El Gobierno ha decidido mantener en septiembre la
rebaja fiscal sobre el gasóleo y elevarla hasta los 20 céntimos por litro,
después de que el precio del diésel haya aumentado un 15,7 % interanual en
julio. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de
junio, que establece una reducción temporal del Impuesto sobre
Hidrocarburos y contempla una cláusula automática de salvaguarda cuando el
precio de los carburantes aumenta por encima de determinados niveles.
A primera vista, la noticia parece positiva para el
ciudadano. Si el gasóleo cuesta más, el Gobierno reduce los impuestos y el
conductor paga menos al repostar. Pero precisamente aquí es donde creo que
debemos hacernos una pregunta mucho más importante. ¿Es realmente una buena
política económica subvencionar el consumo de combustible cada vez que aumenta
su precio?
Mi respuesta es no.
El problema no es que el gasóleo sea
caro
Si el precio del petróleo aumenta, existe una razón
económica detrás de ese encarecimiento. El combustible es un recurso escaso. Su
precio transmite información sobre esa escasez. Si el petróleo se encarece
debido a una reducción de la oferta, a un conflicto internacional o a cualquier
otro factor, ese aumento del precio nos está diciendo algo, tenemos que
consumir menos petróleo o encontrar alternativas.
Y aquí aparece uno de los principios fundamentales de
una economía de mercado, los precios sirven como señales. Si el gasóleo se
encarece un 15 %, el consumidor recibe un incentivo para utilizar menos el
coche cuando sea posible, compartir desplazamientos, utilizar transporte
público, comprar productos más cercanos o simplemente reorganizar su consumo. No
es agradable. Pero que algo no sea agradable no significa que sea
económicamente incorrecto.
¿Qué hacemos entonces cuando sube el
precio?
La respuesta debería ser bastante
sencilla, ahorrar. Si llenar el depósito cuesta más, tendremos que
gastar menos en otra cosa. Una familia que ve aumentar su gasto en gasolina
puede reducir durante un tiempo el gasto en restaurantes, ocio, ropa, viajes o
cualquier otro producto. Eso es exactamente lo que hacemos constantemente en
nuestra economía doméstica. Si aumenta el precio de la vivienda, reducimos
otros gastos. Si aumenta la electricidad, intentamos consumir menos
electricidad y ajustamos nuestro presupuesto.
Si aumenta la cesta de la compra, buscamos productos alternativos o
reducimos el consumo de determinados bienes.
¿Por qué debería ser diferente con el combustible?
El Estado no puede eliminar la
escasez
Aquí está, en mi opinión, el principal error de este
tipo de políticas. El Gobierno puede reducir el impuesto sobre el gasóleo. Lo
que no puede hacer es reducir el coste real de producir, refinar, transportar y
distribuir ese gasóleo. Si el petróleo se ha encarecido en los mercados
internacionales, el Gobierno español no puede aprobar un decreto que haga
aparecer petróleo barato. Lo que si puede hacer es trasladar parte del coste
desde quien consume el combustible hacia las cuentas públicas.
Y
las cuentas públicas, al final, las pagamos todos. Por eso conviene tener
cuidado con expresiones como «el Gobierno abarata el gasóleo». No exactamente.
El Gobierno reduce temporalmente uno de los impuestos que recaen sobre él. No me parece mal que el Gobierno
reduzca impuestos. Al contrario, creo que debería hacerlo. Mi crítica es que
reducir temporalmente un impuesto para amortiguar una subida de precios no es
lo mismo que reducir estructuralmente la presión fiscal. Si el
Gobierno considera que el Impuesto sobre Hidrocarburos es demasiado elevado, me
parece perfectamente defendible reducirlo. Pero entonces deberíamos
preguntarnos por qué no hacerlo de manera permanente y acompañarlo de una
reducción equivalente del gasto público.
El
problema aparece cuando utilizamos los impuestos como una herramienta para
intentar que determinados precios no suban. El Estado no puede eliminar el
coste económico de un petróleo más caro. Solo puede decidir quién soporta ese
coste y cuándo.
Los 20 céntimos no desaparecen:
alguien acaba pagando la factura
Supongamos que un conductor ahorra 10 euros al llenar
un depósito de 50 litros gracias a la reducción fiscal. Ese conductor estará
encantado. Y es comprensible. Pero esos 10 euros no han desaparecido
mágicamente. El Estado recauda menos. Si el menor ingreso no viene acompañado
de una reducción equivalente del gasto, el Estado tendrá que compensarlo
mediante:
- reducir
gasto público;
- aumentar
otros impuestos en el futuro;
- aumentar
el déficit y trasladar el coste hacia el futuro.
La tercera posibilidad es especialmente peligrosa
porque permite presentar como gratuita una medida que no lo es. No existe el
dinero público gratuito. Existe dinero que el Estado recauda de una forma u
otra.
¿De cuánto dinero
estamos hablando?
Puede
parecer que estamos hablando de una cantidad pequeña. Veinte céntimos por litro
no parecen gran cosa cuando llenamos el depósito. Pero basta con trasladar esos
veinte céntimos al conjunto de la economía para comprender la magnitud de la
medida. Entre enero y mayo de 2026 España consumió aproximadamente 12,2 millones
de toneladas de diésel. Si tomamos ese ritmo de consumo como referencia,
estamos hablando de varios miles de millones de litros al mes. Una rebaja de 20
céntimos por litro supone, por tanto, cientos
de millones de euros de menor recaudación por cada mes de aplicación (estimación propia a partir de los datos de
consumo de MITECO)
No
conocemos todavía el coste fiscal exacto de la rebaja correspondiente
exclusivamente a septiembre, por lo que sería incorrecto presentar una cifra
estimada como si fuera un dato oficial. Pero el orden de magnitud permite
entender el problema y es que no
estamos hablando de unos cuantos millones, sino de cientos de millones de
euros. El Gobierno estimó inicialmente en 939 millones de euros
el ahorro fiscal de las rebajas de carburantes previstas para el conjunto de
julio, agosto y septiembre, mientras que el coste fiscal total del paquete
aprobado en junio ascendía a 1.825 millones (Fuente: Gobierno de España)
Y
aquí es donde la discusión deja de ser simplemente “¿quieres pagar 20 céntimos
menos cuando llenas el depósito?”. Naturalmente que quiero. La cuestión es qué hacemos con los cientos de
millones de euros que el Estado deja de recaudar. Porque si la
respuesta es aumentar el déficit, no hemos eliminado el coste. Lo hemos
trasladado hacia el futuro.
El incentivo perverso
Además, estas medidas pueden tener un efecto contraproducente.
Si el precio del combustible aumenta, lo lógico desde el punto de vista
económico es que consumidores y empresas tengan incentivos para reducir su
consumo. Pero si el Gobierno amortigua artificialmente la subida mediante una
rebaja fiscal, está reduciendo precisamente ese incentivo. El precio sube, pero
menos. Por tanto, el consumidor tiene menos motivos para modificar su
comportamiento.
Esto puede parecer beneficioso a corto plazo, pero
dificulta que la economía se adapte a una situación en la que el petróleo
realmente se ha encarecido.
¿Y las familias con menos recursos?
Este es probablemente el argumento más fuerte a favor
de las ayudas. Hay familias para las que el coche no es un lujo. Lo necesitan
para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o vivir en zonas donde no existe
una alternativa razonable de transporte público. Pero precisamente por eso creo
que debemos distinguir entre ayudar a quien lo necesita y subvencionar
indiscriminadamente el consumo de combustible. Una persona con un Porsche,
una familia con dos vehículos y un trabajador que necesita desplazarse 60
kilómetros diariamente pueden beneficiarse de una reducción general del
impuesto. Pero no tienen necesariamente la misma capacidad económica.
Si el objetivo es proteger a las familias vulnerables,
sería mucho más coherente diseñar ayudas dirigidas específicamente a quienes
realmente las necesitan.
Mi propuesta sería muy diferente. Si el petróleo se
encarece, no intentaría ocultar el precio mediante subvenciones
generalizadas. Reduciría impuestos de forma estructural y acompañaría esa
reducción con una reducción equivalente del gasto público. No se trata de que
el Estado nos devuelva temporalmente 20 céntimos de lo que previamente nos
cobra. Se trata de que el Estado necesite menos dinero y, por tanto, pueda
cobrarnos menos impuestos de manera permanente.
Y, cuando exista una situación excepcional que golpee
especialmente a determinados hogares vulnerables, las ayudas deberían ser temporales,
focalizadas y transparentes.
El verdadero debate
Por eso creo que el debate no debería ser, “¿Queremos
pagar 20 céntimos menos por el gasóleo?” Naturalmente que sí. El debate
importante es otro:
“¿Queremos que el Estado subsidie nuestro consumo cada
vez que un bien se encarece o queremos que la economía pueda adaptarse
libremente a los cambios de precios?” Tengo clara mi respuesta. Si la gasolina o el gasóleo
se encarecen porque el petróleo es más caro, tendremos que adaptar nuestro
consumo. Quizá tengamos que conducir menos. Quizá tengamos que ahorrar en
restaurantes. Quizá tengamos que retrasar unas vacaciones. Quizá tengamos que
comprar otro producto. Eso puede ser incómodo, pero es precisamente lo que
significa que los recursos sean escasos.
La función de los precios no es hacernos felices. Es
decirnos dónde son más escasos los recursos y ayudarnos a decidir cómo
utilizarlos. Y cuando el
Estado intenta impedir que esos precios transmitan esa información mediante
subvenciones generalizadas, no elimina el problema. Simplemente lo desplaza. Y,
tarde o temprano, alguien termina pagando la factura.
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