EL POLÍTICO QUE SE ATREVA A ARREGLAR ESPAÑA

 

Hay una pregunta que casi nadie quiere hacer en política: ¿Quién está dispuesto a hacer lo que España necesita, aunque le cueste las próximas elecciones?

Porque gobernar cuando todo va bien es relativamente sencillo. Lo difícil es tocar aquello que lleva años funcionando a medias, decirle a alguien que una ayuda no puede durar para siempre, cerrar una administración que sobra, simplificar un impuesto, acabar con un privilegio o decirle a un sector entero que tiene que cambiar. Eso sí cuesta votos. Y precisamente por eso hacen falta políticos que entiendan que gobernar no consiste únicamente en llegar al siguiente domingo electoral. Consiste también en pensar en el lunes siguiente.

El problema de hacer lo correcto

La política tiene una trampa bastante perversa. Los beneficios de una reforma suelen tardar años en llegar. Los costes, en cambio, aparecen mañana por la mañana. Si un Gobierno decide reformar un sector improductivo, el trabajador afectado sabe inmediatamente lo que ha perdido. Si cinco años después esa reforma consigue atraer inversión, aumentar la productividad y crear empleos mejores, probablemente nadie se acordará de quién la hizo.

Con el gasto público sucede lo contrario. Anunciar una ayuda es fácil. Se puede explicar en una rueda de prensa, hacerse una foto y recibir aplausos.  Eliminarla porque ya no tiene sentido es otra historia. Por eso los gobiernos tienen una tentación enorme: repartir beneficios hoy y dejar la factura para mañana. El problema es que la factura siempre llega.

España ya ha pasado por esto

No hace falta inventarse el futuro. Tenemos ejemplos en nuestra propia historia. Durante los años ochenta España tuvo que enfrentarse a una realidad incómoda: buena parte de su industria no podía competir como estaba diseñada. Astilleros, siderurgia y otros sectores arrastraban enormes problemas de productividad y dependían de ayudas y protección pública. La reconversión industrial fue durísima. Hubo despidos, protestas, huelgas y territorios enteros que sintieron que estaban pagando el precio del cambio.

Pero había una realidad que no se podía esconder indefinidamente: no se puede construir una economía moderna manteniendo eternamente empresas que no son capaces de competir sin dinero público. Aquellas decisiones tuvieron un enorme coste social y político. Pero también ayudaron a preparar una economía mucho más abierta, competitiva e integrada en Europa. Y aquí está la lección importante: un país no puede vivir eternamente protegiendo el pasado.

Si protege demasiado tiempo una actividad que ha dejado de ser competitiva, no está protegiendo el empleo. Está retrasando el problema. Y, mientras tanto, está utilizando recursos que podrían dedicarse a crear nuevas oportunidades.

España no se arregla simplemente creando más empleo público

Durante años hemos discutido si España crea empleo o no. Es importante, claro. Pero la pregunta verdaderamente importante es otra: ¿Cuánto valor somos capaces de generar por cada hora que trabajamos? Porque podemos tener millones de personas trabajando y, aun así, seguir teniendo una economía con una productividad mediocre. Y ahí está uno de nuestros grandes problemas.

Tenemos demasiada economía basada en actividades de bajo valor añadido, empresas demasiado pequeñas, poca inversión en determinados sectores tecnológicos y una capacidad insuficiente para convertir conocimiento e innovación en empresas que crezcan. No necesitamos solamente más empleo. Necesitamos mejor empleo, empresas más grandes, más inversión, más tecnología y más productividad. Y eso no se consigue desde un despacho ministerial repartiendo subvenciones. Se consigue creando las condiciones para que miles de empresarios, trabajadores, inversores e innovadores tengan incentivos para arriesgarse.

El Estado tiene que hacer su trabajo: Pero no todos los trabajos son del Estado

Aquí llegamos a otro asunto incómodo. España necesita servicios públicos buenos. Sanidad, educación, justicia, seguridad, infraestructuras. Todo eso es fundamental. Pero precisamente porque es fundamental, deberíamos preocuparnos mucho más por cómo se gasta el dinero público. Cada euro que sale del bolsillo de un ciudadano debería tener una justificación. No basta con decir: “Es que siempre se ha hecho así”. Tampoco basta con crear una nueva estructura administrativa porque existe un problema.

A veces tenemos la curiosa costumbre de solucionar un problema creando otro organismo para estudiarlo, otro para coordinarlo y otro para supervisarlo. Y luego nos preguntamos por qué el Estado cuesta cada vez más. El debate no debería ser simplemente entre “más Estado” o “menos Estado”. La pregunta es mucho más sencilla: ¿Qué tiene que hacer el Estado y qué cosas no tiene ningún sentido que haga? Porque un Estado fuerte no es necesariamente un Estado enorme. Es un Estado que hace bien aquello que realmente tiene que hacer.

El dinero público no es gratis

Hay otra idea que deberíamos recuperar. El dinero público no es gratis. Existe el dinero de los ciudadanos que primero se recauda mediante impuestos, después se administra y, cuando no alcanza, se complementa con deuda. La deuda permite gastar hoy el dinero que alguien tendrá que pagar mañana. A veces puede estar justificada. Una crisis, una inversión estratégica o una emergencia pueden exigir endeudarse. Pero convertir la deuda en la solución habitual es otra cosa. Es como vivir durante años tirando de la tarjeta de crédito y decir que todo va bien porque el banco todavía no ha llamado. Algún día llama. Y cuando llama, normalmente no viene solo. Vienen los intereses, menos margen para invertir y menos capacidad para reaccionar cuando llega la siguiente crisis.

El gran peligro: convertir la política en una subasta

Aquí es donde entra el verdadero dilema. Si un político sabe que una reforma puede generar beneficios dentro de diez años pero pérdidas electorales dentro de seis meses, ¿qué incentivo tiene para hacerla? Muy poco.

Es mucho más rentable prometer una ayuda. Bajar una tasa. Crear una subvención. Congelar un precio. Anunciar una inversión. Todo ello puede tener sentido en determinadas circunstancias. El problema aparece cuando la política económica se convierte en una competición por ver quién reparte más beneficios inmediatos sin explicar quién pagará la factura. Y entonces el sistema entra en una espiral peligrosa. Cada Gobierno intenta no ser el que haga el ajuste. Cada generación intenta pasarle la factura a la siguiente. Y cada problema que no se resuelve se hace un poco más grande.

Hace falta alguien dispuesto a decir “no”

Por eso España necesita recuperar una palabra que parece haber desaparecido del vocabulario político: no.

No podemos financiarlo todo. No podemos proteger indefinidamente todas las actividades. No podemos mantener todas las estructuras administrativas. No podemos subir los impuestos indefinidamente y esperar que eso no afecte a la inversión. No podemos endeudarnos sin límite. No podemos prometer pensiones, servicios y prestaciones sin preguntarnos antes cómo vamos a pagarlos dentro de veinte años. Y tampoco podemos esperar que el sector privado cree riqueza si cada vez tiene que dedicar más tiempo, dinero y energía a entender las reglas que le impone la Administración. Y, sobre todo, no podemos seguir fingiendo que todas estas cosas son compatibles entre sí sin que alguien termine pagando la cuenta. Decir esto no es ser antipático. Es ser adulto.

Pero reformar no significa pasar la apisonadora

Ahora bien, tampoco nos engañemos. Una reforma no es buena simplemente porque sea dolorosa. Hay reformas mal diseñadas. Hay recortes absurdos. Hay impuestos que destruyen más actividad de la que recaudan. Hay burocracia que se puede eliminar y otra que cumple una función. Y hay personas que, sin haber tomado ninguna mala decisión, pueden quedar atrapadas en una transformación económica. A esas personas no se las puede abandonar.

Una sociedad razonable debe ayudar a quien pierde su empleo a formarse, cambiar de sector y volver al mercado laboral. Pero hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien a ponerse de pie y mantenerlo eternamente sentado. Esa diferencia debería formar parte de cualquier política económica seria.

El político que España necesita

Por eso, más que otro político especialista en campañas, España necesita alguien dispuesto a explicar una verdad bastante sencilla: el futuro no se construye prometiendo que todo seguirá igual. Hay que cambiar cosas. Hay que simplificar. Hay que eliminar lo que sobra. Hay que premiar al que invierte, trabaja y emprende. Hay que facilitar que una empresa pueda crecer sin convertirse en una especie de funcionario administrativo. Hay que atraer capital. Hay que mejorar la educación. Hay que invertir en tecnología. Hay que conseguir que nuestras empresas sean más productivas. Y hay que poner orden en las cuentas públicas. Todo esto suena menos emocionante que prometer una nueva ayuda. Pero es infinitamente más importante.

La pregunta que deberíamos hacernos

Cuando llegue el momento de votar, probablemente volveremos a escuchar las mismas promesas de siempre. Unos ofrecerán más gasto. Otros ofrecerán rebajas de impuestos. Unos prometerán proteger a todo el mundo. Otros dirán que van a cambiarlo todo. Pero deberíamos hacernos una pregunta mucho más incómoda: ¿Quién está dispuesto a decirnos la verdad aunque la verdad no dé votos?

Porque gobernar no consiste en conseguir que todos estén contentos. Eso es imposible. Gobernar consiste en tomar decisiones pensando en el país que quieres dejar dentro de diez o veinte años. El político mediocre piensa en la próxima encuesta. El buen gobernante piensa en la próxima generación. Y quizá ese sea el verdadero problema de España.

No nos faltan políticos capaces de ganar elecciones.

Nos faltan políticos dispuestos a hacer lo necesario para que, cuando llegue el momento de marcharse, España esté mejor de lo que la encontraron