La segunda economía de
la eurozona tiene un problema que va mucho más allá de los mercados
financieros: un Estado que gasta demasiado para los ingresos que obtiene, una
deuda creciente y una política incapaz de ponerse de acuerdo sobre cómo
corregir el rumbo.
Hay una pregunta que conviene hacerse de vez en cuando: ¿qué ocurriría si cualquier familia gastase sistemáticamente más de lo que ingresa, año tras año, y pretendiese solucionar el problema pidiendo nuevos préstamos? La respuesta es bastante sencilla. Al principio podría vivir cómodamente. Después empezaría a dedicar una parte creciente de sus ingresos a pagar intereses. Y, tarde o temprano, tendría que reducir gastos, aumentar sus ingresos o renegociar sus deudas.
Los Estados no son
exactamente como las familias. Tienen capacidad para recaudar impuestos,
cuentan con instrumentos económicos que los particulares no poseen y pueden
financiarse durante décadas. Pero hay algo que comparten con cualquier hogar o
empresa: los recursos son limitados y las decisiones económicas tienen
consecuencias. Francia está demostrando hasta qué punto esta cuestión puede
convertirse en un problema nacional.
1. Las cifras no son
una opinión
Empecemos por los
datos, no por los titulares alarmistas. Según el Instituto Nacional de
Estadística francés, el INSEE, Francia terminó 2025 con un déficit público de
152.500 millones de euros, equivalente al 5,1 % de su producto interior bruto.
La deuda pública alcanzó el 115,6 % del PIB, frente al 112,6 % de 2024. Son
cifras oficiales, publicadas el 27 de marzo de 2026.
¿Qué significan estos
números en la práctica? Que el Estado francés gastó durante 2025 bastante más
de lo que ingresó. Y que la cantidad acumulada de deuda siguió aumentando. Es
cierto que el déficit mejoró respecto al año anterior: pasó del 5,8 % al 5,1 %
del PIB. Conviene reconocerlo, porque un análisis serio no puede seleccionar
únicamente los datos que confirman su tesis. Pero una reducción del déficit no
significa que la deuda esté disminuyendo. Significa que, en proporción al
tamaño de la economía, el desequilibrio anual se ha reducido. Mientras exista
déficit, la deuda puede continuar creciendo.
La diferencia es importante.
Una cosa es frenar la velocidad a la que se acumula un problema y otra muy
distinta resolverlo. Y Francia todavía está lejos de tener sus cuentas
equilibradas.
2. El problema no es
gastar mucho. Es gastar sin explicar cómo se paga
La discusión sobre el
gasto público no debería plantearse como una guerra entre quienes quieren un
Estado inexistente y quienes defienden todos los servicios públicos. Esa es una
caricatura poco útil. Un Estado puede financiar servicios esenciales,
infraestructuras, seguridad, justicia y una red de protección social. La
cuestión es cuánto cuesta todo eso, qué resultados produce y cómo se financia. El
dato francés resulta especialmente significativo: en 2025, el gasto público
representó el 57,2 % del PIB, mientras que los ingresos públicos se situaron en
el 52,1 %, según Eurostat. Dicho en lenguaje de la calle: el conjunto de las
administraciones públicas francesas gastó el equivalente a unos 57 euros por
cada 100 euros de producción económica, pero ingresó alrededor de 52. La
diferencia se cubrió mediante endeudamiento y otros mecanismos de financiación.
Ahora bien, hay que
evitar una confusión: estos porcentajes no significan que cada francés pague
directamente el 52 % de su sueldo en impuestos. Son magnitudes referidas al conjunto
de la economía y de las administraciones públicas. La pregunta relevante es
otra: ¿está produciendo ese nivel de gasto unos resultados que justifiquen su
coste? ¿Y puede mantenerse sin trasladar una factura cada vez mayor a quienes
todavía no han nacido?
3. La deuda no es
dinero gratis
Existe una idea
bastante extendida según la cual, si un Estado tiene problemas presupuestarios,
siempre puede emitir más deuda y dejar que el futuro se ocupe de ella. El
problema es que el futuro termina llegando.
La deuda pública no
tiene que pagarse íntegramente de golpe. Los gobiernos suelen refinanciar una
parte cuando vencen sus obligaciones. Pero eso no elimina el coste: hay que
seguir pagando intereses y convencer a los inversores de que merece la pena
prestar dinero. Y las condiciones de financiación importan.
La Agencia Francesa
del Tesoro, responsable de gestionar la deuda y la tesorería del Estado,
publicaba un rendimiento de referencia a diez años del 4,79 % el 9 de octubre
de 2026. Ese dato no significa que toda la deuda francesa pague actualmente un
4,79 %. Francia tiene obligaciones emitidas en distintos momentos, con
vencimientos y tipos diferentes. El coste medio de toda la deuda cambia
gradualmente a medida que se refinancia. Pero sí permite entender el problema:
si una parte importante de la deuda antigua, emitida a tipos inferiores, tiene
que renovarse a tipos más altos, el gasto en intereses aumenta progresivamente.
Y cada euro destinado a pagar intereses es un euro que no puede utilizarse para
otra cosa sin aumentar los impuestos, reducir otros gastos o volver a
endeudarse. La deuda, por tanto, no elimina el coste de las decisiones
políticas. Lo desplaza en el tiempo y, en ocasiones, lo hace menos visible para
el ciudadano.
Hay una cifra que ayuda a entender el problema mejor que
muchos titulares financieros. Según el INSEE, Francia destinó 64.700 millones
de euros al pago de intereses de su deuda pública en 2025, frente a 58.100
millones el año anterior. Son aproximadamente 6.600 millones adicionales en un
solo ejercicio. No significa que toda la deuda se haya encarecido de golpe,
porque los vencimientos y los tipos de interés son distintos. Pero ilustra cómo
el coste de financiar los desequilibrios pasados puede ir ganando espacio en el
presupuesto presente.
4. El mercado empieza
a pasar factura
Cuando los inversores
consideran que un país presenta más riesgo, pueden exigir una rentabilidad
mayor para prestarle dinero. También pueden aumentar los precios de los
instrumentos financieros utilizados para cubrirse frente a un posible impago,
como los CDS (Credit Default Swaps). Durante los primeros días de
octubre de 2026, varios medios financieros informaron de un fuerte repunte de
los CDS franceses a cinco años. El Wall Street Journal, por ejemplo,
informó el 5 de octubre de que su cotización prácticamente se había duplicado
durante las dos semanas anteriores. Esto merece atención, pero también exige
prudencia. Un CDS más caro no significa que el país vaya a quebrar mañana.
Refleja un aumento del precio de la protección frente al riesgo de crédito, que
puede responder a varios factores, entre ellos la incertidumbre política y
fiscal. Lo importante es observar la tendencia y contrastarla con otros
indicadores: los rendimientos de los bonos, la diferencia respecto a Alemania,
las condiciones de las subastas de deuda y la evolución de las cuentas
públicas. Cuando varios indicadores se deterioran a la vez, la señal merece
mayor atención.
Hay, además, un
mecanismo perverso que ningún Gobierno debería ignorar. Si el endeudamiento
genera dudas, la financiación puede encarecerse. Si los intereses suben, el
déficit puede empeorar. Y si el déficit empeora, los inversores pueden exigir
nuevas primas de riesgo. No es una consecuencia inevitable, pero sí una
dinámica que conviene evitar antes de que se consolide.
5. Francia no está en
quiebra, pero tampoco puede ignorar las reglas
Aquí conviene poner
las cosas en su sitio. Francia no es una pequeña economía aislada. Es una de
las principales economías de Europa, dispone de una amplia capacidad tributaria
y forma parte de la eurozona. No hay motivos suficientes para afirmar que un
impago sea inminente simplemente porque su deuda supere el 100 % del PIB o
porque aumente el precio de sus CDS. Tampoco existe una cifra mágica de deuda a
partir de la cual un país quiebre automáticamente. Importan el crecimiento
económico, los tipos de interés, la estructura de vencimientos, la capacidad
recaudatoria y la confianza en las instituciones.
Pero que no exista un
precipicio automático no significa que no exista un problema. La Unión Europea
mantiene a Francia dentro del procedimiento de déficit excesivo. En enero de
2025, el Consejo de la UE recomendó que corrigiese esa situación antes de 2029,
con una senda de crecimiento del gasto neto limitada para los años siguientes. Las
reglas europeas no son infalibles y su aplicación puede discutirse. Pero existe
una razón económica para establecerlas: cuando los desequilibrios
presupuestarios de un país afectan a toda una unión monetaria, sus consecuencias
no quedan necesariamente dentro de sus fronteras. La pertenencia al euro ofrece
ventajas importantes, pero no convierte el endeudamiento en un recurso
ilimitado ni garantiza que los demás países vayan a asumir indefinidamente los
costes de una política fiscal insostenible.
6. La cuestión
incómoda: ¿quién paga la factura?
La deuda puede parecer
un problema abstracto hasta que empieza a condicionar decisiones concretas. Si
aumenta el gasto en intereses, un Gobierno tiene varias opciones: reducir otras
partidas, subir impuestos, vender activos, mejorar la eficiencia del gasto o
intentar que la economía crezca más rápidamente. También puede seguir
endeudándose, pero esa decisión no hace desaparecer las anteriores. Simplemente
aplaza el ajuste y puede encarecerlo. Aquí aparece una cuestión de
responsabilidad intergeneracional. Las generaciones actuales deciden una parte
importante del gasto público, pero una parte de sus obligaciones financieras
recaerá sobre los contribuyentes futuros. Eso no significa que toda deuda sea
mala. Financiar una infraestructura productiva que genere beneficios durante
décadas puede ser razonable. Endeudarse para responder a una emergencia
extraordinaria también puede estar justificado. La pregunta es si el
endeudamiento financia inversiones y necesidades justificadas o si se utiliza
para mantener de manera permanente un desequilibrio entre compromisos políticos
e ingresos disponibles. No es lo mismo.
Y tampoco es justo
presentar cualquier ajuste como un ataque indiscriminado al Estado del
bienestar. Un sistema de protección social que acumula compromisos que no puede
financiar corre el riesgo de terminar siendo menos sólido precisamente para
quienes más dependen de él. La sostenibilidad presupuestaria no es solo una
cuestión contable. También afecta a la continuidad de las prestaciones
públicas.
7. La salida no
consiste en recortar a ciegas
Un análisis serio
tampoco debería caer en el simplismo contrario: creer que basta con reducir
cualquier partida presupuestaria para que todo se arregle. Un ajuste mal
diseñado puede debilitar la inversión, reducir la actividad económica y
dificultar la propia estabilización de la deuda. Francia necesita una
estrategia que combine varias medidas.
Primero, revisar el
gasto con criterios de eficacia. No basta con anunciar recortes
generales. Hay que identificar qué programas funcionan, cuáles se solapan y
cuáles consumen recursos sin ofrecer resultados proporcionales.
Segundo, establecer
compromisos presupuestarios creíbles. Un plan fiscal no debería depender
exclusivamente de previsiones optimistas ni de medidas que se abandonen cada
vez que generan resistencia política.
Tercero, facilitar el
crecimiento y la inversión privada. La productividad, la competencia, la
innovación y la creación de empresas ayudan a ampliar la base económica sobre
la que se recaudan los impuestos. No sustituyen a la disciplina fiscal, pero
pueden hacerla más viable.
Cuarto, revisar los
incentivos del sistema. Las decisiones sobre empleo, ahorro, inversión y
jubilación responden, entre otros factores, a los costes y beneficios que
afrontan ciudadanos y empresas. Las reformas deberían evaluar sus efectos
reales, no limitarse a proclamar buenas intenciones.
Quinto, proteger a
quienes realmente necesitan protección. Una política de responsabilidad fiscal
no exige tratar todos los gastos como equivalentes. Exige distinguir entre las
obligaciones prioritarias, las inversiones útiles y los compromisos que no
pueden mantenerse en sus condiciones actuales.
Nada de esto es
sencillo. Las reformas tienen costes, generan ganadores y perdedores y
requieren mayorías políticas. Pero aplazar las decisiones tampoco es gratis.
8. La verdadera
lección francesa
Lo que está ocurriendo
en Francia plantea una cuestión que afecta a muchas democracias desarrolladas:
¿hasta qué punto puede crecer el gasto público sin que exista un acuerdo
realista sobre cómo financiarlo? Durante
años, los Gobiernos pueden encontrar razones para gastar más. Una crisis, una
promesa electoral, una prestación adicional o una necesidad social pueden
justificar decisiones concretas. El problema aparece cuando cada compromiso se
presenta como imprescindible, pero nadie quiere explicar qué otros gastos deben
reducirse, qué ingresos deben aumentarse o qué deuda adicional se considera
aceptable.
Entonces la política
corre el riesgo de convertir una sucesión de decisiones individuales en un
problema colectivo. La economía, sin embargo, no funciona por votación. Las
restricciones presupuestarias no desaparecen porque resulten incómodas y los
intereses no dejan de devengarse porque un Gobierno prefiera no hablar de
ellos. La responsabilidad fiscal consiste precisamente en reconocer esas
limitaciones antes de que se conviertan en una emergencia.
Conclusión: el Estado
también tiene que rendir cuentas
Francia no está
condenada a una crisis de deuda ni existen razones para anunciar su quiebra
como un hecho inminente. Lo que muestran las cifras oficiales es algo menos
espectacular, pero suficientemente importante: un déficit persistente, una
deuda que continúa aumentando y unas condiciones financieras que merecen
vigilancia. La respuesta no debería ser el alarmismo, pero tampoco la
complacencia.
Defender la libertad
económica implica defender también la responsabilidad en el uso del dinero
público. Los impuestos cuestan recursos a quienes los pagan, la deuda genera
obligaciones futuras y el gasto debe evaluarse por los resultados que produce Un
Estado puede ofrecer servicios públicos valiosos sin gastar de manera
ilimitada. Puede proteger a los más vulnerables sin convertir cada compromiso
político en una obligación financiera permanente. Y puede mantener un sistema
de protección social sin ignorar la necesidad de hacerlo sostenible.
La cuestión de fondo
es sencilla: no se trata de decidir si queremos un Estado más grande o más
pequeño por principio, sino de exigir que el Estado explique qué hace con el
dinero, cuánto cuesta y cómo piensa pagarlo. Porque cuando las cuentas no
cuadran, la factura no desaparece. Simplemente acaba llegando por otra vía: en
forma de impuestos, de menor margen para los servicios públicos, de deuda
adicional o de oportunidades perdidas para las generaciones futuras.
Y esa es una discusión
que Francia, como tantos otros países europeos, no puede permitirse seguir
aplazando.
Fuentes y
documentación
- INSEE: Resultados de las
cuentas públicas francesas de 2025.
- Eurostat: Déficit y deuda pública de los países de la Unión Europea.
- Consejo de la Unión Europea: Recomendaciones para corregir los déficits excesivos.
- Agencia Francesa del Tesoro: Datos de deuda y
condiciones de financiación del Estado francés.
- Wall Street Journal: Información sobre el encarecimiento de los CDS franceses, 5 de octubre
de 2026.
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