Cuando se habla de las
pensiones en España, siempre aparecen dos mensajes. Unos dicen que nunca ha
habido tanta gente trabajando y que las cotizaciones siguen batiendo récords.
Otros advierten de que el sistema tiene un problema de fondo y que, tarde o
temprano, alguien tendrá que pagar la factura. ¿Quién tiene razón?
Para entenderlo, no hace falta ser economista ni conocer todos los detalles de los Presupuestos Generales del Estado. Basta con mirar tres cosas: cuánto dinero entra en la Seguridad Social, cuánto sale y de dónde viene el dinero que falta. Porque una cosa es poder pagar las pensiones hoy y otra muy distinta es tener garantizado que podremos pagarlas en las mismas condiciones dentro de veinte o treinta años.
1. Entran más
cotizaciones, pero también aumenta el gasto
El sistema público de
pensiones español funciona, básicamente, como una caja común. Los trabajadores
y las empresas cotizan y ese dinero sirve para pagar las pensiones de quienes
ya están jubilados. No es como una hucha individual en la que cada persona
guarda su dinero para cuando deje de trabajar. Lo que entra hoy se utiliza,
principalmente, para pagar las pensiones de hoy. El sistema necesita, por
tanto, que los ingresos y los gastos estén razonablemente equilibrados. Y aquí
empieza el problema.
España tiene más
afiliados a la Seguridad Social que hace unos años y las cotizaciones han
aumentado. Es una buena noticia. Pero también hay cada vez más personas que se
jubilan, las pensiones se actualizan con el IPC y los nuevos jubilados pueden
haber cotizado durante muchos años con bases relativamente elevadas. Dicho de
otra manera: entra más dinero, sí, pero también hay que pagar más. La pregunta
importante no es si las cotizaciones crecen, sino si crecen lo suficiente para
cubrir el gasto. Y para saberlo hay que comparar las dos cifras, no quedarse
únicamente con la que sale mejor en los titulares.
El siguiente gráfico
muestra precisamente esa evolución: los ingresos y los gastos contributivos de
la Seguridad Social entre 2005 y 2025.
Evolución de los ingresos y gastos contributivos de la Seguridad Social, 2005-2025. Miles de millones de euros constantes de 2021. Fuente: de la Fuente (2026). Gráfico: Centro Ruth Richardson, Universidad de las Hespérides.
La imagen permite ver
cómo se ha ido ampliando la distancia entre ambas series. Según los datos
representados, en 2025 los ingresos contributivos se situaban en unos 152.800
millones de euros, frente a unos gastos de 207.100 millones. La diferencia es
de aproximadamente 54.300 millones de euros. Eso no significa que las pensiones
hayan dejado de pagarse ni que el sistema esté a punto de quedarse sin dinero.
Significa que, según las partidas incluidas en el gráfico, las cotizaciones no
cubren por sí solas todo el gasto contributivo que se contabiliza. Y esa
diferencia hay que cubrirla de alguna manera.
Aquí conviene hacer
una distinción: no es lo mismo hablar del saldo de las cotizaciones y las
prestaciones contributivas que de las cuentas completas de la Seguridad Social.
Para entender el problema, hay que saber qué ingresos y gastos incluye cada
cifra. Pero la cuestión de fondo sigue siendo la misma: si el gasto crece
durante años por encima de los ingresos propios, el sistema necesita cada vez
más financiación adicional.
2. La hucha de las
pensiones: tener dinero guardado no significa que todo esté resuelto
Cuando se habla de la
sostenibilidad de las pensiones, suele aparecer una noticia tranquilizadora: la
hucha vuelve a crecer. Y es cierto que el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social ha recuperado parte de sus recursos. Este fondo se creó para guardar
dinero en épocas favorables y utilizarlo cuando el sistema lo necesitara.
La idea es sencilla:
cuando sobra dinero, se guarda; cuando falta, se utiliza. El problema es que
las cuentas actuales no son tan sencillas. Durante los años de bonanza
económica, la Seguridad Social acumuló importantes recursos. Después, con la
crisis y el aumento de las necesidades de financiación, el fondo fue perdiendo
buena parte de lo que había ahorrado. En los últimos años ha vuelto a crecer,
en parte gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional,
una cotización adicional destinada a reforzar la financiación del sistema. Hasta
aquí, todo bien. Pero hay otra pregunta que conviene hacerse: ¿qué ocurre
cuando el fondo crece y, al mismo tiempo, la Seguridad Social necesita
financiación del Estado? Para entenderlo, hay que mirar algo más que el saldo
de la hucha.
Evolución del Fondo de Reserva y de los componentes de la deuda neta de la Seguridad Social, en millones de euros constantes de 2021. Fuente: Banco de España, FEDEA y Seguridad Social. Gráfico: Centro Ruth Richardson, Universidad de las Hespérides.
El gráfico muestra la
evolución del Fondo de Reserva junto con los préstamos del Estado y la deuda
acumulada que recoge la metodología utilizada por sus autores. La cuestión que
plantea es importante: ¿de qué sirve destacar cuánto dinero hay en la hucha
si no miramos también cómo se está financiando el resto del sistema? Ahora
bien, hay que explicar bien qué representan esas cifras. Los préstamos del
Estado son una deuda para la Seguridad Social, pero también un activo para el
Estado que los concede. Cuando se consolidan las cuentas del conjunto de las
administraciones públicas, ambas posiciones se compensan contablemente.
Esto significa que no
podemos sumar sin más la deuda de la Seguridad Social y la del Estado como si
fueran dos deudas independientes frente a terceros. Pero tampoco debemos
ignorar el problema que hay detrás: la Seguridad Social puede necesitar
financiación adicional aunque su Fondo de Reserva esté aumentando. Es como
tener unos ahorros en el banco mientras necesitas pedir dinero prestado para
pagar otros gastos. Tener ahorros es positivo, pero para saber cómo estás
realmente tienes que mirar también tus ingresos, tus gastos y tus deudas. La
comparación no es perfecta, porque las cuentas públicas son más complejas, pero
sirve para entender la idea. Que la hucha crezca es una buena noticia. Lo
que no demuestra, por sí solo, es que el sistema sea financieramente
autosuficiente.
3. Si falta dinero,
¿quién pone la diferencia?
Cuando las
cotizaciones no bastan para cubrir todos los gastos que se contabilizan, el
Estado puede aportar recursos procedentes de los impuestos generales. Es decir,
además de las cotizaciones sociales, entran en juego los impuestos que pagamos
a través del IRPF, el IVA y otras figuras tributarias.
Esto no es
necesariamente una irregularidad. Existe un principio conocido como separación
de fuentes de financiación, relacionado con los acuerdos del Pacto de Toledo,
que busca distinguir qué gastos deben pagarse mediante cotizaciones y cuáles
corresponde financiar con impuestos. La cuestión es otra: ¿qué consecuencias
tiene utilizar cada vez más recursos del presupuesto general para financiar las
pensiones? Pensemos en una familia que ingresa 3.000 euros al mes y gasta
3.500. Puede cubrir los 500 euros que faltan utilizando ahorros, vendiendo
algún activo, pidiendo un préstamo o consiguiendo ingresos adicionales. En
todos los casos puede seguir pagando sus facturas. Pero cada solución tiene
consecuencias distintas y ninguna hace desaparecer automáticamente el
desequilibrio entre ingresos y gastos.
Con el Estado ocurre
algo parecido, aunque a una escala mucho mayor y con instrumentos financieros
diferentes. Si el dinero adicional procede de impuestos que ya se recaudan,
habrá menos margen para dedicarlo a otras cosas. Si se suben los impuestos,
aumenta la carga fiscal de quienes los pagan. Y si se recurre a más deuda
pública, una parte del coste se traslada al futuro. Por eso, cuando hablamos de
las pensiones, no basta con preguntar si hay dinero para pagarlas. También
debemos preguntarnos de dónde sale ese dinero y qué dejamos de financiar para
destinarlo a ellas. Ese es el llamado coste de oportunidad.
Los recursos que se
utilizan para una finalidad no pueden utilizarse al mismo tiempo para otra. El
dinero destinado a financiar las pensiones no puede emplearse también en
reducir la deuda pública, mejorar otras políticas o bajar determinados
impuestos. Esto no significa que financiar las pensiones sea un gasto
innecesario. Las pensiones cumplen una función social fundamental y proporcionan
ingresos a millones de personas. Significa que debemos evaluar su coste y sus
consecuencias con la misma seriedad con la que evaluamos cualquier otra
decisión presupuestaria.
Hay otra cuestión
importante: que una pensión se financie parcialmente con impuestos no significa
que deje de depender de las cotizaciones para calcularse. La forma de
determinar lo que cobra una persona y la forma de conseguir el dinero para
pagarle son cuestiones distintas. Lo importante es que el ciudadano pueda
conocer ambas cosas y que las cuentas públicas permitan entender cuánto cuesta
realmente el sistema.
4. El problema de
fondo: cada vez hay más presión sobre el sistema
Más allá de la hucha y
de los préstamos, hay un factor que no podemos ignorar: la demografía. Las personas
viven más años y las generaciones numerosas están llegando a la jubilación. Eso
implica que habrá que pagar pensiones durante más tiempo y atender a un número
importante de nuevos jubilados. Al mismo tiempo, los ingresos dependen de
cuántas personas trabajan, cuánto cobran, cuánto cotizan y cómo evoluciona la
productividad de la economía. Por eso, tener más afiliados no resuelve
automáticamente el problema. Si aumenta el empleo, pero el gasto en pensiones
crece todavía más deprisa, la diferencia puede seguir ampliándose.
Tampoco existe una
solución mágica. Mejorar la productividad y los salarios puede ayudar a
aumentar los ingresos; facilitar que quienes quieran y puedan sigan trabajando
puede ampliar el período de cotización; y revisar las reglas del sistema puede
modificar su coste futuro. Pero cada medida tiene ventajas, límites y
consecuencias. Retrasar la jubilación, cambiar las cotizaciones o modificar la
actualización de las prestaciones afecta de forma distinta a trabajadores,
pensionistas, empresas y contribuyentes. Por eso, el debate debería centrarse
menos en prometer que todo está garantizado y más en explicar con claridad qué
compromisos asumimos, cuánto costarán y cómo se financiarán.
No se trata de
defender recortes por principio ni de dar por hecho que el sistema es inviable.
Se trata de reconocer que las decisiones tienen un coste y que ese coste debe
analizarse antes de que se convierta en un problema mayor.
Conclusión: la hucha
no cuenta toda la historia
La Seguridad Social
puede recaudar más que nunca y, al mismo tiempo, necesitar financiación
adicional para pagar sus obligaciones. No hay contradicción: todo depende de
cómo evolucionen los ingresos y los gastos. También es posible que el Fondo de
Reserva crezca mientras la Seguridad Social mantiene deudas frente al Estado.
Eso significa que mirar únicamente el saldo de la hucha ofrece una imagen
incompleta.
La cuestión importante
es qué ocurre cuando sumamos todas las piezas: las cotizaciones, las
prestaciones, las transferencias, los préstamos y las perspectivas
demográficas. Desde una perspectiva de responsabilidad fiscal, deberíamos
exigir que esas cuentas se expliquen de forma transparente y que las decisiones
de hoy no oculten los costes que tendrán que asumir los contribuyentes de
mañana. Porque las pensiones no se financian con titulares, ni con promesas, ni
con el nombre que demos a cada partida presupuestaria. Se financian con
recursos económicos reales, y esos recursos tienen límites.
La pregunta no es solo cuánto dinero hay en la hucha. La pregunta es si el sistema podrá mantener sus compromisos a largo plazo, quién pagará la factura y qué margen quedará para las generaciones futuras.
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