Estos días estamos viendo noticias sobre posibles
huelgas y movilizaciones como consecuencia del fuerte incremento del precio de
los carburantes.
La reivindicación es comprensible: para determinados
sectores como transporte, agricultura, pesca, distribución, entre otros, el combustible no es un gasto accesorio. Es un
elemento imprescindible para poder desarrollar su actividad. Cuando el precio
del gasóleo aumenta de forma importante, sus costes aumentan casi
inmediatamente. La cuestión interesante, desde el punto de vista económico, es
otra:
¿Quién acaba pagando ese incremento del coste?
Porque hay algo que conviene tener presente: una
subida del precio del petróleo o de los carburantes supone un coste real para
la economía. Y ese coste no desaparece porque el Gobierno decida
subvencionarlo. Lo que cambia es quién lo soporta.
El coste siempre acaba en algún sitio
Imaginemos una empresa de transporte cuyo consumo de
combustible supone una parte importante de sus costes. Si el gasóleo aumenta,
la empresa tiene inicialmente un problema muy sencillo: ahora necesita gastar
más dinero para realizar exactamente el mismo servicio. A partir de ahí tiene
varias posibilidades. Puede absorber el incremento reduciendo su margen de
beneficio. Puede trasladarlo al precio que cobra a sus clientes. Puede reducir
su actividad si determinados servicios dejan de ser rentables. O puede recibir
algún tipo de ayuda pública que compense, total o parcialmente, ese incremento.
En la realidad probablemente veremos una combinación de todas ellas. Pero hay
una conclusión importante y es que el coste adicional sigue existiendo.
Si transportar una mercancía cuesta ahora 100 euros en
lugar de 90 porque el combustible se ha encarecido, esos 10 euros adicionales
no han desaparecido porque el Estado entregue una subvención al transportista. Simplemente
hemos cambiado quién pone esos 10 euros.
La alternativa de subir los precios
Supongamos que el transportista decide trasladar el
incremento de sus costes al cliente. El transporte se encarece. Pero el
transporte es un coste de producción para prácticamente toda la economía. Los
alimentos tienen que transportarse, las materias primas tienen que
transportarse, los productos industriales tienen que transportarse y los
productos que compramos en una tienda también. Por tanto, una subida del
combustible puede acabar trasladándose, directa o indirectamente, a multitud de
precios.
El consumidor
termina pagando una parte del incremento. No necesariamente de una manera
visible. No veremos en la etiqueta del supermercado un concepto que diga “incremento
del gasóleo”. Simplemente pagaremos más por determinados bienes y servicios. En ese caso, el mecanismo de ajuste se produce
fundamentalmente a través de los precios.
¿Y si el Estado subvenciona el
combustible?
Aquí aparece la segunda posibilidad. El Gobierno puede
decidir que el incremento es excesivo y establecer una subvención, una
reducción de impuestos o una ayuda específica para determinados sectores. En
ese caso, el transportista puede seguir pagando aproximadamente lo mismo por el
combustible, aunque su coste real haya .Parece
que hemos solucionado el problema. Pero solamente hemos cambiado el lugar donde
aparece.
Si el Estado recauda menos impuestos o gasta más
dinero en subvenciones, esos recursos tienen que salir de algún sitio. Pueden
financiarse con otros impuestos. Pueden financiarse reduciendo otros gastos
públicos. Pueden financiarse mediante déficit y deuda. O mediante una
combinación de las anteriores. Por tanto, la subvención no elimina el coste
económico del encarecimiento del combustible. Lo redistribuye.
La pregunta correcta no es quién recibe la subvención
A menudo el debate público se plantea en términos de
quién “se beneficia” de una determinada ayuda Pero quizá sería más interesante
formular otra pregunta: ¿Quién acaba soportando el coste? Porque una subvención al combustible puede
evitar que una determinada empresa tenga que aumentar sus precios. Pero
entonces el coste se traslada al conjunto de los contribuyentes, presentes o
futuros, dependiendo de cómo se financie. Y si la ayuda se financia mediante
deuda, tampoco significa que nadie la pague. Significa que el pago se desplaza
en el tiempo.
Y queda una tercera posibilidad: los
beneficios
Aquí enlazo con una cuestión que comentaba en una
entrada anterior de este blog: ¿de dónde salen realmente los beneficios
empresariales? (aquí) Cuando aumenta un coste de producción, existe una
presión sobre el reparto de la renta generada por la actividad económica. Simplificando
mucho, si una empresa vende un servicio por 100 euros y sus costes aumentan en
10 euros, alguien tiene que absorber esos 10 euros. Puede reducirse el
beneficio de la empresa. Puede aumentar el precio hasta 110 euros. Puede
reducirse la remuneración de alguno de los factores productivos. Puede
intervenir el Estado. O puede producirse una combinación de todo ello. Por eso
es importante no pensar que los beneficios empresariales son una cantidad
completamente independiente de los costes y de los precios.
Los precios, los salarios, los beneficios y los
impuestos forman parte de un mismo proceso de distribución de la renta generada
por la economía.
Entonces, ¿qué ocurre con una subida
del petróleo?
Aquí tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es el
precio monetario que pagamos por el combustible. Otra cosa es el coste
real que supone para la economía disponer de menos recursos energéticos o tener
que pagar más por ellos.
Si un país necesita importar petróleo y el precio
internacional aumenta, el país tiene que destinar más recursos a comprar
exactamente la misma cantidad de energía. Eso es una pérdida real de renta
frente al exterior. No podemos solucionar ese problema simplemente
trasladándolo de una persona a otra. Podemos decidir quién soporta la pérdida:
- el
consumidor, mediante precios más elevados;
- el
trabajador, mediante una pérdida de poder adquisitivo;
- la
empresa, mediante menores márgenes;
- el
contribuyente, mediante mayores impuestos;
- el
Estado, mediante mayor déficit;
- o una
combinación de todos ellos.
Pero no podemos hacer que el coste económico
desaparezca mediante una subvención.
El problema de las subvenciones
generalizadas
Esto tampoco significa que las subvenciones sean
necesariamente inútiles. Pueden tener una función económica y social
importante. Por ejemplo, pueden utilizarse para evitar que un incremento
extraordinario y temporal del precio de la energía provoque la desaparición de
empresas viables, para proteger determinadas actividades esenciales o para
evitar un ajuste demasiado brusco sobre determinados colectivos. Pero conviene
entender qué estamos haciendo.
Una subvención es, fundamentalmente, un mecanismo
de redistribución del coste. Y cuanto más generalizada sea, más difícil
resulta determinar quién debe asumir finalmente la factura. Además, si
mantenemos artificialmente bajo un precio durante mucho tiempo, podemos reducir
los incentivos para ahorrar combustible, invertir en eficiencia energética o
buscar alternativas.
Entonces, ¿qué deberían hacer las
empresas?
Desde el punto de vista empresarial, la respuesta es
bastante lógica. Si sus costes aumentan de forma permanente, tendrán que
intentar trasladar una parte de ese incremento a sus precios. Si no pueden
hacerlo, tendrán que aceptar menores márgenes, mejorar su productividad,
reducir otros costes o modificar su actividad. Y si ninguna de esas
alternativas resulta suficiente, algunas actividades simplemente dejarán de ser
rentables.Esto último es especialmente importante.
El mercado no solamente ajusta los precios. También
ajusta las cantidades producidas. Si transportar determinadas mercancías deja de ser
rentable al precio vigente, puede disminuir la oferta de transporte. Y esa
reducción de oferta también puede acabar generando aumentos de precios.
¿Y qué ocurre con los consumidores?
El consumidor tampoco queda al margen. Aunque el
Gobierno consiga que el precio del surtidor no aumente mediante una subvención,
el consumidor puede terminar pagando la factura de otra manera: mediante
impuestos presentes o futuros, menor gasto público en otras partidas o pérdida
de poder adquisitivo si el incremento termina trasladándose a otros precios. Por
eso conviene desconfiar de la idea de que existe una solución gratuita.
En economía, que el coste no aparezca en un precio
concreto no significa que haya dejado de existir. La factura no desaparece. Y quizá esta sea la idea
fundamental. Cuando sube el precio del combustible, la economía se enfrenta a
un encarecimiento real de un recurso necesario para producir y transportar
bienes. Podemos decidir cómo repartir ese encarecimiento. Podemos hacer que lo
soporten más las empresas o más los consumidores. Podemos utilizar impuestos
para redistribuirlo. Podemos utilizar subvenciones para trasladarlo
parcialmente al Estado. Podemos financiar parte del coste mediante deuda y
trasladarlo hacia el futuro. Podemos intentar reducir el consumo de combustible
mediante mayor eficiencia. Y podemos combinar todas estas medidas.
Pero lo que no podemos hacer es que un recurso que
se ha encarecido para el conjunto de la economía vuelva a ser barato
simplemente cambiando quién paga la factura. Por eso, ante las actuales
protestas por el precio de los carburantes, quizá la pregunta más interesante
no sea solamente:”¿Debe el Gobierno subvencionar el combustible?”
Sino:
“¿Quién debe soportar el
coste de que el combustible sea más caro y cómo queremos repartirlo entre
empresas, trabajadores, consumidores y contribuyentes?”
Porque
esa es, en última instancia, la verdadera discusión. La subvención puede
cambiar quién
paga. Una subida de precios puede cambiar quién
paga. Una reducción de
los márgenes empresariales puede cambiar quién paga. Pero
ninguna de ellas puede hacer que el coste económico real desaparezca.
Y quizá este sea el punto que más deberíamos tener presente cuando escuchamos
determinadas propuestas: no existe una solución que permita que
todos salgamos indemnes de un encarecimiento real de la energía.
Lo que sí podemos decidir es cómo repartir sus consecuencias.
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