A excepción del Impuesto
sobre Sociedades que corresponde al Estado en su integridad el resto se reparte
aproximadamente a partes iguales entre Administración Central y las Comunidades
Autónomas. Como vemos en el Cuadro 1 el Impuesto de Patrimonio, Sucesiones y
Donaciones, ITP y AJD así como Tasas del Juego, su recaudación e incluso las
escalas de gravamen, están totalmente cedidos a las Comunidades Autónomas.
El 100% del Impuesto sobre
Sociedades, el 50% de IRPF, el 50% de IVA y el 42% de Impuestos Especiales, se
los queda el Estado Central para el pago a empleados públicos, seguridad
nacional, cuota a la Unión Europea, dinero que transfiere a los ayuntamientos,
inversiones públicas y otros gastos y transferencias.
Para efectuar el reparto
debemos distinguir entre la recaudación real y la recaudación normativa de los tributos cedidos a las comunidades
autónomas. Lo que se pretende con ello es aproximar (más o menos) lo que cada
comunidad habría recaudado si todas ellas hubiesen aplicado las mismas escalas
impositivas.
Para efectuar el reparto se
utilizan unas fórmulas en función de las necesidades de gasto de cada comunidad
con la finalidad de que todas ellas puedan prestar unos servicios similares.
Fuente:
FEDEA
La población protegida
equivalente se calcula ponderando la población protegida por el Sistema
Nacional de Salud, dividida en siete tramos de edad y en proporción al nivel
relativo de gasto sanitario per cápita. En
definitiva pondera los desequilibrios de las necesidades sanitarias de las
comunidades, pues algunas estarán más necesitadas que otras.
Existe además otro mecanismo
de nivelación de carácter horizontal, el llamado Fondo de Garantía de Servicios
Públicos Fundamentales, y se reparte en proporción a sus necesidades de gasto o
población ajustada, generando flujos horizontales de recursos entre regiones
ricas y pobres con la finalidad de que exista un igual esfuerzo fiscal por
habitante.
En definitiva y por resumir
podemos quedarnos con el sistema y porcentajes de reparto que hemos visto en
los cuadros 1 y 2 y de todo ello se consigue el reparto que vemos en el Cuadro
3, correspondiente al año 2021, último año liquidado (mientras, se estima un
importe a repartir que se ajusta cuando se realiza la liquidación definitiva).
Como vemos el promedio por
habitante (total) asciende a 2.963 euros. Con este importe más otras
transferencias que envía el Estado a las comunidades autónomas (unos 38.000
millones en el año 2021) y más las recaudaciones propias de cada comunidad,
deben cubrirse todas las necesidades básicas como salud, educación, servicios
sociales, otras prestaciones económicas. Y como también vemos hay comunidades
que reciben por encima de ese promedio y comunidades que reciben por debajo.
Así, Murcia (2.691), Valencia (2.730), Andalucía (2.793) y Castilla-La Mancha
(2.814) están por debajo de esa media, mientras que comunidades más ricas como
pueden ser Baleares (3.397) o Asturias (3.053), Madrid (3.024) y Catalunya
(3.015) quedan por encima de esa media. Urge por tanto sentarse y debatir un
nuevo sistema de reparto, pero como los políticos están con otros temas “más
importantes” no tienen tiempo de abordar este.
En el siguiente cuadro vamos
a ver los flujos de nivelación regional ya que este sistema genera importantes
flujos netos de recursos entre el Estado y las comunidades autónomas y de estas
entre sí con la finalidad de igualar la financiación por habitante. Así tal y
como explica FEDEA en la primera columna se recogen los ingresos homogéneos
brutos de las comunidades autónomas por tributos cedidos y en la segunda la
financiación efectiva final a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal
(lo que cada comunidad habría recaudado si todas ellas hubiesen aplicado las
mismas escalas impositivas).
La últimas dos columnas
reflejan lo que reciben (saldos positivos) o lo que aportan (saldos negativos) las comunidades. Así vemos
que el sistema aporta a las comunidades
de menor renta unos recursos extras por valor de 20.000 millones. Estos
recursos provienen por una parte del Estado (11.000 millones) y por otra parte
de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Catalunya y Baleares).
Fuente:
FEDEA
Aquí vemos como
efectivamente Catalunya, Baleares y Madrid son las comunidades que aportan
recursos al resto de comunidades. En el año 2021 Catalunya aportó 2.168
millones, Baleares 334 millones y Madrid 6.313 millones.
El total de la segunda
columna (131.371 millones de euros) es coincidente con la columna 7 del cuadro
3. Es decir que este cuadro 5 está comparando cual sería la recaudación a
ingresos tributarios homogéneos (no la recaudación real, ya que de esa forma
las comunidades que tuviesen una escala de gravamen inferior, se verían
beneficiadas), con la efectiva (esos 131.371 millones) y al comparar vemos que
tres comunidades aportan más de lo que recaudan.
Y a partir de aquí puede
haber, de hecho hay, diferentes corrientes de opinión al respecto. Desde los
que opinan que este sistema de reparto no es justo pues aportan más de lo que
recaudan hasta los que consideran este reparto justo pues quien más gana debe
aportar más. Como decíamos antes urge por tanto sentarse y debatir un nuevo
sistema de reparto, o no, dejar éste, pero como los políticos están con otros
temas “más importantes” no tienen tiempo de abordar este.
Entendido el actual modo de
reparto ERC y PSOE, con tal de que Salvador Illa fuese presidente de la
Generalitat de Catalunya, pactaron una financiación singular para Catalunya y
como en todo hay diferentes formas de pensar al respecto. Unos opinan que la
aplicación del acuerdo supondrá la voladura del actual sistema de financiación
y otros opinan que todo lo que sea acercar el dinero de los impuestos al
contribuyente mucho mejor, pues de esta forma la reversión de esos impuestos incidirá
en mayor y mejor medida en el ciudadano. Seguro que hay más puntos de vista,
pero voy a centrarme e intentar resumir los dos citados.
Primer
punto de vista: El acuerdo señala: “La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los
impuestos soportados por Catalunya corresponden a la Agencia Tributaria de
Catalunya. La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la
aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Catalunya y la
aportación solidaridad. Esta solidaridad debe estar limitada por el principio
de ordinalidad” Es decir que
Catalunya “pagará” por los servicios por ejemplo de la Policía Nacional, entre
otros y aportará un dinero (a determinar) en concepto de solidaridad hacia el
resto de comunidades, pero limitada por la ordinalidad, definiendo el propio
acuerdo ese concepto: “Catalunya aporta
al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de
renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso la financiación de
Catalunya debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las
comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor,
deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben. Se trata de
un cambio estructural en el sistema de financiación, que, en caso de no
adoptarse durante 2025, requerirá medidas compensatorias” Es decir que si
Catalunya es la segunda que aporta debe ser la segunda en recibir, y no ser la
quinta o sexta.
Este sistema, defienden
algunos economistas, supondrá un incremento sustancial de recursos para
Catalunya por lo que al mismo tiempo supondrá una reducción de los recursos de
las demás comunidades autónomas. Por lo que se deduce que las otras dos
comunidades que aportan más al sistema como Baleares y Madrid deberán ahora
aportar más. Este mismo razonamiento, llevado a las finanzas de los países en
la Unión Europea, los países más ricos como Alemania son los que más aportan al
presupuesto de la Unión Europea y España en el caso de los Fondos Next
Generation , está recibiendo más de lo que aporta. Si Alemania optara por el
principio de ordinalidad debería ser la primera en recibir más Fondos Next
Generation que ningún otro país y sin embargo no es así.
Segundo
punto de vista: Para ello voy a resumir el punto de vista de
un liberal y defensor de las libertades como es Juan Ramón Rallo. Para Juan
Ramón que el dinero esté más cerca del ciudadano le parece bien. Si partimos de
de que para un liberal los impuestos son un robo estatal y como tal no debiesen
existir, al menos si éstos impuestos que salen del bolsillo del ciudadano están
próximos al lugar donde reside, municipio, provincia, comunidad, es más fácil
que ese dinero revierta en su beneficio ya que de forma contraria contra más
alejado esté ese dinero más difícil controlarlo. El Estado contribuye a los
gastos de la Unión Europea por lo que una parte de nuestros impuestos igual se
han gastado en Italia y en ¿que se beneficia con esa contribución el ciudadano
español?, pues en nada o en muy poco depende en lo que se haya gastado,
argumenta Juan Ramón Rallo. Por consiguiente en ese aspecto ve bien que
Catalunya se quede con una mayor parte de la recaudación de sus impuestos.
Ahora bien, debería esto ocurrir con el resto de las comunidades porque de lo
contrario, tal y como se exponía en el primer punto de vista ahora el dinero a
repartir será menor y las comunidades se verán resentidas hasta el punto de que
las que más están aportando Baleares y Madrid tengan que aportar todavía más. Y
Rallo llega a pensar que si ciertamente no será ese el motivo real por el que
quiera concederse la singularidad a Catalunya, para que comunidades ricas como
Madrid aporten todavía mucho más de lo que aportan.
Mi punto de vista, desde que
estoy empezando a considerarme un liberal, es coincidente con la reflexión de
Juan Ramón Rallo. Es decir que, dado que por el momento los impuestos no pueden
desaparecer, pues esa recaudación que esté más cerca de nuestro lugar de
residencia y de esa forma el impuesto será más eficaz y eficiente. Puedo
entender no obstante que otras comunidades se quejen de esa singularidad ya que
seguramente de esa forma van a recibir menos ingresos. Lo que les digo a esas
comunidades es que luchen por atraer inversiones, que den facilidades para que
lleguen nuevas empresas a establecerse y con ello se generará más empleo y más
riqueza y dejaran de depender de ese deficiente reparto, que por otra parte es
lo que desean los partidos que gobiernan, que dependamos de ellos. Claro que
para atraer más inversión quienes gobiernan deben de facilitar esa labor y por
lo que estamos viendo lo que se está haciendo es todo lo contrario. Y la
oposición callada, claro, porque tanto PP como VOX lo que quieren es una
gestión centralizada, especialmente VOX donde de esa forma el Estado recauda el
100% y deciden en que gastar e invertir, replicando las formas de proceder de
extintas economías marxistas.
Es por esto que nunca
avanzaremos en el tema de la financiación. Bueno al igual que no avanzamos en
muchos otros temas. Veo muy difícil que se puedan llegar a acuerdos que
satisfagan mínimamente a muchos. Y mientras, como siempre, quien sufre las consecuencias
somos los mismos, los ciudadanos a los que exprimen sus bolsillos, mientras nos
dicen que lo hacen por nuestro bien y por el bien de España. Falacia tras
falacia.
