante porque cambia la pregunta. No se centra tanto en la lucha entre capital y trabajo como en la calidad de vida que una economía es capaz de proporcionar.  Señala precisamente cuestiones como el acceso a la vivienda, la educación, la familia y la jubilación.

Un aumento del PIB no es necesariamente lo mismo que una mejora de la vida de las personas. Puedo producir más, ganar más y, sin embargo, sentir que mi situación económica no mejora si la vivienda, la educación, determinados servicios o el coste de formar una familia aumentan todavía más rápido.

Una sociedad puede aceptar diferencias importantes de renta si existe la sensación de que el esfuerzo permite avanzar y construir una vida razonablemente estable. Cuando esa expectativa desaparece, el problema económico empieza a convertirse también en un problema político y social.

4. ¿Y si el trabajador pudiera participar directamente en el crecimiento?

Esta perspectiva plantea soluciones que me parecen especialmente interesantes porque no pretenden eliminar el mercado. Una empresa puede seguir siendo privada y competitiva, pero los trabajadores pueden participar en sus beneficios mediante acciones, bonos o sistemas de remuneración ligados a resultados.

También se menciona la conciliación familiar, la participación de los trabajadores en determinados órganos de decisión y ayudas fiscales dirigidas a las familias.

Me parece una idea atractiva porque intenta modificar la relación entre trabajador y empresa. El trabajador no sería solamente alguien que vende su tiempo a cambio de un salario. También podría participar en el valor que ayuda a crear.

No creo que tener acciones de la propia empresa deba sustituir al salario. Si la empresa atraviesa una crisis, el trabajador podría perder simultáneamente su empleo y parte de sus ahorros. Por eso veo la participación en beneficios como un complemento interesante, no como una solución universal.

5. La tercera explicación: quizá estamos midiendo mal el fenómeno

La perspectiva liberal introduce una crítica que considero imprescindible para que el análisis no se convierta en un simple discurso contra las empresas. Se  señala que algunas comparaciones entre productividad y salarios utilizan el salario base en lugar de la compensación total y que el aumento de productividad puede estar relacionado con grandes inversiones en maquinaria, tecnología y software.

Esto me parece fundamental. Imaginemos un trabajador que hoy produce el doble que hace veinte años porque trabaja con mejores máquinas, mejores programas informáticos y una organización empresarial mucho más eficiente. No tendría sentido atribuir todo ese aumento de productividad exclusivamente al trabajador.

La productividad es el resultado de una combinación de factores: trabajo + capital + tecnología + organización + conocimiento.

El capital también participa en la creación de valor.

Alguien ha tenido que invertir en la maquinaria, asumir el riesgo y financiar esa inversión. Por eso no me convence la idea de que cualquier diferencia entre productividad y salarios sea automáticamente una prueba de explotación. Pero tampoco creo que el argumento contrario resuelva todo el problema. Que el capital contribuya a generar productividad no significa que cualquier distribución de los beneficios sea necesariamente eficiente o justa.

6. El mercado laboral también importa

El argumento liberal que más me interesa es el relacionado con la competencia. Si existen muchas empresas compitiendo por contratar trabajadores, las empresas tienen que ofrecer mejores condiciones para atraerlos. En ese sentido, un trabajador no necesita únicamente protección. También necesita alternativas.

Cuantas más empresas puedan crearse, cuanto más sencillo sea cambiar de empleo y cuanto más dinámica sea una economía, mayor debería ser la capacidad del trabajador para negociar. Se plantean precisamente políticas orientadas a reducir determinadas cargas sobre el trabajo, facilitar la creación de empresas y aumentar la oferta de vivienda mediante una mayor liberalización del suelo. Aquí encuentro una idea que considero especialmente importante: una economía puede mejorar los salarios no solamente aumentando la protección del trabajador, sino aumentando las oportunidades disponibles para él.

Si solo tengo una empresa dispuesta a contratarme, mi poder de negociación es pequeño. Si tengo diez empresas compitiendo por contratarme, mi posición cambia completamente.

Un estudio de la OCDE basado en datos de empresas y trabajadores de distintos países concluye que aproximadamente la mitad de la desigualdad salarial global entre trabajadores está asociada a diferencias salariales entre empresas. Y encuentra algo especialmente interesante, solo alrededor del 15 % de las diferencias de productividad entre empresas se trasladan a diferencias en las primas salariales empresariales. Además, esa transmisión es mayor cuando existe más movilidad laboral y competencia. La evidencia de la OCDE sugiere que la movilidad laboral y la competencia entre empresas influyen en cuánto de las diferencias de productividad termina reflejándose en los salarios.

La propia OCDE, en su Employment Outlook 2025, vuelve a mostrar que los salarios reales se han desacoplado de la productividad en el conjunto de países analizado.

7. La vivienda cambia completamente el análisis

Hay un aspecto que, en mi opinión, merece mucho más protagonismo en este debate y ese es la vivienda. Cuando hablamos de salarios solemos preguntarnos cuánto gana una persona. Pero creo que deberíamos preguntarnos también cuánto le queda después de pagar aquello que necesita para vivir.

Un trabajador puede experimentar un aumento salarial y no percibir una mejora equivalente en su bienestar si una parte creciente de sus ingresos se destina al alquiler o a la compra de vivienda. Por eso, el problema del «gran divorcio» no debería limitarse a la relación entre productividad y salarios.

La OCDE señala actualmente que España tiene problemas estructurales importantes de acceso a la vivienda. Entre 2022 y 2024 se concedieron unas 345.000 licencias de construcción, frente a una creación neta de aproximadamente 604.000 hogares. La OCDE estima además que el déficit de vivienda acumulado entre 2022 y 2025 ronda las 600.000 unidades, según estimaciones del Banco de España citadas por la OCDE. En España se necesitan actualmente más de 20 años de ahorro para poder comprar una vivienda, según la OCDE.

También deberíamos estudiar la relación entre, salarios, coste de vida, vivienda y patrimonio. Aquí vuelven a aparecer las diferencias entre las tres corrientes.

La izquierda puede defender vivienda pública y ayudas.

El centro puede poner el énfasis en facilitar que las familias puedan acceder a una vivienda.

El liberalismo puede defender una mayor oferta de suelo y menos restricciones a la construcción.

Tres recetas distintas para un problema que, en buena medida, puede ser el mismo.

8. Mi conclusión: no quiero elegir entre crecimiento y distribución

Después de analizar las tres perspectivas, mi conclusión es que no me convence plantear el debate como una elección entre crecimiento económico y justicia distributiva. Creo que necesitamos las dos cosas. Una sociedad no puede distribuir indefinidamente una riqueza que no genera. Pero tampoco considero sostenible una economía que aumenta enormemente su productividad mientras una parte importante de la población siente que no puede convertir ese crecimiento en una vida mejor.

Por eso, mi objetivo sería intentar conseguir simultáneamente cuatro cosas: más productividad, más competencia, mejores salarios reales y una distribución razonable de los frutos del crecimiento. Eso significa favorecer la inversión y la innovación, pero también mejorar la formación de los trabajadores. Significa facilitar la creación de empresas, pero también garantizar que los trabajadores tengan capacidad real para cambiar de empleo y negociar. Significa mantener mercados competitivos, pero aceptar determinadas instituciones laborales cuando corrigen desequilibrios de poder.

Y significa entender que el bienestar no depende únicamente del salario, depende también del precio de la vivienda, de los impuestos, de los servicios públicos, de la estabilidad laboral y de la capacidad de una familia para construir patrimonio.

Conclusión: mi posición ante el gran divorcio económico

Después de analizar estas tres perspectivas, no creo que la respuesta esté completamente en la socialdemocracia, ni completamente en el centro socialcristiano, ni completamente en el liberalismo. Creo que cada una identifica una parte del problema. La socialdemocracia me recuerda que el poder de negociación importa. La perspectiva socialcristiana me recuerda que la economía debe terminar convirtiéndose en bienestar y estabilidad para las personas y las familias. El liberalismo me recuerda que sin inversión, competencia, emprendimiento y productividad no hay crecimiento sostenible que repartir.

Por eso, mi posición estaría más cerca de una combinación de los tres elementos que de una respuesta puramente ideológica. Quiero una economía dinámica porque necesitamos crecer. Quiero mercados competitivos porque creo que la competencia es uno de los mejores mecanismos para generar eficiencia y oportunidades. Pero también quiero instituciones que impidan que una parte excesiva de los beneficios del crecimiento quede concentrada cuando existen desequilibrios de poder. Y, sobre todo, creo que deberíamos dejar de medir el éxito económico únicamente por el PIB. El verdadero indicador de bienestar debería ser algo parecido a “salario real disponible después de costes esenciales”, no simplemente salario real.  El PIB responde a cuánto produce una economía; no responde por sí solo a cuánto bienestar obtiene una persona de esa producción.

Para mí, la verdadera pregunta es mucho más sencilla:

¿Puede una persona que trabaja, ahorra y toma buenas decisiones construir hoy una vida mejor y un patrimonio razonable?

Si la respuesta es sí, el crecimiento económico está cumpliendo su función.

Si la respuesta es no, entonces tenemos un problema económico que va mucho más allá de una simple gráfica de productividad y salarios.

Ese es, para mí, el verdadero significado del gran divorcio económico, no solamente cuánto somos capaces de producir, sino cuánto de esa capacidad productiva acaba convirtiéndose en prosperidad real para las personas que hacen funcionar la economía.