La inflación ha vuelto a encender las alarmas en España. Según el último dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios subieron un 4,9% en septiembre, su nivel más alto desde febrero de 2023. El repunte tiene un protagonista bastante evidente: la energía y, especialmente, los carburantes.
Pero hay otra cuestión menos visible que merece nuestra atención: ¿qué ocurre cuando los gobiernos mantienen déficits elevados mientras el Banco Central intenta enfriar la economía? Aquí empieza una historia bastante más interesante. Porque controlar la inflación no consiste solamente en subir los tipos de interés. También importa lo que haga el Gobierno con el dinero público.
Un solo banco central y 21 políticas fiscales
La eurozona tiene una característica muy particular. Los países que utilizan el euro comparten una misma moneda y tienen un único banco central, el Banco Central Europeo (BCE), encargado de la política monetaria. Pero cada país mantiene buena parte de su propia política fiscal: decide cuánto recauda, cuánto gasta y cuánto déficit está dispuesto a asumir. Dicho de una manera más sencilla: tenemos un solo conductor para el freno monetario, pero 21 gobiernos que pisan sus propios pedales fiscales. Y eso puede generar problemas de coordinación.
Imaginemos una economía que ya está funcionando cerca de su capacidad. Las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores, producir más cuesta tiempo y los consumidores mantienen una demanda fuerte. En ese escenario, si el Gobierno aumenta mucho el gasto, las ayudas o las transferencias sin compensarlo con más ingresos, está poniendo más dinero a circular por la economía. Si la cantidad de productos y servicios disponibles no aumenta al mismo ritmo, una parte de ese dinero adicional puede acabar presionando los precios al alza.
No ocurre siempre, ni ocurre automáticamente. Pero es un riesgo bien conocido en economía. Y aquí está el problema cuando compartes moneda: el BCE puede estar intentando enfriar la demanda mientras la política fiscal de algunos países hace justamente lo contrario.
¿Significa eso que el déficit es el culpable de la inflación actual?
No. Y conviene decirlo claramente. El repunte actual de la inflación española no puede explicarse simplemente diciendo: "hay déficit y por eso suben los precios".
El encarecimiento de la energía y de los carburantes está teniendo un papel fundamental. Los shocks externos pueden provocar un aumento de precios incluso aunque los gobiernos mantengan unas cuentas públicas equilibradas.
Pero hay una diferencia importante entre provocar un incendio y echar más leña al fuego. Un shock energético puede provocar inicialmente una subida de precios. Si, al mismo tiempo, la demanda interna sigue muy fuerte gracias a una política fiscal expansiva, la economía puede tener más dificultades para absorber ese shock. Por eso la política fiscal importa.
No necesariamente porque sea la causa original de la inflación, sino porque puede hacer más fácil o más difícil que la inflación vuelva a bajar.
El verdadero peligro: que la gente empiece a acostumbrarse a la inflación
Aquí aparece otro concepto económico que parece complicado, pero que en realidad es bastante intuitivo: las expectativas de inflación. Si una empresa piensa que el año que viene sus costes van a subir un 5%, probablemente tendrá en cuenta esa posibilidad cuando establezca sus precios. Si un trabajador cree que los precios van a subir un 5%, intentará conseguir una subida salarial parecida. Y si todos empiezan a comportarse como si una inflación elevada fuera algo normal, esa inflación puede resultar más difícil de eliminar. Esto es lo que los economistas llaman un desanclaje de las expectativas.
Por supuesto, no basta con que exista déficit público para que esto ocurra. También importan la credibilidad del BCE, los salarios, la productividad, el precio de la energía y muchos otros factores. De hecho, las expectativas de inflación a largo plazo en la eurozona siguen estando, en términos generales, relativamente ancladas alrededor del objetivo del BCE. Pero precisamente por eso conviene no jugar con fuego.
¿Y qué puede hacer el BCE?
El BCE tiene principalmente una herramienta para combatir una inflación demasiado elevada: los tipos de interés. Cuando sube los tipos, pedir dinero prestado resulta más caro. Las familias pueden reducir determinados gastos, las empresas frenan algunas inversiones y, en general, la demanda se enfría.
El problema aparece cuando la política monetaria y la política fiscal van en direcciones opuestas. Imaginemos que el BCE pisa el freno y el Gobierno pisa el acelerador. El resultado no tiene por qué ser una catástrofe. Pero sí puede significar que el BCE tenga que mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo para conseguir el mismo efecto. Y unos tipos elevados durante mucho tiempo tienen consecuencias: encarecen las hipotecas y la financiación de las empresas y pueden terminar frenando la inversión y el crecimiento.
Por eso unas cuentas públicas sostenibles no son solamente una cuestión contable. También forman parte de la política económica.
Suiza: un ejemplo interesante, pero no una receta mágica
Si queremos buscar un contraste fuera de la eurozona, Suiza resulta especialmente interesante. El país tiene un mecanismo constitucional conocido como freno al endeudamiento (Schuldenbremse).
La idea básica es sencilla: el gasto público federal debe guardar relación con los ingresos estructurales del Estado, teniendo en cuenta la situación del ciclo económico. No significa que Suiza tenga prohibido endeudarse. En una recesión puede permitirse más déficit y existen mecanismos para afrontar situaciones extraordinarias. Pero el sistema intenta evitar que los déficits temporales se conviertan en una situación permanente. Suiza también tiene una moneda propia, el franco suizo, y una economía con características muy diferentes de las de España o la eurozona.
Por eso sería demasiado sencillo decir que "Suiza tiene poca inflación porque tiene freno al gasto". La realidad es bastante más compleja. Pero el caso suizo sí demuestra una cosa interesante: la disciplina fiscal puede formar parte de una estrategia de estabilidad económica, especialmente cuando va acompañada de una política monetaria creíble.
Inflación interanual por países. Fuente: Eurostat/INE. Datos correspondientes a agosto 2026.
Las diferencias no demuestran por sí solas que un determinado nivel de déficit sea la causa de una inflación más alta. Hay muchos otros factores en juego: energía, salarios, estructura productiva, impuestos, regulación, tipo de cambio y evolución de la demanda.
Pero sí sirven para hacerse una pregunta interesante: ¿hasta qué punto las diferencias de política fiscal pueden contribuir a que un mismo shock tenga efectos distintos entre países?
Esa es precisamente una de las cuestiones que merece la pena analizar cuando hablamos del futuro del euro.
El euro no puede hacerlo todo
A veces hablamos de la inflación como si el BCE tuviera un botón mágico. "Sube los tipos y arreglado." Pero la realidad es bastante más complicada.
El BCE controla la política monetaria, pero no controla directamente los presupuestos nacionales. Los gobiernos deciden cuánto gastan, cuánto recaudan y cuánto se endeudan. Y ahí aparece una tensión inevitable dentro de una unión monetaria. Si un país tiene una política fiscal muy expansiva mientras el BCE intenta reducir la demanda, ambas políticas pueden contradecirse parcialmente. Por eso la estabilidad de precios no depende únicamente del banco central. También depende de que los gobiernos mantengan unas cuentas públicas sostenibles.
La inflación: ni todo es culpa del petróleo ni todo es culpa del déficit
Hay una tentación muy habitual en los debates económicos: buscar un único culpable. Unos dicen que todo es culpa de la energía. Otros dicen que todo es culpa del gasto público. Probablemente ninguna de las dos explicaciones sea suficiente.
Los precios pueden subir por un shock externo, por problemas de oferta, por aumentos de salarios, por una demanda demasiado fuerte, por una política monetaria demasiado expansiva o por una combinación de varios factores. La cuestión importante es qué ocurre después. Si el shock es temporal y las expectativas permanecen bien ancladas, la inflación puede acabar desapareciendo cuando desaparece el shock.
Pero si la economía sigue recibiendo estímulos mientras existe una oferta limitada, si los salarios y precios empiezan a ajustarse pensando en una inflación elevada y si las cuentas públicas no son sostenibles, el problema puede durar mucho más de lo necesario.
Y ahí es donde el déficit importa.
La factura siempre acaba llegando
El déficit público puede ser útil en determinadas circunstancias. En una recesión profunda, por ejemplo, aumentar temporalmente el gasto público puede ayudar a sostener la economía. Y en una emergencia extraordinaria puede tener todo el sentido del mundo. El problema aparece cuando lo extraordinario se convierte en permanente.
Un déficit puede financiarse con deuda, pero la deuda no desaparece. Y si la deuda aumenta durante años, llegará un momento en que habrá que pagarla mediante más impuestos, menos gasto, mayor crecimiento económico o una combinación de los tres. La inflación añade otra dimensión al problema: cuando los precios suben más deprisa que nuestros ingresos, nuestro dinero pierde capacidad de compra.
No lo vemos como una factura que llega al buzón. Pero la pagamos igualmente. Por eso controlar la inflación no es solamente una cuestión de bancos centrales, tipos de interés y estadísticas.
Es, en última instancia, una cuestión de poder adquisitivo.
Y si queremos que el euro conserve su valor, necesitamos algo más que una moneda común: necesitamos también políticas monetarias y fiscales que sean compatibles con la estabilidad de precios.
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